Las “tragedias naturales” y los economistas

Pero, en un mundo que no se cansa de llamarnos la atención y recordarnos lo poco que sabemos de él, esta semana pensé en esa conversación ingenua de hace años. El pasado 12 de enero los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de imágenes y noticias sobre la terrible tragedia sucedida en el municipio del Carmen de Atrato en la vía entre Medellín y Quibdó —paradójicamente, Medellín, la segunda ciudad más importante del país y Quibdó, un territorio abandonado por el Estado con la tasa de desempleo más alta del país—. Al momento de escribir esta columna, se había reportado la muerte de 36 personas y decenas de heridos. Una tragedia que evidencia una vez más que la corrupción y la desidia estatal cobran vidas. 

El episodio ha sacado a la luz varias cosas mostrando que estas tragedias usualmente son multicausales y a todos nos cabe nuestra parte de responsabilidad en lo sucedido. En este marco, hay dos elementos que me han hecho pensar en cómo funciona nuestro país y las profundas asimetrías que lo caracterizan y que, con frecuencia se nos olvida, van más allá de quién gastó indebidamente qué o cuánto, matan personas a diario.

Primero, la culpa. Entre Medellín y Quibdó hay 230km de distancia, un tramo que, en una vía debidamente pavimentada, señalizada y con doble carril, debería cubrirse en cerca de 4 horas. En la actualidad, el recorrido puede tardar cerca de 13 horas, en una carretera que aún cuenta con tramos sin pavimentar. En 2018, Leyner Mosquera advertía que la vía está catalogada como una de las más peligrosas del país. En 2009, un bus de la empresa Rápido Ochoa cayó a un abismo causando la muerte a 41 personas. A 2018, Medicina Legal contaba en más de 100 las personas fallecidas en accidentes en la misma vía. 

Las advertencias sobre la peligrosidad de la vía datan desde antes de 1994 y en 2009 se concesionó a la empresa Metrocorredores 8 el mejoramiento de 26Km y luego en 2012 se le adjudicó a la empresa LAX 051 la intervención de 76 km. Para diciembre de 2018 solo se había mejorado cerca del 60% de la vía. Entre 2016 y 2022 se firmaron contratos adicionales por más de 549.000 millones de pesos. A 2023, aún cerca de 12Km permanecen sin pavimentar, esto sumado al alto riesgo de deslizamiento debido a la pluviosidad de la zona y otras condiciones climáticas. El día de la última tragedia, el gobierno del presidente Petro anunció recursos de atención por 2.000 millones de pesos y una adición presupuestal de 500.000 millones para terminar la pavimentación de la vía.

Ahora bien, pese a que la descripción anterior muestra una clara desidia estatal y los efectos de la corrupción en la ejecución de obras públicas, algunas voces apuntaron el dedo en otras direcciones. El día del desastre natural, el exsenador José Obdulio Gaviria publicó dos mensajes en la red social X señalando que miembros de comunidades indígenas tenían bloqueada la vía y hacían un retén ilegal, lo que ocasionó el represamiento de vehículos y, en consecuencia, la magnitud de la tragedia. Esta información fue desmentida por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quién indicó que no había ningún bloqueo, pero sí muchos carros represados que no podían regresar a Medellín ni avanzar hacia Quibdó. Sumado a la gravedad de una acusación falsa contra comunidades tradicionalmente discriminadas y violentadas, atenta contra las libertades fundamentales de las comunidades impedirles manifestarse para exigir sus derechos y además responsabilizarlas de una tragedia cuyos principales responsables son los gobiernos nacionales y departamentales.

Segundo, la corresponsabilidad del sector privado. No entraré en más detalles respecto a las concesiones viales eternamente retrasadas y que generan onerosos sobrecostos que, al final se traducen en menor gasto social y mayor endeudamiento; sin embargo, el papel de las aerolíneas requiere ser mencionado. En el 2017, una huelga de pilotos vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) puso en vilo al país, la empresa aducía que, dado que el servicio aeronáutico es esencial, el paro no procedía; los pilotos argumentaban en sentido contrario. El punto es que el 29 de noviembre de 2017, con ponencia del magistrado Roberto Echeverri Bueno, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Avianca declarando la ilegalidad de la huelga debido a la esencialidad del servicio de transporte aéreo. Con esos antecedentes, llama la atención que un servicio esencial, en el marco de una tragedia de estas proporciones cobre por un tiquete de un solo trayecto valores que oscilan entre los $360.000 y $700.000 (en la tarifa más básica de Avianca) por un vuelo que apenas supera los 30 minutos. Con estas tarifas, no es sorprendente que la gente decida arriesgarse a una travesía tan peligrosa y extenuante para poder desplazarse entre las dos ciudades. Cabe mencionar que Medellín es la ciudad “principal” más cercana a Quibdó.

Los dos elementos anteriores, espero, evidencian que lejos de ser una ciencia social sin ninguna palabra sobre la vida o muerte de las personas, la economía, y quienes se han formado en ella o alguna de sus áreas de desempeño, juega un rol central en las llamadas “tragedias naturales”. Tal vez sea hora de enseñarles a los futuros economistas que aun cuando nunca entren en un quirófano o sostengan algún elemento quirúrgico, de sus decisiones y ética depende la vida de miles de personas.