El parque natural de Salamanca en la desembocadura del Magdalena es un tesoro ambiental que estamos destruyendo, pero esta vez fue declarado sujeto de derechos. Esta es la situación, y estas son las disposiciones de la Corte*.
Juan Pablo Sarmiento Erazo*
Maritza Duque Gutiérrez**
Sujeto de derechos
Colombia es uno de los 17 países más megadiversos. Aunque su territorio no sea igual de grande a los de otros países del listado, como Brasil y China, Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del planeta. Por eso, las áreas protegidas son una herramienta valiosa en Colombia.
El Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP) está administrado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y según el artículo 329 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, hay distintos tipos de áreas según sus características socioculturales y ecológicas. Uno de estos tipos de denomina “Vía Parque”, y la “Vía Parque Isla de Salamanca” es el único ejemplar que hoy tenemos. De las 59 áreas que han sido declaradas, este parque lo fue en sexto lugar.
El 19 de junio de 2020, la Corte Suprema de Justicia declaró como sujeto de derecho a Vía Parque Isla de Salamanca, y ordenó hacer un plan estratégico y efectivo de cinco meses para disminuir a cero sus niveles de deforestación y degradación.
Esta sentencia resultó de una acción de tutela interpuesta por el grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte el 21 de febrero de 2019. La tutela pedía garantizar el derecho a la salud y la vida digna de niños y niñas de Barranquilla, pues están amenazados por las quemas indiscriminadas que han tenido lugar durante más de una década.
El Parque fue declarado sujeto de derechos porque se considera “un organismo vivo”, “dado que el medio ambiente y toda forma de vida que lo compone están dotados de por sí y ante sí, de ciertas prerrogativas autónomas” según dice la sentencia. Esto quiere decir que tiene derechos, y que se espera que las instituciones cuiden la vida de su ecosistema y, por lo tanto, la de las personas a su alrededor
Este es el quinto fallo de este tipo que protege un ecosistema colombiano. El primero declaró sujeto de derechos al río Atrato, el segundo a la Amazonía, el tercero al páramo de Pisba y el cuarto al río Cauca.
Aunque es el primer caso en el Caribe colombiano, y su aporte consiste, como dijo la Corte, en poner a los seres humanos, la flora y la fauna en un “plano igualitario e interdependentista, en el que se cohesionan para hacer llevadera la vida de todos en La Tierra, de donde se sigue que deben propender armónicamente por evitar la degradación del medio ambiente, la contaminación del aire, la extinción de especies animales, la sequía de las cuencas hídricas, las enfermedades colectivas (pandemias) y todo el impacto negativo que produce el uso desmedido, descontrolado, abusivo e inadecuado de los denominados recursos naturales”.
“Vía Parque Isla de Salamanca”
Isla de Salamanca está en la Costa Caribe donde el río Magdalena se encuentra con el mar Caribe. En 1998, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Salamanca fue declarado Sitio Ramsar de importancia mundial debido a su gran diversidad de flora y fauna. Dos años después recibió la categoría de Reserva de Biosfera por parte de la UNESCO. También fue declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
El ecosistema de manglar ocupa el 80% del área total del Parque Salamanca, y figura entre los ecosistemas más productivos del planeta. En los manglares, las especies acuáticas y terrestres se reproducen, alimentan y descansan mientras migran. Es hábitat de peces, cangrejos, jaibas, camarones y almejas. Además, sostiene la economía pesquera artesanal de pueblos como Nueva Venecia (El Morro) y Trojas de Cataca.
Los manglares protegen las costas de la erosión, de huracanes, maremotos, tsunamis y evita inundaciones al ser una zona de desfogue del Magdalena.
Este ecosistema depura los vertimientos de la industria, la minería, los metales pesados y lo que el río recoge a su paso. En este manglar se encuentran cerca de 248 especies de aves, dos de ellas migratorias, como la Reinita cabecidorada (Protonotaria citrea). Por esto, el Parque se conoce como “el aeropuerto internacional de las aves”.
Pese a la importancia de este ecosistema, desde hace unos 60 años el Parque Salamanca ha sido abandonado por el Estado. El parque está bajo la jurisdicción de dos municipios del Magdalena, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, que tienen muy poca capacidad administrativa, lo que se refleja en los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.
Esto ha llevado a las comunidades a usar los recursos del Parque, como el carbón vegetal del mangle amarillo y la extracción de almejas. Ambos recursos demandados por los restaurantes de Barranquilla y Bogotá.
Las comunidades también cazan animales silvestres para alimentación y venta. Aunque son actividades ilegales, ayudan a la subsistencia de la población del territorio.
Por otro lado, el desarrollo urbano y la construcción de carreteras han fragmentado y erosionado al ecosistema que necesita estar conectado para funcionar. Además, las actividades agrícolas, como los cultivos de palma y los frutales en la cuenca alta de los ríos que alimentan la Ciénaga, alteran al sistema hídrico, desvían caudales, erosionan y aumentan el riesgo de inundaciones.
Estas actividades primero queman el territorio. En ocasiones, estas quemas se descontrolan y arrasan gran parte del hábitat de las especies. Además, el humo de los incendios tiene una alta carga de dióxido y monóxido de carbono, bencenos y azufre que afectan a las comunidades de la región.
Respuestas de la Universidad del Norte
Desde 2014, el programa Ecocampus de la Universidad del Norte recupera el manglar en el Vía Parque Isla de Salamanca (VPIS) e involucra a la comunidad académica.
Este año debido a la pandemia, el programa reunió a expertos de distintas disciplinas para analizar los problemas del parque. Las principales conclusiones de estos encuentros fueron presentadas el 18 de agosto en una sesión del Congreso de la Republica en el debate de control político llevado a cabo por la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Como dijimos ya, el 19 de junio de este año, la Corte Suprema declaró al VIPS como sujeto de derecho y ordenó un plan de protección, añadiendo que “dicha planeación deberá contener compromisos, autoridades responsables, ejes de acción y fechas concretas para la promoción de actuaciones de prevención y restauración del VPIS, así como las consecuencias en caso de incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones legales en materia ambiental”.
El fallo dio un plazo de dos meses para que las autoridades vencidas en el proceso formen un Comité Permanente de Seguimiento al plan estratégico, cuyos integrantes deben enviar informes bimensuales a la Corte y al Tribunal de primera instancia por el término inicial de dos años.
La Corte Suprema criticó a las entidades y señaló que “las oficinas querelladas no han desplegado las acciones pertinentes y oportunas para corregir el impacto de las quemas indiscriminadas que se han dado”.
Según Juan Pablo Sarmiento, director del Grupo de Litigio, la acción de tutela “pretendía además lograr el reconocimiento de esta área protegida, sus bosques de manglar, ciénagas y playas como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado colombiano”.
Ante ello, el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte accionó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), al Distrito de Barranquilla y su autoridad ambiental “Barranquilla Verde” y al Departamento del Magdalena. Esto con el propósito de que:
1. Formulen un plan de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación de bosques de manglar en la VPIS,
2. Cumplan las funciones policivas y de monitoreo,
3. Hagan un Plan de Gestión Ambiental, Social, Económico y Educativo e investiguen las actividades ilícitas que han llevado al Parque a la crisis ambiental.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad del Norte. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
