Suelen Emilia Castiblanco, autor en Razón Pública

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A propósito del nombramiento de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social -DPS-, Alexander López Maya en el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y algunos otros, se ha generado un debate respecto a la supuesta dicotomía entre “activistas y tecnócratas”. Por una parte, los activistas son vistos como portadores de las voluntades de las comunidades, conocedores de la realidad y alejados de las insidias políticas y los caprichos de las élites. Los tecnócratas, por su parte, se parecen más al señor Spock de Star Trek, seres que se presumen como racionales, neutrales y objetivos, preocupados por garantizar una toma de decisiones costo – eficiente, en la que se garantice la sostenibilidad de los sistemas a largo plazo aun cuando eso implique tomar medidas impopulares. 

Ahora bien, de forma tradicional en Colombia, hay cargos públicos que se asignan a los políticos, aun cuando en la mayoría de casos no sean los más idóneos, cargos que se asignan a tecnócratas y unos pocos cargos que se han asignado a activistas. La división parece más o menos clara. En las posiciones que requieren un amplio conocimiento de la realidad social, una experiencia en campo extensa y habilidades para el relacionamiento con las comunidades deberían estar los activistas; en los cargos que requieren un mayor conocimiento especializado, análisis de factibilidad y eficiencia y complejas simulaciones de variados escenarios deberían estar los tecnócratas.

En el caso de los cargos con mayor incidencia social, a decir verdad, a nadie parece importarle mucho quién los ocupa. Durante años, muchos de estos cargos han sido bastiones de políticos corruptos que no cuentan ni con la experiencia en campo, ni con el conocimiento técnico para cumplir con sus responsabilidades. Basta revisar las hojas de vida publicadas en el sistema de contratación nacional para encontrar abogados constitucionalistas en el Servicio Nacional de Aprendizaje, ingenieros industriales en el Departamento de Prosperidad Social, odontólogas en la agencia de promoción de las exportaciones, entre otros. 

Sin embargo, en el caso de los cargos técnicos, la situación ha sido un poco distinta. Salvo excepciones muy particulares, los nombramientos en instituciones como el DANE, la DIAN, el DNP y varios viceministerios se han caracterizado por ser para personas con una alta formación técnica, estrechamente vinculada con su área de desempeño y con quienes, se puede estar en desacuerdo por su posición académica – ideológica, pero no se les puede acusar de falta de conocimiento en lo que hacen.

Y es, tal vez, precisamente porque estos cargos habían logrado estar parcialmente alejados de la política y porque por sus manos pasan un amplio conjunto de decisiones que son centrales para el funcionamiento de diferentes sistemas en el país y para el flujo de dinero, que los recientes nombramientos de activistas y políticos han causado tanto revuelo. 

El DNP ha sido, desde su creación, la institución técnica insigne del país. Su nombre mismo lo dice, el Departamento de Planeación. En una época, ya prácticamente olvidada, en este departamento se debatía respecto al modelo de desarrollo que debía seguir el país. Son célebres las visitas de Lauchlin Currie y Albert Hirschman a Colombia, invitados para exponer sus ideas sobre cómo sacar al país del subdesarrollo. Podrá estarse en contra o a favor de los planteamientos de estos o tantos otros académicos que han asesorado al DNP, pero no se puede negar que este departamento era un tanque de pensamiento donde se daban discusiones de primer nivel. Por ejemplo, debería ser de obligatoria lectura la introducción al plan de desarrollo de “Las cuatro estrategias” (1971 – 1974), propuesto por Currie, y que antes que cualquier cosa, explica que entiende el autor por desarrollo y los planteamientos teóricos y supuestos detrás de su propuesta.  

El director saliente del DNP, el Dr. Jorge Iván González, es un economista de reconocida trayectoria en el país. Un tecnócrata de izquierda, si se puede usar ese apelativo. Cuenta con una significativa producción académica sobre desarrollo económico en Colombia y el debate respecto a la justicia social, y es un gran conocedor de la historia del pensamiento económico, clave para comprender la forma en que se diseñan los planes de desarrollo y los supuestos teóricos detrás de las estrategias adoptadas. La información que se tiene sobre su salida representó un duro golpe para la confianza que se había tejido en torno al plan de desarrollo del gobierno Petro; sin embargo, el golpe de gracia fue saber que quien lo reemplazaría no cuenta con ninguno de los atributos ya mencionados, ni para un tecnócrata, ni para un activista.

En una intervención en el Congreso, el Sr. López Maya, nuevo director del DNP, señaló dos cosas muy inquietantes. Primero, que no aspiró a estudiar economía porque le daban muy duro las matemáticas y segundo, que su nombramiento obedece a que conoce las tragedias del pueblo colombiano. Sobre lo primero, sería importante señalarle al Sr. López Maya que la economía va mucho más allá de la formalización matemática y que si conociera a los grandes teóricos del desarrollo, como se espera de su cargo, lo sabría. Sobre lo segundo, la planeación del desarrollo requiere ir más allá del conocimiento de las “tragedias del pueblo”. El director de planeación no solo debe tener el diagnóstico de la situación, debe tener claridad en cómo lo social, económico, cultural y político entran en juego para diseñar e implementar posibles soluciones a esas “tragedias”, debe analizar los posibles catalizadores del cambio social, no el retórico, el real, el de las condiciones materiales de vida de la población, es el responsable de materializar el sueño de país de aquellos que eligieron a Petro como presidente.  

