Las clases virtuales ensancharán la brecha entre la educación privada y la educación pública y entre la escuelas rurales y urbanas. Estas son las razones. Y estas las consecuencias*.
Angie Culma**
El daño
Las cuarentenas y el cierre de las instituciones educativas ha vulnerado el derecho a la eduación en Colombia. Más de 10 millones de estudiantes matriculados en educación básica y media no están recibiendo educación, lo cual agranda la brecha entre las instituciones públicas y las privadas, entre la educación rural y la urbana.
Para solucionar este problema, el Ministerio de Educación puso en marcha medidas como las clases virtuales, la entrega de guías con información teórica para las clases, y la transmisión de clases por radio y canales institucionales de televisión.
Pero este tipo de medidas no ha sido suficiente para garantizar el aprendizaje de los niños y niñas durante el año. La UNESCO y la CEPAL concluyeron que la interrupción del ciclo escolar en la mayoría de los países de América Latina ha agravado las brechas que ya existían entre los estudiantes. La pandemia ha empeorado los problemas en el sector educativo.
Calidad educativa vs. riesgo de contagio
Las directivas 11 y 12 del Ministerio de Educación Nacional permiten que las cerca de 9613 instituciones públicas y 4558 instituciones privadas educativas del país pongan de nuevo en marcha las clases presenciales.
La discusión sobre clases en persona o a través del internet gira en torno de dos asuntos: la calidad de la educación y los riesgos de contagio.
• Una encuesta adelantada por Save the Children a 17 mil familias de 37 países mostró que el cierre de las escuelas ha hecho que los niños se estanquen e inclusive retrocedan en su aprendizaje. Ahora que no van a la escuela, siete de cada diez estudiantes están aprendiendo poco por la falta de acompañamiento en el aprendizaje.
• Respecto del peligro de contagio, Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, demostró que no todos los colegios oficiales del país tienen baños, servicio de agua, conectividad a internet y computadores. Por este motivo, muchos padres y madres no piensan enviar de regreso a los niños y niñas a los colegios.
A esta postura se suma la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), la cual se mantiene en su posición de “no a la presencialidad” por considerar que no se puede garantizar que sea seguro.
Pérdida y recuperación
En las palabras de Beethoven Herrera en relación con la pandemia, “los profesores no estaban preparados para la enseñanza online, se han dedicado a dictar la clase con la misma duración de una clase presencial, mientras que muchos estudiantes de regiones pobres y estratos bajos carecen de medios informáticos y acceso a internet”.
Esta dura experiencia seguramente implicará costos muy altos para el desarrollo económico y social de Colombia.
Como dice María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save The Children Colombia, urge actuar a favor de las niñas y niños a fin de que todos regresen a la escuela y accedan a mejores sistemas educativo—incluyendo la compensación por el retraso en el aprendizaje que ellos y ellas han sufrido en estos meses—.
Colegios para ricos vs. colegios para pobres
En Bogotá están registrados 1740 colegios y jardines privados y 399 instituciones públicas: 71 instituciones privadas le confirmaron a la Alcaldía la intención de volver a las clases presenciales, pero ninguna de las públicas ha comenzado el proceso formal de reapertura.
Cabe recordar que las instituciones públicas matriculan 260 mil estudiantes más que las privadas.
La decisión de las 71 instituciones privadas demuestra que el asunto no depende del querer de los docentes sino de su capacidad para reiniciar clases presenciales manteniendo el control de los contagios.
La firma colombiana Escalando, con el apoyo de Red PaPaz adelantó el primer estudio Nacional de Salud y Bienestar Escolar, y encontraron que el 76% de los colegios oficiales no cuentan con agua y jabón suficientes para cumplir los protocolos de bioseguridad que estableció el Ministerio de Educación.
El estudio mostró también que el 82% de los colegios privados están cumpliendo con los protocolos de distanciamiento físico, mientras que así lo hacen apenas el 39% de los planteles públicos.
La diferencia anterior se debe por supuesto a las grandes inversiones de los colegios privados para cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio, inversiones que no pueden llevar a cabo los colegios oficiales.
Camilo Camargo, rector del colegio los Nogales, señaló que su plantel tuvo que hacer inversiones adicionales para que los padres tuvieran la tranquilidad de enviar a los estudiantes. Juan Pablo Aljure, presidente del colegio Rochester, explicó que obtuvieron el permiso para funcionar presencialmente gracias a una inversión de 400 millones de pesos.
Y por la misma línea están la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli) y la unión de colegios bilingües (UCB), quienes ratificaron su compromiso con la educación cuidando de la salud en sus planteles.
Más todavía: el 63% de los estudiantes colombianos no tienen acceso a internet ni computador en el hogar; la mayoría de estos estudian en planteles oficiales, que a su turno representan el 75% de la matrícula total.
Este tipo de diferencias entre la educación pública y la privada ensanchará por supuesto las brechas de calidad en la educación básica y secundaria—que a su vez son fases críticas para el desarrollo personal de los niños y los jóvenes—.
Utilizando de nuevo las palabras de Herrera, “hacia el futuro habrá que compensar las pérdidas en aprendizajes, pensando particularmente en los estudiantes más vulnerables, combinando actividades presenciales y no presenciales como tutorías individualizadas; grupos para nivelar materias críticas por su carácter instrumental; y escuelas de verano (o de invierno) que ofrezcan seminarios compensatorios. Lo cual implica mayor gasto gubernamental y además incertidumbre en el cumplimiento.”
La ciudad frente al campo
El contraste es todavía más marcado entre la educación urbana y la rural.
Un estudio de la Universidad de los Andes sobre la base de datos del DANE para 2017 concluyó que el 70% de los niños y jóvenes que no acceden a la educación básica residen en el campo. Esto se debe a la insuficiente oferta educativa y a la precariedad en las condiciones de vida de la población campesina. Según el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para ese mismo año,
• Apenas el 37% de las escuelas rurales tenían servicio de agua potable, en comparación con el 100% en las zonas urbanas.
• El 51% de las escuelas rurales contaba con baños en buen estado, a comparar con el 81% de las escuelas urbanas.
• El 91% de los colegios urbanos tenía acceso a internet, mientas que en las zonas rurales apenas el 53% tenían este servicio.
Aunque estas cifras son de años pasados, la situación no ha mejorado en el presente. Por eso, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios no logró poner en marcha clases virtuales en los colegios públicos.
No hay para que añadir la carga laboral y emocional que para padres e hijos significa el que ellos permanezcan en casa y traten de estudiar y de aprender bajo estas circunstancias.
Por todo eso me sumo al llamado para que el gobierno busque alternativas que ayuden a la equidad en lugar de limitarse a fórmulas que si acaso les sirven o pueden ser ejecutadas por una minoría de instituciones educativas y para una minoría de estudiantes.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de la autora.
