Adrian Restrepo, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Presidencia de la República

Compartir:

El día cívico decretado por el presidente para cuidar el medio ambiente fue eclipsado por las declaraciones del mismo presidente y por las “coincidencias” en la fecha y el lugar del anuncio. Esta es la crónica increíble de los hechos.

Adrián Restrepo Parra*

La intención del día cívico

Con más pena que gloria pasó el día cívico decretado por el presidente Petro para hacer la paz con la naturaleza. 

El 18 de abril, los colombianos nos enteramos del decreto 0500 del 2024, emitido el mismo día por la Presidencia de la República. El decreto declara el tercer viernes del mes de abril de cada año como un día cívico para reafirmar la paz con la naturaleza, con el propósito de proteger los recursos naturales.

La intención formal de este día cívico, sin embargo, fue desfigurándose por distintos factores atribuibles al jefe de Estado. El principal fue que el decreto señalaba que el primer día cívico sería el 19 de abril, es decir, el día siguiente de la firma del decreto. 

Un 19 de abril

Cuesta creer que fuera mera “coincidencia” que el decreto entrara a regir un 19 de abril y que, a la vez, en esa fecha pasen dos acontecimientos significativos en la vida del presidente: es el día de su cumpleaños y también la conmemoración del hecho fundante de la guerrilla en la cual él militó hace varias décadas: el M-19.

Diez años después del nacimiento de Gustavo Petro, el 19 de abril de 1970 el país vivió unas elecciones presidenciales irregulares que llevaron a calificarlas de fraudulentas. El ganador de la contienda fue Misael Pastrana Borrero, del Frente Nacional, y el perdedor fue Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular (Anapo). 

Tres o cuatro años más tarde (no de manera inmediata), surgió la agrupación subversiva Movimiento 19 de abril en presunto recuerdo de aquel suceso nefasto para la consolidación de la incipiente democracia colombiana.

Sencillamente es inaudito que el presidente de la república conmemore de manera subrepticia la fundación de una guerrilla que practicó la violencia, esto es más evidente todavía cuando el día internacional de la Madre Tierra se conmemora el 22 de abril en todo el mundo desde 1970: la “paz con la naturaleza” viene a significar exactamente lo mismo.

Si el espíritu de la iniciativa era la conservación de la naturaleza, entonces el día cívico debería ser el día de la Tierra o el día del árbol, que se celebra desde el siglo XIX y del cual Colombia toma parte desde el año 1941, estableciendo el 29 de abril como fecha conmemorativa.

Le recomendamos: ¿Hasta cuándo el ELN negociará?

Bofetada al ejército

El 31 de diciembre de 1979, un grupo de guerrilleros del M-19 ingresó a las instalaciones del Cantón Norte del Ejército en Bogotá y robó aproximadamente cinco mil armas. Las circunstancias novelescas del robo y la humillación de los altos mandos militares ante un desplante semejante pesan sin duda en la memoria de las nuevas generaciones de oficiales. 

Cuesta creer que fuera mera “coincidencia” que el decreto entrara a regir un 19 de abril y que, a la vez, en esa fecha pasen dos acontecimientos significativos en la vida del presidente: es el día de su cumpleaños y también la conmemoración del hecho fundante de la guerrilla en la cual él militó hace varias décadas: el M-19.

Este incidente fue uno de los eventos más notorios en la historia del M-19 y marcó un punto de inflexión en el conflicto armado. El M-19 utilizó las armas robadas para llevar a cabo diversas acciones, incluyendo secuestros y asaltos. El robo contribuyó a aumentar la notoriedad y la capacidad operativa del grupo insurgente durante ese período. 

Veinticinco años después, el presidente Petro bien pudo anunciar el día cívico desde el Palacio de Nariño o desde cualquier lugar del territorio colombiano (o incluso desde el extranjero), pero por otra coincidencia lo hizo desde el Cantón Norte, en Bogotá, durante un discurso ante las fuerzas militares.     

“Día de rebeldía”

Para despejar dudas respecto al propósito del decreto, el presidente expidió un trino (no podía faltar) que comienza así: “Este 19 de abril día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático, sobre quién lo produce, sobre qué se debe hacer”. 