El viernes 01 de marzo, el presidente publicó en la red social X “La tecnocracia es tener a supuestos técnicos en el poder. Democracia es tener gente en el poder.”. Sin entrar a debatir si existe tal cosa como los expertos o los técnicos, suena muy paradójico que un gobierno que impulsa como gran bandera de transformación social el acceso universal a la educación superior, les envíe a miles de jóvenes el mensaje de que en la jerarquía institucional primero están los alfiles políticos, veletas incapaces de sentar una posición crítica cuando se requiere; luego están los activistas, muchos de ellos con liderazgos de base, pero desconocedores de herramientas técnicas necesarias para realizar los cambios que persiguen; y, en el último lugar de la fila, los “tecnócratas”, ¿académicos en su torre de marfil?, sí, ¿pertenecientes a las élites?, muchos de ellos sí. Sin embargo, en ese grupo de “tecnócratas” también hay hombres y mujeres endeudadas para pagar su formación avanzada, trabajadores, íntegros, disciplinados, con ganas de hacer bien las cosas y trabajar por su país. Tecnócratas – activistas que respondieron a la convocatoria de doctores porque creyeron en la idea del cambio del actual del Gobierno y que, a hoy, siguen esperando que los llamen a contribuir a uno de esos cargos con los que premian a los políticos aliados de turno. 

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Suelen Emilia Castiblanco

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Suelen Emilia Castiblanco

*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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Karl Polanyi, célebre economista austriaco que desarrolló buena parte de su obra académica en los turbulentos años de la segunda guerra mundial y la posguerra, escribió en su obra La Gran Transformación (1944) que el ritmo del cambio es a menudo no menos importante que la dirección del cambio mismo. De este ritmo, depende que los más vulnerables puedan ajustarse al cambio de las condiciones sin dañar su sustancia económica y humana, física y moral.

Aunque Polanyi está hablando de la revolución industrial y las transformaciones socioeconómicas previas a la primera mitad siglo XX, la idea mantiene su vigencia como oposición a la máxima, atribuida erróneamente a Maquiavelo, de “El fin justifica los medios”. Esta semana, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fue, según sus propias declaraciones, reelecto en su cargo. El denominado “dictador cool” del país centroamericano es, de acuerdo con Latinobarómetro, el gobernante más popular de la región con un respaldo del 90% de los salvadoreños. Sus defensores señalan que, desde su llegada al poder, en 2019, el país pasó de una tasa de 38 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes a una de 18 en 2021 y a 2.4 en 2023, convirtiéndose en el segundo país con la tasa más baja de homicidios en América Latina, solo por detrás de Canadá. Esta pacificación del país ha convertido al presidente en todo un referente para diferentes partidos de derecha en la región y, de alguna forma, la representación de una ciudadanía con mayor disposición a intercambiar democracia por seguridad.

Una cifra históricamente baja de homicidios parece un “cambio” digno de ser celebrado y replicado en otros países de nuestra región, tan violenta históricamente. Pero, volviendo a Polanyi, o más bien, reinterpretando su idea, la pregunta es qué precio estamos dispuestos a pagar por obtener un resultado deseado.

Después de la supuesta ruptura del pacto de no agresión entre las pandillas y el gobierno del presidente Bukele, que condujo a un pico en los homicidios en el país, el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó declarar el régimen de excepción, mecanismo legal que, de forma general otorga poderes extraordinarios al presidente para manejar situaciones de emergencia en las que la vida de los ciudadanos está en grave riesgo. En el marco de estas medidas excepcionales, renovadas de forma permanente por la Asamblea Legislativa, Amnistía Internacional ha denunciado la detención de más de 66.000 personas, la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas de derechos humanos de las personas detenidas –por ejemplo, la amenaza de dejar morir de hambre a pandilleros detenidos si las pandillas tomaban represalias contra las Fuerzas Armadas o la población civil–. Como resultado, el Índice de Derechos Humanos –donde 1 es mayor garantía de derechos– ha caído casi en la misma proporción que la tasa de homicidio, pasando de 0.77 en 2019 a 0.62 en 2022.

El análisis más visceral de esta situación, cuya evidencia abunda en redes sociales, haría pensar que no hay nada de problemático en las medidas tomadas por el presidente Bukele. Las personas detenidas son acusadas de haber violado principios básicos de la convivencia en comunidad y fundacionales de los estados de derecho modernos; muchos de ellos no tienen consideraciones éticas y morales cuando cometen sus crímenes y han sido victimarios de delitos peores de los que ahora son víctimas. Sin embargo, lo problemático de esta situación se da en dos líneas. Primero, están las consideraciones éticas de quitarle el estatus de seres humanos a personas que han cometido delitos. El Estado, incapaz en las etapas iniciales de vida de niños y niñas de garantizar sus derechos, como salud, educación, vivienda, entornos libres de violencia, entre otros; después de adultos, les falla nuevamente al despojarlos de los derechos que les son propios en cuanto seres humanos por haber cometido los delitos a los que su misma inoperancia los abocó. Los delincuentes actúan en un marco de moralidad moldeado por contextos que les enseñan que la supervivencia y la de los suyos está por encima de la supervivencia de los demás; al adoptar la lógica de que los violentos merecen ser despojados de sus derechos como humanos por los delitos cometidos, la justicia deja de serlo para convertirse en venganza y nosotros, los “buenos”, adoptamos como propio el marco de moralidad de los delincuentes que queremos castigar.

