La liberación de Lehder ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la eficacia y conveniencia de la extradición. ¿En qué quedamos?
María Paula Torres*
El caso Lehder
El pasado 16 de junio, el ex narcotraficante colombiano y ex miembro del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, cumplió su condena en Estados Unidos. Ese mismo día, Lehder llegó a Alemania, el país natal de su padre, un antiguo espía nazi en Colombia.
En 1987, Lehder fue el primer narcotraficante de renombre extraditado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos. El hecho fue todo un hito en la llamada “guerra contra las drogas” en Colombia.
Lehder fue condenado a 135 años de prisión, pero negoció con la justicia estadounidense y recibió una rebaja significativa a cambio de cooperar para la condena de Manuel Noriega, ex dictador de Panamá y socio de la CIA en la región.
La liberación de Lehder ha revivido el debate sobre el papel de la extradición de colombianos en la lucha contra el crimen organizado. Para entender el papel de la extradición hoy en día, es necesario conocer su historia y su desarrollo reciente.
El origen
En 1870, Colombia suscribió con Perú el primer tratado de extradición de su historia. Mucho después, en 1888, hizo lo mismo con Estados Unidos.
En ese entonces, la extradición era un mecanismo para garantizar que quien hubiera cometido un delito de cierta gravedad no encontrara refugio en ningún lugar del mundo. Se trataba de la solidaridad internacional contra el delito. Sin embargo, el mecanismo fue poco utilizado, y apenas en la década de 1980 volvió a adquirir importancia.
En 1979, Colombia suscribió un nuevo tratado con Estados Unidos. Este texto fue aprobado por la Ley 27 de 1980 y hacía obligatoria la extradición cuando el delito hubiese sido cometido en el país requirente. En ese entonces, el tratado fue considerado por algunos como una imposición, que no atendía los verdaderos intereses de Colombia. Por eso, el presidente Betancur anunció que no aplicaría el tratado. De hecho, pese al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, Betancur negó la extradición de dos personas solicitadas por Estados Unidos.
Foto: Flickr
Los carteles iniciaron una lucha violenta contra en Tratado de Extradición.
El auge
Todo cambió en 1984, con los escándalos de intromisión del narcotráfico en la política colombiana y con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, a manos del Cartel de Medellín. En el entierro del ministro asesinado, Betancur le declaró la guerra a este cartel y anunció que aplicaría el tratado de extradición con Estados Unidos.
Desde ese entonces, la extradición se convirtió en el único mecanismo capaz de amenazar en serio a los narcotraficantes. En Colombia la justicia estaba intimidada o había sido corrompida (plata o plomo), de manera que Pablo Escobar y sus secuaces declararon preferir “una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos”.
A partir de esto, los carteles comenzaron, primero, una lucha jurídica contra la Ley 27 de 1980 y, después una lucha violenta contra el tratado de extradición. Tras una guerra sangrienta contra el Estado colombiano, los constituyentes de 1991 prohibieron la extradición de colombianos de nacimiento.
El mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó esa prohibición, con 51 votos a favor y apenas 13 en contra, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas.
Desde ese momento cambió la estrategia de Colombia en materia de drogas: el gobierno Gaviria diseñó una política de sometimiento a la justicia, que incluía negociación de penas, entrega de bienes, y, en general, desarticulación de las redes criminales.
La extradición ya no era un problema, pues estaba prohibida en la Constitución. Pero este idilio fue corto. El gobierno de Estados Unidos presionó a Colombia y logró que Samper restableciera la extradición de colombianos.
Entonces aumentó el número de extraditados, e inclusive la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de colombianos por delitos iniciados en Colombia, pero consumados en Estados Unidos (este fue el caso de Fabio Ochoa); o cometidos en Colombia en contra de ciudadanos de Estados Unidos (como en el caso del agente de la DEA asesinado en un paseo millonario).
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La extradición hoy
En la actualidad, la extradición ya no es tan amenazadora como lo fue en las décadas de los ochenta y los noventa.
De hecho, en los últimos años, algunos delincuentes han aparecido sonrientes ante las cámaras en el momento de su extradición. Ese es el caso de alias Fritanga, quien fuera extraditado por narcotráfico en 2013.
Por eso muchas voces se han opuesto a la extradición, pues consideran que produce impunidad y evita que los culpables cuenten la verdad sobre graves delitos cometidos en Colombia. Un ejemplo es la extradición de doce exjefes paramilitares en 2008, que ha resultado en una verdad a medias para las víctimas.
Foto: Presidencia de la República
Los narcotraficantes y sus abogados saben que el sistema judicial colombiano es más duro que el de los Estados Unidos.
El contexto criminal en que se dio la extradición de Lehder y los grandes capos de la droga en los ochenta ha cambiado. Los miembros de las organizaciones criminales de hoy han aprendido del pasado, son hábiles e innovadores y han encontrado fórmulas para que la extradición no sea una amenaza para el funcionamiento de su industria.
Al menos tres hechos dan cuenta de la ineficacia de la extradición para combatir el crimen organizado hoy en día:
- Los criminales se han dado cuenta de que el sistema judicial estadounidense les da penas mucho más bajas que el colombiano. Por eso han buscado extradiciones exprés para ser juzgados lo más pronto posible, lograr condenas bajas y tener la posibilidad de vivir en ese país.
- Los nuevos cabecillas del narcotráfico no controlan todo el negocio. La industria de las drogas opera hoy bajo la figura de franquicias especializadas en un eslabón de la cadena productiva.
- Los criminales han diversificado sus fuentes de ingreso, inclusive a través de productos legales como el oro o la madera, que producen mayor rentabilidad y hacen más difícil su persecución.
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La extradición no es el único mecanismo del Estado colombiano en la lucha contra el crimen. Durante la última década, se ha hecho énfasis en la persecución penal de los flujos ilícitos del narcotráfico y se han empleado otras figuras, como la extinción de dominio o las investigaciones espejo de la Fiscalía. Todo esto ha permitido someter a algunos criminales a la justicia Colombia, quitarles muchos de los bienes y activos, y reducir su capacidad operativa y corruptora.
Sin embargo, esto no es suficiente. Los instrumentos usados en Colombia no tienen el mismo impacto que las normas estadounidenses han tenido en la lucha contra el crimen organizado.
Por eso es necesario diseñar y aplicar mecanismos más eficaces, que vuelvan a tener el impacto que un día tuvo la extradición.
* Politóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, analista criminal y consultora en temas de política criminal, corrupción y economías ilícitas.
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