El decreto no alude por supuesto a que el día cívico de paz con la naturaleza sea un “día de rebeldía”; es el presidente quien asocia el 19 de abril con la rebeldía. Y el gesto suyo fue acompañado por diversos grupos de activistas a lo largo y lo ancho del país que, por pura coincidencia, convocaron o llevaron a cabo actividades que impidieron el desarrollo normal de las actividades por tanto obligaban a tener “un día cívico”.        

Así ocurrió en mi propia universidad, la de Antioquia. Aunque el alcalde de Medellín y el gobernador del departamento no acogieron el día cívico, por la vía de los hechos se dio el día libre a profesores y estudiantes de la universidad. El 19 de abril de este año, el primer día cívico nacional de paz con la naturaleza, las actividades académicas de la Universidad fueron suspendidas por asuntos poco cívicos: problemas de orden público. Un grupo de encapuchados con colores y arengas alusivas al nacimiento del M-19 tiraron papas bombas. 

El día de rebeldía evoca entonces la fecha que capuchos conmemoraron sin acudir a subterfugios. El presidente Petro exaltó el 19 de abril como el día de la rebeldía, sin contemplar, o considerándolo un dato menor, que esa  rebeldía fue armada. Y que, justamente, ese tipo de rebeldía contrasta fuertemente con una de sus principales   banderas de gobierno: la paz total. 

Invitación a la violencia

La paz total pretende poner fin a la combinación de la política con las armas en nuestra vida pública. 

En la negociación con organizaciones que el gobierno reconoce como políticas, como el ELN, los delegados del presidente insisten en que el mundo cambió y, en un país como Colombia, los cambios sociales, económicos y políticos no pueden lograrse por la vía armada, tal como pensaban ciertos sectores políticos en el siglo XX. 

Esos cambios han hecho que la mayoría de las organizaciones guerrilleras en Colombia hayan optado por negociar la paz. Incluso el ELN se autoproclama como la única guerrilla del país, porque las disidencias y reincidencias de las FARC no son consideradas por los elenos como grupos subversivos. 

Bajo las circunstancias anteriores, sería más preciso decir que el ELN no es la única guerrilla, sino que es la última guerrilla. Pero si el presidente exalta un pasado heroico de la política con armas, sencillamente está invitando desde la presidencia a que en Colombia renazca la insurgencia armada. 

El decreto no alude por supuesto a que el día cívico de paz con la naturaleza sea un “día de rebeldía”; es el presidente quien asocia el 19 de abril con la rebeldía

Los capuchos del tropel del 19 de abril en la universidad consideran que esta insurgencia es legítima. Algunos de estos capuchos creen que personas como Petro y otros miembros del M-19 traicionaron la causa al realizar un acuerdo de paz con el gobierno y renunciando así a la revolución con armas.

¿Dónde quedó la paz con la naturaleza?

Los símbolos y significados políticos en la construcción de la identidad nacional son fundamentales. Forjan el carácter de los ciudadanos, dan pautas para concebir las relaciones sociales y actuar en pro de ideales compartidos. 

El presidente de la república, más cuando ofrece la esperanza de la paz total, no debería promover ejercicios de memoria histórica que exaltan el uso de la violencia por parte de un grupo de ciudadanos para cambiar lo que consideraban injusticia. 

Igualmente, resulta problemático que la figura del presidente, que en teoría debe representar la unidad del pueblo, pretenda superar la polarización política enarbolando símbolos que renuevan heridas hondas y agravan las diferencias entre los colombianos.

Está bien que un gobierno que busca la paz total busque la paz con la naturaleza.  Pero este mensaje acabó por perderse en la polvareda que levantó la expedición de un decreto presidencial apresurado, innecesario, oportunista, ofensivo para muchos colombianos, con un pírrico beneficio para el propio presidente y sin ningún beneficio para su programa de gobierno o para el futuro de sus gobernados. 

Puede Leer: La crisis del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC

0 comentarios

Adrian Restrepo

Escrito por:

Adrian Restrepo

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (A) del Instituto de Estudios Políticos y RERDSA (A1) del INER.

