En medio de la crisis de la justicia, del debate sobre la implementación del Acuerdo de paz y de las dudas sobre parcialidad de los nuevos magistrados, esta mirada a sus perfiles y a sus trayectorias arroja luz sobre la Corte que tendremos.
Juan Sebastián Ceballos*
El reto
Este año habrá un cambio en la Corte Constitucional.
El remplazo de cinco magistrados ha tenido lugar en un momento crítico, pues se produce en medio de un intenso conflicto político. A través de una serie de reformas jurídicas, el país transita dividido hacia el fin de la guerra con las FARC, mientras las encuestas revelan una muy extendida desconfianza en las instituciones, e incluso en la vigencia efectiva de la Constitución.
En estas circunstancias la nueva Corte debe arbitrar entre las partes en conflicto, pero para tener éxito debe recuperar la confianza ciudadana en la justicia. Y esto a su turno implica obrar con transparencia, independencia e imparcialidad, y dictar fallos bien fundamentados.
Aunque la Corte necesita un período de prueba y aún no está totalmente conformada –pues falta por elegir un magistrado– es oportuno preguntarse si reúne las condiciones para cumplir su misión.
Los magistrados
|
|
- El magistrado Luis Guillermo Guerrero es de familia conservadora militante. Se graduó de la Universidad Javeriana, fue profesor de derecho y asesor de la Asamblea Constituyente de 1991 y del Consejo Superior de la Judicatura. También fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de los magistrados Rodrigo Escobar y Eduardo Mendoza.
Es conservador, aunque no está afiliado a ningún partido. Ha tomado decisiones opuestas al Partido Conservador, como en el caso de la adopción por parte de madres lesbianas y de la Ley Estatutaria del Plebiscito. Prolífico disidente, ha suscrito centenares de salvamentos y aclaraciones de voto, la mayoría aún sin publicar, lo cual no ayuda a conocer con transparencia sus posiciones. Sus posiciones a veces muestran parcialidad, como cuando de manera irrazonable ha pretendido:
El remplazo de cinco magistrados ha tenido lugar en un momento crítico.
- Limitar el matrimonio y la adopción homoparentales;
- Absolver a los involucrados en la “yidispolítica”;
- Ejercer un control híper-estricto sobre el desarrollo del Acuerdo Final.
Desde diciembre de 2016 la Corte ha dictado ocho fallos con respecto a este último tema y Guerrero siempre ha promovido la inexequibilidad.
- La magistrada Gloria Stella Ortiz es egresada de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó en la Corte para los magistrados Alejandro Martínez, Eduardo Montealegre y Marco Gerardo Monroy. Fue magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura. También fue asesora en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, consultora y profesora de derecho.
Ha ejercido una magistratura independiente. No puede identificarse como liberal ni como conservadora, aunque según el caso exprese una u otra visión. Por ejemplo en cuestiones de género defiende la igualdad, pero en temas como la consulta previa promueve una visión restrictiva y regresiva. Por otro lado, en problemas que involucran principios similares ha defendido posturas en apariencia opuestas, como en el caso de las restricciones a los derechos políticos de personas que hayan infringido la ley penal (ver sentencias C-577 de 2014 y C-026 de 2016).
Sus decisiones indican una posición ambivalente y su actuación futura es, por lo tanto, imprevisible. Esto puede deberse a su imparcialidad, a estrategias de posicionamiento o a debilidad en su determinación de defender la teoría constitucional que ha acogido.
- La magistrada Cristina Pardo es egresada de la Universidad del Rosario. Ha sido profesora de derecho y fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional con los magistrados Vladimiro Naranjo, Marco Gerardo Monroy, Rodrigo Escobar y Jorge Pretelt. También fue secretaria jurídica de la Presidencia en la administración Santos (2010-2017).
Pardo tiene una visión conservadora de ciertos problemas constitucionales. Aunque en general respeta el precedente, por razones de conciencia ha objetado actuar según la jurisprudencia. El haber sido postulada por el presidente Santos después de trabajar con él durante siete años la deja impedida para revisar numerosos actos en cuya elaboración participó, entre ellos varios que desarrollan el Acuerdo con las FARC. Estos impedimentos ponen en duda su imparcialidad en casos relacionados con este tema y su vínculo con el Presidente exige manifestaciones claras de independencia.
- El magistrado Carlos Bernal es egresado de la Universidad Externado, doctor en Derecho y Filosofía, escritor de teoría jurídica y traductor. Ha sido profesor y conferencista en diversas universidades del mundo, consultor y litigante. Es el más joven de la Corte y no tiene experiencia en cargos decisorios ni en el sector público en general. Su trayectoria académica promete profundidad, agudeza e independencia intelectual, útiles para sus nuevas funciones.
A pesar de esto, el ámbito judicial se distingue del académico porque el juez no escoge las materias sobre las cuales debe pronunciarse, no tiene tiempo indefinido para formarse un criterio, debe resolver varios casos de diversa complejidad en corto tiempo y tiene oportunidades reducidas para controlar factores relevantes para su decisión. La jurisdicción exige sentido de resolución, y este solo lo otorga la experiencia.
En el fallo reciente de la Corte sobre el fast track , Bernal votó contra el gobierno, lo que le ha valido los calificativos de independiente y parcializado. Pero aún es apresurado hablar de independencia o parcialidad. Antes de ser magistrado Bernal expresó opiniones opuestas a las sostenidas en ese fallo y las cambió tras recibir un respaldo decisivo para su elección del sector conservador del Senado.
