Militares en Colombia: del ruido de sables al ruido de serruchos - Razón Pública
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Militares en Colombia: del ruido de sables al ruido de serruchos

Escrito por Adolfo León Atehortúa

Un penetrante análisis histórico. Antes se oía de los militares cuando los presidentes iniciaban procesos de paz o intentaban retomar la dirección del orden público. Ahora se habla  de ellos por motivos menos nobles. Es otro costo de una guerra degradada.

Adolfo León Atehortúa Cruz*

Confrontaciones y destituciones

Entre las décadas de 1960 y 1980 se presentaron varios episodios de confrontación  entre civiles y militares por el manejo del orden público.

Uno de los incidentes más recordados ocurrió en 1965, entre el general Alberto Ruíz Novoa y el presidente Guillermo León Valencia, respaldado por el general Gabriel Revéiz Pizarro.     

El llamado “Plan Lazo” -diseñado por Ruiz- según él pretendía vincular las acciones cívico-militares con los operativos contrainsurgentes para “pacificar el país”. Pero para Valencia  -y el general Revéiz- esas acciones  se habían convertido en un pretexto para la campaña presidencial del propio Ruiz. Valencia destituyó a Ruiz en un encuentro a donde le acompañó Revéiz y dónde el  presidente, un experto cazador, no dejó de empuñar su revólver guardado en el bolsillo, listo para disparar.

El  presidente, un experto cazador, no dejó de empuñar su revólver guardado en el bolsillo, listo para disparar.

Hubo otros conflictos -menos tensos- que se expresaron en discursos altisonantes y ruidos de sables: en 1969 con el retiro del general Guillermo Pinzón Caicedo; en 1975 con la salida de los generales Gabriel Puyana García y Álvaro Valencia Tovar, y en 1977 tras la baja del general José Joaquín Matallana.

En todos esos casos, las contradicciones entre los mismos militares, o entre estos y los civiles, incluyendo al presidente, saltaron a la palestra pública y se ventilaron como criterios divergentes con respecto al papel de los uniformados. Un hecho que la Constitución de entonces no podía darse el lujo de aceptar ante el carácter no deliberante de los comandantes.

Un motivo similar se presentó en 1984, cuando el ministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, advirtió en una entrevista pública que no habría cese al fuego y que las Fuerzas Armadas estaban desvinculadas de la política de paz del presidente Belisario Betancur. El presidente, desafiado en su fuero y sin desconocer los presagios de un golpe de Estado, retomó las riendas del orden público, destituyó al oficial, y sostuvo el proceso de paz hasta el desastre del Palacio de Justicia.


Toma del Palacio de Justicia durante el 6 y 7
de noviembre 1985. 
Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango

Garrotes y zanahorias

Con el trágico precedente del 9 de abril de 1948, cuando los militares fueron reconocidos como “salvadores de las instituciones” y pasaron a ocupar ministerios, gobernaciones y alcaldías, gobiernos más recientes optaron por combinar el “garrote” con las “zanahorias” para los uniformados. 

-Virgilio Barco (1986-1990), por ejemplo, optó por las ambivalencias. Sus asesores redactaron una “Iniciativa para la Paz”, que fue la primera estrategia de política integral escrita desde las altas esferas civiles frente al conflicto armado. Pero al mismo tiempo cerró los ojos ante el exterminio paulatino de la Unión Patriótica, que se convirtió en masacre indiscriminada de civiles.

Si bien los militares permitieron la existencia de “Casa Verde” como “santuario” del Secretariado de las FARC, no faltaron las quejas del general Rafael Samudio que fueron respondidas -a pesar de su renuncia- con prerrogativas especiales para los militares, como sucedió en la zona bananera con la creación de la Jefatura Militar de Urabá en 1987, con el nombramiento de gobernador y alcaldes militares en Caquetá, o con las disposiciones del llamado “Estatuto para la defensa de la justicia y de la democracia”.

-César Gaviria (1990-1994), por su parte, formuló una nueva estrategia de seguridad, nombró civiles en el ministerio de Defensa y en la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), creó la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación para orientar los gastos en estas materias, y adelantó una “Estrategia Nacional contra la Violencia”.

Pero, al lado de ello, abrió el torbellino de unidades especiales y de contraguerrilla, inició la incorporación de soldados profesionales al Ejército y, lo más importante, autorizó el ataque a “Casa Verde” para legitimar la Asamblea Constituyente ante los militares – Asamblea que, de hecho, se abstuvo de tocar temas relacionados con las Fuerzas Armadas.

Autorizó el ataque a “Casa Verde” para legitimar la Asamblea Constituyente ante los militares – Asamblea que, de hecho, se abstuvo de tocar temas relacionados con las Fuerzas Armadas. 

Al final de su período, Gaviria dio un tratamiento novedoso a las guerrillas: tildó a los insurgentes  de “dinosaurios” y “perros rabiosos”. En una actitud nada benéfica para futuros procesos de negociación, el lenguaje de referencia al enemigo cambió de tono en las filas de las instituciones armadas y se empezó a hablar de las FARC como un simple “cartel de las drogas” (lo cual también apuntaba a recibir ayuda financiera norteamericana).

