Entre la instrumentalización y la invisibilidad: el desafío de las mujeres en la Vicepresidencia

Romper el techo de cristal en la política colombiana no será posible mientras las mujeres sigan siendo llamadas para llenar casillas de diversidad, pero marginadas en los espacios donde realmente se ejerce el poder.

En la política colombiana, como en muchas otras partes del mundo, la presencia de mujeres en cargos de alto poder ha sido promovida como un símbolo de progreso y equidad. No obstante, cuando se analizan las experiencias reales de quienes han ocupado estos espacios, se revela una historia menos alentadora. Las recientes experiencias de Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez, vicepresidentes en los dos gobiernos más recientes —uno de derecha, otro de izquierda—, son reveladoras: detrás de su ascenso a cargos de alta visibilidad se esconde una estructura política profundamente patriarcal que sigue limitando la capacidad de las mujeres para ejercer un liderazgo real y autónomo. Ambas mujeres, con trayectorias radicalmente distintas, han enfrentado obstáculos similares una vez en el poder. 

Marta Lucía Ramírez, una mujer mestiza, emergió desde la clase media bogotana. Cursó estudios de derecho en la Universidad Javeriana, una institución privada de renombre, y posteriormente se especializó en comercio internacional y acumuló experiencia en empresas de gran relevancia, tanto nacionales como extranjeras. Su ascenso fue producto de una notable inteligencia, dedicación al trabajo, rigor académico y una clara ambición profesional y política. Desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos ministra de Comercio, embajadora en Francia, ministra de Defensa y senadora, antes de dar el salto a la candidatura presidencial. Los dos millones de votos que aportó al Centro Democrático resultaron determinantes para su llegada a la Vicepresidencia, en un contexto donde, desde el inicio, quedó en evidencia que su perfil profesional y político era de alto nivel.

Por su parte, Francia Márquez viene de Suarez, Cauca, una zona olvidada, y del seno de una familia de recursos limitados. Desafió las estadísticas al estudiar Derecho a una edad adulta. Mujer negra, carismática y de presencia contundente, inició su camino como líder social a una temprana edad. Con solo 13 años, se opuso activamente a la construcción de una represa en su territorio. Su activismo se consolidó en la defensa de su comunidad afrodescendiente frente a la explotación minera ilegal. La protesta en La Toma, Cauca, le otorgó un amplio reconocimiento. Uno de sus actos emblemáticos fue la “Marcha de los Turbantes”, una movilización de ochenta mujeres que caminaron desde Cauca hasta Bogotá para exigir el fin de la minería ilegal que contaminaba sus ríos y desplazaba a sus comunidades. Su incansable labor le ha valido prestigiosos galardones, entre los que destacan: el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (2015); el Premio Medioambiental Goldman (2018), considerado el “Nobel de Medio Ambiente”, y la inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC (2019). Su voz, poderosa y genuina, la impulsa desde las veredas hasta la política nacional, donde su trabajo incansable y los más de 700.000 votos que sumó a la campaña fueron clave para su llegada a la Vicepresidencia.

Sin embargo, pese a estas diferencias de clase, raza y trayectoria, ambas comparten un mismo destino institucional: la exclusión, la invisibilización y la desautorización desde la misma cima del poder.

La experiencia de Marta Lucía Ramírez —primera mujer en ser elegida vicepresidenta por voto popular— estuvo marcada por una constante frustración. Según testimonios directos, fue sistemáticamente marginada de las decisiones relevantes del gobierno Duque, víctima de un entorno hostil por parte no solo del presidente, sino también de su equipo más cercano. Su capacidad técnica y política fue subutilizada y su imagen pública se desgastó entre críticas desproporcionadas y minimización mediática.

Francia Márquez ha sido objeto de ataques aún más virulentos, en parte por el racismo y el clasismo que atraviesan la sociedad colombiana. Aunque su elección fue vista como un hito de inclusión, su gestión ha estado marcada por la exclusión en el día a día del poder ejecutivo. La negación de un saludo público por parte del presidente en la instalación del Congreso el 20 de julio, su ausencia sistemática en reuniones de alto nivel y la falta de respeto en espacios institucionales revelan una profunda resistencia a su presencia en los círculos del poder. Su activismo, su voz y su liderazgo han sido tratados como una amenaza, más que como un activo político.

Este patrón no es casual ni anecdótico. Obedece a una cultura política que, aunque ha hecho avances normativos en materia de equidad de género, continúa funcionando sobre lógicas patriarcales que ven a las mujeres como elementos decorativos o utilitarios para sumar votos, pero no como sujetos políticos autónomos. 

