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La interferencia del Consejo de Estado en la política de seguridad

Escrito por Román Ortiz

Román Ortiz

Tres fallos sucesivos de este tribunal- el más reciente sobre la ubicación de estaciones de policía – son restricciones indebidas a la lucha antiterrorista. ¿Cumple el Consejo su papel a la hora de conciliar la protección de los ciudadanos con los derechos particulares?

Román D. Ortiz*

Fallos polémicos

Durante los últimos años el Consejo de Estado ha adquirido cierta notoriedad por emitir fallos sobre cuestiones de seguridad que han resultado extremadamente polémicos.

De hecho, las sentencias del alto tribunal han pasado por alto el contexto de conflicto que existe en Colombia, limitado la capacidad de la fuerza pública para garantizar el orden, y  haciendo responsable al Estado por las consecuencias de la violencia terrorista.

Este comportamiento no es fruto del azar o una respuesta a circunstancias excepcionales. En realidad responde a una doctrina enraizada en el Consejo de Estado y a la cual sus magistrados  han adherido en repetidas ocasiones.

El argumento clave del Consejo para fundamentar las sentencias anteriores es la capacidad que se autoconfiere para emitir juicios técnicos sobre materias militares y policiales.

En efecto, este alto tribunal ha emitido una serie de sentencias en materia de seguridad que tienen elementos comunes y guardan similitudes en los razonamientos que las sustentan. Por eso es importante revisar la lógica jurídica y política detrás de estas sentencias con graves consecuencias para los intereses del Estado y la protección de los ciudadanos.

Dentro de ese grupo de sentencias pueden incluirse la de diciembre de 2004, que exige restringir el uso de soldados conscriptos en operaciones de combate, aquella de mayo de 2011, que condena al Estado por los perjuicios sufridos por los soldados durante el asalto de las FARC a la base de Las Delicias (Putumayo) en agosto de 1996, y la más reciente de septiembre de 2013, que falla contra el Estado por los daños a terceros provocados por el ataque guerrillero contra la estación de policía de Puerto Rondón (Arauca) y demanda el alejamiento de las instalaciones policiales de las viviendas civiles.

El argumento clave del Consejo para fundamentar las sentencias anteriores es la capacidad que se autoconfiere para emitir juicios técnicos sobre materias militares y policiales. De hecho, todos esos fallos parten de determinaciones de los magistrados sobre cuestiones de naturaleza operacional y táctica.


Soldados víctimas del ataque a Las Delicias en 1996.
Foto: Wikimedia Commons

Justificación de las sentencias

En el caso de la sentencia de 2004, sobre la legalidad de enviar a un auxiliar a un operativo antinarcóticos, el alto tribunal se pronunció sobre la idoneidad del entrenamiento de los conscriptos al señalar que “su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan, por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del conscripto”.

En  la sentencia de 2011 sobre el ataque a la base de Las Delicias, se juzgan el dispositivo de defensa de las instalaciones militares, el armamento disponible para la defensa y la disposición general de las unidades de la fuerza pública que dificultó el envío de refuerzos a la base. De aquí concluye el Consejo que la respuesta para defender a los miembros de la fuerza pública “fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo)”.

Finalmente, en el caso del ataque a Rondón, se dice que “el Estado tenía el deber de prever, en virtud de la magnitud de los ataques, que una estación policial en el municipio no era suficiente para contrarrestar las incursiones terroristas que se venían presentado”.

Falta de competencia

La pregunta obvia después de leer estas sentencias es la competencia del Consejo de Estado para dirimir cuestiones técnicas de naturaleza militar y policial.

Sin duda puede argumentarse que los magistrados hacen su mejor esfuerzo recurriendo a declaraciones de testigos y análisis producidos por las propias instituciones del sector de defensa y seguridad. Pero sus juicios presentan dos carencias visibles:

– Por un lado, el Consejo tiende a ignorar el papel de un actor principal en cualquier conflicto: el enemigo. De hecho, las páginas de las sentencias mencionan poco a la guerrilla y cómo sus acciones condicionaban las decisiones de los mandos militares o policiales.

-Por otro lado, el alto tribunal ve a la fuerza pública como todopoderosa, con todas las opciones a su disposición y libre de los dilemas estratégicos y operacionales que llenan la vida cotidiana en tiempos de guerra.

Estos planteamientos surgen entonces de abstraer la cosa juzgada del contexto donde  ocurre. Parecería que para al alto tribunal el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no tienen limitaciones presupuestales, falta de suministros o una multiplicidad de frentes que atender.

Parecería que para al alto tribunal el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no tienen limitaciones presupuestales, falta de suministros o una multiplicidad de frentes que atender. 

De hecho, “no se puede validar el argumento según el cual para la época de los hechos las Fuerzas Militares (Ejército Nacional) debió atender múltiples acciones insurgentes en distintos lugares del territorio nacional, porque no puede apoyarse la idea según la cual dichas Fuerzas solo concentren su tropa e infraestructura militar en un ámbito reducido del territorio donde entiendan que hay amenazas de perturbación del orden público”. El resultado son sentencias que resultan un absurdo.