Foto: Presidencia

Compartir:

Foto: Presidencia

Contrariamente a lo que se piensa, el ELN no es impermeable al paso del tiempo. Las contradicciones entre lo que dice y lo que hace son cada vez más evidentes, y esto aumenta la confusión en el proceso de la “paz total”

Adrián Restrepo Parra*

¿Otras temporalidades?

En las negociaciones con el ELN se ha vuelto común afirmar que la lentitud se debe a que dicha guerrilla tiene otra concepción de la temporalidad. En pocas palabras, para esta guerrilla el tiempo se mide en función de los objetivos de un proyecto histórico, de una revolución. 

Esos analistas consideran que el tiempo juega a favor de la guerrilla, como si sesenta años de conflicto armado no hubieran afectado constantemente a dicha organización. Es como si durante décadas estuvieran esperando la llegada del próximo gobierno para prolongar la guerra: solo combatiendo o dialogando y, a la vez, combatiendo.

Pero los hechos políticos controvierten la supuesta “impermeabilidad” de los grupos armados al paso del tiempo. El contexto político e histórico cambia sobre todo en dos aspectos: la reconfiguración de la guerra y los procesos de paz con las distintas insurgencias. 

el ELN pide que el Estado colombiano ponga fin a su relación con grupos paramilitares, es decir con “organizaciones criminales, mercenarias y narcotraficantes”, aunque el mismo ELN emplee un modus operandi similar.

Las guerrillas actuales no luchan apenas contra el ejército, sino que tratan de copar el vacío que dejaron las FARC tras la firma del Acuerdo de La Habana. A partir de este momento, se han disputado militarmente los territorios con otros grupos al margen de la ley. En la actualidad, después del cese al fuego, no hay combates directos entre el ejército y el ELN, pero este grupo insurgente sigue enfrentándose con otros enemigos, y por eso busca nuevos recursos para sostener las actividades militares.

Después de seis décadas de violencia, la acción depredadora de la guerra ha deslegitimado a las guerrillas. La financiación del conflicto las ha llevado a incurrir en prácticas con alto descrédito nacional e internacional al punto de generar confusión sobre su eventual naturaleza política. 

Foto: Policía - Las actuales guerrillas no tienen como principal enemigo al ejército estatal. Y a pesar de los ceses al fuego, las guerrillas siguen teniendo combates, especialmente en zonas de acceso a fuentes de riqueza.

Le recomendamos: ¿En qué va el proceso de paz con el ELN? Retos y oportunidades para el 2024

La confusión 

Antonio García, en su columna “La razón de la sinrazón”, hace referencia a la actual situación de Nariño, donde el gobierno anunció un proceso de paz regional con una facción del ELN. De acuerdo con el autor, este es un plan de inteligencia militar porque “los supuestos mandos del ELN” son infiltrados del ejército que se aliaron con una banda (facción) de la segunda Marquetalia y un grupo paramilitar para enfrentarse con el EMC. Esta alianza tendría el propósito de disputar el territorio, la minería y demás actividades ilegales. 

Para el comandante García no existen reincidencias ni disidencias, solo bandas y paramilitares. La única y última guerrilla en el país es la que él lidera. A pesar de las controvertidas opiniones de Antonio García, el gobierno tiene en la mesa de diálogo al ELN y a las Marquetalias en procesos separados pero unidos, debido a la naturaleza política de estos grupos armados. 

Contradicciones 

La necesidad de sobrevivir como fuerza militar conduce a posiciones contradictorias desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, el ELN pide que el Estado colombiano ponga fin a su relación con grupos paramilitares, es decir con “organizaciones criminales, mercenarias y narcotraficantes”, aunque el mismo ELN emplee un modus operandi similar. 

El ELN no reconoce la beligerancia del paramilitarismo ni de otros grupos al margen de la ley. Los elenos consideran inaceptable la relación del Estado con el paramilitarismo y las bandas criminales; este, de hecho, es un punto común entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, para poder prolongar el cese al fuego en el quinto ciclo de negociaciones acordaron que el gobierno combatiría las organizaciones paramilitares y sus variantes. 

