La nueva Ley de Inteligencia: Ojos y oídos para el Estado - Razón Pública
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La nueva Ley de Inteligencia: Ojos y oídos para el Estado

Escrito por Román Ortiz
Roman Ortiz

Roman OrtizEntre los riesgos de la arbitrariedad y el inmovilismo, el Estado moderno necesita de un sistema efectivo de inteligencia. Colombia ha dado pasos importantes en esta dirección y el Proyecto de Ley supone un avance significativo en este sentido. Sin embargo, quedan retos pendientes como la decisión sobre el futuro del DAS, la formación del personal, la evaluación de resultados y la coordinación entre las distintas agencias.

Román D. Ortiz*

Leviatán sin dientes 

0129Una de las grandes paradojas de la historia colombiana es el temor permanentemente manifestado por sus élites políticas e intelectuales frente a la eventual emergencia de un gobierno tiránico en contraste con la debilidad real del Estado a la hora de garantizar el imperio de la ley, un Leviatán demasiado frágil para cumplir su función primordial.

De hecho, Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que ha vivido menos tiempo sometido a dictaduras militares, mientras su historia ha sido salpicada en forma sistemática por episodios de caos político y violencia interna. En realidad, el Leviatán colombiano si acaso ha sido extremadamente débil, al tiempo que exageradamente temido.

Esta contradicción ha contaminado el debate sobre inteligencia en Colombia. Toda la discusión se ha centrado en cómo controlar las agencias, sin prestar la debida atención a la forma que debía tomar el aparato de información estatal para servir a las necesidades estratégicas del país.

La inteligencia ha sido vista como un problema y no como un instrumento para proteger a los ciudadanos y garantizar los legítimos intereses nacionales.

Un debate polarizado

Las cosas se han hecho más complicadas en virtud de las tensiones y los debates sobre el papel que les correspondía a la ley y a los jueces en regular la función de inteligencia.

Aquí, dos extremos han sido igualmente perniciosos:

  • Por un lado, un sector de la elite gobernante se resistió tradicionalmente a definir un marco legal que estableciese los límites propios de cualquier democracia y que fijase las responsabilidades en la dirección de la inteligencia. Reticencias a cubrir un vacío legal que buscaban mantener la discrecionalidad en el manejo del aparato de información.
  • Por otra parte, un amplio grupo de políticos e intelectuales opositores convencidos de la tentación autoritaria para el poder ejecutivo, se esforzaron por construir un entramado legal de extrema rigidez y establecer una supervisión judicial omnipotente. Una tendencia que conducía a crear un escenario legal donde el trabajo de las agencias resultase virtualmente imposible.

Ambas tendencias -el manejo discrecional y la rigidez en el control- se han superpuesto sobre el desempeño de la inteligencia colombiana:

  • Un buen ejemplo de los efectos dañinos de la discrecionalidad de muchos gobiernos en el manejo de las agencias de información está en la arbitrariedad con que tradicionalmente se dirigió el DAS, hasta la introducción de una serie de reformas administrativas en los pasados años.
  • En el otro extremo deben situarse los intentos por extender el control judicial previo más allá de las acciones que colisionan con derechos fundamentales -interceptación de comunicaciones, por ejemplo- a la recolección de todos los datos utilizados en la producción de inteligencia. Una doctrina legal que horrorizaría a los servicios de países poco sospechosos de autoritarismo como Francia, el Reino Unido o España; pero que fue resucitada por la Corte Suprema en la causa abierta por las mal llamadas "chuzadas del DAS".

Avances innegables y un paso clave

Pese a este difícil contexto, Colombia ha realizado avances decisivos en la construcción de una comunidad de inteligencia moderna, efectiva y apegada a la ley. El profesionalismo de los agentes, sus capacidades técnicas y el respeto por los derechos humanos de todas las agencias colombianas han dado un salto espectacular, que les permite rivalizar con las organizaciones equivalentes de cualquier país latinoamericano.

Semejante afirmación puede escandalizar a quienes únicamente asocian a las agencias de inteligencia con los escándalos de los últimos años. Pero más allá de que solamente una adecuada recolección de información hizo posible éxitos como la "Operación Fénix" que dio de baja a Raúl Reyes o la "Operación Jaque" que permitió la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, hay que recordar que son los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el DAS quienes a diario neutralizan acciones terroristas o respaldan procesos críticos para los derechos humanos, como el retorno de los desplazados a sus zonas de origen.

Sobre esta base, el proyecto de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que debate el Congreso representa un paso clave para definir el marco legal de funcionamiento de un aparato de información respetuoso de los derechos fundamentales y efectivo en el cumplimiento de sus tareas de protección del Estado y de los ciudadanos.

De hecho, el proyecto introduce novedades tanto en el ámbito de las garantías de legalidad de las operaciones como en aquello que tiene que ver su efectividad. En el primer terreno, se establece una serie de mecanismos de control interno de las agencias de inteligencia y se crea una Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en el Congreso. Por lo que se refiere a la mejora de la capacidad operativa, se crean las condiciones legales para que los agentes puedan actuar de forma encubierta.  

