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Cómo sería una política integral antinarcóticos

Escrito por Sergio Uribe
Presidente Juan Manuel Santos en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Presidente Juan Manuel Santos en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Sergio UribeHasta el momento han fallado todas las estrategias del gobierno para detener el tráfico de estupefacientes. ¿Qué podría hacer el presidente Duque?

Sergio Uribe*

Retos para el nuevo gobierno

Desde la década de 1980 el narcotráfico ha sido protagonista en la historia social, política y económica de Colombia. Esta industria criminal:

  • Ha transformado los valores de la sociedad y ha afectado la capacidad del Estado para hacer frente a esa transformación,
  • Ha elevado la violencia y ha fomentado el irrespeto a la justicia,
  • Ha penetrado y criminalizado la economía y la política en el plano nacional y también, especialmente, en regiones o ciudades especiales;  
  • Ha deformado las relaciones internacionales de Colombia y en especial su posición frente a Estados Unidos.  

El presidente Duque deberá llevar a cabo una política antinarcóticos que corresponda al contexto actual. Esto implica integrar la lucha contra la oferta (erradicación de cultivos, destrucción de laboratorios, control de precursores y persecución del micro-tráfico en las ciudades) con un debido manejo de la demanda (ofrecimiento de servicios sociales para prevenir la adicción y asegurar la reincorporación del consumidor).

Abundan las pruebas de que las políticas de cero tolerancia han sido ineficientes.

También es necesario añadir otras acciones tan diversas como fomentar la inteligencia financiera para controlar los capitales derivados del narcotráfico o fortalecer el sistema penitenciario y de justicia (fiscales y jueces).

Una lucha infructuosa

Sustitución de cultivos ilícitos.
Sustitución de cultivos ilícitos.
Foto: Agencia del Desarrollo Rural

La historia permite afirmar que ni el tráfico, ni el consumo de sustancias psicotrópicas podrá ser erradicado por completo. Por eso, la estrategia antinarcóticos que tradicionalmente ha usado Colombia dista mucho de ser la mejor.

Colombia debería enfocar sus esfuerzos en reducir los cultivos ilícitos y su procesamiento, así como en llevar la comercialización de drogas a un nivel “tolerable”. El objetivo es afectar los ingresos de las organizaciones criminales hasta tal punto que no puedan influir en los valores de nuestra sociedad y evitar que el narcotráfico dispute el control territorial del Estado.

En materia de políticas antinarcóticos no hay absolutos. Debe admitirse que los cultivos ilícitos y la demanda de drogas siempre existirán y, por eso, el objetivo de reducirlos a niveles tolerables es la posición más realista.

Lea en Razón Pública: Si prohibir la dosis personal no es la solución, ¿cuál es la solución?

Abundan las pruebas de que las políticas de cero tolerancia han sido ineficientes y no han permitido diseñar estrategias útiles. Se dice, por ejemplo, que más del 50 por ciento de la población penitenciara en Estados Unidos paga condenas por posesión y consumo de drogas, y no por tráfico de estupefacientes.

El obstáculo de las estadísticas

Hay otra dificultad asociada con las políticas antinarcóticos: las estadísticas. Cuando el gobierno se casa con una cifra, las posibilidades de fracaso son mayores. Esto limita los alcances de la política estatal, pues el Gobierno subestima las necesidades de los órganos dedicados al control de la oferta.

Por eso sería más efectivo formular políticas basadas en rangos de cifras. En toda proyección hay un margen de error. Llevo más de 25 años trabajando en el tema y puedo decir con certeza que las cifras oficiales son generalmente las más conservadoras. Para 2016, debió hablarse de entre 148.000 y 164.000 hectáreas que cultivaban entre 94.000 y 102.000 familias; pero para los políticos y para los técnicos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), admitir que podría haber un margen de error es inaceptable.

Encuentre en RP: El consumo de drogas en Colomba: una política errática.

¿Erradicación o desarrollo integral?

Captura de traficante de drogas.
Captura de traficante de drogas.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La política contra la oferta debe abarcar tanto la erradicación de cultivos como el desarrollo integral, pero ninguno de los dos debe ser el principal objetivo. La erradicación crea descontento social y el desarrollo integral se basa en la falsa premisa de que el campesino siembra para luchar contra la pobreza.

Antes de sembrar coca, amapola o marihuana los campesinos sobrevivían. Actualmente, pocos campesinos podrían alegar que su condición socioeconómica ha mejorado con los ingresos derivados de esos cultivos.