En la práctica, es fundamental combatir a otros grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, agrupación que lucha contra el ELN. El director de la Policía Nacional anunció el relanzamiento de la operación Agamenón para apresar a los líderes y desarticular sus redes criminales. En un comunicado, el Clan del Golfo justificó su actuación supuestamente debida a que el Estado favorecía a la guerrilla. 

En contraste con la exhaustiva separación que hacen los altos mandos del ELN entre criminales, mercenarios, narcos y subversivos (entiéndase este último como un actor de naturaleza política revolucionaria), sus más recientes acciones demuestran una seria paradoja.  

El desarrollo y la evolución de la guerra ha hecho que, contrariamente a lo que se pregona, las guerrillas incurran en prácticas criminales por mano propia o ajena. Además de ser recurrentes, conducen a pensar si los adjetivos “criminal, mercenario y narco” son también rasgos propios. Pensemos en el secuestro de Luis “Mane”, padre del futbolista Luis Díaz. La investigación, además de reconocer el protagonismo del ELN, confirmó el vínculo entre la guerrilla y otras bandas criminales. 

El Estado colombiano ha negociado con distintos grupos armados. Estos procesos han logrado desmovilizar varios grupos subversivos y llevarlos a la lucha política desde la legalidad. Estas salidas negociadas desacreditan a los revolucionarios que siguen justificando la violencia.

La policía informó que los autores materiales pertenecían a la banda de “Los Primos”. Los elenos pagan estos “servicios” para evitar competir con otros grupos y porque conocen mejor los entornos urbanos. De igual forma, de acuerdo con los medios de comunicación, en el sur de Bolívar, el ELN realizó una alianza con una de las Marquetalias para frenar el avance de las AGC. Mientras que en algunos territorios trabajan conjuntamente, en Arauca la confrontación es directa entre elenos y disidencias.  

Ilegitimidad guerrillera

La necesidad de sobrevivir hace que las guerrillas sacrifiquen la legitimidad política en aras de los triunfos militares. Es un costo que han pagado desde su incursión en el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, el medio que les ha servido para prolongar la guerra hasta hoy en día, el mismo que les acarrea el rechazo de los colombianos y las organizaciones internacionales. 

Las acciones de los grupos armados suelen ser tan comunes e impopulares que arrojan un manto de duda sobre los espacios creados por el gobierno para consolidar la Paz Total: una mesa socio política y otra mesa socio jurídica. En la primera están las organizaciones que el gobierno considera de naturaleza política (el ELN y las Marquetalias), mientras que en la segunda están los grupos criminales (Mesas de paz urbana de Buenaventura, Medellín y Quibdó). 

Aunque para el comandante del ELN, el EMC y la segunda Marquetalia son bandas delincuenciales, para el gobierno son organizaciones con motivaciones políticas. Sin embargo, otros sectores opinan que el ELN debería de estar en la segunda categoría. 

A los problemas anteriores se añaden los resultados positivos de los procesos de paz entre el Estado colombiano y los grupos subversivos. El Estado colombiano ha negociado con distintos grupos armados. Estos procesos han logrado desmovilizar varios grupos subversivos y llevarlos a la lucha política desde la legalidad. Estas salidas negociadas desacreditan a los revolucionarios que siguen justificando la violencia.  

Igualmente, los últimos gobiernos en Colombia han asumido políticas públicas y reformas sociales que dejan seriamente cuestionadas las banderas de la justicia social enarboladas por los guerrilleros como justificaciones de su violencia revolucionaria. Hoy día, el mayor impedimento para realizar los cambios demandados por los colombianos que habitan los territorios en disputa es la dinámica de la guerra y no el desinterés estatal. 

La pérdida de legitimidad es un resultado histórico: obra del tiempo, obra de una guerra infinita, obra de las negociaciones de paz y de gobiernos, como el actual, interesados en producir cambios reales. La pérdida de legitimidad indica que es falsa la idea de la impermeabilidad del ELN al paso del tiempo. 

