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Vivienda y hábitat: la apuesta del gobierno Duque

Escrito por Fabio Giraldo
¿En qué consiste el proyecto de vivienda del gobierno Duque?

¿En qué consiste el proyecto de vivienda del gobierno Duque?

Fabio Giraldo¿No más casas gratis? ¿Qué pasará con los subsidios? Estas son las novedades en el proyecto de ley que presentó el gobierno.

Fabio Giraldo Isaza*

El proyecto

Los anuncios que venía haciendo el gobierno nacional en materia de vivienda y hábitat se plasmaron finalmente en el proyecto de ley que en diciembre pasado presentó el ministro del ramo, Jonathan Malagón. El proyecto deberá ser discutido en los próximos meses y sus disposiciones seguramente serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El artículo 51 de la Constitución establece el derecho a la vivienda digna, pero el país no ha logrado hacerlo efectivo para todos los ciudadanos; por ese motivo, la Corte Constitucional ha insistido en la obligación de adoptar políticas estatales que satisfagan de manera efectiva un derecho que por supuesto es de carácter universal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de ley del nuevo gobierno pretende reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones para un desarrollo urbano equitativo y eficiente. Sus planteamientos pueden resumirse así:

  1. Se establecen nuevas modalidades de subsidio familiar y se amplían los instrumentos financieros para acceder al crédito hipotecario en condiciones de equidad.

Este punto incluye:

  • La política de arrendamiento social —mediante el programa Semillero de Propietariosen cuya virtud el Gobierno subsidiaria un porcentaje del canon de arrendamiento que pagan familias con escasos recursos durante dos años. Transcurridos los dos años, la familia tendrá la posibilidad de comprar vivienda mediante un crédito hipotecario que también cuenta con un subsidio a la cuota inicial y a la tasa de interés —programa Mi Casa Ya.
  • Reducción del déficit cualitativo a través del programa de mejoramiento Casa digna, vida digna, que incluye titulación de predios, acceso a servicios públicos, subsidios para instalación de pisos, baños y cocinas y reforzamiento estructural. Además se proyectan mejoras a los barrios con obras públicas como parques, vías y colegios.
  1. Medidas para promover la oferta de suelo urbanizable:
  • Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial mediante plazos y mecanismos de apoyo por parte del Gobierno Nacional.
  • Aumento de la inversión, la productividad y la formalización del sector, y
  • Un sistema único de información para contar en tiempo real con ¨las actuaciones, acciones, instrumentos y licencias urbanísticas de cada municipio¨.

Además el proyecto establece principios y objetivos para la “concurrencia armoniosa” entre la Nación y las demás instituciones del sector de vivienda y hábitat: las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias administrativas y de planificación del ordenamiento territorial.

Con lo anterior el Gobierno se propone adoptar una política de largo plazo y un sistema de financiación que garantice la continuidad de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario —proyectos por su naturaleza pueden ser poco apetecibles para los inversionistas—.

Puede leer: Las casas gratis del gobierno no son como las pintan.

Lo malo

El nuevo programa avanza en políticas de subsidio de vivienda pero no revisa ni elimina las políticas anteriores.
El nuevo programa avanza en políticas de subsidio de vivienda pero no revisa ni elimina las políticas anteriores.   
Foto: Ministerio de Agricultura

Pero no todo es color de rosa. Los principales problemas del proyecto tienen que ver con el diagnóstico sobre la situación actual y con su falta de mecanismos de coordinación institucional.

En primer lugar, aunque la nueva propuesta avanza en las políticas del subsidio porque establece nuevos programas, no parte de una evaluación juiciosa de aquellos otros programas que elimina, como el de las viviendas gratis. Este es el motivo principal de la protesta de Germán Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical contra el proyecto.

Los principales problemas del proyecto tienen que ver con el diagnóstico sobre la situación actual y con su falta de mecanismos de coordinación institucional.

Además, parece que el diagnóstico que soporta el proyecto no se realizó con la información estadística más reciente y completa:

  • La última encuesta de ingresos y gastos —Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (ENPH)— crucial para el cálculo actualizado del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, no ha sido procesada y analizada por el gobierno nacional.
  • El diagnóstico gubernamental no trabaja con las cifras actualizadas del censo, introduciendo sesgos en la asignación global y territorial de los recursos.
  • Tampoco presenta un estimativo sobre el impacto en el déficit habitacional de la gran migración de venezolanos desplazados por la crisis humanitaria.

En segundo lugar, como lo reconoce el proyecto de ley, es crucial la necesidad de planeación y monitoreo permanente de los POT municipales —producto de la ley 388 de 1997—. Como se recordará, dicha ley pone como centro de gravedad el estudio de la ciudad, pero hoy el país no necesita solo de políticas urbanas, sino de políticas territoriales.

Eso quiere decir una política diferenciada para los habitantes de la ciudad y los del campo, distinguiendo el nivel de aglomeración de los centros urbanos y de dispersión de los habitantes más pobres del campo. También es necesario que la política distinga las ciudades por tamaño, algo en lo que el Estado colombiano ha avanzado, pero con serios problemas de coordinación entre las instituciones.

Para el caso de las grandes ciudades, el proyecto es retórico y no resiste una discusión rigurosa. 

En ese sentido el proyecto:

  • No establece un marco que garantice la efectividad de los distintos programas territoriales, en consonancia con los principios de subsidiariedad, complementariedad y coordinación entre las diferentes instancias estatales.
  • No define un marco institucional acorde con la arquitectura de un Estado social de derecho, y por lo tanto no resuelve uno de los grandes problemas de las políticas urbanas del pasado.

Igual que un territorio no está compuesto solo de ciudades o de agregados de barrios, un proyecto de vivienda no puede limitarse a la relación entre demanda (los hogares) y oferta (las empresas constructoras). En ambos casos se trata de falacias que una verdadera política de vivienda debería evitar a toda costa.

Le recomendamos: La vivienda social en Bogotá: tensiones entre Nación y Distrito.

Más que teoría económica…

El proyecto es sobre todo ideológico, pero no resiste alguna revisión técnico-científica.
El proyecto es sobre todo ideológico, pero no resiste alguna revisión técnico-científica. 
Foto:  Promotora de vivienda Risaralda

Inclusive para el caso de las grandes ciudades, el proyecto es retórico y no resiste una discusión rigurosa. Sus lineamientos son esencialmente ideológicos y están influenciados por la lógica electoral que usualmente atraviesa este tipo de programas del gobierno. 

¿Pero qué quiere decir que son ideológicos? Un ejemplo es el diagnóstico incompleto que mencioné más arriba. Tal vez no sea tan grave prescindir de las últimas y más completas estadísticas disponibles parta formular las políticas económicas de largo plazo, pero tratándose de políticas sociales —y en especial de la política de vivienda social encaminada a reducir el déficit— es crucial conocer la realidad actual y la situación económica de los hogares que no han podido acceder a ella.

No basta con aplicar una buena teoría económica a los asuntos urbanos porque no se trata apenas de aumentar la construcción y compra de vivienda. Una política social, si es eso lo que busca el nuevo gobierno, debe pensar en términos de equidad y goce efectivo de los derechos, como lo estableció la Corte Constitucional. La teoría económica no se puede confundir con sus aplicaciones políticas.

Romper el círculo vicioso de bajo ingreso, baja demanda, bajos incentivos para invertir y nuevamente bajo ingreso es la base para afrontar los principales retos territoriales del país.

*Economista, miembro de número de la Academia Colombiana de Economía.

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