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Orejas perniciosas y derechas: las chuzadas a los diálogos de paz

Escrito por Adolfo León Atehortúa
chuzadas de Santos

chuzadas de Santos

Por qué se espía? ¿Para qué se espía? ¿Quién espía? Preguntas clave acerca de las  “chuzadas”-en el mundo y en Colombia, en el pasado y ahora-, de sus razones y de sus autores en el caso de La Habana.

Adolfo León Atehortúa Cruz*

Una práctica extendida

No es extraña la revelación de la pasada semana sobre las “escuchas” montadas desde un aparato fachada del Ejército sobre las comunicaciones de los negociadores del gobierno en el proceso de paz de La Habana. Muchos Estados, gobiernos o gobernantes, apoyados por el lado oscuro de las tesis maquiavélicas, han apelado en forma constante al espionaje de sus contendores, de los probables enemigos, de los ciudadanos y ciudadanas en general.

Un libro reciente de Roberto García, Fernando Aparicio y Mercedes Terra (“La guerra fría y la inteligencia policial uruguaya”), basado en documentos conservados por el archivo secreto de la Policía en ese país –abierto al público por el gobierno de Pepe Mujica- y contrastados con similares registros de las dictaduras argentinas, brasileñas, paraguayas, chilenas y guatemaltecas, ha desentrañado la siniestra sombra del espionaje político y de las estrategias de control ciudadano en América Latina durante la guerra fría. La “Operación Cóndor” y sus similares han quedado descubiertas hasta la saciedad.   

Y otro libro interesante, “VEIL: The secret wars of the Cia”, del periodista estadounidense Bob Woodward, ha dilucidado, desde adentro, el tenebroso brazo del gobierno de Ronald Reagan frente al espionaje de la CIA en Centroamérica y los turbios negocios con los narcos para apoyar a la contra nicaragüense y la contrainsurgencia en El Salvador y Guatemala a lo largo de los años ochentas. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Casey, no pudo ocultar las evidencias.

Estados, gobiernos o gobernantes, apoyados por el lado oscuro de las tesis maquiavélicas, han apelado en forma constante al espionaje de sus contendores, de los probables enemigos, de los ciudadanos y ciudadanas en general.

Woodward fue quien, desde el “Washington Post”, destapó en 1972 el escándalo del Watergate tras la captura de cinco hombres relacionados con el Comité para la Reelección del presidente Richard Nixon, cuando intentaban copiar documentos y ocultar micrófonos en la sede principal del Partido Demócrata. Descubrió que la maraña tenía origen en la llamada “Operación 40” de la CIA, que los detenidos eran agentes -uno del FBI y cuatro de la CIA- y que Nixon realizaba, igualmente, grabaciones ocultas en la Casa Blanca (ver: Leonard Garment. “In search of Deep Throat: the greatest political mystery of our time”).

El caso develado por Edward Snowden, quien comprometió a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en espionaje masivo a diferentes países del mundo, incluidos sus propios aliados, no es más que la continuación verificada del fisgoneo generalizado desde las profundidades del poder.


'Operación Andromeda', se hacía desde esta oficina
fachada ubicada en el sector de Galerías.
Foto: Angélica Zambrano @Anyelik

De Uribe a Santos

Durante el gobierno de Álvaro Uribe, también se comprobó la vigilancia ilegal y sostenida de miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros.

Pero no solo ello: lindando con lo inverosímil, se reveló que el DAS “chuzaba” a la Corte Suprema de Justicia en pleno, que grababa sus sesiones y rondaba la vida cotidiana de los magistrados, que fotocopiaba en forma subrepticia expedientes de los amigos del presidente investigados por “parapolítica”, y que se creó una red oficial de espionaje que vigiló, incluso, a visitantes internacionales de prestigio como la Premio Nobel de Paz Shirin Ebadi y llegó hasta los rincones en las oficinas del propio Congreso y a la Corte Constitucional cuando se discutía el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial.

La noticia del nuevo espionaje, entonces, no es extraña. No debiera sorprender a nadie. Menos aún al presidente Santos y a sus negociadores. El poder, de uno u otro lado, necesita espiar para validarse, para conquistar más poder, para sostenerse, para contrarrestar y golpear al opuesto. Espiar a los adversarios otorga ventajas y por ello la coacción extrema del poder –el “poderío”, como la llamara Hanna Arendt- no renuncia a las escuchas. Las utiliza desde la legalidad, pero también desde la ilegalidad y sin legitimidad, como si se tratara de un “instinto de conservación”, como una necesidad para la política, como justificación de su existencia. “El fin que justifica los medios”.