En estas circunstancias, ser la última guerrilla que queda en Colombia no debe ser un motivo de orgullo sino un motivo de preocupación. Hacer un acuerdo de paz quizás contribuya a detener la pérdida de legitimidad que la guerrilla a pagado por hacer la revolución por medio de una larga guerra.

Puede Leer: Las negociaciones con la Segunda Marquetalia: ¿más cerca o más lejos de la “Paz Total”?

0 comentarios

Adrian Restrepo

Escrito por:

Adrian Restrepo

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (A) del Instituto de Estudios Políticos y RERDSA (A1) del INER.

Foto: Facebook: Presidencia

Compartir:

El presidente pretende que lo apoye el pueblo pobre. ¿Pero quién es el pueblo y qué tan factible es agrupar a todos los pobres de Colombia en una única esquina de la política?

Adrián Restrepo*

El pueblo y el antipueblo

El presidente Petro insiste en que su estrategia de gobernabilidad incluye la organización y movilización del pueblo para que defienda las reformas presentadas por su gobierno ante el Congreso y para evitar su derrocamiento (“golpe blando”)  a manos de la oligarquía o el establecimiento. Las movilizaciones, según el presidente, deben “interpelar” esos poderes de facto, que serían ilegítimos porque no fueron elegidos por el pueblo.

El pueblo invocado constantemente por el presidente son los pobres, los excluidos “el que nunca ha tenido ni poder ni riqueza y ha sido excluido o excluida en la sociedad colombiana”.

En el caso de Colombia, si seguimos datos del DANE, esos pobres podrían ser aproximadamente el 40% de la población, la mayoría de ellos ubicados en zona rural. En la zona urbana, la mayoría de pobres está en las grandes ciudades. Posiblemente, esos pobres sean más si el análisis es en términos del “que nunca ha tenido poder”, pero no hay datos disponibles al respecto.

Para Petro el sujeto pueblo tiene un doble papel: es la víctima de la injusticia social y también el protagonista de la vida política, el actor del cambio.

Como el pueblo no logra auto organizarse, el líder —el presidente— tiene que cumplir una tarea: estimular la construcción de la identidad del pueblo, para lo cual recoge las distintas demandas sociales, económicas y políticas de los pobres. Para el caso, las reformas de salud, pensiones, laboral, agraria y educativa condensarían tales exigencias.

Petro podrá amar a los pobres, pero existen los pobres antipetristas, los mismos que eligieron sus representantes al Congreso y que se oponen o tienen reparos a las reformas presentadas por el presidente.

Igualmente, el líder, el presidente, tiene que definir el adversario, o incluso el enemigo, del pueblo: el antipueblo. Para esto utiliza denominaciones amplias, como la oligarquía, los grupos dominantes, el establecimiento y otras que permitan al líder cobijar con ellas a quienes él considere opositores.

La injusticia social es el resultado de la acción del antipueblo, es decir de la oligarquía o el establecimiento. Para librarse del opresor, el presidente considera que el pueblo víctima debe organizarse, movilizarse y confrontar al antipueblo. El pueblo debe convertirse en un actor político protagónico de las transformaciones.

De esta manera, el presidente, que hace un llamado a un acuerdo nacional, al diálogo, a la reconciliación y al amor, crea en la práctica una línea divisoria entre dos bandos antagónicos: el pueblo, que él representa; y el antipueblo, los que se oponen a sus reformas.

En esas circunstancias, las movilizaciones para “interpelar” a la oligarquía o el establecimiento se mueven en una delgada línea entre presión y amenaza subrepticia para que en efecto las reformas a favor del pueblo pobre sean aprobadas por el Congreso. Miedo para el antipueblo y amor para el pueblo.

Esa delgada línea puede traspasarse fácilmente según el discurso que utilice el presidente. Si el antipueblo está instalado en el Congreso, como sugiere el presidente, quizás el pueblo petrista decida que deben tomarse el capitolio.