Ninguno de estos errores es raro o inexplicable cuando se carece de formación profesional en materia de seguridad. El problema es cuando se pasan por alto estas carencias y se decide entrar, sin mayor reparo, a determinar las responsabilidades legales de los miembros de la Fuerza Pública y el Estado en un evento bélico.

No es la intención de los magistrados, pero lo cierto es que cada una de sus sentencias resuena como un grito a favor de la Justicia Penal Militar. De hecho, buena parte de lo que el Consejo de Estado juzga son supuestos casos de negligencia en el cumplimiento del servicio que tendrían que ser abordados por los órganos jurisdiccionales especializados de la fuerza pública.


Soldados en Vista Hermosa, Meta.

Foto: Mauricio Moreno

Sesgos políticos

Detrás de las mencionadas sentencias, hay visiones políticas más que discutibles. Para empezar, resulta claro que el Consejo endosa la responsabilidad del conflicto y los perjuicios provocados por el mismo casi exclusivamente al Estado.

Esto permite al alto tribunal pasar por alto la actuación de los grupos ilegales como un factor que puede dar lugar a una restricción insuperable sobre la obligación estatal de garantizar el bienestar de los ciudadanos en general y los miembros de la fuerza pública en particular. Resulta paradójico que la culpa del Estado resulte directa y sin paliativos por los estragos que provocan organizaciones terroristas que están fuera de su control.

Por otra parte, algunos argumentos de las sentencias podrían interpretarse como señales de una mirada un tanto equidistante hacia el Estado y las guerrillas, como si no se tratara de un conflicto entre una institucionalidad legítima y grupos de naturaleza criminal.

En este sentido, llama la atención que se considera que “el Ejército Nacional atenta contra el derecho fundamental a la vida de los soldados bachilleres, o al menos lo amenaza de manera ostensible, cuando envía a estos soldados a zonas donde se pueden estar presentando combates”, sin subrayar que es la guerrilla quien realmente amenaza la vida de los soldados.

Po otra parte el alto tribunal señala que “no se trató de un ataque indiscriminado” contra la estación de policía de Rendón, puesto que “estuvo dirigido directamente contra la Policía Nacional”. De hecho, cabe preguntarse si este calificativo es apropiado, a la vista de que todas las acciones violentas de la guerrilla son igualmente criminales, con independencia de contra quien se dirijan; las FARC ostentan un abrumador historial de atentados contra civiles; y la Policía Nacional es una organización civil (Artículo 218 de la Constitución). 

Interferencia indebida

Las decisiones del alto tribunal tienen un impacto significativo sobre la estrategia de lucha contra el terrorismo y limitan la capacidad del ejecutivo para formular una política de seguridad que resulte efectiva.

-El fallo de 2004 que condenó el despliegue en zonas de combate de soldados y policías de reclutamiento obligatorio – cerca de un 30 por ciento de los efectivos de la fuerza pública – limitó la libertad del mando militar y policial para decidir qué misiones asignar a qué unidades.

Las decisiones del alto tribunal tienen un impacto significativo sobre la estrategia de lucha contra el terrorismo y limitan la capacidad del ejecutivo para formular una política de seguridad que resulte efectiva.

-La sentencia de 2011 sobre el ataque contra la base de Las Delicias restringió la libertad de los mandos para asignar recursos y modificar el despliegue de sus unidades, a riesgo de convertirse en responsables de cualquier ataque terrorista en un punto no guarnecido en un momento dado.

-Finalmente, la decisión de 2013 sobre el ataque a la estación de policía de Rondón señala que los puestos policiales deberían alejarse de la población civil, una determinación difícil de entender cuando se parte de que la misión primaria de la Policía Nacional es proteger los derechos ciudadanos y garantizar la convivencia.

Entre derechos individuales y el funcionamiento del Estado

Estas sentencias resultan especialmente paradójicas cuando se recuerda la posición del Consejo de Estado como cúspide de la jurisdicción contenciosa-administrativa. En el ordenamiento constitucional clásico, la normatividad contenciosa-administrativa regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

El punto clave de este tipo de legislación es como encontrar un balance entre los derechos individuales y el bien colectivo que encarna el Estado. Esta necesidad de equilibrar lo individual y lo público resulta particularmente aguda cuando se habla de seguridad.

En este ámbito, el Gobierno está obligado a poner en riesgo a algunos de sus ciudadanos, encuadrados en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para garantizar los derechos del conjunto de la población. Para hacer las cosas más complicadas, la capacidad del Estado de proteger a veces no es suficiente para prevenir las agresiones de grupos terroristas o delincuenciales.

Como consecuencia de esta lógica, en materia de seguridad resulta imprescindible ponderar los derechos particulares con las necesidades del Estado y tomar en consideración lo que es posible o imposible para el Gobierno en un contexto de violencia.

A juzgar por sus fallos, parece claro que el Consejo de Estado olvidó estas consideraciones. De este modo, más allá de la formalidad, lo que cabe preguntarse es si está cumpliendo a cabalidad el papel que debería desempeñar dentro del ordenamiento constitucional y el sistema político en su conjunto.

 

* Profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales, consultor en temas de Seguridad y Defensa.

twitter1-1@roman_d_ortiz

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