Relaciones entre el congreso y el gobierno: ¿qué podemos esperar? - Razón Pública
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Relaciones entre el congreso y el gobierno: ¿qué podemos esperar?

Escrito por Elisabeth Ungar
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Elisabeth_UngarTras un súbito enfriamiento, las relaciones pasan por una etapa de convalecencia cuando se inicia una nueva legislatura, cuya agenda viene cargada de proyectos cruciales, altos riesgos y pocas probabilidades de que los congresistas cambien sus costumbres.

Elisabeth Ungar Bleier*

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Las ramas del poder público deben revisar sus relaciones recíprocas para que sean transparentes,y proponer las reformas necesarias para garantizar su fortalecimiento.   Foto: Presidencia

Fin a la luna de miel

En las últimas semanas el futuro de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso ha estado en la mira de analistas, de los medios de comunicación y de los propios partidos políticos: de una luna de miel que comenzó cuando el presidente Santos asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2010 y aglutinó a la mayoría de los congresistas en la llamada Mesa de Unidad Nacional, se pasó al enfriamiento, y con éste, a numerosas especulaciones sobre cuál sería el futuro de ésta relación. El Florero de Llorente fue la fallida Reforma a la Justicia.

Si bien desde meses atrás organizaciones ciudadanas, analistas políticos y periodistas venían advirtiendo sobre la inconveniencia de muchos de los artículos de esta reforma, sus llamados no solo no fueron atendidos, sino que el gobierno la defendió hasta el último momento. Tanto el Ejecutivo como las mayorías en el Congreso estaban confiados en que uno de los proyectos bandera de la administración Santos sería realidad.

Sin embargo, el bochornoso trámite en la Comisión de Conciliación puso en evidencia los peligros denunciados, pues se aprobaron varios artículos con graves implicaciones: permitir una excarcelación masiva de funcionarios y legisladores investigados por delitos graves, o debilitar la figura de pérdida de investidura para congresistas hasta hacerla prácticamente inaplicable, o extender los períodos de los actuales magistrados de las altas cortes, o ampliar el fuero para funcionarios como los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes, para mencionar solamente algunas.

El airado rechazo por parte de la ciudadanía llevó al gobierno a devolver el proyecto al Congreso y a solicitar su hundimiento, con el argumento de que lo aprobado era inconstitucional e inconveniente. Nuevamente, como en la época del proceso 8000, parecería que los elefantes actuaron a espaldas de los protagonistas.

Ante el evidente descalabro del gobierno, que por acción u omisión permitió que esto sucediera, el ministro de Justicia dimitió. Pero había que buscar otro culpable para compartir el fracaso. Y comenzaron las mutuas recriminaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, que se sintió traicionado. Y con esto, la relación entre ellos que parecía sólida, se agrietó.

La cuenta de cobro no demoró en llegar y las encuestas de opinión comenzaron a mostrar los efectos del tsunami político. La popularidad del presidente Santos sufrió un bajonazo significativo, mientras que la del Congreso descendió a uno de los niveles más bajos de la historia.

Nuevas reglas de juego

Estos hechos desafortunados obligan a reflexionar sobre la recomposición de las relaciones entre las ramas del poder público en general y entre el ejecutivo y el legislativo en particular. En el discurso de instalación de una nueva Legislatura, el pasado 20 de julio, el presidente Santos utilizó un lenguaje conciliador, el cual sin duda es un paso para enmendar las fracturas que dejó el trámite de la Reforma. Sin embargo este proceso debe trascender el corto plazo, incluyendo lo que resta del actual período presidencial, y se debe mirar hacia el mediano y largo plazo.

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La popularidad del presidente Juan Manuel Santos sufrió un bajonazo significativo, mientras que la del Congreso descendió a uno de los niveles más bajos de la historia.  

Foto: Presidencia

Las ramas del poder público deben revisar sus relaciones recíprocas para que sean transparentes, y proponer las reformas necesarias para garantizar su fortalecimiento, el necesario equilibrio e independencia, donde el interés general prevalezca sobre los intereses particulares.