En esa perspectiva, conviene tener presente la toma de la sede de la revista Semana por parte de algunos indígenas que participaron en la movilización convocada por el presidente en la capital de la república. El presidente no dio la orden de tomarse esa sede, pero algunos de sus seguidores consideraron que allí está parte del antipueblo.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - Para el presidente, el pueblo es la víctima de la injusticia social y protagonista de la vida política, que tiene un adversario como “la oligarquía”, “los grupos dominantes”. De esta manera, crea una línea divisoria entre dos bandos.

Puede leer: Petro, o un discurso entre imaginarios y realidades

El pueblo y la Constitución

Estimular la organización, la movilización y la participación de actores populares en la vida política del país contribuye a fortalecer la democracia. De hecho, visto así, es aportar al desarrollo de la Constitución en lo tocante a democracia participativa.

Pero reducir el pueblo a los pobres tiene inconvenientes para quien funge como presidente de todos los colombianos. El pueblo del presidente Petro es un pueblo distinto del que aparece en la Constitución que él juró acatar.

Según el artículo 3 de esta Constitución, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. El pueblo de la Constitución es el conjunto de la población y está integrado por todos los ciudadanos que habitan el territorio nacional y con los cuales el Estado y el gobierno colombiano tienen obligaciones. El pueblo de la Constitución no se reduce al pueblo pobre.

Además, el pueblo de la Constitución y el pueblo pobre de Petro no son un grupo compacto ni homogéneo. Ambos pueblos son heterogéneos. El pueblo de la Constitución (todos los ciudadanos) es uno plural y diverso, de hecho, ese es un rasgo destacado de la carta política de 1991. El pueblo invocado por Petro (los pobres) también es plural y diverso.

El gobierno no aglutina el 40% de los pobres de Colombia ni los representa a todos. Los pobres no obran como un actor colectivo único o inscrito a un solo partido. El Pacto Histórico, la vertiente partidista del presidente, no recoge ni representa a todos los pobres del país.

Lo plural y lo diverso

Los pobres que participan en política tienen distintas orientaciones, como bien puede apreciarse en las bases sociales de distintos partidos políticos en el territorio nacional. Petro podrá amar a los pobres, pero existen los pobres antipetristas, los mismos que eligieron sus representantes al Congreso y que se oponen o tienen reparos a las reformas presentadas por el presidente.

Para entender y respetar esa pluralidad y diversidad es menester tomar distancia de la teoría de la alienación según la cual, dentro del modelo capitalista, las personas pierden invariablemente la capacidad de determinar su vida porque han sido privadas del derecho a pensar y decidir sus propias acciones.

reducir el pueblo a los pobres tiene inconvenientes para quien funge como presidente de todos los colombianos. El pueblo del presidente Petro es un pueblo distinto del que aparece en la Constitución que él juró acatar.

Los pobres que están con el presidente serían entonces los pobres “verdaderos”, los que piensan por sí mismos, porque tienen conciencia de clase, mientras que los otros serían los alienados porque están con el opositor, que los manipula y oprime.

Bajo el marco de la democracia

Mejorar la calidad de vida de los pobres es un propósito que buena parte de la población colombiana puede suscribir, pero intentar hacerlo por encima de los mecanismos e instituciones democráticas como el Congreso implicaría un choque de tal magnitud que el problema que se quería resolver, la pobreza, pase a segundo plano.

La revolución por medio de reformas, para beneficiar al pueblo pobre del presidente, es posible siempre y cuando el gobierno, respetando el Estado democrático de derecho, logre conseguir mayorías en instancias como el Congreso.

Hacerlo en el marco de la democracia y las instituciones que el presidente representa, y debería respetar, exige capacidad negociadora del equipo de gobierno para lograr acuerdos que rara vez en la contienda democrática se logran si están inspirados por intereses maximalistas (todo o nada).

Los grandes cambios suelen empezar con pequeños logros, y quizás esos pequeños logros sean las bases de la transformación que el presidente aspira para el país.

Lea en Razón Pública: El acuerdo nacional —o el camino empedrado del gobierno—

13 comentarios

Adrian Restrepo

Escrito por:

Adrian Restrepo

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (A) del Instituto de Estudios Políticos y RERDSA (A1) del INER.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.