El debate debe abordar las múltiples dimensiones de una política que busca intervenir agresivamente un mercado dominado hasta ahora por actores privados. Hasta puede poner en juego la reelección de Santos y la propia Unidad Nacional.
Fabio Giraldo Isaza*
La vivienda: un bien complejo, meritorio
La vivienda es un bien complejo, porque además de satisfacer necesidades físico–biológicas, también satisface necesidades psíquicas y sociales, está asociada íntimamente con los procesos de hominización de la especie, y es parte de la historia individual y colectiva de los seres humanos.
La vivienda desempeña un papel central en las relaciones de poder y en la forma como se expresan estas relaciones:
- En el plano político, es común encontrar en las Constituciones referencias explícitas a la propiedad territorial y su función social, a la libertad de empresa, al crédito, a los servicios públicos y a otros atributos propios de la vivienda.
- En el plano económico, como ocurre en nuestra Constitución, se habla de una vivienda digna para la cual debe darse financiamiento de largo plazo que permita el goce efectivo del derecho, y hay medidas tendientes a preservar la competencia y la competitividad.
En términos políticos y económicos, la vivienda es por tanto un bien meritorio, un bien que no es “normal” y que requiere la intervención del Estado:
- En el eje vertical, pues supone intervenciones desde los municipios hasta la Nación, incluyendo su inserción en un mundo global;
- En el eje horizontal, pues atañe a las complejas relaciones entre el Estado, el mercado — representado por las empresas de servicios públicos, las productoras de insumos, los urbanizadores, los promotores inmobiliarios, los constructores de vivienda, las empresas dedicadas a la financiación en sus diferentes modalidades; las cajas de compensación familiar y varias instituciones del nivel local — y la sociedad civil, representada en la oferta por las organizaciones populares y en la demanda por los hogares y las familias.
El Estado ha moldeado al mercado
Las características anteriores se proyectan a lo largo de la historia institucional, sobre todo la del siglo pasado, con la presencia masiva del Estado a través del Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, el Fondo Nacional del Ahorro, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los subsidios a la demanda hoy vigentes y, en fin, la voluntad recientemente manifestada por el gobierno nacional de orientar un monto de recursos sin precedentes a la construcción de vivienda gratis para los más pobres.
 Las casas gratis dependen de la aprobación del proyecto de ley 223 de 2012 , radicado ante la Cámara de Representantes el pasado 26 de abril por Vargas Lleras. Foto: Presidencia. |
Ahora bien, la intervención del Estado en el mercado de la vivienda no sucede en el vacío. La economía moderna es ante todo monetaria, con una banca central que regula un sistema de intermediación financiera — un mercado por encima de los mercados convencionales, incluido el propio mercado de vivienda — y cuyo objetivo es coordinar los precios básicos de la economía: la tasa de interés, la tasa de cambio y el precio de precios: la inflación.
Las relaciones entre Estado y mercado se concretan mediante políticas económicas y sociales que en materia de vivienda toman cuerpo en políticas regionales, sectoriales y urbanas.
Además de su dimensión espacial–arquitectónica, la intervención y la regulación estatal son cruciales para el éxito de esta política de vivienda[1]. A pesar de lo que muchos creen sobre los actores de la ciudad, se verifica la enseñanza del gran historiador económico Karl Polanyi: “La historia revela que el surgimiento de los mercados nacionales no fue en modo alguno el resultado de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica frente al control gubernamental. Por el contrario, el mercado ha derivado de una intervención consciente y a menudo violenta del gobierno, que impuso la organización del mercado a la sociedad por razones no económicas”[2].
Este complejo entramado de relaciones entre intervención estatal y mercado estará implícitamente presente en la discusión del proyecto de ley 223 de 2012 , radicado ante la Cámara de Representantes el pasado 26 de abril, por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, ya designado para ocupar la cartera de Vivienda y por su eventual viceministro, hoy ministro (e) Luis Felipe Henao.
Qué debería debatirse
La discusión del proyecto debería involucrar la dimensión de lo mesoeconómico–espacial: los procesos de descentralización, y la coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, todo sobre la base de asegurar el desarrollo humano y sostenible en los niveles regional y urbano.
La cuestión no se reduce a las sumas y las restas. Entre los temas implícitos en la propuesta Santos/Vargas Lleras que merecen un amplio debate público figuran los siguientes:
- la definición de vivienda y de vivienda digna;
- la naturaleza y magnitud del déficit habitacional y de las nuevas realidades creadas al respecto por la ley de víctimas, y los desplazados por la violencia y el invierno;
- la vivienda y su papel en la lucha contra la pobreza y la inequidad;
- el papel central de las Cajas de Compensación Familiar;
- los problemas de tenencia y uso de la tierra y de la tierra urbanizada;
- las condiciones de competencia que deben establecerse para impedir la captura de rentas;
- la operación de los patrimonios autónomos;
- las interacciones del Estado a nivel inter e intraurbano;
- los cierres financieros versus los cierres sociales y de ciudad para garantizar los derechos;
- el diseño de instrumentos riguroso de seguimiento y evaluación de los proyectos;
- y por supuesto sí la viabilidad fiscal y la sostenibilidad económica del programa.
Apuestas fuertes
Un marco de discusión como el anterior es clave para evaluar el proyecto de vivienda gratis como una de las grandes apuestas políticas del gobierno de Unidad Nacional. En el proyecto podría estar en juego la reelección del actual mandatario y en todo caso puede ser la arena de confrontación entre dos de las opciones políticas más destacadas dentro del gabinete:
- la visión del líder de la disidencia liberal Cambio Radical;
- la visión tecnocrática en el poder, representada por el ministro de Hacienda, ferviente cultor de las políticas neoliberales.
 En el proyecto podría estar en juego la reelección y en todo caso puede ser la arena de confrontación entre dos de las opciones políticas más destacadas dentro del gabinete. Foto: Alcaldía. |
Igualmente – por paradójico que parezca – las posibilidades futuras para el movimiento que encabeza Gustavo Petro en Bogotá, así como para el Partido Verde, dependerán en mucho de la forma como se vinculen y contribuyan con realizaciones efectivas a las metas de la iniciativa Santos/Vargas Lleras.
La discusión apenas comienza y hay que animarla y profundizarla, vinculando tantas voces como lo permita nuestra incipiente democracia liberal. El trámite ante el congreso abre el debate.
* Economista, investigador y consultor privado, ha sido director de presupuesto y de Planeación del ICT, Vicepresidente Técnico de CAMACOL, presidente y comisionado de la Comisión de regulación de agua y saneamiento, Viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, Coordinador de programas de ONU-HABITAT para Colombia y profesor en varias universidades.
Notas de pie de página
[1] Se pueden consultar varias publicaciones de UN-HABITAT Colombia editadas bajo la dirección de Fabio Giraldo, en especial “Hábitat y financiación – Una estrategia para la lucha contra la pobreza– Bogotá, 2007. Igualmente y con un enfoque diferente sobre el diagnóstico y las políticas a seguir, Samuel Jaramillo, editor “Bogotá en el cambio de siglo: promesas y realidades” Quito, Ecuador, 2010, páginas 249 a 292 y con un enfoque donde se resalta el papel de la vivienda en la crisis hipotecaria y financiera del fin de siglo, Miguel Urrutia y Jorge Llano, “Los actores en la crisis económica de fin de siglo”, Bogotá, UNIANDES, 2012.
[2] Karl Polanyi “La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo”, FCE, México, 1991, página 310.
