La izquierda en el posconflicto: ¿cómo ejercer la política? - Razón Pública
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La izquierda en el posconflicto: ¿cómo ejercer la política?

Escrito por Juan Fernando Londoño

Representantes de las FARC promueven la paz en el actual gobierno Santos.

Juan Fernando LondoñoDe la Colombia rural al clientelismo, del clientelismo a la criminalización y a la financiación de la política mediante contratos corruptos con el Estado. El problema no es solo permitir el acceso de los nuevos actores, es cambiar el modelo para hacer la política.

Juan Fernando Londoño*

Violencia contra la izquierda

La guerra que está a punto de concluir en Colombia tuvo como protagonistas a una fracción de la izquierda que quiso tomar el poder por las armas y a una derecha dura que utilizó todo tipo de medios para impedir el avance de la izquierda. Los extremos políticos se enfrentaron en el campo de batalla, pero además y ante todo ambos bandos se ensañaron contra la población civil indefensa.

Durante las décadas del conflicto, la izquierda puso la mayor cantidad de muertos, y por eso la contienda electoral ha representado solo una parte del espectro ideológico. Pero esta misma semana tuvo lugar un acto simbólico que apunta hacia un escenario distinto: el presidente Santos admitió con gallardía que “el Estado no tomó las medidas suficientes para impedir el exterminio de la Unión Patriótica”; la novedad de este acto consistió en que no estaba de por medio una orden judicial para reconocer la responsabilidad del Estado en el asesinato de activistas de izquierda, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

Con el cierre del conflicto, el enemigo de la izquierda no va a ser la violencia, sino la corrupción. 

Los crímenes contra dirigentes sociales en las últimas semanas son sin duda una alerta sobre la posibilidad de repetición de la historia de la UP, pero las probabilidades de una acción masiva o de exterminio parecen ser bastante reducidas. Los que perpetraron esos crímenes ya no tienen tanto poder e influencia como antes. Ni los sectores políticos ni los empresariales, y mucho menos los militares, estarían dispuestos a adoptar medios criminales para eliminar a los competidores políticos. Quienes actúan desde la criminalidad lo hacen hoy sin contar con el respaldo institucional que garantizaba la impunidad que disfrutaron durante décadas. Al no contar con el apoyo que les dio el establecimiento, las organizaciones criminales tienen menos oportunidades para actuar con libertad.

Obviamente no hay que subestimar los asesinatos recientes, pero las condiciones actuales dan razones para el optimismo en la superación de la violencia contra los líderes sociales y políticos de izquierda. El reto para el Estado es superar la debilidad de la justicia y su ausencia en las regiones, y esta vez serán las FARC las que ayuden a propiciar -en lugar de impedir- la actuación judicial en dichos territorios.

El nuevo obstáculo

Participación política de la Unión Patriótica, Clara López excandidata a la alcaldía de Bogotá.
Participación política de la Unión Patriótica, Clara López excandidata a la alcaldía de Bogotá. 
Foto: Unión Patriótica de Colombia

Pero ahora, con el cierre del conflicto, el enemigo de la izquierda no va a ser la violencia, sino la corrupción. Así que mientras se descubre la verdad sobre lo que ocurrió en el pasado, quienes piensen en el futuro deberán entender que el sistema político colombiano ya no impedirá con las armas que la izquierda acceda al poder. Ahora el obstáculo más grande para que fuerzas no tradicionales lleguen al gobierno se encontrará en las condiciones para ejercer la política.

Sin violencia política la izquierda podría recomponer sus cuadros y presentar sus ideas en competencia con los demás partidos; el desafío es lograr que la lucha electoral se dé en reales condiciones de igualdad para los nuevos partidos. Por eso las reformas políticas acordadas en La Habana buscan garantizar más equidad y transparencia en la lucha por el poder. Sin duda, las condiciones de seguridad son fundamentales para poder hacer política, pero las reglas electorales son esenciales para saber quién tiene opción de ganar.

Del patronaje a la criminalización

En la ya larga historia electoral de Colombia podrían tal vez distinguirse tres etapas principales:

1. La del país rural. Desde el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, la competencia electoral estuvo dominada por el patronaje rural -terratenientes que movilizaban a sus trabajadores para votar de manera cerrada por uno de los dos partidos tradicionales-. Los primeros intentos de democratización durante la década de 1930 intentaron combatir el patronaje rural pero fueron ahogados por La Violencia de la década de 1950.

2. La de la urbanización acelerada. El pacto del Frente Nacional en 1958 puso fin al desangre, pero desterró las ideologías de la competencia electoral, de manera que los políticos se dedicaron a crear redes de atención para que las masas urbanas pudieran acceder a salud, educación y trabajo. Si una familia no tenía nexos con algún jefe político le era muy difícil gozar de los servicios públicos y su única alternativa era la informalidad. Esta fue la época dorada del clientelismo, un factor poderoso de control social y reproducción del capital político en el momento de más rápida urbanización del país.