La segunda razón de preocupación es de carácter más instrumental si se quiere. Cuando abrimos la puerta al “fin por encima de los medios”, cualquier comportamiento es válido. En Colombia, las 6402 víctimas documentadas de “falsos positivos” son un triste recordatorio del altísimo precio moral que pagamos por “poder volver a nuestras fincas”. Ahora El Salvador, ha reelegido un presidente que modificó de forma irregular las reglas del juego democrático para permanecer en el poder y sus conciudadanos han comprado la idea mesiánica de que solo él, con su aire desparpajado y “distancia” de los partidos políticos tradicionales puede hacer que El Salvador pase de ser el país de las maras al de la cárcel más grande de América Latina. Con esto, el país ha dejado claro qué tipo de cambio quiere y a qué ritmo lo quiere hacer, a uno que deje atrás a los más vulnerables, quienes sin duda, pagarán la mayor parte del precio del proyecto elegido.

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Suelen Emilia Castiblanco

*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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Hace ya varios años cuando estudiaba mi pregrado en economía, en alguna conversación informal una compañera nos decía que afortunadamente ella se había decidido por una ciencia social en lugar de una ciencia de la salud. Señalaba ella que, mientras un médico o enfermera tienen en sus manos la responsabilidad por las vidas de las personas, en una disciplina como la economía, lo “peor” que puede pasar es tomar una mala decisión financiera o anticipar de forma equivocada la próxima crisis económica mundial.

Pero, en un mundo que no se cansa de llamarnos la atención y recordarnos lo poco que sabemos de él, esta semana pensé en esa conversación ingenua de hace años. El pasado 12 de enero los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de imágenes y noticias sobre la terrible tragedia sucedida en el municipio del Carmen de Atrato en la vía entre Medellín y Quibdó —paradójicamente, Medellín, la segunda ciudad más importante del país y Quibdó, un territorio abandonado por el Estado con la tasa de desempleo más alta del país—. Al momento de escribir esta columna, se había reportado la muerte de 36 personas y decenas de heridos. Una tragedia que evidencia una vez más que la corrupción y la desidia estatal cobran vidas. 

El episodio ha sacado a la luz varias cosas mostrando que estas tragedias usualmente son multicausales y a todos nos cabe nuestra parte de responsabilidad en lo sucedido. En este marco, hay dos elementos que me han hecho pensar en cómo funciona nuestro país y las profundas asimetrías que lo caracterizan y que, con frecuencia se nos olvida, van más allá de quién gastó indebidamente qué o cuánto, matan personas a diario.

Primero, la culpa. Entre Medellín y Quibdó hay 230km de distancia, un tramo que, en una vía debidamente pavimentada, señalizada y con doble carril, debería cubrirse en cerca de 4 horas. En la actualidad, el recorrido puede tardar cerca de 13 horas, en una carretera que aún cuenta con tramos sin pavimentar. En 2018, Leyner Mosquera advertía que la vía está catalogada como una de las más peligrosas del país. En 2009, un bus de la empresa Rápido Ochoa cayó a un abismo causando la muerte a 41 personas. A 2018, Medicina Legal contaba en más de 100 las personas fallecidas en accidentes en la misma vía. 

Las advertencias sobre la peligrosidad de la vía datan desde antes de 1994 y en 2009 se concesionó a la empresa Metrocorredores 8 el mejoramiento de 26Km y luego en 2012 se le adjudicó a la empresa LAX 051 la intervención de 76 km. Para diciembre de 2018 solo se había mejorado cerca del 60% de la vía. Entre 2016 y 2022 se firmaron contratos adicionales por más de 549.000 millones de pesos. A 2023, aún cerca de 12Km permanecen sin pavimentar, esto sumado al alto riesgo de deslizamiento debido a la pluviosidad de la zona y otras condiciones climáticas. El día de la última tragedia, el gobierno del presidente Petro anunció recursos de atención por 2.000 millones de pesos y una adición presupuestal de 500.000 millones para terminar la pavimentación de la vía.

Ahora bien, pese a que la descripción anterior muestra una clara desidia estatal y los efectos de la corrupción en la ejecución de obras públicas, algunas voces apuntaron el dedo en otras direcciones. El día del desastre natural, el exsenador José Obdulio Gaviria publicó dos mensajes en la red social X señalando que miembros de comunidades indígenas tenían bloqueada la vía y hacían un retén ilegal, lo que ocasionó el represamiento de vehículos y, en consecuencia, la magnitud de la tragedia. Esta información fue desmentida por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quién indicó que no había ningún bloqueo, pero sí muchos carros represados que no podían regresar a Medellín ni avanzar hacia Quibdó. Sumado a la gravedad de una acusación falsa contra comunidades tradicionalmente discriminadas y violentadas, atenta contra las libertades fundamentales de las comunidades impedirles manifestarse para exigir sus derechos y además responsabilizarlas de una tragedia cuyos principales responsables son los gobiernos nacionales y departamentales.

