Balance del gobierno Santos: Ni tanto que queme al santo ni…
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El presidente fue elegido por uribista, y sin embargo muchos piensan que estamos ante una “nueva era”. Para saber qué tanto hay de lo uno y de lo otro, el conocido historiador hace el balance de lo ejecutado hasta el momento: distensión muy saludable, Unidad para gobernar sin reformas de fondo, la tierra como prueba ácida, las cinco locomotoras con sus cargas de dudas, la salud como escándalo, el mal manejo del invierno y la paz en el aire son los temas que han dominado la agenda.
Medófilo Medina *
Un clima de distensión
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Al principio fue el asombro. Luego la euforia. ¿Cuál será la fase siguiente en la evolución de las emociones de grandes sectores de la opinión pública con respecto al presidente Juan Manuel Santos y su gestión? ¿Ante los problemas reales, más teflón?
Algunas decisiones y gestos tempranos de quien tomó posesión de la presidencia el 7 de agosto de 2010 despertaron el apoyo de la opinión pública y elevaron la favorabilidad de una figura cuyo carisma personal no es un rasgo característico:
- Primero, el cambio del viejo demonio a “nuevo mejor amigo”. No necesitó Santos una semana para darle un vuelco a las relaciones con los países vecinos, en primer lugar con la Venezuela de Hugo Chávez. Se encontró con un interés coincidente en la contraparte.
El presidente Uribe había hecho todo lo posible para dejar armada una guerra con Venezuela en los días finales de su segundo mandato. Y no se trata de meras sensaciones: para la gente que vive en Bogotá o en Cali -o en Caracas o en Barquisimeto- la confrontación entre los gobiernos produce malestar o irritación; pero para quienes viven en los estados del Táchira o Apure o en los departamentos de Santander del Norte o La Guajira, la tensión altera de manera radical la vida cotidiana. La población afectada es de millones que viven, trabajan o estudian en ambos lados de una frontera de 2.219 kilómetros. - Segundo y de la noche a la mañana, los “migrantes” de José Obdulio Gaviria pasaron a ser desplazados que merecen el proyecto de una Ley de Víctimas y el de una Ley de Tierras que luego confluirían en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
- Tercero, el intercambio de agravios entre el poder ejecutivo y el judicial dio paso a la paz entre las ramas y ayudó a serenar la opinión pública. Aunque, según algunos medios uribistas, lo anterior era un mal signo de “apaciguamiento”, la mayoría de la gente tomó la distensión como un ensayo saludable y necesario.
La Unidad Nacional
Ese ambiente de concordia ayudó a que prosperara la invitación del candidato Santos a la Unidad Nacional como una coalición de gobierno. Cuatro “partidos” ingresaron a la unión. Con la adhesión de los Verdes de Lucho, la penta-coalición aseguró, según algunos analistas, una bancada oficialista del 95 por ciento en el Congreso [1]. En verdad el único partido de oposición con representación parlamentaria es el Polo Democrático- una corriente sumida en su más severa crisis.
La penta-coalición asegura la gobernabilidad -que es la preocupación central de sus gestores- pero es un acuerdo de corrientes que produce inmovilismo cuando se trate de de reformas substanciales. Esa es una de las características que Jonathan Hartlyn estudió en la coalición del Frente Nacional [2].
Quizás pensando en esa característica, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, se apresuró a proponer la reelección del presidente Santos como factor que le da sentido a la coalición en el mediano plazo[3]. ¡Que tal!
Pero la distensión y la gobernabilidad no ofrecen fundamento serio para opinar, como algunos, que Colombia vive una “nueva era” marcada por el reformismo genuino o por un proyecto democratizador. Veamos.
La prueba ácida
Con sentido de justicia, muchos ciudadanos han apoyado los esfuerzos del gobierno para frenar el despojo de campesinos y colonos. Pero una franja exaltada sostiene que se trata de un cambio en las reglas de juego para los inversionistas agroindustriales y que desconoce sus derechos adquiridos.