Malestares recíprocos

Pero las circunstancias fueron cambiando radicalmente. Al acercarse el tercer milenio, sobre los hombros de los militares colombianos recaía la presión ciudadana, e incluso internacional, por las violaciones de derechos humanos y las investigaciones sobre   hechos como los del Palacio de Justicia o por vínculos con grupos paramilitares.

Los militares atendían asuntos de policía que los contaminaba -como la lucha contra el narcotráfico y los grandes capos- y continuaban, en medio de dificultades, penurias y maltratos, soportando el largo conflicto armado. Algunos de sus privilegios económicos y políticos se recortaron, mientras los profesionales de la política se envolvían en una profunda crisis de legitimidad, como sucedió con el gobierno Samper.

Las quejas de los generales Harold Bedoya y Luis Bernardo Urbina combinaron a título de transición los dos momentos: quejas frente al descuido de los gobernantes con respecto a los militares y quejas frente a la corrupción de gobiernos que les exigían cada vez más. El presidente Samper, cuestionado por el “proceso 8000”, despejaba un vasto territorio para negociar con las FARC.

Virgilio Barco Vargas
El expresidente Virgilio Barco Vargas.
Foto:  Iván Marulanda

Del Caguán a La Habana

-El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) atravesó una crisis en sus relaciones con los militares cuando decidió declarar el despeje de una zona en poder de la guerrilla e incluyó el tema de la Reforma Militar en la agenda de sus discusiones. Así lo declaró el comisionado de paz Víctor G. Ricardo ante la prensa sin que el ministro de Defensa ni los altos mandos militares estuvieran informados. Al final, el ministro renunció y un grueso grupo de oficiales le acompañó en solidaridad.

El presidente calmó la crisis con una reunión en Melgar, en donde prometió retirar las propuestas de reforma y “prestar, en adelante, mayor oído a sus inquietudes”. El apoyo del Comandante de la Policía, Rosso José Serrano, fue tan útil como en los tiempos de Samper. Pero lo fueron, también, el respaldo de Estados Unidos y la continuidad de ciertos regímenes especiales optimizados  para los militares.

-Con Álvaro Uribe (2002-2010) la situación de los militares mejoró sustancialmente. Prosiguiendo lo iniciado por Pastrana, los gastos militares aumentaron  hasta cifras nunca vistas. Los programas de la “Política de Seguridad Democrática”, por ejemplo, pasaron de 986 mil millones de pesos en 2002  a más de 4 billones en el 2009. Se asignaron recursos provenientes del sector descentralizado, de Estados Unidos a través del  Plan Colombia, y de un impuesto especial al patrimonio. En 2007 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) adoptó un plan financiero que el propio Ministerio calificó como el “más ambicioso de los últimos 25 años para el sector defensa”.

Por otra parte el presidente Uribe expidió patentes de corso para el DAS y aún para los  grupos paramilitares. La violación masiva de los derechos humanos por parte de los actores armados en conflicto y por parte del Estado y sus agentes llegó a contar con una impunidad casi garantizada. Las órdenes directas que Uribe expedía en los “Consejos Comunitarios” se tradujeron en ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. No fueron casos aislados ni desviaciones individuales: estos hechos tuvieron el carácter de políticas y acciones institucionalizadas en la medida en que se generalizaron o se ejecutaron ante la omisión, tolerancia o mirada impasible -y a veces cómplice- de entes controladores o superiores jerárquicos.

El silencio en subasta

Dos hechos del período Uribe -ahora olvidados- deberían recordarse:

Los militares atendían asuntos de policía que los contaminaba -como la lucha contra el narcotráfico y los grandes capos- y continuaban, en medio de dificultades, penurias y maltratos, soportando el largo conflicto armado.

– Primero, la salida del General Reynaldo Castellanos, ocurrida en 2006, demostró que no bastaba obrar con honestidad y eficiencia: era necesaria y más importante una buena relación con el presidente.

-Segundo, la ministra de defensa Martha Lucía Ramírez fue separada de su cargo cuando intentó tomar medidas  para modernizar al Ministerio -como centralizar las compras y auditarlas con manejos gerenciales-. Fue objeto de la oposición de varios generales y se abrió un gran boquete: contratación directa; manejo presupuestal sin control efectivo sobre los comandantes de las unidades regionales; “gasto reservado” para los informantes, recompensas y actividades de inteligencia; rubros sin control para la atención de asuntos considerados de seguridad nacional. Una gran subasta.

De esta manera, aún antes de que estallara el escándalo con las grabaciones de Semana, existía en la Contraloría un centenar de juicios fiscales sobre grandes negocios del sector defensa con cerca de 55 mil millones de pesos “extraviados” en contratos de sanidad, de logística, compras de combustible, sobrecostos en obras y partidas para gastos reservados.

No extraña, por todo lo anterior, que la corrupción -como lo infiere con dolor Álvaro Valencia Tovar-, haya tocado duramente al Ejército. De la violación de los derechos humanos a los mal llamados “falsos positivos”, fue solo un paso. De éstos a la corrupción, incluso para beneficiar a los oficiales y soldados judicializados por tales hechos, fue asunto rutinario: un paso apenas lógico en un marco general de delitos que se creen permitidos por fueros especiales y que incluyen ¿por qué no? las “escuchas” ilegales para complacer a quienes les protegen.

La duración prolongada de toda guerra, sin definición concreta, acaba por degradar a sus actores. Una razón más para insistir en su pronta solución negociada.

 

* Profesor titular y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional.

 

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