La dirección y el ritmo del cambio - Razón Pública
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La dirección y el ritmo del cambio

Escrito por Suelen Emilia Castiblanco

Karl Polanyi, célebre economista austriaco que desarrolló buena parte de su obra académica en los turbulentos años de la segunda guerra mundial y la posguerra, escribió en su obra La Gran Transformación (1944) que el ritmo del cambio es a menudo no menos importante que la dirección del cambio mismo. De este ritmo, depende que los más vulnerables puedan ajustarse al cambio de las condiciones sin dañar su sustancia económica y humana, física y moral.

Aunque Polanyi está hablando de la revolución industrial y las transformaciones socioeconómicas previas a la primera mitad siglo XX, la idea mantiene su vigencia como oposición a la máxima, atribuida erróneamente a Maquiavelo, de “El fin justifica los medios”. Esta semana, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fue, según sus propias declaraciones, reelecto en su cargo. El denominado “dictador cool” del país centroamericano es, de acuerdo con Latinobarómetro, el gobernante más popular de la región con un respaldo del 90% de los salvadoreños. Sus defensores señalan que, desde su llegada al poder, en 2019, el país pasó de una tasa de 38 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes a una de 18 en 2021 y a 2.4 en 2023, convirtiéndose en el segundo país con la tasa más baja de homicidios en América Latina, solo por detrás de Canadá. Esta pacificación del país ha convertido al presidente en todo un referente para diferentes partidos de derecha en la región y, de alguna forma, la representación de una ciudadanía con mayor disposición a intercambiar democracia por seguridad.

Una cifra históricamente baja de homicidios parece un “cambio” digno de ser celebrado y replicado en otros países de nuestra región, tan violenta históricamente. Pero, volviendo a Polanyi, o más bien, reinterpretando su idea, la pregunta es qué precio estamos dispuestos a pagar por obtener un resultado deseado.

Después de la supuesta ruptura del pacto de no agresión entre las pandillas y el gobierno del presidente Bukele, que condujo a un pico en los homicidios en el país, el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó declarar el régimen de excepción, mecanismo legal que, de forma general otorga poderes extraordinarios al presidente para manejar situaciones de emergencia en las que la vida de los ciudadanos está en grave riesgo. En el marco de estas medidas excepcionales, renovadas de forma permanente por la Asamblea Legislativa, Amnistía Internacional ha denunciado la detención de más de 66.000 personas, la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas de derechos humanos de las personas detenidas –por ejemplo, la amenaza de dejar morir de hambre a pandilleros detenidos si las pandillas tomaban represalias contra las Fuerzas Armadas o la población civil–. Como resultado, el Índice de Derechos Humanos –donde 1 es mayor garantía de derechos– ha caído casi en la misma proporción que la tasa de homicidio, pasando de 0.77 en 2019 a 0.62 en 2022.

El análisis más visceral de esta situación, cuya evidencia abunda en redes sociales, haría pensar que no hay nada de problemático en las medidas tomadas por el presidente Bukele. Las personas detenidas son acusadas de haber violado principios básicos de la convivencia en comunidad y fundacionales de los estados de derecho modernos; muchos de ellos no tienen consideraciones éticas y morales cuando cometen sus crímenes y han sido victimarios de delitos peores de los que ahora son víctimas. Sin embargo, lo problemático de esta situación se da en dos líneas. Primero, están las consideraciones éticas de quitarle el estatus de seres humanos a personas que han cometido delitos. El Estado, incapaz en las etapas iniciales de vida de niños y niñas de garantizar sus derechos, como salud, educación, vivienda, entornos libres de violencia, entre otros; después de adultos, les falla nuevamente al despojarlos de los derechos que les son propios en cuanto seres humanos por haber cometido los delitos a los que su misma inoperancia los abocó. Los delincuentes actúan en un marco de moralidad moldeado por contextos que les enseñan que la supervivencia y la de los suyos está por encima de la supervivencia de los demás; al adoptar la lógica de que los violentos merecen ser despojados de sus derechos como humanos por los delitos cometidos, la justicia deja de serlo para convertirse en venganza y nosotros, los “buenos”, adoptamos como propio el marco de moralidad de los delincuentes que queremos castigar.

La segunda razón de preocupación es de carácter más instrumental si se quiere. Cuando abrimos la puerta al “fin por encima de los medios”, cualquier comportamiento es válido. En Colombia, las 6402 víctimas documentadas de “falsos positivos” son un triste recordatorio del altísimo precio moral que pagamos por “poder volver a nuestras fincas”. Ahora El Salvador, ha reelegido un presidente que modificó de forma irregular las reglas del juego democrático para permanecer en el poder y sus conciudadanos han comprado la idea mesiánica de que solo él, con su aire desparpajado y “distancia” de los partidos políticos tradicionales puede hacer que El Salvador pase de ser el país de las maras al de la cárcel más grande de América Latina. Con esto, el país ha dejado claro qué tipo de cambio quiere y a qué ritmo lo quiere hacer, a uno que deje atrás a los más vulnerables, quienes sin duda, pagarán la mayor parte del precio del proyecto elegido.

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1 Comentario

Yamil Sandoval febrero 6, 2024 - 8:00 am

Es un reto para el presidente tratar de resocializar a la delincuencia para que tengan una vida diferente cuando salgan en algún momento porque deben entender que sus derechos terminan cuando comienzan los del otro

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