Segundo, la corresponsabilidad del sector privado. No entraré en más detalles respecto a las concesiones viales eternamente retrasadas y que generan onerosos sobrecostos que, al final se traducen en menor gasto social y mayor endeudamiento; sin embargo, el papel de las aerolíneas requiere ser mencionado. En el 2017, una huelga de pilotos vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) puso en vilo al país, la empresa aducía que, dado que el servicio aeronáutico es esencial, el paro no procedía; los pilotos argumentaban en sentido contrario. El punto es que el 29 de noviembre de 2017, con ponencia del magistrado Roberto Echeverri Bueno, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Avianca declarando la ilegalidad de la huelga debido a la esencialidad del servicio de transporte aéreo. Con esos antecedentes, llama la atención que un servicio esencial, en el marco de una tragedia de estas proporciones cobre por un tiquete de un solo trayecto valores que oscilan entre los $360.000 y $700.000 (en la tarifa más básica de Avianca) por un vuelo que apenas supera los 30 minutos. Con estas tarifas, no es sorprendente que la gente decida arriesgarse a una travesía tan peligrosa y extenuante para poder desplazarse entre las dos ciudades. Cabe mencionar que Medellín es la ciudad “principal” más cercana a Quibdó.

Los dos elementos anteriores, espero, evidencian que lejos de ser una ciencia social sin ninguna palabra sobre la vida o muerte de las personas, la economía, y quienes se han formado en ella o alguna de sus áreas de desempeño, juega un rol central en las llamadas “tragedias naturales”. Tal vez sea hora de enseñarles a los futuros economistas que aun cuando nunca entren en un quirófano o sostengan algún elemento quirúrgico, de sus decisiones y ética depende la vida de miles de personas. 

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*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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Tal vez una de las noticias más sorprendentes de este 2023 ha sido la victoria de Javier Milei en Argentina. El líder de la coalición La Libertad Avanza y exdiputado nacional por la ciudad de Buenos Aires ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta del que, puede ser, el país con la tradición más gobiernista de América Latina. En un país en el que el Estado, ya sea democrático o cooptado por la Junta Militar, ha sido actor central de la economía y la sociedad, Milei se hizo presidente con una agenda que él define como “anarcocapitalista” y “paleolibertaria”.

Entre los múltiples artículos que se han escrito a propósito de la victoria de Milei y las posteriores medidas que ha anunciado como parte de lo que ha denominado “terapia de choque” para la recuperación de la economía argentina, uno de ellos, publicado por la BBC se refiere a la influencia de la Escuela Austriaca de economía sobre el pensamiento del presidente, haciendo particular énfasis en Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, y principal referente de esta escuela a la que también se la acredita por hacer parte del respaldo teórico tras las políticas neoliberales de ajuste estructural implementadas en buena parte del mundo en desarrollo en la década de los noventa.

En el libro “Camino de servidumbre” (1944), Hayek critica al socialismo y a la estrategia de economía planificada que restringe las libertades individuales, y con ellas, considera que también al progreso. Y, en “Los principios de un orden social liberal” (1982), resume buena parte de sus postulados políticos y económicos en una oda al liberalismo y su necesidad para el avance de las sociedades.

De acuerdo con Hayek, el liberalismo no surgió de una construcción teórica, sino que respondió al deseo de expandir los beneficios de la libertad individual de los ingleses en el siglo XVIII y que, desde su perspectiva, fue la razón detrás de la prosperidad y el crecimiento del imperio inglés en el siguiente siglo. Estos principios liberales ingleses, a diferencia de los continentales desarrollados en Francia, parten del supuesto de que, bajo la vigencia de reglas justas que protejan la propiedad privada, se generará un orden espontáneo en el que los individuos estarán en libertad de usar sus conocimientos y aptitudes para perseguir sus propios fines. En este marco, este orden espontáneo no tiene un propósito, ni hay un acuerdo común sobre los resultados esperados; en su lugar, este orden se basa en la reciprocidad, esto es, el beneficio mutuo de los participantes.

La emergencia de esta organización social orientada por la ley y no por un propósito común, implica entonces que el bienestar común no es una meta previamente definida a la que la sociedad deliberadamente desea llegar, sino un orden abstracto que procura “la mejor oportunidad para que cualquier miembro seleccionado al azar haga uso de su saber para el logro de sus propósitos”.

En este marco, el Estado se debe limitar a garantizar el cumplimiento de estas reglas justas de conducta que han emergido espontáneamente en la sociedad y proveer los pocos bienes y servicios que el mercado no pueda. Estas reglas justas aplicadas de forma universal beneficiarán a unos y perjudicarán a otros; sin embargo, esto es un resultado natural del orden social y debe ser aceptado. Los resultados del orden social no están determinados por las intenciones de nadie y no pueden ser previstos, son producto de la combinación de las habilidades, esfuerzos y oportunidades de las personas, pero también de cosas que están fuera de su control. Así, los beneficios de los individuos se derivan del valor de sus servicios, y este valor no tiene nada que ver con la utilidad, merecimiento o necesidad. Como resultado, no sería posible juzgar los resultados del orden social como justos o injustos y, por el contrario, cualquier intento de crear un orden “más justo” implicaría llegar a un acuerdo sobre un fin común, algo contrario al orden espontáneo y, por ende, a la restricción de la libertad individual.

