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El asesinato de líderes sociales: la otra pandemia

Escrito por Carlos Medina
Carlos Medina Gallego

El virus no ha detenido el asesinato sistemático de líderes sociales y el gobierno nacional ha sido cómplice de esa masacre.

Carlos Medina Gallego*

Virus y violencias

El pasado 27 de junio, miembros del Ejército Nacional asesinaron a Salvador Durán, de 22 años, en zona rural de Teorama, Norte de Santander.

Según un comunicado del Ejército, la muerte de Durán habría tenido lugar durante un “intercambio de disparos”. Sin embargo, la comunidad aduce que se trató de una ejecución extrajudicial y que existen testigos que habrían visto a militares huyendo del lugar después de haber disparado. Algunos han afirmado, además, que Durán era un líder comunitario.

Lamentablemente, este tipo de hechos se han vuelto casi parte del paisaje. Aun en medio de la pandemia y de la tragedia humanitaria que ha traído para Colombia y la región, los actores armados siguen asesinando.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y las organizaciones Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, en lo corrido de 2020 han sido asesinados 166 líderes sociales o defensores de derechos humanos y 36 excombatientes de las FARC que suscribieron el Acuerdo de Paz. Estas organizaciones también señalan que la violencia se ha recrudecido durante la pandemia, pues solo entre el 6 de marzo y el 15 de julio han sido asesinados 95 líderes.

Esta otra pandemia, la violencia en contra de líderes y lideresas, también se ha extendido por todo el país. A lo largo de este año se han asesinado líderes sociales en 29 de los 32 departamentos. Los más afectados han sido Cauca, Antioquia, Nariño, Valle de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, donde han ocurrido 132 de los 166 asesinatos mencionados.

Una violencia sistemática

Pero ¿cómo podemos saber que estas prácticas de hostigamiento y exterminio son sistemáticas?

En primer lugar, porque detrás de estos asesinatos hay un criterio selectivo. No se asesina de forma aleatoria: las acciones violentas están dirigidas contra quienes organizan y dan sentido a las comunidades. Estas acciones se han dirigido contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, comunidades étnicas, campesinos colonos cocaleros y líderes políticos locales.

La gravedad del crimen es mayor en la medida que los líderes no aparecen por “generación espontánea”, sino como producto de largas luchas sociales y son el patrimonio más preciado de las comunidades. Los líderes ordenan la conciencia colectiva hacia la movilización y, por lo tanto, son necesarios para defender a las personas más vulnerables, que encuentran un sinnúmero de obstáculos para exigir individualmente la protección de sus derechos.

Además, sabemos que estas acciones son sistemáticas porque tienen el doble objetivo de ejecutar al individuo y de someter la voluntad de la comunidad a través del miedo. El asesinato del líder social afecta a la comunidad de distintas maneras, no siempre negativas. Por una parte, suele producir desplazamiento forzado y enmudecimiento colectivo, pero también mayor radicalidad en la movilización, una exigencia más fuerte de la responsabilidad institucional y un llamado solidario a la comunidad internacional.

Por último, estas acciones también buscan lesionar derechos sociales, económicos o ambientales. En ese sentido, las intenciones del asesinato pueden ser muy distintas: detener la sustitución de cultivos de usos ilícito, abrirle el paso a la minería ilegal, frenar el reclamo de tierras, aniquilar el activismo político, etc.

Alrededor del 70% de los homicidios de líderes sociales están relacionados con conflictos agrarios o ambientales. Cerca del 10% estuvieron dirigidas contra líderes de la sustitución de hoja de coca o conflictos relacionados. Y el 13% de los asesinatos fueron perpretados contra mujeres.

Ahora bien, esto no significa que los asesinatos se cometan por factores puramente subjetivos, según las características del líder. También existe un componente objetivo: los líderes asesinados actúan en territorios donde la población se está movilizando y donde se están gestando procesos económicos, políticos, organizativos y de resistencia social.

Foto: Presidencia de la República - Los asesinatos de excombatientes se hicieron tan recurrentes que a los que vivían en Ituango les tocó moverse a Mutatá.

El Estado es responsable

En estos asesinatos, es común la connivencia entre el Estado y los grupos armados ilegales.

Al respecto hay que decir que el Estado es responsable por la participación frecuente de los miembros de la fuerza pública en esta violencia, como también por la acción y la omisión de los altos funcionarios del gobierno.

Lejos de construir relaciones de solidaridad y respeto, el gobierno de Duque se ha esforzado por desmontar el Acuerdo de Paz, lo cual ha implicado un recrudecimiento del conflicto y un aumento de la estigmatización y el odio; en fin, una oleada criminal en contra del liderazgo social en distintas regiones del país.

Frente a esta cruzada de aniquilamiento de líderes sociales comunitarios y defensores de derechos humanos, las comunidades han venido adelantando acciones para llamar la atención del gobierno nacional y de la comunidad internacional. Sus propuestas han sido, principalmente, las siguientes:
• Fortalecer las organizaciones sociales y los mecanismos de autoprotección de las comunidades;
• Establecer pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatización;
• Cumplir de forma integral los Acuerdos de Paz firmado con las FARC;
• Ejecutar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de forma participativa;
• Suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos;
• E implementar programas integrales de bienestar y desarrollo campesino con fundamento estratégico en desarrollo agrario del país.
Todas estas medidas buscan garantizar la seguridad de los pobladores y el ejercicio pleno de sus derechos. Es hora de que los líderes oigan a sus ciudadanos y empiecen a hacer realidad estas propuestas.

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