Más allá de las ideologías -y las declaraciones genéricas – habrá buenos negocios para la empresa privada. Habrá espacio para una visión más moderna de la “responsabilidad social empresarial”. Y para más eficiencia de los gobiernos locales.
Álvaro José Benedetti A.*
Capitalismo y conflicto armado
Cualquiera pensaría que la opción más reñida con la resolución del conflicto armado colombiano es profundizar el capitalismo y la competitividad empresarial, adoptando mecanismos para crear riqueza en los territorios.
Como afirmaron algunos integrantes de la Comisión de Memoria Histórica y de Víctimas en los ensayos que hace poco presentaron al país – especialmente el del comisionado Jairo Estrada– la gran violencia colombiana resultó de los intentos de imponer un orden capitalista en las zonas ruarles de un país en desarrollo.
Conectar las esquinas de la triada compuesta por las asociaciones público-privadas (APP), la responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo territorial.
Sin negar la validez de esas miradas históricas, hoy parece predominar una visión interesante del futuro a propósito del llamado “posconflicto”. Por ahora se trataría del posconflicto entre el Estado y las FARC, con quienes las negociaciones de paz han avanzado de manera notable y a pesar de los reparos e interrogantes que suscita el proceso.
En medio de este clima político, resultó elocuente el pronunciamiento del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo durante el foro sobre “el papel del sector empresarial en la construcción de paz”. El funcionario invitó a los empresarios a involucrarse en los procesos de reintegración de los ex combatientes, reconociendo que en muchas regiones la capacidad del sector privado es mayor que la del mismo Estado.
Y aunque según los resultados de la encuesta divulgada en dicho foro, hay bastante escepticismo de los empresarios sobre el proceso paz (el 55 por ciento está de acuerdo pero el 45 por ciento no lo está), los propios empresarios confían en que “soplan buenos vientos” para el país.
 El integrante de la Delegación de Paz de las Farc, Pablo Catatumbo. Foto: FARC – EPaz |
¿Por qué es tan especial el posconflicto?
-Primero y más elemental porque, según hemos podido asimilar en casi tres años diálogos, acabar con el conflicto significaría el despegue definitivo hacia la prosperidad.
-Segundo porque entonces se sabrá si los desmovilizados de las FARC lograrán reintegrase a la vida social, o si recaerán en la violencia para alargar los dolores de la guerra.
-Y tercero, para poner en práctica las soluciones “estructurales” alrededor de los cinco temas que se negocian en La Habana – y sobre los cuáles aún no tenemos la versión definitiva-.
Quién sabe si en la ‘caja de sorpresas’ de un proceso de paz, al final del camino se ponga en entredicho el modelo de desarrollo nacional, capitalista y de competitividad empresarial, o se acuerde reducir el poder de los actores privados en la vida pública.
Yo supongo que esto va ocurrir, pero espero que en La Habana y en Colombia se recuerde que los mecanismos de redistribución del poder y del ingreso no deben ser obstáculos para mejorar el acceso a oportunidades e ingresos, forjar capacidades y evitar la fuga de talento y capitales que – entre otros factores- condicionan el progreso de muchos territorios: esta es la deuda social verdadera.
La gran oportunidad
Más allá de lo anterior – y como todo en la vida- creo que es preferible mirar al posconflicto desde la perspectiva del “vaso medio lleno”; por eso mismo veo las cosas de manera relativamente simple, y espero convencer de ello a los lectores.
En Colombia -como probablemente en todo el mundo en desarrollo- han existido siempre restricciones financieras para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos. Este ‘mal heredado’ por nuestra democracia constituye una oportunidad inmejorable para que el sector privado complemente los esfuerzos del (los) gobierno (s) para aumentar el acceso de la población a los servicios de agua y saneamiento, salud, educación, movilidad, acceso al crédito y muchos más.
Una gran oportunidad que ha sido probada con éxito en muchos de lugares del mundo, y que en Colombia ahora se presenta para las empresas privadas, los gobiernos locales y el Estado central. Se trata de conectar las esquinas de la triada compuesta por las asociaciones público-privadas (APP), la responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo territorial.
 El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz |
¿Cómo funciona la tríada?
Una fórmula relativamente sencilla resultaría de explorar el marco general de la Ley 1508 de 2012 sobre el diseño y gestión de las asociaciones público-privadas (APP).
Esta Ley crea las condiciones para que el capital privado participe en la ejecución de proyectos de orden territorial y en programas de política social. No solo – como viene sucediendo – en lo tocante a infraestructura de transporte, sino también, ¿por qué no?, en construcción y mantenimiento de colegios, centros de recreación, hospitales, cárceles y otras instalaciones.