El descontento social es el mayor enemigo de la erradicación, mientras que el despilfarro, la mala administración y la politiquería son los del desarrollo integral. Por otra parte, los costos del desarrollo integral para beneficiar a poco más de 100.000 familias son demasiado altos en un país que concentra pobreza en sus centros urbanos, que albergan un poco más del 75 por ciento de su población.

El paso siguiente al cultivo en la cadena es la venta de precursores y materia prima (base de coca y látex). Los actores principales son las organizaciones que la transforman y comercializan (no todos los que procesan también comercializan y exportan). A este nivel no solo hay organizaciones criminales, sino también clanes familiares que compran hoja, base, látex, o marihuana para procesarla y llevarla al mercado.

Hasta el momento, las políticas antinarcóticos han pertenecido al gobierno de turno y no al Estado. 

Para afectar los cultivos sin el costo social que implica enfrentar a las comunidades campesinas con un Estado represivo (erradicación), este aspecto de la cadena debe recibir más atención dentro de una política integral contra el narcotráfico.

Pero hay muchos que se oponen a la idea de que el Estado enfoque sus esfuerzos en atacar la venta de precursores y materia prima:

  • Unos alegan (con razón) que eso afectaría la estructura de poder local, pues los políticos, comerciantes y grupos armados se alían a menudo para beneficiarse mutuamente.
  • Otros dicen que la corrupción de las fuerzas del orden haría inútiles los esfuerzos en ese sentido.

No hay una política de Estado

Dentro del ámbito rural, los esfuerzos para hacer seguimientos financieros han estado limitados: se carece de información sobre titulación de las tierras, el catastro está desactualizado y no hay mecanismos para estimular la bancarización. Tampoco existe una política que fomente la inteligencia financiera para controlar los capitales derivados del tráfico en las zonas productoras.

Hasta el momento, las políticas antinarcóticos han pertenecido al gobierno de turno y no al Estado. Para fortalecerlas, se necesitan esfuerzos sostenidos y focalizados. Para dar un ejemplo: en Tumaco se ha intentado sobre todo la estrategia de erradicación, pero más que erradicar, sería necesario romper la cadena comercial: es un hecho que si nadie compra, nadie cultivaría. Por eso, se debe comenzar por seguir a los comerciantes y fiscalizar las transacciones en los bancos, notarías y sistemas de transferencia electrónica.

Parece más efectivo y eficiente invertir en la interdicción de los grupos locales que compran, procesan y comercializan la droga que en programas de desarrollo integral. El propósito debe ser cerrarle el paso a la economía del efectivo, tal y como se está haciendo en India.

Lo anterior debe complementarse con la interdicción y el decomiso de las drogas. En lo referente a la coca y sus derivados, las estadísticas oficiales muestran que los decomisos están íntimamente ligados con la magnitud de la oferta (área cultivada). Pero los políticos pretenden usar esos números para mostrar eficiencia y la policía y las fuerzas armadas luchan por reconocimiento cuando se publican las cifras.

Encuentre en RP: Tumaco, un posconflicto armado.

Falta integración institucional

Cultivos ilícitos.
Cultivos ilícitos. 
Foto: Congreso de la república

El mayor obstáculo de una política antinarcóticos en Colombia pasa por lo que llamaremos su “feudalización”. Dado que no hay una agencia única encargada de la política antidrogas, cada entidad del gobierno busca reconocimiento por sus acciones separadamente.

Aquí está el reto más grande para el nuevo gobierno: crear una oficina única que evalúe, formule, coordine, supervise la ejecución de la política e informe al público sobre su evolución, una especie de Zar Antinarcóticos. Dicha oficina debe absorber el Observatorio Nacional sobre Drogas (OND) así como el SIMCI y definir los estándares estadísticos para compilar la información.

No hay una agencia única encargada de la política.

Esta sugerencia parece perderse en la historia si se reflexiona sobre el fiasco de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Pero lo que propongo aquí es distinto: crear una entidad adscrita directamente a la Presidencia.

Es inaudito ver que Colombia, el mayor productor de cocaína en el mundo, maneje su política antinarcóticos desde una dirección de uno de los viceministerios de MinJusticia. . Esconder el problema no hará que desaparezca.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) debe ser revaluado tanto en lo referente a sus funciones como a sus miembros; la regularidad de sus reuniones debe fijarse por ley y el nuevo Zar Antinarcóticos debe tener la confianza del presidente, quien debe intervenir solo cuando sea absolutamente necesario.

* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

 

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