¿Quiénes son los constructores de vivienda, quien ganan de verdad con el negocio, y cómo participan o dejan de participar las ciudades, sus gobiernos y sus habitantes en las utilidades de este sector boyante? Radiografía de una industria de punta.
Fabio Giraldo*
Entender la desigualdad
En el capitalismo de hoy la desigualdad ya no es algo incidental o periférico, sino un eje del sistema y una preocupación central de las políticas económicas y de las formas de producción y apropiación de la riqueza.
Por esto, El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, es un best-seller y es también una de las obras más reveladoras para entender por qué los ingresos provenientes del capital, y no los del trabajo, predominan en los países industrializados y porqué la concentración del ingreso tiende a aumentar con el paso del tiempo.
Para Piketty, la tasa de retorno del capital a largo plazo –
-, es mayor que la tasa de crecimiento económico –
-. Por eso, las personas ubicadas en la parte superior de la pirámide reciben una proporción cada vez mayor del ingreso, y por eso el problema de la concentración de la riqueza y el ingreso es fundamental para elaborar políticas en el mundo contemporáneo.
Dadas su estrecha dependencia del movimiento económico global y su marcada concentración del ingreso, en Colombia es importante la discusión que ha promovido Piketty en los centros académicos y políticos del mundo. Más todavía cuando Colombia ha tenido tan buen desempeño macroeconómico en el pasado reciente y cuando su patrón de crecimiento se ha concentrado en actividades extractivas y sin avances significativos en la distribución del ingreso.
Lo anterior nos obliga a pensar en políticas que aborden las causas de la desigualdad, teniendo en cuenta los determinantes de la relación entre capital e ingresos, y en las relaciones de poder que son la base de los mayores rendimientos del capital.
 El Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Foto: Gustavo Petro Urrego |
Urbanización y capital
Lo anterior pasa, naturalmente, por las formas como han sido apropiadas las economías de aglomeración y alcance presentes durante el largo proceso de urbanización, íntimamente ligados con la gestión pública del suelo urbanizado.
La política económica y social en nuestro medio ha sido en esencia una política “a-espacial”, donde las interacciones de los agentes económicos se dan básicamente a través de las variables agregadas pero dejan de lado tanto el comportamiento microeconómico de las empresas, como también – y de manera más pronunciada- las posibilidades efectivas para que la mayoría de los hogares disfruten los resultados del desarrollo económico.
Repasemos este asunto a través del proceso de producción de la construcción. Aquí se identifican como actores principales:
1. Los grupos empresariales con acceso al mercado global de capitales, donde sobresale el Grupo Aval -principal aglomerado empresarial y financiero del país- que ya cotiza en la Bolsa de New York, y otros varios que aspiran a llegar a esa bolsa (Argos, Davivienda, etc.) para hacer realidad el sueño americano de nuestras economías criollas.
Los desequilibrios históricos no podrán atenderse solamente a través de los mercados, si se dejan intactos los problemas del poder y sus desigualdades inherentes.
El Grupo Aval está desarrollando en Bogotá uno de los proyectos de mayor impacto urbano en América Latina: La Ciudad Empresarial. Allí se construirá el centro comercial más grande del país, y el leasing habitacional que el gobierno está tratando de aplicar en sus viviendas, lo utiliza el grupo Aval para todo su proyecto: se trata de que los inmuebles permanezcan como activos del grupo durante toda su vida útil, de modo que los usuarios sean siempre arrendatarios.
2. Los grupos empresariales sin posibilidad de acceder a la bolsa de New York pero si con acceso a capital financiero nacional, para adelantar macro-proyectos urbanos de la mano del Estado, o para construir viviendas y otras edificaciones en gran escala. Estos grupos adelantan importantes proyectos urbanísticos en varias ciudades de Colombia, con buenas ventas y crecimiento acorde con el ciclo expansivo de la construcción.
3. Grupos con menor capital pero conscientes de que los grandes negocios en construcción necesitan de una alta escala de producción con rebaja significativa en los costos medios, no a través de la competencia sino de la mano del Estado, ya sea en el diseño de la política o al apalancar sus pequeños recursos con los capitales colectivos, esencialmente públicos.