Cuatro tareas pendientes

En cualquier caso, la inteligencia colombiana todavía tiene tareas pendientes. Entre ellas, hay cuatro particularmente relevantes:

  • Resulta clave avanzar hacia una mejor distribución de funciones y una más estrecha coordinación entre los distintos servicios. En el presente, las cinco agencias existentes – las tres militares, la de la policía y el DAS- realizan esfuerzos paralelos en la confrontación de las amenazas internas -terrorismo, crimen organizado- y prestan una atención relativamente menor a cuestiones cada vez más críticas, como la inteligencia exterior.

Ciertamente, la Ley en discusión propone avances fundamentales hacia un trabajo más armónico de todos los servicios, puesto que define el funcionamiento de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) como máximo órgano de coordinación, e introduce la figura del Plan Nacional de Inteligencia como hoja de ruta para determinar los objetivos de inteligencia.

Sin embargo, un salto cualitativo en la coordinación de la inteligencia exigirá medidas que escapan a los alcances de cualquier ley. De hecho, los servicios involucrados -militares, policiales y civiles- tendrán que desarrollar una reflexión conjunta liderada por el gobierno nacional para definir qué misiones les corresponde desarrollar a cada uno teniendo en cuenta su naturaleza y capacidades.

  • El segundo asunto pendiente tiene que ver con el futuro del DAS, la única agencia de inteligencia civil del país. Pasadas parte de las premuras políticas que empujaron a tomar la decisión de disolverlo, cabe preguntarse si esta decisión resulta acertada para las necesidades del país.

Las instituciones de seguridad son espacios donde se acumula conocimiento técnico y cultura estratégica a lo largo del tiempo. Cerrar una organización y reemplazarla por otra, supone afirmar que todo lo anterior fue negativo e iniciar un incierto proceso de reconstrucción, que no necesariamente va a generar un servicio más sólido.

Así las cosas, tal vez sería más conveniente lanzar un proceso de reforma radical, pero esta vez con las dosis de voluntad política, el conocimiento técnico y las herramientas legales imprescindibles para tener éxito.

  • Un asunto sobre el que también resulta necesario avanzar es lo relativo al personal de inteligencia. De nuevo, la Ley introduce novedades importantes referentes a su protección. Pero estas medidas deben ser completadas con cambios en otros ámbitos.

Es imprescindible atraer a mejores profesionales a las agencias que sofistiquen sus habilidades para recolectar información y fortalezcan sus capacidades analíticas. Esto implica mejorar los salarios, el diseño de carrera, las condiciones de trabajo y el prestigio social del trabajo de inteligencia.

De igual forma, los programas de entrenamiento necesitan ser fortalecidos, incluyendo no solo el adiestramiento dentro de los servicios sino la formación en el exterior. En mayor o menor grado, las distintas agencias de inteligencia ya están adoptando medidas de este tipo para fortalecer su capital humano; pero se trata de un camino en el que es necesario profundizar.

  • Por último, pero especialmente importante, se deben revisar los mecanismos de evaluación para medir el éxito de la inteligencia. Durante los pasados años se premió la capacidad de las agencias para proporcionar inteligencia operativa que permitiese a la Fuerza Pública neutralizar blancos críticos. Sin duda, esta es una tarea fundamental de cualquier servicio de información y como tal debe seguir siendo prioritaria.

Pero además, la inteligencia también es una herramienta clave para apoyar la toma de decisiones del liderazgo político y esto implica un trabajo distinto, enfocado a obtener los datos requeridos y elaborarlos de forma que sirvan a las necesidades del gobierno. Aquí, las metas son otras y los criterios para evaluar el éxito deben ser distintos.

Ojos y oídos para el Estado

Resulta llamativo cómo algunos creadores de opinión defienden una visión sesgada de lo que significa la modernización del Estado. Para ellos, la institucionalidad deseable es aquella efectiva en la provisión de salud, educación y otras necesidades sociales, pero se pasa por alto o se mira con recelo la necesidad de dotar al Estado de las herramientas para cumplir su misión central, aquello que le define como tal, la provisión de seguridad a los ciudadanos.

En este ámbito, la construcción de un aparato de inteligencia moderno resulta cada vez más urgente a medida que el escenario estratégico se hace más volátil, las amenazas por neutralizar se vuelven más complejas y más extensos los intereses por defender.

Esta lógica resulta especialmente apremiante para un país como Colombia, que se enfrenta al reto de poner punto final a la violencia interna y defender sus intereses en un continente turbulento.

En este contexto, disponer de la información necesaria para tomar las decisiones correctas es un asunto de pura supervivencia. Definitivamente, el Estado necesita ojos y oídos.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y consultor en temas de Seguridad y Defensa.

 

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