La referencia central en este punto ha sido la mencionada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En virtud de ésta y hasta el 31 de julio se habían adjudicado 338.298 hectáreas. Al sumar los predios objeto de subsidio integral o de otros beneficios, se llega a un total de 447.934 hectáreas.
La decisión del ministro de Agricultura para cumplir la ley y para acompañar las comunidades campesinas ha sido ejemplar. Pero los verdaderamente heroicos han sido los campesinos movilizados para recuperar sus tierras con el costo de nuevas víctimas que se suman a los miles de hombres, mujeres y niños que asesinaron los paramilitares durante años del terror.
La Ley de Víctimas y Devolución de Tierras se ha convertido en un test angustioso sobre si es posible contener a los agentes de terratenientes y ganaderos y de algunos empresarios agrícolas que acuden a métodos violentos y expeditos de acumulación de capital o si -al contrario- ellos volverán a imponer su ley mediante el asesinato de los restituidos o de sus familias.
Esta es la prueba no sólo del ministro, ni siquiera sólo del gobierno, sino el gran reto que campea sobre la sociedad colombiana.
La política agraria
Señalado lo anterior, hay que decir claramente que la Ley en cuestión no es la primera fase de una reforma agraria redistributiva. Sus alcances -aún suponiendo que después de 4 años se llegue a 2 millones de hectáreas adjudicadas- son modestos si se los contrasta con los 6 millones de hectáreas que les fueron despojadas a los trabajadores del campo.
La agricultura se destaca como una de las cinco locomotoras en el Plan de Desarrollo, pero en el tren que impulsa no está previsto que viajen los campesinos pobres ni los colonos. Para activar el mercado de tierras, el Plan estimula la cesión de baldíos a grandes empresas y permite que los inversionistas compren tierras que el Estado haya adjudicado a campesinos.
El Ministerio de Agricultura no ha sido favorecido en las asignaciones presupuestales. El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, que atenderá a la política de restitución de tierras recibió 128 mil millones de pesos menos que en 2010.
Las minas para unos pocos
El presidente señaló hace poco que la minería había tenido un crecimiento de 11 por ciento en 2010, y que está creciendo aún más rápidamente durante este año. Observó cómo en mayo pasado la producción de petróleo alcanzó un record de 927.000 barriles- día. Registró en 6 por ciento el aumento de la producción de carbón. También destacó la reanudación de la venta de energía eléctrica a Venezuela –pero no dijo que tres de los cuatro grandes proyectos hidroeléctricos andan atascados, en buena parte por la oposición de las comunidades que ven afectados sus intereses y condiciones de vida [4].
A la inversión minera se la ha rodeado de incentivos tributarios generales y específicos, deducciones, y reembolso de gastos en programas sociales mediante deducciones del impuesto de renta. El gobierno Santos mantiene una participación fiscal para el petróleo de entre el 8 y el 25 por ciento, que resulta clamorosamente baja en relación con América Latina.
Las regalías sobre níquel, hierro, esmeraldas y oro están en el nivel irrisorio de 8 por ciento. Los contratos del carbón del Cerrejón y Jagua de Ibirico se mantienen sin cambiar pese al alza pronunciada de los precios en el mercado internacional. Las condiciones favorables para el oro que resultan de la devaluación del dólar y del euro no llevan al gobierno colombiano a modificar las regalías sobre la explotación de este metal.
En materia de recursos naturales, el gobierno Santos ha marcado una religiosa continuidad con Uribe. Uno y otro reclaman para sí avances en la “confianza inversionista” que habrían resultado de las políticas antedichas.
No tiene nada de sorprendente que los inversionistas extranjeros y transnacionales expresen su satisfacción frente a los gobiernos por esa feria de los recursos. Pero produce desconcierto que tales políticas puedan ser reivindicadas como un gran mérito por parte de quienes las llevan a cabo y provoca asombro que haya quienes desde la opinión pública las conviertan en expresión de sabiduría económica e incluso de talento negociador.
