El salario mínimo: más que una negociación de mercado
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La discusión anual sobre el salario mínimo podría dejar de verse como un tire y afloje entre empresarios y trabajadores, para pensarse como un escenario idóneo para la concertación social en pos del bienestar general.
Luis Alfredo Sarmiento*
Un acuerdo gana-gana
La concertación social en Colombia es una necesidad que casi todos aceptan públicamente. Sin embargo, la polarización política que ha dominado la vida del país en los últimos años ha hecho difícil – y a veces imposible- esa concertación.
Por eso, la discusión sobre el salario mínimo es un espacio privilegiado para que los trabajadores, los empresarios y el Estado se pregunten, ojalá con un propósito distinto de la figuración política, si la economía está cumpliendo su papel como medio para el avance de la sociedad. Esta es una ocasión para lograr lo que los expertos en negociación llaman un acuerdo “gana-gana”.
El salario mínimo colombiano es , el séptimo más bajo entre los 16 países del subcontinente.
Semejante concertación será factible solo si las voluntades se encaminan hacia la búsqueda de una sociedad donde el desarrollo individual y el desarrollo colectivo sean posibles para todos los colombianos.
La discusión del salario mínimo puede pensarse de un modo diferente si se toma como un paso hacia el desarrollo humano sostenible, con buenas perspectivas en el corto, mediano y largo plazo.
La experiencia internacional
La determinación del salario mínimo no es simplemente una negociación comercial donde una de las partes se favorece con lo que la otra pierde.
Por el contrario, las experiencias de los últimos diez años en Argentina, Brasil, Chile o Uruguay han demostrado el potencial del salario mínimo “para mejorar el ingreso de los menos favorecidos, promover la igualdad y fortalecer la demanda interna”, según los analistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las declaraciones de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcenas.
La experiencia reciente de la era de Lula en el Brasil mostró cómo el manejo adecuado de los reajustes del salario mínimo y la promoción de las industrias nacionales traen un alto crecimiento de la economía, una creciente formalización laboral y una mejora notable en la equidad.
Como hace poco explicaba The Economist, la experiencia inglesa también ha demostrado que el aumento del salario mínimo ha sido muy favorable para el crecimiento y que su aumento no ha producido efectos indeseables, como una disminución del empleo. Por eso, los discursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el de los especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) han cambiado notablemente a este respecto.
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Colombia puede mejorar
Un buen salario mínimo es un negocio excelente para los empresarios, porque aumenta la demanda de los bienes o servicios que ellos mismos ofrecen- más aún si recordamos que las personas más pobres, cuya capacidad de consumo puede aumentar con el salario mínimo, compran sobre todo productos nacionales.
En este contexto, las dificultades que está atravesando la economía China y el alza pronunciada en la tasa de cambio frente al dólar y las demás monedas “duras”, son una oportunidad para que la industria colombiana resurja con mejores posibilidades en el mercado nacional e internacional.
Son dos las condiciones para que las alzas en el salario mínimo no se traduzcan en un menor número de empleos: por un parte que la tasa de ocupación esté aumentando, y por la otra, que exista una buena probabilidad de crecimiento económico. Estas dos condiciones sin duda corresponden al caso colombiano.
Y sin embargo, comparado con América Latina, el crecimiento del salario mínimo real entre 2000 y 2012 ha estado por debajo del promedio. El salario mínimo colombiano no es extraordinariamente alto en Latinoamérica pues (medido en dólares ajustados por el poder de compra, y sin considerar la devaluación del último mes) fue de 396,50 dólares es decir, el séptimo más bajo entre los 16 países del subcontinente.
Equidad, alimentos e informalidad
Debemos leer las cifras colombianas a la luz de la economía global. Como mostró con claridad el estudio de Thomas Piketty, la desigualdad – con todas sus implicaciones éticas, políticas y económicas- seguirá en aumento mientras la rentabilidad del gran capital supere al ritmo de crecimiento de la economía.
El indicador colombiano de participación de los salarios en el producto interno es muy bajo (31,6 por ciento para 2011) y, según las cuentas nacionales del DANE, se ha reducido en los últimos diez años.
Además, la creciente importación de alimentos (pese a que muchos se producen en Colombia) implica que la negociación del salario mínimo debe tener en cuenta el efecto del aumento en la tasa de cambio.