- El magistrado Alejandro Linares es egresado de la Universidad de los Andes. Fue funcionario del gobierno de Virgilio Barco, viceministro y ministro plenipotenciario de César Gaviria y vicepresidente jurídico de Ecopetrol con Juan Manuel Santos. Ha sido abogado corporativo y profesor de derecho económico.
Por su trayectoria es empático con las corporaciones y con la dimensión fiscalista y desarrollista de la Constitución. Resaltan en su perfil su apoyo al poder Ejecutivo y económico y su falta de experiencia en cargos que exijan independencia frente a ellos. Sus votaciones sobre los actos para desarrollar el Acuerdo con las FARC muestran la incidencia de su formación en su ejercicio judicial. En las ocho sentencias sobre el tema en las que Linares ha participado ha apoyado la constitucionalidad en todos los casos, lo que demuestra una preocupante alineación con la Presidencia.
- El magistrado Antonio Lizarazo es egresado de la Universidad Libre y ha sido concejal, diputado, gobernador, viceministro, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, consejero electoral, asesor de paz y profesor de derecho. Su experiencia en cargos decisorios le ofrece a la Corte luces de realidad, pero su independencia e imparcialidad están por demostrarse.
En su juventud simpatizó con el filósofo marxista Antonio Gramsci y trabajó con Luis Carlos Galán. Desde entonces les ha servido a César Gaviria, Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Dado que ha tenido posiciones de poder gracias a sectores con programas políticos muy diferentes entre sí, es difícil definir cuál será su línea en la Corte. También es difícil saber si puede pasar de ser aliado del Ejecutivo a controlarlo independientemente de quién lo ejerza.
Como magistrado, Lizarazo también ha apoyado muchas veces los actos que desarrollan el Acuerdo con las FARC, lo cual hace dudar de su imparcialidad acerca de este asunto.
- El magistrado Alberto Rojas es egresado de la Universidad Externado. Ha sido profesor de derecho, procurador delegado durante la gestión de Edgardo Maya, así como litigante y consultor de Ecopetrol, la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Representantes, entre otras.
Llegó a la Corte Constitucional tras ser postulado por el Consejo de Estado y en medio de una gran polémica sobre su buen crédito. El propio Consejo de Estado anuló su elección, pero Rojas puso una tutela, fue restituido y el proceso llegó en julio de 2015 a la Corte, donde permanece sin solución. Los antecedentes de su nominación, las controversias en el proceso y el hecho de que la validez de su elección haya quedado a juicio de sus colegas han despertado dudas acerca de su independencia e imparcialidad.
- La magistrada Diana Fajardo es abogada y politóloga de los Andes. Fue asesora de diferentes entidades públicas y privadas –entre ellas la Presidencia de la República durante la Constituyente de 1991–, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional para la magistrada María Victoria Calle y directora técnica en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Ha trabajado como asesora jurídica para las administraciones Barco, Gaviria, Samper y Santos. Fue postulada por la Corte Suprema y apoyaron su elección los sectores liberales y progresistas del Senado.
En la elección de Fajardo incidió la preocupación causada por el fallo reciente de la Corte acerca del fast track, cuyos problemas políticos y jurídicos condujeron al gobierno a buscar respaldos de su bancada en el Congreso. Dado que, además, la candidata declaró estar comprometida con la paz, es necesario esperar pruebas de su futura independencia.
Como ya dije, falta por elegir al noveno magistrado. La terna corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que después de siete meses de debate y aunque ya cuenta con una preselección, no ha logrado escoger sus candidatos. El proceso está frenado por distintos desacuerdos, entre ellos los tocantes al desarrollo del Acuerdo con las FARC.
Los actuales magistrados tienen fortalezas y debilidades distintas y de las cuales podría beneficiarse la próxima Corte.
Quizás ante la reciente elección de una magistrada liberal la Corte Suprema llegue a un acuerdo para presentar una terna de orientación política opuesta. Ese es, de cualquier forma, el caso de los preseleccionados para el cargo, entre quienes están Wilson Ruiz y Martha Castañeda, dos personas cercanas a Alejandro Ordóñez con una postura conservadora y religiosa.
El futuro de la Corte
 Magistrado Antonio Lizarazo, junto al Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Foto: Gobernación de Norte de Santander |
Lo anterior indica que los actuales magistrados tienen fortalezas y debilidades distintas y de las cuales podría beneficiarse la próxima Corte si los magistrados aprovechan sus propias fortalezas y permiten que las de los otros neutralicen sus debilidades. Si esto ocurre la nueva corporación podría escribir un capítulo fascinante de la historia constitucional de Colombia.
Pero no hay que ser ingenuos. La combinación de fortalezas y debilidades es una virtud circunstancial del trabajo en equipo. Una Corte conformada por magistrados con diversas debilidades también puede perecer por ellas. Esto ocurre si los prejuicios, flaquezas o distorsiones que dichas debilidades producen triunfan en la discusión judicial. Y esto puede pasar por razones que no necesariamente se superan gracias a la fuerza de los argumentos.
Una mala posición puede salir victoriosa en un debate por una indebida sumisión al poder, a la autoridad o a la fuerza de los interesados. Para contrarrestar este riesgo se necesitan independencia e imparcialidad –individuales y colectivas– y, además, transparencia. Solo estas virtudes lograrán que la Corte sea un árbitro respetado y que sus decisiones sean aceptadas por la sociedad. Y esta Corte tiene todavía mucho que trabajar al respecto, pues hay todavía algunos interrogantes serios acerca de sus virtudes.
* Exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
