Repaso no convencional del proceso del Caguán: fue una estrategia exitosa del Estado para frenar el avance militar de la guerrilla y un escenario para el avance político de las FARC. Tras diez años de guerra sin cuartel, las FARC ahora realizan dos hechos de paz y esbozan un derrotero hacia la solución negociada del conflicto. El gobierno y el país deberían escucharlas.
Carlos Medina Gallego *
En el Caguán, las Farc mostraron su fuerza en desfiles militares con cuerpos de ejército significativos. Foto: venezuelaahora.blogspot.com
Aniversario y comunicado
Acaban de cumplirse diez años del final de los diálogos de paz que convocaron el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, a partir del histórico encuentro del presidente electo con Manuel Marulanda, para iniciar lo que se conoce como el proceso del Caguán.
El pasado 26 de febrero, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP dio a conocer un comunicado que puede resultar — desde mi perspectiva de académico e investigador del conflicto armado — el de mayor importancia que ha expedido la organización tras una década de guerra y alejamiento de las posibilidades de una solución negociada del conflicto.
Estos dos hechos — los diez años del Caguán y el comunicado de las Farc — ameritan una reflexión positiva y diferente de las descalificaciones comunes que no permiten reconstruir los espacios, buscar acercamientos y esbozar caminos posibles para sacar de la guerra a Colombia.
El Caguán, un triunfo del Estado
El proceso de paz que intentaron el gobierno Pastrana y las FARC llegó a su fin en febrero de 2002, en medio de un desengaño marcado y de una acalorada campaña electoral por la Presidencia, que puso en el centro de la discusión a la “guerra” y a la “paz “, en un contexto internacional enrarecido por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Se realzó la lucha contra el terrorismo, cubriendo bajo esa denominación a todos los conflictos armados y a sus actores, sin distinción alguna, y adoptado una misma política de seguridad global liderada por Estados Unidos.
Esa circunstancia no permitió ponderar en su justa dimensión un proceso que dejó grandes aprendizajes para la búsqueda de la solución política del conflicto social y armado en Colombia, ni aprovechar los avances precarios -pero reales y efectivos- que se lograron entonces.
Es más: lo que podría llamarse el “fenómeno del Caguán” fue mucho más que un simple y fracasado proceso de paz: fue una estrategia estatal exitosa para recomponer la correlación de fuerzas en el desarrollo de la guerra, pues al finalizar el gobierno de Samper la guerrilla había logrado un claro avance.
Al cambiar sus formas de operación, las FARC habían tomado la iniciativa y se habían fortalecido ante unas Fuerzas Armadas moralmente debilitadas, en busca de una nueva estrategia y urgidas de modernización para poder enfrentar los retos y amenazas a la seguridad nacional que implicaban el narcoterrorismo y la insurgencia.
Bajo esas circunstancias, el gobierno Pastrana no solo se dedicó con empeño y obstinación — es justo reconocerlo — a sacar adelante un proceso cargado de dificultades e impases permanentes, y carente de una ruta institucional y de propósitos definidos con claridad.
Al mismo tiempo, y en medio de la guerra, Pastrana reconstruyó las relaciones de cooperación militar con Estados Unidos que habían sido deterioradas por el proceso 8000 y trajo el Plan Colombia como ariete en la guerra contra el narcotráfico. Por las forzadas relaciones de la guerrilla con este fenómeno, como reconoció el propio gobierno norteamericano, el Plan acabó por ser también antisubversivo. Bajo el gobierno siguiente, el Plan Colombia se transformaría en el Plan Patriota y el Plan Consolidación, y fue así como Uribe pudo adelantar su guerra contra las FARC, bajo la figura de la lucha contra el terrorismo.
El repliegue del gobierno del campo de batalla, donde iba perdiendo la guerra, hacia la arena política en los diálogos del Caguán, constituyó la acción de guerra más importante del Estado bajo la administración Pastrana y desde el punto de vista militar fue un éxito indiscutible: detuvo la ofensiva insurgente, “empotreró” a la guerrilla en 42 mil kilómetros cuadrados y le ofreció un escenario político para que conversara con la Nación entera, los delegados del gobierno y la comunidad internacional.
El Caguán, un triunfo de la guerrilla
Las FARC igualmente ganaron en ese proceso:
- Se dieron a conocer al país y al mundo como un proyecto político insurgente.
- Mostraron su fuerza en desfiles militares con cuerpos de ejército significativos.
- Se dotaron de una agenda común resultante de un proceso de diálogo con el gobierno.
- Hicieron manifiesto su interés en construir un ambiente de reconciliación y convivencia democrática, en una perspectiva de interés general, a partir del reconocimiento y mutua aceptación de intereses distintos que convergían sobre la urgencia de un interés superior: la paz de la Nación. >
- Pudieron tener como interlocutores a distintos sectores de la sociedad para discutir sobre los problemas estructurales del país.
- Pusieron sobre la agenda nacional temas centrales como el narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
- Se hicieron a un método para dialogar y negociar, y
- Entraron en contacto directo, llegaron a ponderar y hoy tienen en alta estima a la comunidad internacional.
Ruptura y aprendizajes
El proceso de paz de Pastrana y las FARC llegó a su fin en febrero de 2002, después del secuestro de Jorge Eduardo Géchem. Foto: lanacion.com.co
Digamos que el Caguán fue un escenario donde se encontraron los actores en medio de la guerra, cargados de expectativas tan distintas que no permitieron alcanzar el objetivo último de los diálogos, la paz de Colombia. Se inició así un nuevo ciclo de guerra y violencia a partir de la ruptura, que durante los siguientes diez años marcó un cambio en la correlación de fuerzas: unas Fuerzas Armadas reconstituidas pasaron a la ofensiva.