Un ejemplo de esto ha sido el papel de los medios de comunicación. Lejos de ser aliados en la muestra de nuevos liderazgos, muchos de ellos han contribuido activamente a la deslegitimación y minimización de estas figuras. En el caso de Marta Lucía Ramírez, la cobertura mediática no solo subrayó cada error o diferencia, sino que con frecuencia redujo su imagen a la de una funcionaria decorativa, al omitir su trayectoria y su capacidad para la gestión pública. Francia Márquez, por su parte, ha sido blanco de ataques mucho más virulentos, donde el racismo y el clasismo se han filtrado abiertamente en titulares y comentarios, para desestimar sus propuestas y transformar su activismo en motivo de sospecha o burla. Basta recordar los titulares que, en vez de dar cuenta de sus iniciativas, subrayaban aspectos superficiales como su ropa, su manera de hablar o su vida personal, para opacar su agenda y su liderazgo. Así, la prensa, lejos de romper estereotipos, ha reproducido y amplificado los prejuicios que sostienen la exclusión de las mujeres en el poder, al convertirse en un actor central en el cerco simbólico que afrontan quienes se atreven a desafiar el orden patriarcal político y mediático.

La Vicepresidencia, tal como está concebida en Colombia —un cargo sin funciones claras, subordinado al arbitrio del presidente de turno—, ha sido una trampa para las mujeres que la han ocupado. Se les invita a ser imagen de inclusión, pero se les niega participación efectiva. Como claramente lo expresó Francia Márquez en su discurso  desde Cali durante la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas afrodescendientes, este viernes 25 de julio: 

“Hoy, la carga es simbólica: somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Así como en el período republicano nuestros ancestros fueron útiles para participar, en primera línea, en la gesta de la Independencia, pero no para obtener su libertad y participar en la naciente República. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes. Y si no obedecemos, entonces viene el castigo: la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública”.

Este fenómeno trasciende incluso a las mujeres que no han sido elegidas pero que han participado en campañas. El caso de Ángela Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, es igualmente ilustrativo. Su liderazgo fue minimizado y posteriormente ignorado por el mismo movimiento que ella ayudó a fortalecer. Algo similar ocurrió con Marelen Castillo, compañera de fórmula de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022. Aunque su perfil académico y su voz serena aportaban una perspectiva valiosa y necesaria al proyecto político, fue relegada a un papel secundario en la campaña y posteriormente en el escenario público. Tras las elecciones, la desaparición continuó. Su trabajo en el Congreso ha pasado prácticamente inadvertido en el debate nacional.  No ha logrado ocupar un espacio al que no tiene que rendir cuentas más que a la gente. El espacio lo ha podido utilizar mejor. Ha estado a cargo de réplicas de la oposición, pero sin la habilidad para dejar huella. 

La constante es clara: las mujeres en la política colombiana —y en especial en la Vicepresidencia— han sido instrumentalizadas. Se las llama para sumar votos, representar diversidad o calmar críticas sobre falta de equidad, pero se les bloquea en el ejercicio del poder. Esto no ocurre únicamente por decisión de los presidentes, sino porque toda la cultura institucional sigue estando diseñada por y para hombres. La misoginia no es exclusiva de un partido, una ideología o una región: atraviesa todo el espectro político y todos los niveles de gobierno.

Frente a esta realidad, algunas analistas y mujeres líderes comienzan a cuestionar el valor de aceptar una candidatura vicepresidencial si no se acompaña de garantías políticas reales. La recomendación —cruda pero honesta— es que ninguna mujer acepte ser fórmula vicepresidencial sin un acuerdo serio, documentado y con consecuencias políticas claras ante el incumplimiento. Se sugiere, incluso, seguir el modelo de Germán Vargas Lleras, quien solo aceptó ser vicepresidente tras negociar con dureza las condiciones de su participación. De lo contrario, el riesgo es alto: quedar atrapadas en un papel simbólico, sin voz, y con su capital político erosionado.

¿Es posible romper estos techos de cristal? Sí, pero no basta con más candidatas o con cuotas en las listas. Se requiere una transformación profunda de la cultura política colombiana, una reforma de las estructuras institucionales que definen el papel de la Vicepresidencia, y un compromiso real de los partidos y movimientos para garantizar condiciones de igualdad efectiva. También se necesita un periodismo más justo, que no mida a las mujeres con una vara distinta, ni amplifique sus errores y minimice sus logros.

El camino será largo. Pero la denuncia, como la que ha hecho recientemente Francia Márquez sobre su exclusión, es un primer paso necesario. Nombrar el maltrato, hacer visible la desigualdad, poner en evidencia las dinámicas de poder es fundamental para cambiarlas. Cada testimonio de frustración, cada gesto de resistencia, cada palabra dicha con dolor, pero con firmeza, ayuda a construir una narrativa distinta: la de las mujeres que ya no están dispuestas a ser parte de la decoración institucional.

En definitiva, el caso de las vicepresidentas en Colombia nos deja una lección poderosa: no se trata solo de estar en el poder, sino de poder ejercerlo. No se trata solo de que haya mujeres en las fotos oficiales, sino de que puedan incidir, decidir, transformar. Romper el techo de cristal en la política colombiana no será posible mientras las mujeres sigan siendo llamadas para llenar casillas de diversidad, pero marginadas en los espacios donde realmente se ejerce el poder.

Las mujeres colombianas —con toda su diversidad de orígenes, trayectorias, luchas y visiones— han demostrado tener la capacidad, la formación y la vocación para liderar. El reto ahora es que el sistema político y la sociedad estén a la altura de ese liderazgo. Y que dejemos de celebrar únicamente la presencia de mujeres en cargos altos y empecemos a garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones.

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