Esto debe ir acompañado de medidas para fortalecer a los partidos políticos y el ejercicio de la oposición. El unanimismo no confiere legitimidad a los gobernantes ni a las instituciones. Por el contrario, es la construcción de consensos a partir del disenso, de oír y aceptar las opiniones de los demás. Además, el hundimiento de la fallida Reforma a la Justicia demostró que la ciudadanía ya no es un simple observador, sino un actor que exige y debe ser escuchado.

Cómo fortalecer el Congreso

No es la primera vez que ante escándalos que involucran al Congreso se levanten voces para pedir su revocatoria, la creación de un congreso unicameral, e incluso su cierre, así como el tránsito hacia un régimen parlamentario. Y tampoco es novedoso que estas situaciones sean aprovechadas para proponer otras acciones como la convocatoria de una asamblea constituyente o un referendo.

La mayoría de estas opciones ya están contempladas en la Constitución y otras requerirían cambios en su articulado. Sin embargo ante cualquiera de estas posibilidades surge el interrogante de si en efecto solucionarían los problemas estructurales que aquejan al sistema político colombiano y en particular los que inciden directamente sobre el Congreso, por ejemplo el clientelismo o la captura del Estado por intereses particulares o por actores ilegales.

Cabe también preguntarse si en un contexto de creciente polarización como el que estamos viviendo, una Asamblea Constituyente acabaría siendo una Caja de Pandora que reviva la posibilidad de reelección indefinida de los presidentes. O si quienes eventualmente reemplazarían a los actuales congresistas son garantía de que el Congreso va a superar las falencias que lo aquejan.

Así pues, y en todo caso, deben tomarse medidas para fortalecer el Congreso, para mejorar y hacer más transparentes sus procedimientos y para que cuente con elementos y condiciones adecuados para cumplir sus funciones legislativas y de control político.

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Un legislativo débil es mucho más propenso a la incidencia indebida de intereses particulares y al control por parte de las otras ramas del poder público.

Foto: Presidencia

Esto pasa necesariamente por fortalecer el sistema de partidos y los partidos mismos, en aspectos como la democracia interna de las colectividades, la transparencia, la rendición de cuentas y la garantía a los derechos de la oposición. Si bien en los últimos años se han dado pasos importantes en esta dirección, hay que velar para impedir los retrocesos. Por ejemplo, para que no se debiliten figuras como la silla vacía o para evitar que se le dé nuevamente carta blanca al transfuguismo. Y por supuesto, es preciso profundizar en la depuración de la financiación de la política.

Un legislativo débil es mucho más propenso a la incidencia indebida de intereses particulares y al control por parte de las otras ramas del poder público. Y un Congreso que legisla de espaldas al país pierde credibilidad frente a los ciudadanos.

Qué podemos esperar

La legislatura que acaba de comenzar implica grandes retos para el Congreso, para el presidente y para el país: la agenda legislativa es compleja, no solamente por el contenido y el alcance de los proyectos, sino porque seguramente en los debates van a reflejarse el realideramiento y la polarización de las fuerzas e intereses políticos que se han venido produciendo en las últimas semanas.

Estos debates van a servir para medir, fortalecer o crear nuevas alianzas alrededor de tres ejes: el gobierno, el uribismo “pura sangre” y otra u otras fuerzas de oposición. Ejemplo de ello serán proyectos como la justicia y el fuero militar, la reforma de las CAR, la reglamentación de la consulta previa, el estatuto de desarrollo rural y el código minero, para mencionar solo unos cuantos.

Pero además, seguramente se abordará la reforma a la Ley Quinta o reglamento del Congreso para modificar trámites como el de conciliación de las leyes o la selección de los secretarios de las dos cámaras, temas que estuvieron en el ojo del huracán y que además implicarían cambiar costumbres políticas y feudos de poder muy enraizados.

El Congreso, los partidos y el Ejecutivo tienen una gran responsabilidad frente al país. Pero ésta también recae en los ciudadanos. Lo sucedido en las últimas semanas es una clara demostración de su capacidad de movilización y de incidencia. Sin embargo, el paso siguiente es que esta voluntad y este poder se traduzcan en un voto responsable e informado, que haga la diferencia.

* El perfil de la autora lo encuentra en este link.

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Dígalo en RP l Julio

 

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