Es normal y loable que un gobierno quiera construir consensos, pero en el caso del presidente Duque parece haber una intención de ignorar la diversidad política.
Juan Carlos Guerrero*
En busca de la unidad
Desde que comenzó su campaña electoral, el hoy electo presidente Iván Duque ha venido insistiendo en la necesidad de construir un consenso o un “acuerdo nacional”.
En su primer discurso tras ganar las elecciones, Duque dijo que el país debía “concentrarse en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen”, para acabar “con la polarización y la fractura”.
Ese discurso de la unidad nacional suena atractivo y podría llegar a convertirse en lema del gobierno entrante, como queda claro en el uso reiterado que el presidente electo está haciendo del hashtag #PorUnaColombiaUnida en Twitter.
Desde luego, no hay nada de ilegítimo en que un presidente aspire a encarnar la unidad nacional. Pero una cosa es esforzarse en buscar los consensos y otra distinta es aspirar al “unanimismo”. Cuando se busca más lo segundo que lo primero, sencillamente no hay oposición posible, ni tampoco democracia.
Vivir en democracia no sólo implica reconocer el triunfo de las mayorías, sino ante todo respetar las minorías.
Vivir en democracia no sólo implica reconocer el triunfo de las mayorías, sino ante todo respetar las minorías y otorgarles las garantías necesarias para que expresen sus opiniones políticas. Por la vía del “unanimismo”, las mayorías han acabado por tildar a la oposición como “enemigos” o “traidores”, tanto en gobiernos de derecha (Pinochet en Chile), como en gobiernos de izquierda (como Maduro, en Venezuela).
Las aspiraciones de unidad nacional tienen por eso el problema de que parten de una visión idílica y errónea de la sociedad y la política – cuya función esencial es expresar los intereses, valores y visiones legítimos pero opuestos de los distintos sectores-. Y sobre todo tienen un rasgo inquietante, porque esa meta puede llegar a poner en riesgo la convivencia democrática.
¿Cuáles son las intenciones?
 Iván Duque en conversaciones en la Cumbre Concordia Foto: Facebook Iván Duque |
Aún no es posible discernir completamente si el presidente electo aspira a forjar la unidad nacional mediante acuerdos programáticos con la oposición, o si más bien lo hará buscando alcanzar la quimera de la unanimidad. Por ahora, hay ambigüedades y contradicciones en las declaraciones públicas de Duque que no nos permiten caracterizarlo con plena claridad.
Por ejemplo, en su reciente discurso en la Cumbre Concordia, el presidente electo recalcó que la unidad nacional “no significa que tengamos que pensar igual en todas las materias, pero sí ser capaces de llegar a un mínimo consenso”. Hasta ahí, todo está bien. Pero en ese mismo discurso, Duque insistió en que Colombia no debe retroceder, dejándose llevar por “la inercia de criticar o destruir lo que hace quien está en el gobierno”. Porque, según el futuro presidente, aunque “las oposiciones sean importantes en las democracias”, hay que ponerse de acuerdo sobre “temas que no necesitan ideología”, sino “gerencia”, “gestión” y soluciones”.
¿A qué entonces aludía el nuevo presidente cuando, en esa misma cumbre, reiteró que en su mandato “no reconocerá enemigos ni contendores”? ¿Pensaba en “no reconocer” como un sinónimo de “ignorar” o más bien como equivalente de “abstenerse de perseguir”? Son curiosas estas afirmaciones ambiguas en alguien como Duque quien, en su papel de senador, fue justamente un duro opositor del gobierno que culmina.
Los contradictorios giros discursivos de Duque parecen revelar una aspiración esencial de su futuro gobierno: la de gobernar con un apoyo casi unánime, sin la interposición de fuerzas significativas de oposición.
Este deseo fue igualmente visible en una declaración mucho más reciente donde el próximo presidente propuso el “diálogo social” “para no llegar a la protesta”.
Claro, no hay duda de que el diálogo es muy útil para ese propósito, pero también es indiscutible de que no siempre es suficiente para desactivar la protesta. Hay protestas que sólo pueden ser impedidas con recursos que satisfagan demandas. Y hay incluso otras protestas que no pueden evitarse, porque son sencillamente la expresión de una oposición política que puede ser legítima.
El primer indicio de “unanimismo”
 ESMAD en protesta Foto: Senado de la República |
Queda una gran duda: ¿cómo va a encarar el futuro gobierno de unidad nacional de Duque la protesta social? Sobre esto ya hay algunos indicios reveladores, como la inquietante propuesta lanzada por el próximo ministro de Defensa, Guillermo Botero, de impulsar una ley estatutaria que la regule.
