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Ley de partidos: ¿cambiará la política?

Escrito por Juan Fernando Londoño
juan fernando londoño

juan fernando londoñoAl entrar en vigencia la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos, Colombia aspira a tener organizaciones que respondan como tales ante los electores. Un cambio trascendental para salir de costumbres nefastas. Se están dando pasos en la dirección correcta para re-institucionalizar la política.

Juan Fernando Londoño*

Por fin, ¿partidos responsables?

Las noticias hablan de cerca de un millar de personas que han sido excluidas de las listas de los partidos para las elecciones locales. La razón no es un repentino escrúpulo colectivo de moral pública en los partidos, sino la entrada en vigor de la nueva ley que obliga a los partidos y a sus dirigentes a hacerse responsables de la gente que ponen en sus listas.

Parece un asunto simple: los partidos deben ser responsables de aquellos que presentan ante los ciudadanos para que voten por ellos. De hecho, esa es justamente la principal razón de ser de los partidos: organizar la competencia política. Se supone que los partidos reclutan personas con vocación de poder, las preparan, forman equipos y plantean alternativas de gobierno.

Para conseguir ese propósito los partidos deben velar por escoger las mejores personas, las que mejor los representen y las que consideran que mejor gobernarán. El problema radica en que justamente es esto lo que no hacen los partidos en Colombia.

El matrimonio entre política y criminalidad

Cuando los partidos contaban con estructuras centralizadas, regidas en gran parte por oligarquías regionales, las tareas de control político eran relativamente fáciles de cumplir. Unas cuantas familias se aseguraban el reparto del poder político y quien no fuese parte de dichos clanes tenía serios problemas para poder avanzar en su carrera política. Lo más práctico era siempre forjarse al amparo de algún clan regional, asegurarse de defender sus intereses y de esta manera ascender políticamente.

Ese esquema se empezó a quebrar con la aparición de clases medias urbanas, difícilmente representadas por los intereses oligárquicos regionales. Esa nueva Colombia emergió y nutrió al mismo tiempo el clientelismo y la subversión. Por una parte, el clientelismo no oligárquico se dedicó a buscar soluciones individualizadas pero concretas, el ejercicio subversivo por su parte, buscó soluciones colectivas a partir de la lucha armada. Emergió un país dividido en tres.

Esos tres modelos de país, el oligárquico tradicional, el clientelismo regional y los proyectos subversivos empezaron a chocar entre sí. Y por el medio fue creciendo el poder mafioso, el poder que surgía de los grupos ilegales financiados por el narcotráfico. Un poder que lo permeó todo y que lo pervirtió todo.

En una primera etapa, líderes del poder mafioso aspiraron a llegar directamente a ejercer el poder. Pablo Escobar en el congreso, Carlos Lehder con su movimiento latino nacional. El enfrentamiento no demoró en llegar y vino la guerra contra el cartel de Medellín.

La lección para quienes seguían en el negocio era clara, más vale estar con ellos que contra ellos, así que su segunda táctica fue comprar a los políticos en lugar de competirles, el cartel de Medellín fue remplazado por el Cartel de Cali y las bombas por fajos de billetes. Pero el asunto tampoco prosperó, especialmente por la intervención norteamericana y el rechazo de cierta parte de la sociedad que era consciente de lo que ello representaba.

Vino entonces una tercera fase, la construcción de poder político regional. Los grupos narco-paramilitares entendieron que la cooptación del poder nacional era demasiado visible y demasiado peligrosa, así que se dedicaron a forjar lazos regionales y a apoderarse de las administraciones locales.

Es la historia ensangrentada descubierta con la parapolítica. Sólo en ese momento, con un congreso señalado de haber sido electo en más de un 30 por ciento por esas asociaciones criminales, el país empezó a entender que el problema no se soluciona solamente con actuaciones de la justicia, sino que requería una revisión de su modelo institucional.

Reforma de 2003: avances y limitaciones

En el año 2003 se dieron los primeros pasos para volver a construir partidos. El diseño institucional de 1991 había sido exitoso en acabar el bipartidismo, pero en lugar de alternativas políticas lo que sobrevino fue el caos. Y en medio de ese caos, la criminalidad floreció con la mirada cómplice de la dirigencia política.

La política se hizo una actividad cada vez más individualizada. Cada cual montaba su campaña, conseguía su aval o creaba su partido y financiaba la estructura de cualquier manera, y en un país inundado de dinero ilegal, cualquier manera implica mucho margen de maniobra para la criminalidad.

La reforma constitucional de 2003 se dedicó a superar los problemas de diseño heredados de 1991. Sus fórmulas incluían las listas únicas, el régimen de bancadas, el cambio de fórmula electoral para premiar la agrupación (lista repartidora) y por supuesto, el umbral para obtener la personería jurídica. Se iniciaba así el camino de la reinstitucionalización partidista. Excepto por una pequeña omisión: nada se hablaba de la relación con la criminalidad ni de cómo resolverla.