Las APP permiten proveer y mantener la infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Todo un universo de posibilidades dentro del Estado y para los gobiernos, atendiendo a un principio mínimo de gestión territorial que es el de hacer bien la tarea, cumplir lo que se promete y garantizar servicios públicos con eficiencia y eficacia. Es lo que ordenan la Constitución y las leyes de Colombia.
Los programas y proyectos de orden territorial, que los gobiernos locales integran cada cuatro años dentro de un “plan de desarrollo”, son el espacio perfecto para que las empresas, por medio de las APP, encuentren un agregado de valor a su visión estratégica, y puedan contribuir a la debida atención de las necesidades públicas en los lugares donde operan.
Para eso haría falta que las empresas trabajen de la mano con las autoridades locales, compartiendo la visión del desarrollo local y regional, y aprovechando, como dijera Sergio Jaramillo, la experiencia y las instituciones construidas a partir de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
La estrategia anterior además aliviaría, por lo menos, dos grandes limitantes de nuestra administración pública:
- su probada incapacidad para gestionar y ejecutar recursos y proyectos de manera eficiente, y
- paliar, aliviar, o ayudar a resolver las serias restricciones presupuestales que padecen las entidades territoriales, debidas en gran parte a lo primero.
Este panorama también invita a las empresas a superar la típica visión de la RSE como “valor agregado social” – como expresión de una ética del obsequio inspirada en valores filantrópicos, altruistas o de solidaridad-. Para estudiosos como el gurú de la competitividad Michael Porter, se necesita pasar a un modelo de “creación de valor compartido”, donde la responsabilidad empresarial se plasme, como mínimo, en la transformación constructiva de lo social y lo ambiental en los entornos de las corporaciones.
Y por supuesto los amigos o gestores de la paz han de aprender a expresarse en términos de la ecuación “costo-efectividad-utilidad”, porque el lenguaje de la inmensa mayoría de los empresarios no es propiamente social, sino enfocado hacia el crecimiento, la productividad y la competitividad. ¡Esta es la razón de ser de las empresas, y para eso son buenos los buenos empresarios!
El debate en cuestión está planteado hace tiempo. Mientras algunos empresarios creen aún en la vieja tesis de Milton Friedman (“la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias”) otros muchos empresarios piensan –también desde hace tiempo- que las llamadas “responsabilidades discrecionales” (sociales) permiten reducir riesgos, lograr diferenciación en el mercado, mejorar la reputación y la credibilidad. Es decir: obtener mejores ventas, mayores utilidades y más competitividad. La lógica del “gana-gana”.
Las APP permiten proveer y mantener la infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos.
De cierto modo, algo parecido a las aspiraciones de un alcalde o un gobernador cuando afirman que las mejorías económicas y de competitividad son necesarias para avanzar en serio en la satisfacción de las necesidades sociales.
¿Qué puede hacer la empresa?
Si vemos este asunto desde las conveniencias, enteremos que (a) al empresario le interesa obtener utilidades, y eventualmente cumplir su responsabilidad social, y (b) al mandatorio local le interesa cumplir sus promesas de gobierno es decir, convertir sus programas en realidades.
Quedarían por supuesto otros escollos, por ejemplo: si los planes de desarrollo quedaron o no bien hechos, si promueven una visión estratégica del territorio y si, justamente, abren la puerta a las alianzas con otros actores.
Dada la gran oportunidad del “posconflicto”, el reto consistirá en lograr que la quimérica relación público-privada, en este marco de futuros acuerdos nacionales, se construya sobre la base de proyectos, ‘reglas de juego’ claras y sistemas diáfanos de colaboración y confianza.
De concretarse las alianzas en el ‘tren’ de la prosperidad, tanto al gobierno como al sector privado les interesará consolidar un entorno de seguridad económica, jurídica, pero ante todo humana, donde la satisfacción individual y colectiva, la legitimidad de las instituciones (públicas y privadas) y las garantías sociales para los ciudadanos, sean las guías del éxito en el posconflicto.
Esta reflexión resulta siendo una invitación para que los empresarios colombianos asuman su papel como actores políticos y ejerzan un liderazgo propositivo. Más allá de los diálogos de La Habana o de nuevos procesos de paz, otro reto que trae el posconflicto para las empresas y las autoridades locales es decidir sobre si contribuirán a mejorar, o a empeorar, las condiciones que prolongan la violencia, pero también ir un poco más y apostarle a construir la paz que a todos nos urge.
* Politólogo, M.A, experto en Desarrollo Territorial y Procesos de Gestión Pública, consultor y profesor universitario. alvaro.benedetti@estrategio.co;
@ajbenedetti