Todas estas experiencias enriquecieron las adquiridas previamente en el proceso de La Uribe y dejaron como enseñanza central para la guerrilla que cada momento político tiene una agenda determinada por las circunstancias de la guerra. La agenda de hoy no puede ser la agenda del Caguán: otras son las circunstancias, otras las posibilidades y otros los alcances.
Dos hechos de paz
El comunicado del 26 de febrero resulta ser una mezcla interesante de carta abierta, resolución manifiesta y decreto derogatorio, dirigido a la opinión pública nacional e internacional, al gobierno nacional, a los frentes guerrilleros y a sus prisioneros políticos.
Por una parte el documento hace las veces de una resolución decisoria —liberar a todos los prisioneros de guerra, cerrando con ello ese largo y trágico capítulo— y de otra parte, es un decreto interno (deroga la Ley 002) que ordena poner punto final a la práctica de los secuestros extorsivos —o retenciones en su lenguaje— censurada por la sociedad y sancionada por el derecho internacional humanitario.
Estas dos decisiones unilaterales son de la mayor importancia y deben ser apreciadas en su justo valor por la sociedad colombiana: constituyen una señal de peso en la dirección que el gobierno nacional exige en forma recurrente a las guerrillas, la de producir hechos de paz:
- Una liberación unilateral de los prisioneros de guerra pone fin a un proceso que se tomó algo mas de quince años, donde se sacrificaron innecesariamente muchas vidas, de lado y lado, y en el que las familias tuvieron que soportar una larga, dolorosa e inhumana vigilia, al quedar en medio de los intereses de las partes en conflicto.
No es casual pero sí es simbólica la invitación a la señora Marleny Orjuela, representante de la Asociación de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos (ASFAMIPAZ) a la entrega de los últimos militares retenidos; es una manera de reconocer el dolor de las familias de los policías y militares prisioneros.
Tanto las FARC como el gobierno del presidente Santos tienen el deber de crear las condiciones para que se produzca la liberación de manera pronta y segura. Esto incluye el depositar la confianza en la comunidad internacional para que haga el acompañamiento humanitario y sea garante del proceso. Por ahora, la guerrilla solo exige como contraprestación a su decisión que una comisión internacional humanitaria, visite las cárceles y verifique la situación de derechos humanos de los presos políticos y sociales.
- Desde la óptica de las FARC, el segundo hecho de paz es de carácter legislativo pues deroga la ley 002 expedida por el Pleno del Estado Mayor en el año 2000, y proscribe de ahora en adelante las retenciones de la población civil con fines económicos, lo que comúnmente se conoce como secuestro extorsivo.
Se trata de un pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional, pero además de una orden dirigida a los mandos de los distintos frentes o unidades de la organización para que en ninguna parte del territorio nacional, ni fuera de él, las FARC vuelan a retener civiles con fines económicos.
Acabar con la violencia
Junto con estos dos hechos centrales, existen otros elementos igualmente importantes en la declaración pública de las FARC que merecen destacarse:
- El primero, la manifestación explícita sobre la necesidad de conversar para hallar una salida a los problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado colombiano, que en mi parecer es una nueva postura donde no se exige retomar la agenda del Caguán, sino que se propone dialogar de manera civilizada sobre los problemas que dieron origen al conflicto.
- Un segundo aspecto esencial: no se puede vivir repitiendo el ciclo de violencia, como si Colombia estuviera condenada eternamente a él. Esta afirmación no es gratuita ni es simple coincidencia: se produce en un momento cuando las FARC parecen percibir que se está reiniciando el ciclo, que viene otro largo periodo de violencia y que –a juzgar por el comunicado– no están dispuestos a emprender.
Regularizar la guerra, primer paso hacia la paz
El llamado busca arraigar con fuerza dos mensajes: detener la guerra y pensar en una salida distinta para los problemas del país. Desde el punto de vista de las FARC, la comprensión de la situación del momento las lleva a afirmar de manera categórica que “…por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”… porque, en sus mismos términos “…la prolongación indefinida de la guerra… traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente…”.
Hecha esta manifestación explícita de disposición al diálogo, cursan al gobierno nacional una invitación urgente: “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.
La “regularización de la confrontación” no se puede entender en un sentido diferente de la plena vigencia del derecho de guerra y del derecho internacional humanitario en Colombia. El propósito no puede ser la perpetuación de la guerra, sino el acercamiento del conflicto a un ámbito de solución política en el marco de las orientaciones que rigen el derecho internacional en materia de conflictos armados.
La regularización lleva a las partes a salvaguardar la integridad de la población civil, al no involucramiento de civiles en acciones de guerra, al no reclutamiento de menores, a la limitación en el uso de las armas, al tratamiento adecuado de los heridos, de los prisioneros de guerra y de los presos políticos, pero sobre todo a entender la naturaleza política del conflicto y a transferirlo del campo militar al escenario de las transformaciones democráticas.
Es necesario dejar atrás el síndrome del Caguán y dar paso al proceso de solución política negociada en un ámbito de acercamientos cordiales y discretos, donde coincidan las voluntades manifiestas de paz de las partes se materialicen en hechos.
Para iniciar una guerra solo se necesita una excusa, para conducir una guerra hacia la paz y tomar las decisiones acertadas para lograrlo, se requiere de valor y de grandeza. Eso espera el país de quienes comandan ambos bandos.
* Docente – Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