De esta forma, es claro por qué desde los postulados de Hayek, temas tales como la “justicia social”, la redistribución de la riqueza, la superación de la pobreza, entre otros, carecen de sentido. Sin estas funciones, y limitado únicamente a garantizar el cumplimiento de las reglas de conducta, centradas en señalar lo que no se debe hacer en lugar de decir qué hacer, el poder ejecutivo pierde su razón de ser y reducirlo a las mínimas proporciones estaría plenamente justificado.

En economía, todo modelo de predicción siempre requiere considerar los supuestos sobre los que está construido y, pese a sus aspiraciones de universalidad, el contexto en el que fueron pensados. Es claro que las sociedades latinoamericanas son muy distintas a aquella sociedad inglesa cuyas características Hayek pensaba exportar al mundo. La evidencia de esto la vivimos en nuestra región cuando las políticas neoliberales de ajuste estructural mostraron que algunas políticas son muy buenas para la economía, pero muy malas para las personas. La “terapia de choque” argentina podrá recuperar a mediano plazo los indicadores económicos que tanto preocupan a los técnicos, pero lo hará a un alto costo social para aquellos más vulnerables. El tema no siempre son los fines, a veces son los medios.

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*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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Aunque algunas de las noticias que han rondado el año nos hagan muy difícil creerlo, el 2023 podría ser visto en unas cuantas décadas como el año de la esperanza. Los tres horribles años anteriores la pandemia nos quitó, además de las vidas de seres queridos y trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la enfermedad en condiciones precarias, la compañía de los otros, la libertad de movimiento, la salud mental, entre otros. Este año, la amenaza del COVID-19 pareció un fantasma del pasado y un recordatorio de que, pese a todo, hay algunas personas dispuestas a jugársela por el mundo y gracias a ellas estamos aquí.

Con el 2023, muchas de aquellas cosas que parecían permanentes después de la pandemia han empezado a cambiar. Por ejemplo, el trabajo remoto y teletrabajo que empezaron el año como la gran revolución parecen cosa del pasado. Según un informe del DANE publicado en La República, el 89,1% de los trabajadores ya no desempeña sus labores de forma totalmente remota y del 55,2% de las empresas que aceptaron continuar en modalidad virtual, solo 19,6% lo implementa cinco días a la semana.

Pero, dentro de los cambios que sí llegaron para quedarse están la educación superior en modalidades virtual y a distancia. Ya desde el 2011 se venía experimentando una tendencia creciente en la oferta de programas de educación superior en el país; sin embargo, entre 2018 y 2021, la cantidad de programas virtuales que recibieron registro SNIES de funcionamiento creció en un 165%, en comparación con un 7% de los programas presenciales y la caída del 25% de los programas a distancia.

Asimismo, la cantidad de estudiantes en modalidades virtuales ha venido en aumento. Según un informe de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en el país cerca de 368,000 personas -un 16% del total de estudiantes- estudian a través de alguna metodología virtual, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto al 2022

Y es que la educación virtual y a distancia se ha identificado como una herramienta clave para masificar el acceso a la educación superior, en particular para aquellas personas que están en zonas apartadas de los grandes centros urbanos donde se ha concentrado la oferta educativa o para quienes es difícil asistir a instituciones educativas en los tiempos y condiciones que la educación presencial lo exige. Adicionalmente, según datos del SNIES, un programa universitario presencial es, en promedio 92% más costoso que uno virtual y 185% más costoso que uno a distancia.

Ahora bien, este aumento significativo de la educación virtual y a distancia trae unos desafíos enormes a un ya paquidérmico sistema educativo. En primer lugar, la calidad. Si bien son escasas las evaluaciones comparadas de programas presenciales y a virtuales y distancia en el país -llamado de atención para la academia-, el más reciente informe del ICFES sobre los resultados de las pruebas SABER PRO muestra que, en promedio, los estudiantes egresados de programas presenciales obtienen resultados más altos en comparación con programas a distancia (13%) y virtuales (10%). Y esto es clave, no solo en términos de la medición del logro académico de los estudiantes, sino porque, como señala también el ICFES, parece haber una relación entre los resultados del SABER PRO y el salario de los profesionales, con brechas entre los individuos con puntajes más altos y más bajos que iban de 11.1pp para ciencias de la educación a 16pp para ciencias de la salud.