Por supuesto, lo inquietante de esa propuesta no es la ley estatutaria misma, puesto que el derecho a la protesta social, aunque esté contemplado en la Constitución, no puede ser absoluto y debe ser objeto de regulaciones. Sólo así puede garantizarse que el derecho a la reunión y a la manifestación de los inconformes no acabe por vulnerar los derechos de otros ciudadanos, como su vida y su libertad.
Es más, la misma Corte Constitucional hizo un llamado a expedir esa ley estatutaria, cuando tumbó las normas del Código de Policía que pretendían regular el derecho a la reunión y la manifestación.
De modo que la preocupación tiene más bien que ver con la convicción del ministro de Defensa entrante de que la protesta social “debe ser ordenada”, para que “verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos” y no solo los de “un pequeño grupo”.
Son curiosas estas afirmaciones ambiguas en alguien como Duque quien, en su papel de senador, fue justamente un duro opositor.
Primero que todo, inquieta la intención de “ordenar” la protesta social, pues el ejercicio de esa forma de participación ciudadana requiere con mucha frecuencia de un cierto nivel de espontaneidad y de unas formas de acción colectiva con altos grados de horizontalidad en su organización. En ese sentido, “ordenar la protesta social” es algo que resulta bastante difícil, a menos que lo que se pretenda sea sofocarla.
Más alarmante aún es la idea de que la protesta social deba representar los intereses de todos los ciudadanos, puesto que protestar es una acción que por definición se ejerce desde sectores específicos de la sociedad. Esto significa que las protestas son siempre representativas de valores e intereses de sectores específicos.
Y contrariamente a lo que a veces se piensa, las protestas no representan sólo a los sectores de izquierda. Hay también protestas sociales conservadoras y de derecha, como por ejemplo aquellas para rechazar el aborto o para oponerse a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Por eso, es válido preguntarse cuáles son las protestas que “verdaderamente” representan los intereses de todos los colombianos y, sobre todo, quién juzgará qué protestas cumplirían con un requisito tan exigente.
La propuesta del nuevo ministro de Defensa tiene un tufo evidente de “unanimismo”.
Es curioso e igualmente inquietante que quien defiende esa idea de que la protesta social deba representar a toda la sociedad colombiana, sea precisamente una persona que ha representado por muchos años a un sector muy específico: el de los gremios.
Claramente, la propuesta de Guillermo Botero no es anodina ni meramente personal, sino que encarna unas inquietudes que el sector gremial tiene frente a la protesta social. Esto resultó bastante obvio en una carta enviada por otros dirigentes gremiales al gobierno saliente, después de que se conociera la noticia de una eventual intención del presidente Santos de expedir un decreto con un protocolo regulador de la protesta social. Según la dirigencia gremial, en ese decreto no habría “un equilibrio bien construido entre la definición de los derechos de los protestantes, frente a los derechos de los no manifestantes”.
Está muy bien que los gremios expresen sus inquietudes e incluso que participen –junto con otros sectores representativos de la sociedad– en la discusión de una futura ley estatutaria sobre la protesta social.
Sería terrible en cambio que los representantes gremiales lleguen a puestos del gobierno convencidos de que el sector de donde provienen es el único o el que mejor representa a la nación.
Del mismo modo que sería inconveniente que dicha ley estatutaria quede en manos del ministerio de Defensa y no del ministerio del Interior, ya que esta última es la cartera que por vocación debe encargarse de las relaciones entre el gobierno y la sociedad. Ya es hora de que la protesta social deje de ser tratada en Colombia como un “simple” problema de orden público, sobre todo en esta coyuntura de tránsito gradual hacia el postconflicto.
Aunque el presidente Iván Duque parezca tener convicciones de demócrata, es inquietante que algunos de los que lo rodean crean que su gobierno debe servir a las mayorías que lo validaron con su voto.
Habrá que esperar a ver cómo el discurso de la unidad nacional de Duque se traduce en prácticas de gobierno, a medida que los desafíos de la gobernabilidad vayan apareciendo. Allí se verá (o no) el carácter democrático del próximo gobierno.
* Director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC), Ph.D. en Sociología y M.A. en Estudios Políticos con énfasis en Relaciones Internacionales, profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
@Juan_K_Guerrero.