Filtraciones y procesos de paz

Los procesos de paz no están exentos de espionaje. Hay casos muy ilustrativos:

· Según Henry Kissinger, las “escuchas” de la Casa Blanca surgieron tras las continuas revelaciones de la prensa sobre las negociaciones de paz con Vietnam. Se decidió, entonces, “filtrar” las comunicaciones de todos los periodistas que cubrían la noticia, de 17 miembros de su propio equipo negociador y de altos funcionarios de la presidencia (Revista “Proceso”, México, noviembre 24 de 1979).

El proceso de paz de Guatemala pudo reventarse en sus inicios por contradicciones entre el gobierno y el diario Prensa Libre, del cual formaba parte una de las intermediarias en la Comisión Nacional de Reconciliación: Teresa Bolaños. A lo largo de las negociaciones, continuas filtraciones con fuente desconocida, así como el empleo mezquino que de ellas hizo alguna prensa, propiciaron reclamos de los negociadores, alegatos entre militares y guerrilleros, y disgustos entre los conciliadores y el gobierno. 

La noticia del nuevo espionaje, entonces, no es extraña. No debiera sorprender a nadie. Menos aún al presidente Santos y a sus negociadores.

· En Colombia el presidente Belisario Betancur, consciente de tales peligros, tuvo que acudir a Felipe González para que citara en su casa de Madrid una reunión clandestina con Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, los comandantes del M-19. Las peripecias del presidente para hacerse presente no envidian a las que Andrés Pastrana relata en sus “Memorias Olvidadas” para reunirse con Manuel Marulanda burlando los aparatos de seguridad del Estado.

Por espionaje o por develaciones, la filtración de las  intimidades de las negociaciones de cualquier índole, pueden dar al traste con sus avances y desarrollos, sembrar desconfianza, enfrentar de manera irremediable a los negociadores y poner fin a los procesos. Por esa razón, en el acuerdo inicial, el Gobierno y las FARC, en Oslo y en La Habana, recalcaron la confidencialidad de sus acercamientos, la confianza para mantener en secreto los contenidos de las conversaciones hasta que, de común convenio, no se revelaran sus resultados y detalles.

Filtrar un adelanto clave, exponerlo a la opinión pública sin madurarlo o hacer política con ello, pueden afectar de forma negativa las negociaciones. Quien escucha las intimidades de una negociación tiene por lo regular un objetivo: sabotearla.


Sede principal de la CIA en Virginia, Estados Unidos.
Foto: Wikimedia Commons

Desde la derecha        

Interceptar las comunicaciones de los negociadores del gobierno en La Habana, tiene, entonces, un claro propósito: conocer los rostros del proceso en sus gestos velados, obtener información sobre sus avances, dudas y retrocesos. Pero, sobre todo, pretende obtener, de primera fuente, informaciones que puedan ser usadas políticamente en contra del proceso mismo; ganar la posibilidad de ubicarse un paso delante de las decisiones para boicotearlas, penetrar los blindajes de las negociaciones y “sacarlas desnudas al sol para quemarlas”.

El punto nodal de la discusión no debe girar sobre el carácter lícito o no de la inteligencia militar. Cuando un Estado de Derecho acude a ella y la ejecuta con sujeción a la Constitución y la Ley, no contradice la democracia ni está afectando los derechos humanos. Pero cuando el velo de la legalidad oculta la intención de realizar interceptaciones para unos usos o para unos destinatarios desconocidos o no oficiales, es de suponer que su propósito es político y que se trata de atentar contra el proceso de paz o de buscar información que pueda usarse  en su contra.

Como quiera que se han seguido a personalidades del gobierno en sus actuaciones a todas luces legales, no cabe dudar de que el objetivo es obstaculizar decisiones o  acciones del mismo gobierno, estropear sus proyectos,  hacer que las negociaciones de La Habana concluyan en fracaso.

¿Quién? La respuesta es sencilla: quienes se oponen a la negociación; quienes, de manera frenética, han querido romper el proceso; quienes han convertido el fracaso de la  negociación en su bandera política: una derecha recalcitrante que solo confía en la resolución del conflicto por la vía militar, que quiere prolongar los réditos que recibe por el ejercicio de la violencia.    

El punto nodal de la discusión no debe girar sobre el carácter lícito o no de la inteligencia militar. 

Buena señal

Con todo, la noticia de las interceptaciones tiene un lado positivo: demuestra las preocupaciones de los enemigos del proceso, la ansiedad de quienes observan con desasosiego sus avance y la publicación de sus acuerdos, el temor de aquellos que constatan la confianza creciente de los colombianos frente a las negociaciones.

Por eso, la respuesta del presidente Santos debe ser firme. Descubrir a los responsables directos y a quienes dirigían la operación, no solo es una obligación de Estado, es la defensa de su proyecto mismo, de la perspectiva de paz para Colombia.      

 

* Profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional.

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