En segundo lugar, la reputación. Una vez más, son escasas las investigaciones comparadas sobre la percepción de estudiantes, profesores y empresarios respecto a la modalidad de la educación. Algunas de las investigaciones que reportan estudios de caso muestran que los estudiantes identifican potencialidades en la educación virtual y a distancia y la consideran de alta calidad y funcional para sus objetivos de aprendizaje; sin embargo, los resultados distan de darnos pistas sobre cómo está siendo concebida esta modalidad en el país. Una encuesta reciente de la fundación Empresarios por la Educación y Cifras y Conceptos (2022) muestra que el 70% de las personas encuestadas considera que la calidad de la educación virtual es peor que la presencial. En esa misma línea, al ser indagados por el regreso a la educación presencial, después de la virtualidad en pandemia, el 60% de los estudiantes señala haber olvidado temas vistos previamente, 54% tiene dificultades en la comprensión lectora, 54% presenta retrasos en aprendizajes matemáticos y 53% registra pérdida de materias.

Así pues, el año 2024 nos abre un panorama que debemos empezar a tomarnos muy en serio. La educación virtual y a distancia puede convertirse en uno de los proyectos más importantes de alfabetización y formación educativa del nuevo siglo, tan revolucionaria como el programa de bachillerato por radio a través de la Radiodifusora Nacional en su momento. Pero, una educación masiva y de calidad requiere del trabajo colectivo de todos los actores del sistema educativo. La transición debe empezar ahora para que este cambio, en principio visto como una respuesta de emergencia, sea la punta de lanza del ingreso del país a la economía del conocimiento, innovación y transformación digital.

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*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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Uno de los lugares comunes de esta época de fin de año es dejarse llevar por la nostalgia y pensar en aquellas cosas que hicieron parte de nuestras vidas y parecen haber desaparecido. Un ejemplo de esto son los directorios telefónicos, esos libros gigantes que llegaban a las casas y en los que se podía encontrar información de miles de empresas que proveían una amplia variedad de servicios, desde comidas rápidas hasta jardines infantiles. Y es que, con la intrusión de las tecnologías digitales basadas en internet en la cotidianidad, estos libros se han ido haciendo cada vez más obsoletos; ahora, solo basta con identificar qué servicio necesitamos y buscar la plataforma digital que provee o intermedia la prestación de ese servicio, no más llamar y esperar que el número de teléfono esté actualizado, que haya alguien al otro lado de la línea, etc. Ahora, un par de clics y 24/7 el servicio está disponible para nosotros. Claro está, esto si contamos con un teléfono móvil, acceso a internet, alfabetización digital, entre otros.

La definición de estas plataformas digitales es compleja. En términos generales, se caracterizan por estar mediadas por tecnologías, posibilitar la interacción entre individuos y facilitar que esos individuos hagan ciertas cosas. Por ejemplo, una plataforma digital como Rappi, 1. Cuenta con una aplicación móvil, 2. Pone en contacto a proveedores con potenciales consumidores y 3. Facilita canales de pago y domicilio. Dado que las plataformas son intermediarias, los prestadores del servicio —en el caso de Rappi, dos: las empresas que venden y los domiciliarios que entregan— no son empleados y deben pagar unas cuotas a la plataforma por el servicio de intermediación.

La masificación de estas plataformas, especialmente durante la pandemia reciente, ha generado oportunidades de trabajo. De acuerdo con un estudio de la CEPAL,  en Colombia, se estima que entre 150.000 y 200.000 personas “colaboran” con este tipo de plataformas (de movilidad y domicilios), generando cerca del 0.7% del PIB nacional.  Asimismo, el estudio de la CEPAL también recoge que, durante la pandemia, las ventas de las empresas vinculadas a las plataformas digitales aumentaron en un 19%.

Adicionalmente, estas plataformas se han convertido en una suerte de subsidio ante el desempleo. Al no mediar contratos laborales, los “colaboradores” pueden trabajar los periodos que deseen, en jornadas flexibles y generar o complementar sus ingresos. El lado opaco de la historia está en la calidad del trabajo al que acceden los “colaboradores” de las plataformas digitales. El estudio de Fairwork Colombia para 2023 analiza doce plataformas digitales de los sectores de trabajo doméstico, domicilios, belleza y transporte. Los resultados, que evalúan cinco características del trabajo justo —pagos, condiciones, contratos, gestión y representación— muestran que solo cuatro de las plataformas analizadas garantizan en alguna medida estos elementos. En general, los “colaboradores” de la mayoría de estas plataformas no reciben el salario mínimo, y solo una de ellas pudo evidenciar salarios dignos ($14.240/hora en 2022).

De forma adicional, al considerarlos “colaboradores” —contratistas independientes—, la mayor parte de las plataformas no se hace responsable de la seguridad social, ni de otro tipo de protección para quienes trabajan con ellos, elemento crítico dado que, por el tipo de actividad, estas personas están expuestas a riesgos elevados de salud, seguridad, entre otros. Asociado con lo anterior, la ruptura del contrato laboral tradicional implica que, pese a que los “colaboradores” no están sujetos a una relación de subordinación tradicional jefe–empleado; sí se espera de ellos que estén disponibles jornadas mayores a las reglamentadas por la Ley, que respondan ante la plataforma por quejas del servicio o incumplimientos y que se identifiquen con valores corporativos de empresas que no los contratan. La relación es asimétrica, los “colaboradores” tienen que rendir cuentas a plataformas y usuarios, son monitoreados y evaluados constantemente —una cultura de la auditoría pública para ellos, no para los usuarios— y no se les reconoce como trabajadores susceptibles de organizarse políticamente y reclamar derechos y condiciones de trabajo justo.