En efecto: las alzas en el precio de los alimentos afectan principalmente a la población de ingresos más bajos, que gasta en ellos el 30 por ciento de sus recursos (en promedio). Y según los datos del DANE, este es el rubro cuyos precios han crecido más durante el último año (4,88 por ciento).
Posiblemente la mejor estrategia para enfrentar este problema sería un arreglo institucional para recuperar la autonomía nacional en el abastecimiento alimentario.
Otro reto para Colombia es la formalización del empleo, que, según los analistas, fue decisivo para lograr las mejorías en equidad que registraron Brasil y Uruguay. La proporción de asalariados colombianos (algo más de 45 por ciento), incluyendo el servicio doméstico, es similar al de Nicaragua, Perú y Honduras y solo supera levemente al de Bolivia, pero es notablemente menor que el de Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y México. Por supuesto, el porcentaje de formalidad es mucho menor en el sector rural (un poco más del 30 por ciento en Colombia).
Un análisis reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la informalidad está relacionada con la falta de capacidad del Estado para supervisar y controlar el cumplimiento de la ley. En el sector rural hay que añadir el hecho de que no existan contratos escritos para la mayor parte de las ocupaciones.
 La formalización del empleo es uno de los retos para la economía colombiana. Foto: Ronald Dueñas |
Salario mínimo y pobreza
Por supuesto, el salario mínimo no puede erradicar la pobreza por sí solo, pero es un instrumento para aumentar la equidad.
Como François Bourguignon ha demostrado, el crecimiento económico no disminuye la pobreza pero, combinado con una disminución de la inequidad, puede ayudar a que Colombia alcance metas sociales más ambiciosas y en menor tiempo.
El salario mínimo no puede erradicar la pobreza por sí solo, pero es un instrumento para aumentar la equidad.
Para la mayor parte de los colombianos, el salario es la forma de participar en el crecimiento económico, puesto que las mayorías no tienen ingresos financieros ni reciben renta de sus propiedades.
Para hacerse a una idea de la importancia del salario mínimo en el presupuesto de una gran parte de las familias colombianas, basta notar que los ingresos salariales representan el 48 por ciento del ingreso por habitante. Según la OIT, el promedio para América Latina es 60 por ciento, y Colombia ocupa el noveno lugar entre los países considerados.
Oportunidad
Por todo lo anterior, la discusión sobre el salario mínimo es una gran ocasión para lograr acuerdos sobre cuál es el tipo de desarrollo deseable para Colombia, y para acordar en términos específicos lo que se quiere lograr con el esfuerzo común de empresarios, trabajadores y Estado para acercarnos a una sociedad amable, competitiva e innovadora.
Como en toda política pública, el acuerdo sobre el salario mínimo exige además medidas institucionales para que todos cumplan lo pactado. Ninguna actividad económica, ni ninguna persona natural o jurídica están exentas de cumplir las normas y todos debemos ser capaces de exigir que el cumplimiento sea efectivo.
Cofundador de Razon Publica. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
Acerca del autor
Alfredo Sarmiento
Cofundador de Razón Pública.
Filósofo y economista, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y Doctorandus en Economía de la Universidad Erasmo de Rótterdam. Es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana y del Externado de Colombia en política social, política educativa, programas sociales y gestión pública . Es Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD/DNP Consultor Internacional. Ha sido Director de la Misión Social. Subdirector de Planeación y Director encargado del SENA Dirección Nacional. Asesor Económico del Departamento Técnico nacional de FENALCO. Jefe de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento nacional de Planeación. Director del Área Socioeconómica del Centro Regional de Población . Autor de múltiples publicaciones.
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Alfredo Sarmiento
Cofundador de Razón Pública. Filósofo y economista, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y Doctorandus en Economía de la Universidad Erasmo de Rótterdam. Es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana y del Externado de Colombia en política social, política educativa, programas sociales y gestión pública . Es Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD/DNP Consultor Internacional. Ha sido Director de la Misión Social. Subdirector de Planeación y Director encargado del SENA Dirección Nacional. Asesor Económico del Departamento Técnico nacional de FENALCO. Jefe de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento nacional de Planeación. Director del Área Socioeconómica del Centro Regional de Población . Autor de múltiples publicaciones.