La reforma de 2003 omitió cualquier discusión sobre cómo acceder al poder: se concentró en cómo repartirlo (umbral, fórmula electoral) y en cómo ejercerlo (régimen de bancadas, doble militancia). Nada se dijo allí sobre cómo financiar la política, cómo acceder a las listas, las responsabilidades de nominados y nominadores. Cuando sobrevino el cataclismo de la parapolítica descubrimos que llevábamos tres décadas sin hablar ni resolver el tema (los constituyentes de 1991 tampoco acertaron mucho en ello).

Como respuesta a la parapolítica, sobrevino una nueva reforma constitucional, esta vez con el objetivo de castigar a los partidos que permitiesen la infiltración ilegal. Por primera vez se incorporó el concepto de la responsabilidad política y se señalaron sanciones reales para los partidos, pues era claro que sin su apoyo (incluyendo en su repertorio hacerse el de la vista gorda) no habrían llegado a acumular el poder que sabemos.

La reglamentación de todo este nuevo modelo constitucional se acaba de conseguir y aunque no va a resolver todos los problemas, sí pone las bases para emprender una reinstitucionalización del sistema de partidos a partir de tres pilares: democracia interna, responsabilidad política y financiamiento público.

Para reinstitucionalizar la política

Los primeros efectos de la nueva ley de partidos han sido evidentes: cientos de candidatos vetados por los partidos en todo el país y una urgencia real de cumplir con la cuota de 30 por ciento de mujeres en las listas. Parece poco, pero en realidad cambia mucho.

La labor de control de los partidos se había perdido en medio de la desinstitucionalización que se produjo a partir de la combinación de cambios en las circunstancias sociales con reglas de juego laxas. Se encontraron así la criminalidad, la economía ilegal con políticos ávidos de poder y sin límites políticos o éticos para su ejercicio. Los límites legales, que eran los únicos existentes, fueron evadidos durante muchos años con lo cual la sensación de impunidad aumentó la osadía y el riesgo.

Los partidos no sólo no controlaban sino que se beneficiaban de un modelo en el cual cada uno se elige por su lado, luego tiene que actuar en bancada y si existen sanciones son en contra del individuo, no de la colectividad. El incentivo para controlar no existía y en cambio la laxitud era premiada con curules.

La imposición de normas de responsabilidad política para los partidos y los dirigentes ha cambiado esta ecuación. Ya no sólo importa salir elegido, sino cómo se ha conseguido la elección. Las nuevas normas establecen castigos reales para los partidos, desde multas hasta la pérdida de la personería jurídica, pasando por la imposibilidad de remplazar a quienes fuesen capturados por relaciones con grupos ilegales, la denominada “silla vacía”.

Para que las normas entraran en vigencia se requería establecer los mecanismos, los procedimientos y las autoridades a cargo de estas investigaciones, esto es justamente lo que trae la nueva ley: mecanismos que hagan reales las sanciones previstas en la constitución.

Y la prueba de su buen funcionamiento está en que por primera vez los partidos deciden no incluir en sus listas a quienes por diferentes razones no deberían aspirar a cargos públicos. En esto consiste la responsabilidad política: que el partido le pueda decir a los electores que da fe de quienes ha presentado para la elección popular. Es lo mínimo que puede y debe hacer un partido organizado.

Esta depuración no significa que todos los excluidos sean deshonestos, o que todos los incluidos sean honrados. De hecho, los criterios de exclusión de los partidos aún son estrechos, se limitan a verificar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.

Pasos en la dirección correcta

Esto es, por supuesto, el mínimo, pero queda mucho por hacer, especialmente porque la realidad no se cambia solo con sanciones, y por ello la ley apuesta con fuerza a dos pilares que tienen que ir cambiando la fisonomía y la actuación de los partidos: la democracia interna y el sistema de financiamiento.

Sobre la democracia interna el aspecto más destacado ha sido la necesidad de conformar las listas con un mínimo de 30 por ciento de mujeres, pero constituye en realidad la columna vertebral del funcionamiento interno de los partidos, tanto para la toma de decisiones como para su organización y funcionamiento.

El cambio en el financiamiento, por su parte, servirá para que los dineros públicos, que hoy se entregan mediante reposición sean realmente útiles para promover la equidad, generar mayor transparencia, institucionalizar los partidos y sobre todo, contrarrestar el dinero ilegal. Los anticipos serán en el mediano plazo la mejor forma de financiar campañas partidistas, no sólo individuales.

Con el nuevo esquema institucional podremos empezar a salir de unas costumbres políticas nefastas, donde no son los partidos los que escogen candidatos, sino los candidatos los que escogen partidos. El cambio no se producirá en 2011, pero se darán y ya se están dando, los primeros pasos en la dirección correcta.

* Analista político. Editor de la Revista Política Colombiana.

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