Una parte de la solución está pues en concentrarse en los casos de éxito. El informe Fair Work resalta el caso de la plataforma Hogarú. Esta plataforma que provee servicios de trabajo doméstico contrata directamente a las trabajadoras con lo que asegura que ganen un salario mínimo al margen del comportamiento de la demanda del servicio, ofrece capacitaciones constantes y provee elementos de protección para sus trabajadoras, establece un canal claro bidireccional para gestionar las inconformidades en la prestación de servicio, tiene un portafolio de servicios de ocio y acceso a créditos para sus trabajadoras, entre otros.

El caso de Hogarú y algunos otros, muestra que trabajar a través de las plataformas digitales no es necesariamente incompatible con la calidad del empleo. La nueva propuesta de reforma laboral acierta al poner este tipo de trabajo sobre la mesa, pero es esencial ampliar el análisis más allá de las plataformas de reparto y aprender de estos casos de éxito para que, en esta época hiper tecnológica, los trabajos decentes no enfrenten el mismo destino de los directorios telefónicos.

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Suelen Emilia Castiblanco

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Suelen Emilia Castiblanco

*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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La educación es uno de los pilares sobre los que se construye la idea de sociedad moderna. Se concibe como un derecho humano fundamental y así está contemplado en la Constitución Política de Colombia. Por tal razón, no es extraño que una de las propuestas de reformas del gobierno del presidente Petro esté relacionada con este asunto, en particular con “garantizar el derecho fundamental a la Educación Superior”, como se señala en el primer borrador de la reforma a la Ley 30 de 1992.

En el 2022, la cobertura de la Educación Superior en el país fue del 54.9%, con una tendencia creciente desde el 2012. En el semestre 2022-2, del total de matriculados, 2.4 millones de estudiantes, el 54.4% está en el sector oficial y 45.6%, en el sector privado. Aunque la tendencia parece halagüeña, aún se ubica por debajo del promedio de los países de la región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A esto hay que sumarle las tasas altas de deserción, las inequidades en el acceso y los cuestionamientos respecto a la pertinencia de la oferta educativa para las necesidades del mundo actual.

La propuesta de reforma a la Ley 30, como ya es usual cuando un gobierno busca cambiarla, ha generado un debate intenso, con comunicaciones de los diferentes actores del sector. El gobierno universitario y los estudiantes han estado en el eje de la discusión, pero los profesores universitarios parecen estar ausentes.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación —CNA—, para ser reconocidas como de alta calidad las Instituciones de Educación Superior —IES— deben evidenciar que cuentan con un núcleo básico de profesores de tiempo completo, preferiblemente con contratos a término indefinido. En circunstancias especiales, las IES pueden contratar profesores de hora cátedra que estén vinculados al “sector real” para atender necesidades específicas de formación de los estudiantes.

Sin embargo, como muestra Adolfo León, rector encargado de la Universidad Pedagógica Nacional, en su columna en el El Espectador, según información del Laboratorio de la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en 2020, el 50% de los profesores eran contratados por hora cátedra (54% en IES oficiales). Estos profesores, en su mayoría, tienen contratos temporales a 16 semanas o menos, en los que se les pagan las horas de docencia directa —sin incluir necesariamente los tiempos de preparación, asesoría a estudiantes, ni realimentación del proceso formativo—, se les desafilia del sistema de seguridad social en los intersemestrales, deben trabajar en diferentes instituciones sumando dedicaciones laborales superiores a las 48 horas semanales, sin incluir las horas de desplazamiento, entre otras condiciones laborales que rayan en la precarización.

El otro 40% de profesores que corresponde a aquellos con dedicación de tiempo completo están vinculados a las IES con contratos a término fijo (69% en IES privadas), muchos de estos a menos de 12 meses. Esta situación, no muy distinta a la del mercado laboral colombiano en general, es particularmente dramática dado que, de estos profesores, el 83% cuentan con posgrados (21% doctorados), lo que implica que han invertido al menos 21 años de sus vidas en educación formal y altas sumas de dinero debido al escaso financiamiento para estudios superiores —un doctorado en el país cuesta en promedio $100.000.000 más otros costos no cubiertos por el valor de la matrícula—. Adicional a la formación académica, para acceder a uno de estos codiciados trabajos de tiempo completo, usualmente se exige que los profesores dominen un segundo idioma, tengan experiencia laboral y docente, hayan participado en procesos de gestión de la educación superior y cuenten con publicaciones científicas en revistas de “alto impacto”.

Sobre este último punto, los profesores enfrentan fuertes presiones para liderar investigaciones de alto impacto, que suelen ser entendidas exclusivamente como publicaciones en cierto tipo de revistas científicas, aunque para ello cuenten con presupuestos escasos y muy poco tiempo asignado. Así, los salarios de los docentes dependen cada vez más de sus publicaciones, lo que ha llevado a un aumento inusitado en las publicaciones científicas editadas por consorcios internacionales que cobran miles de dólares por el procesamiento editorial de un artículo, y que, por las restricciones presupuestales de las IES, son asumidos en parte por los propios profesores.

