Ningún gobierno había siquiera imaginado algo parecido: entregar masivamente vivienda gratis a los más pobres y de paso dar un empujón neokeynesiano a la economía, aprovechando los conocidos eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás del sector de la construcción. Jugada audaz y voluntad política a toda prueba.
Fabio Giraldo Isaza*
Llegó la política a los pobres
Germán Vargas Lleras decidió apostar sus aspiraciones políticas al éxito de una audaz propuesta: construir 100.000 viviendas al año en las ciudades para los más pobres. Es un paso trascendental: la política nacional encontró un nuevo eje alrededor del cual girar.
La apuesta del líder de Cambio Radical está bien resumida en el nombre del ministerio redefinido por la Unidad Nacional: vivienda, ciudad y territorio. Lo está, no solo por los temas de esta cartera, sino por el énfasis que el nuevo plan conlleva como propuesta de gestión del territorio: su núcleo es la atención a las familias más pobres del país, reforzando espacialmente el programa Familias en Acción, eje fundamental del gobierno en su lucha contra la pobreza, en uno de los países con los índices más altos de desigualdad del mundo.
 No hay duda: la vivienda para los más pobres ha entrado a formar parte de la agenda política y es la apuesta de Vargas Lleras. |
Los macro–proyectos urbanos de la administración Uribe fueron cuidadosamente mantenidos durante la primera fase de la administración Santos por Beatriz Uribe, exministra y expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL).
Se pasa ahora a los macro–proyectos urbanos de segunda generación, con énfasis en la pobreza extrema, que desde el lado de la oferta alimentan la esperanza de muchos de los actores económicos del sector en poder aprovechar los subsidios a la demanda del plan anterior, sin tener que afrontar los obstáculos que impedían resultados positivos: exigencias de cuota inicial a las familias más pobres, con cierre financiero para garantizar el pago del crédito en el tiempo.
Se han obviado los obstáculos para que el sector de la construcción y el financiero puedan alcanzar nuevas metas y para que haya más coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades locales. Estas se encuentran a punto de revelar sus intenciones concretas en esta materia, una vez se aprueben los planes de desarrollo municipales.
Dentro del equipo de gobierno, el ministro de agricultura ya comprendió la trascendencia de la propuesta de Vargas Lleras. En efecto, Restrepo acaba de revelar el complemento necesario de la política de vivienda de interés social, abriendo la convocatoria nacional de subsidios de vivienda de interés rural para que las gobernaciones y alcaldías presenten soluciones para beneficiar a las familias campesinas.
No hay duda: la vivienda para los más pobres ha entrado a formar parte de la agenda política.
El debate
Se está pasando a marchas forzadas del discurso a la acción, y esto tiene perplejos a muchos de los comentaristas. Son más numerosos los escépticos que los defensores de la política anunciada -y esto no es nada nuevo.
Las políticas de vivienda y territorio implican entender su naturaleza compleja y para ello hay que romper no solamente con los prejuicios ideológicos, sino con el sesgo de los intereses individuales y colectivos, económicos y políticos. El programa de vivienda no elimina ni la ideología ni los intereses, pero sí los pone en otro lugar, aquel donde economía y política resultan inseparables, a pesar de ser irreductibles.
En el espectro ideológico sobresale el discurso de ciertos economistas “ortodoxos” que estigmatización la orientación del gasto público social como populista, clientelista o simplemente irrealizable, por demagógico y oportunista.
 Los macro–proyectos urbanos de la administración Uribe fueron cuidadosamente mantenidos durante la primera fase de la administración Santos por Beatriz Uribe. Foto: Ministerio de Vivienda |
El debate sobre la vivienda “gratis” debería en primer lugar explorar las relaciones entre Estado y mercado, entre lo público y lo privado. Dichas relaciones alcanzaron un punto de referencia en el pasado reciente con el frustrado modelo alternativo del presidente Samper.
Hoy, el presidente Santos promueve su propia versión de la Tercera Vía, un poco más cargada a la derecha, en los siguientes términos: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, pero balanceando las complejas relaciones entre política y economía, entre izquierda democrática y statu quo, entre lo viejo y lo nuevo.
En sus agudas reflexiones sobre nuestra realidad, el director de Razón Pública, penetró hace algún tiempo al núcleo de este debate. En su libro El Lío de Colombia, Gómez Buendía centró la discusión sobre lo que denominó el embrujo del realismo mágico colombiano, un enfoque útil para discutir sobre el embrujo de la vivienda “gratis”: “el gesto se robó el acto; cada hecho va siendo transmutado en su propio símbolo y cada realidad nos va siendo usurpada por su mero ademán”[1].
Con este método —más de babas que de realizaciones— y teniendo como telón de fondo las controversias entre social–demócratas y neoliberales, se ocultó la realidad nacional: “nos falta el Estado y nos falta el mercado”[2].
Si se actualiza ese debate en términos del plan de vivienda “gratis”, resulta forzoso concluir que se han transformado algunos de los factores de la ecuación: en efecto, desde esta perspectiva, como ya hay mercado y tal vez Estado, la propuesta podría leerse sintéticamente así: llevar el Estado a donde nunca ha llegado, y al mercado a donde siempre ha querido estar.
Los ingredientes están disponibles
En términos meramente económicos, el mercado de la vivienda no puede entenderse solo como un problema de equilibrio entre oferta y demanda, sino como un juego estratégico de alta complejidad donde interactúan tanto oferentes como demandantes.