Entre estos grupos sobresalen las cajas de compensación, dedicadas no solo a repartir subsidios, sino a coproducir viviendas de interés social. Este entramado es igualmente complejo y se extiende a largo de muchas ciudades, enfunción sobre todo del tamaño de las mismas.
4. Gran cantidad de pequeñas empresas que -en el papel- mantienen un mercado competitivo, pero en la práctica son firmas donde falta lo esencial de una empresa verdadera: el manejo del riesgo y la evaluación adecuada de costos y beneficios, que cambian por las seguridades en el acompañamiento de la obra física y de servicios, a la sombra de los grandes conglomerados económicos.
Estas empresas son una modalidad propia de un mundo globalizado por el capitalismo financiero en red. Viven relativamente bien, sin mayores presiones competitivas y sin muchos esfuerzos por mostrar sus singularidades, pero viven de la inflación de los precios. Estas firmas pueden representar más del 90 por ciento de las existentes, pero el valor agregado real lo hacen los aglomerados empresariales.
 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo. Foto: Wikimedia Commons |
Beneficios para los privados
La anterior, a grandes rasgos, es la estructura empresarial que se ha venido estableciendo en el sector de la construcción durante los últimos años. Empezando por Aval, la mayoría de estos grupos pasaron de ser protagonistas bajo el difunto sistema UPAC (Unidades de Poder Adquisitivo Constante) a ser núcleos de la nueva acumulación de capital de la mano de la política pública.
Su actividad actual no se reduce a producir vivienda, sino ante todo a construcción y financiación de la infraestructura de las obras denominadas de cuarta generación. En el contexto urbano, estas actividades no han permitido compartir las plusvalías del suelo con los entes territoriales, a pesar de los grandes aumentos en el precio de esos suelos.
El esfuerzo colectivo, producto del crecimiento económico y de la población, es apropiado en forma privada. Dichos aumentos en Bogotá se pueden ver en el siguiente gráfico:
Fuente: Banco de la República
Mientras esto ocurre, el alcalde Petro, con el poder presupuestal de una ciudad como Bogotá, solo atina con su política vivienda y hábitat a proponer la construcción de 372 viviendas de interés social en estrato seis, con discutibles acciones legales para el mejor el aprovechamiento de otros usos del suelo urbano.
Pero no es malo todo lo que hacen los gobiernos nacional y local. El alcance simbólica de la propuesta de Petro ha desatado la furia de viejos inquisidores, haciéndonos reflexionar sobre el porqué una urbe desigual es injusta, insegura, inequitativa e inviable para pobres y ricos en el largo plazo.
Y mucho más para un país obligado a construir políticas para el posconflicto, donde los desequilibrios históricos no podrán atenderse solamente a través de los mercados, si se dejan intactos los problemas del poder y sus desigualdades inherentes.
De la mano de la política estatal de subsidios a la demanda, hemos construido una urdimbre jurídico-económica donde la repartición de los frutos del crecimiento es el reflejo fiel de la estructura del sector: oligopólica, temerosa de la competitividad y muy amiga de elevar la productividad sectorial con el apoyo de los recursos públicos.
En el manejo de la tierra, ante los desaciertos de la intervención estatal, especialmente en la ciudad de Bogotá, el rentismo aprovecha para sí las plusvalías del suelo, haciendo crecer la productividad de sus capitales muy por encima de la tasa de crecimiento del producto y muy lejos de la remuneración de la productividad del trabajo que plasma en los salarios reales.
Las discusiones sobre el manejo del suelo urbano a la luz de las teorías modernas del capital podrían llevarnos a recomponer el pacto social, a reducir de veras la desigualdad y a avanzar hacia políticas fiscales y de captación de plusvalías eficazmente distributivas.
Solo así Bogotá podrá encontrar los recursos de las plusvalías urbanas que hacen falta para financiar el sistema integrado de transporte y su columna vertebral: el metro. El fin de la política, tanto nacional como local, debe ser el goce efectivo de los derechos, creando valor a partir de las operaciones inmobiliarias, pero morigerando su especulación. Hay que dejar de poner tiritas a la hemorragia y asumir a fondo los retos de la desigualdad.
* Economista, miembro de número de la Academia Colombiana de Economía.