Pese a lo anterior, el borrador disponible de la reforma a la Ley 30 y el ABC publicado por el Ministerio de Educación Nacional no plantea la revisión de las condiciones laborales de los docentes. Esta falta de reconocimiento de los profesores como actores clave en el sistema educativo y científico puede convertir la promesa de mejora de la calidad educativa en una de esas ideas de transformaciones estructurales que llenan titulares, pero que se construyen, como en otros sectores, sobre los hombros de la precarización laboral.

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Suelen Emilia Castiblanco

Escrito por:

Suelen Emilia Castiblanco

*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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El pasado 29 de octubre sucedió un hecho histórico que pasó prácticamente desapercibido en medio de la jornada electoral. Este día fue proclamado como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución 77/317 del 24 de julio de 2023 reconoce, entre otros, que: a) el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado es invisible, infravalorado y altamente feminizado, y b) la fuerza de trabajo que proporciona cuidados y apoyos es mayoritariamente femenina y especialmente vulnerable a la precarización laboral.

Empecemos por lo primero, ¿A qué nos referimos con cuidados? Repasar la evolución de este concepto excedería el alcance de esta columna, lo que sí es claro es que “es un concepto en construcción” (Batthyány, 2023). A principios de los noventa, Joan Tronto y Berenice Fisher (1990) definieron el cuidado como “todo lo que hacemos para mantener, reparar y continuar nuestro mundo de forma que sea posible vivir en él de la mejor manera posible”. Y aunque esta definición fue un hito en el pensamiento feminista, si nos detenemos en ello, casi todas las actividades que desarrollamos serían trabajos de cuidado. Entonces, apelando al pragmatismo que caracteriza a una parte de las ciencias sociales, se ha tendido a definir estos trabajos recurriendo a un concepto de vieja data usado por las feministas marxistas, el trabajo reproductivo. Así, podríamos entender los trabajos de cuidado como todas aquellas actividades encaminadas al sostenimiento de la vida humana.

En Colombia, la Ley 1413 de 2010 reguló la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Como resultado, contamos con la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado y, cada tres años, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- implementa la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT-, que ya tiene tres mediciones (2012-2013, 2016-2017 y 2020-2021). Pero para medir, se requiere definir, y es por eso por lo que menciono estas dos herramientas. El DANE considera trabajos de cuidado no remunerados -TCNR- aquellos relacionados con el suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza, mantenimiento y reparación, compras y administración, actividades de cuidado de menores de cinco años, personas mayores o con discapacidad, voluntariado, cuidado pasivo y actividades conexas y traslados.

Lo primero que evidencia la nueva ENUT es que un 90,3% de las mujeres y un 63% de los hombres participan en los TCNR. Las mujeres dedican a los TCNR 7 horas y 44 minutos al día y los hombres dedican un promedio de 3 horas y 6 minutos. La brecha entre hombres y mujeres se evidencia desde los 10 – 17 años (1:45 hombres; 3:00 mujeres) hasta más de los 76 años (3:10 hombres; 4:27 mujeres). En las edades “reproductivas”, 30 – 39 años, la brecha alcanza las 7 horas (3:51 hombres;10:45 mujeres).

Estas brechas afectan en términos económicos, sociales, físicos, mentales y emocionales a las mujeres. Valga señalar que la alta dedicación de las mujeres a los TCNR conlleva a una menor dedicación a los trabajos remunerados, lo que se traduce en menores o nulos ingresos, bajo acceso y control de recursos, dificultad para trabajar de manera formal, etc. En síntesis, condena a las mujeres a la pobreza presente y a la indigencia futura.

En cuanto al segundo punto de la Resolución, si la conceptualización de los TCNR es compleja, la de los cuidados remunerados lo es aún más. Una publicación del equipo de investigación Quanta. Cuidado y Género, propone incluir en los trabajos remunerados la educación, actividades de atención de la salud humana, de asistencia sin alojamiento y el empleo doméstico. Las autoras estiman que, en 2019, cerca del 30% de las mujeres ocupadas (2.002.836) y el 6% de los hombres ocupados (602.036) trabajaban en este sector; un año después estas cifras cayeron en un 21.3% y 8.2%, respectivamente.

Como se evidencia, al igual que los TCNR, los TCR son altamente vulnerables y feminizados. El ingreso promedio por hora de las trabajadoras de cuidado en 2019 fue de $7.040, un 43,79% inferior al de los hombres del sector. El 41,1% de las trabajadoras del sector eran informales, con menos de un 20% de trabajadoras domésticas afiliadas a la seguridad social. Esto convierte al sector de cuidados remunerados en el segundo sector, después de comercio al por mayor y al por menor, con mayores niveles de informalidad laboral.

A esto se le debe sumar el alto costo emocional que asumen las trabajadoras de cuidado. Muchas trabajadoras domésticas dejan sus familias al cuidado de sus madres y abuelas “para cuidar familias de otros”. Recientemente, una trabajadora doméstica preguntaba “¿Y a mí quién me devuelve el tiempo que perdí con mis hijos?” Sea la ocasión para invitar a nuestros recién elegidos representantes a considerar estas preguntas en sus planes de gobierno.

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Suelen Emilia Castiblanco

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Suelen Emilia Castiblanco

*Economista y Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo. Profesora asociada de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo.

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