En la propuesta gubernamental, ambos agentes han sido convocados a incorporarse a una nueva política de vivienda: unos lo serán de una forma muy activa y buscando sus propios intereses; los otros en forma pasiva, entusiasmados con la perspectiva de obtener vivienda “gratis”. Casi nadie está intentando medir a fondo los efectos de estas complejas decisiones.
El gobierno ha eliminado de un plumazo una de las principales restricciones para que productores y financiadores alcanzaran de veras a los más pobres: el cierre financiero ha quedado en manos de un mercado complejo, pero la construcción de las 100.000 viviendas no debe tener ningún problema, desde el punto de vista de la producción.
Todos los ingredientes necesarios están disponibles: constructores, tecnología, hierro, cemento y ladrillo, recursos financieros, en cantidades suficientes para atender la demanda de este gran mercado, y ya está en marcha el matrimonio oligopólico entre promotores y financiadores, quienes mediante la figura de los patrimonios autónomos diseñarán y gestionarán los proyectos de vivienda de interés social prioritario, en escalas y con equipamientos sin precedente en la historia de Colombia.
Ese mayor nivel de producción puede poner a competir por algunos insumos a la nueva política de vivienda con el viejo modelo que seguirá existiendo, pero implicaría mejorar la productividad y la competitividad, que tanta falta están haciendo en el sector.
Promotores y financiadores actuando en un mercado muy imperfecto serán los mayores beneficiados y constituyen por supuesto la parte fuerte de esta cadena de valor agregado. Desde esta perspectiva, estamos ante un hecho nuevo en Colombia: habrá vivienda gratis para los más pobres y la habrá porque los más fuertes así lo han decidido, tanto en términos económicos como políticos.
El suelo urbano, recurso escaso
El mayor obstáculo es el político, pero uno de los jugadores más veteranos, Vargas Lleras, ya ha mostrado sus cartas. Probablemente algunas estén marcadas u ocultas, pero hay otras con las cuales jugará hábilmente: especialmente en las grandes ciudades, las tensiones se irán concentrando en torno a las economías de aglomeración y a la pugna entre fuerzas centrípetas y centrífugas.
 Se han obviado los obstáculos para que el sector de la construcción y el financiero puedan alcanzar nuevas metas en relación con casas para los pobres. |
En varias ciudades el factor escaso será la tierra urbanizada o urbanizable. O lo que es lo mismo: el suelo urbano con instalaciones de servicios públicos, en especial, el agua potable, el más trascendental de todos, el agua indispensable para el consumo humano.
La disponibilidad de agua potable, la tierra urbanizada y la localización de las futuras viviendas constituirán algunas de las variables claves, de cuya complejidad dependerá el éxito de la nueva política de vivienda.
Pero todos los proyectos tendrán que ubicarse sobre un territorio concreto, cuyas autoridades pondrán sus propias condiciones al gobierno nacional. La mayoría de los bienes y servicios que integran la cadena de valor de la construcción de vivienda comparten una curiosa característica: el todo es más que la suma de sus partes.
Desde el lado de la demanda —las familias más pobres que recibirán una casa gratis condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto de ley— también se puede hablar de construcción: el largo proceso previsto en las redes de solidaridad del gobierno para graduarse de ciudadanos, para construir una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus deberes, de un nuevo capital social basado en la confianza entre los más pobres y las instituciones. Una apuesta modernizante.
No hay almuerzo gratis
Desde esta nueva perspectiva, la vivienda no saldrá gratis, solamente lo será su cascarón material, lo que interesa a promotores y financiadores. Pero deben asegurarse también las condiciones básicas para que las familias más pobres puedan habitar esa vivienda, mantenerla de modo duradero, cubrir mes tras mes los costos crecientes de seguridad, de servicios públicos – agua y saneamiento básico, energía, televisión, tv cable e internet – y de movilidad, para desplazarse a los sitios de educación y trabajo.
El plan de vivienda “gratis” está resultando tan paradójico como la política que lo ha puesto en marcha: quienes piensan que la vivienda saldrá gratis de veras, tienen en parte razón; pero también la tienen en parte quienes sostienen lo contrario.
Quienes creen que la política en Colombia nunca va a cambiar pueden tener razón. Quienes creemos que esta puede cambiar cuando irrumpe en los territorios y no soslaya las diferencias políticas entre lo local y lo nacional, ojalá también tengamos algo de razón.
En política no hay leyes invariables como en la física clásica, pero tampoco se cumple la segunda ley de la termodinámica que habla de la fatalidad del desorden en forma de entropía. La vivienda es compleja, pero su esencia es simple: un derecho humano esencial.
Desde su origen griego, la política es la más arquitectónica de las artes y por ello tiene que afrontar lo humano, demasiado humano: economía y política actuando en un proyecto común pueden cambiar la sociedad, y cuando lo hacen en el espacio urbano para atender las necesidades de los más pobres, movilizan fuerzas paradójicas que entre burgueses y exsocialistas pueden materializarse, resolviendo necesidades vitales como la vivienda digna.
* Economista, miembro de número de la Academia Colombiana de Economía.
[1] Gómez Buendía, Hernando: “El Lío de Colombia – ¿Por qué no logramos salir de la crisis?” – Tercer Mundo Editores, Bogotá, 2000, páginas 3 y 4.
[2] Idem.