3. La de la Constitución del 91. Pero el crecimiento demográfico y la ineficiencia del modelo clientelista llevaron a problemas crecientes de gobernabilidad durante las décadas de 1970 y 1980. La combinación entre este malestar y la violencia llevó a la crisis de fines de los 80 que habría de desembocar en la Constitución de 1991. Los constituyentes trataron de eliminar el clientelismo mediante dos tipos principales de reformas:

  • Las que buscaban abrir el sistema político para facilitar el ingreso de nuevos competidores, lo cual eliminó el monopolio de liberales y conservadores, y
  • Las que adoptaban un rígido sistema de sanciones para quienes quebrantaran las nuevas reglas.

El nuevo régimen fue parcialmente exitoso. Efectivamente, logró eliminar el bipartidismo, pero el sistema pluralista que surgió no representó nada distinto de lo que ya representaban políticamente los liberales y conservadores. Después de una etapa de apertura desordenada y de reformas para restaurar la gobernabilidad a principios del siglo XXI, lo que apareció fueron más partidos representando lo mismo. Del seno liberal y conservador surgieron nuevas agrupaciones y partidos que, carentes de tradición o ideología, solo produjeron liderazgos que se representaban a sí mismos.

El sistema de sanciones, por su parte, fue más efectivo, pero no logró cambiar las reglas de juego. En su lugar, esta situación produjo incentivos para hacer más opaca y turbia la gestión política. El exceso de prohibiciones produjo condenas y pérdidas de investidura, pero no elevó los estándares éticos de la política; al contrario, los degradó. Lo que antes era público, ahora debía estar oculto.

Se pasó del sistema político del clientelismo al sistema político de la corrupción.

En medio de una política competitiva, personalizada y opaca, la financiación de los candidatos se volvió el factor trascendental para diferenciarlos. Dado que los partidos no representaban los intereses de la sociedad, los mejor financiados acababan por ser más capaces de representarse, y los intereses de los más débiles pasaron desapercibidos en el sistema político.

Esto explica la permanencia de la desigualdad en Colombia. Dado que la sociedad no se ve representada en el sistema político, no hay intención de esos intereses para construir y mantener los partidos, y estos se volvieron dependientes de los recursos del Estado. Pero como estos recursos no fueron suficientes, los políticos empezaron a buscar fuentes alternativas, y una de ellas fue la criminalidad.

Primero, las alianzas con los narcos se hicieron visibles y fueron castigadas como consecuencia del Proceso 8.000. Después fueron los grupos paramilitares quienes mostraron mayor disposición para proveer el apoyo que los políticos requerían, pues su poder militar y económico necesitaba expandirse y expresarse en el terreno de la política. El intento de captura del Estado por parte de estas organizaciones se hizo más visible y más peligroso, lo que obligó a reaccionar a una parte de la sociedad. Por eso muchos de quienes se prestaron para estas alianzas terminaron en prisión y pagando penas aun mayores que las de sus socios. El modelo de alianza con la criminalidad fracasó, pero subsistió la necesidad de financiar las muy costosas elecciones.

La política hoy

Genocidio contra la Unión Patriótica.
Quinto congreso por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. 
Foto: Agencia prensa Rural

Para resolver este problema se creó, paradójicamente, un modelo de financiamiento público por la puerta de atrás con terribles consecuencias.

En lugar de que el Estado financie directamente las campañas, se acudió al mercado de las empresas o individuos interesados en lograr contratos con el Estado. El modelo funciona así: los contratistas entregan avances a los políticos para que hagan las campañas y estos se encargan de retornar la inversión, con sus debidas ganancias, a los financistas. Los políticos, a su vez, participan de las ganancias para cubrir sus gastos en períodos no electorales. Se pasó del sistema político del clientelismo al sistema político de la corrupción.

En este escenario quienes están en el poder (o en torno a él) son quienes tienen las mayores oportunidades de ganar las elecciones. El sistema se reproduce a sí mismo y las posibilidades de alternancia quedan limitadas a pequeñas opciones que representan casi siempre lo mismo. Si gana uno o el otro, las élites de la administración pública sufren solo pequeños cambios y, en todo caso, las políticas públicas que se impulsan no representan cambios de rumbo frente a la inercia general.

Dentro de este escenario, la izquierda democrática y los grupos que quieran renovar la política, ya sin el lastre de la lucha armada, tienen que propiciar cambios en el sistema político sobre la base de un nuevo paradigma. No solo se trata de castigar a los corruptos, se trata de dar opciones a quienes no lo son para competir y ganar.

La nueva política democrática que debe surgir de los acuerdos de paz tiene que darles voz a quienes han quedado huérfanos en el actual sistema político, pero también debe entender la importancia de las reglas de juego para garantizar un sistema competitivo. No se trata solamente de abrir un espacio en el sistema para acomodar nuevos actores, se trata de modificar el sistema para que cambien los actores.

 

*Ex viceministro del Interior.

 

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