La infraestructura
Para esta “locomotora” se ha previsto una inversión de 32 billones de pesos durante el cuatrenio. En los próximos meses el gobierno sacará a licitación 19 proyectos. Parece ser un comienzo auspicioso. Sin embargo el optimismo se desvanece un tanto al observar que Colombia ocupa el último lugar en materia de vías de comunicación modernas entre los países similares por su extensión, el tamaño económico y número de habitantes.
Innovación sin educación
La magnitud de los recursos previstos para ser administrados por Colciencias no confirma que estemos ante un cambio que justifique hablar de otra “locomotora”. Los recursos nuevos se atan a una variable incierta como son las regalías.
Las políticas educativas tampoco van a ser de gran ayuda para la innovación, pues el gobierno se interesa sobre todo en ampliar la cobertura. En lo tocante a la educación superior ha brillado la intención de crear condiciones atractivas para la inversión de capitales nacionales y transnacionales. El aumento del presupuesto para las universidades públicas es mezquino: 1 por ciento en 2012, 2 por ciento en 2014 y 3 por ciento entre 2014 y 2019.
El punto medular de la reforma -las instituciones de educación superior con ánimo de lucro- fue descartado a raíz de las protestas de rectores, profesores y estudiantes; pero la ministra sigue tan campante.
Vivienda sin suelo
Quisiera compartir el optimismo del presidente Santos sobre la locomotora de la vivienda que “… avanza a todo vapor”, pues “… vamos enfilados hacia nuestra ambiciosa meta de construir un millón de viviendas en el cuatrenio”.
Ese optimismo parecería menos gratuito si su gobierno hubiera planteado la posibilidad de alguna suerte de reforma urbana que paliara la distribución irracional y especulativa de las tierras en las ciudades.
La salud
Por su figuración tan desatacada dentro de la agenda del gobierno Santos, este tema merece siquiera un breve comentario.
Los problemas del sector son por supuesto graves y de larga gestación. Ha quedado en evidencia que la inequidad y el pésimo funcionamiento del sistema no obedecen a la falta de recursos sino a la ineficiencia y a la corrupción; pero éstas no son fruto simplemente de la incompetencia técnica o la perversión humana, sino que vienen del propio diseño del sistema.
El enfoque oficial resulta entonces muy poco adecuado. El gobierno por un lado explota los escándalos con intención política y por el otro reitera que el sistema está bien diseñado. El argumento es de gran pobreza conceptual; dijo el ministro de la Protección Social con el tono de quien saca conclusiones muy sabias: “La Ley 100 creó un buen sistema y no tengo duda de que mejoró la salud en Colombia, especialmente en cobertura acceso y equidad. Pero creo que el sistema tomó un rumbo que no debió haber tomado, en el que dicho de manera coloquial se despelotó!” (Énfasis añadido)
¿Puede la lluvia afectar el teflón?
La ola invernal que tan severamente afectó al país debió ser aprovechada por el gobierno Santos para ofrecer soluciones de fondo. El invierno exigía un tratamiento mucho más ambicioso que la simple atención a los damnificados. El hecho de que estos alcanzaran una cifra cercana a los tres millones de personas marca la escala que habría debido tener la intervención.
Esto no ha sucedido Aquí de nuevo el tema crucial no es de recursos sino de política y de metodología de las respuestas. Aún hoy, cuando se espera una nueva avalancha de desastres se han ejecutado 5,4 de los 7,1 billones desembolsados -y no ciertamente por falta de víctimas.
Ya es hora de hacer un balance de las respuestas del Estado a las catástrofes que incorpore al menos los casos de Armero, el Eje Cafetero y el reciente invierno. Es hora de preguntarse si las cabezas de conglomerados empresariales y los banqueros son quienes deben recibir el encargo de dirigir la acción de la sociedad y del Estado en esos casos. En el caso de Colombia Humanitaria que es el organismo creado a raíz del pasado invierno reúne las fórmulas ya fracasadas: un banquero, Jorge Londoño como gran director, un gerente, Everardo Murillo quien ya había mostrado su incompetencia en el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, y una constelación de empedernidos clientelistas.
¿Y de la paz qué?
Es comprensible que el gobierno reitere que el tema de la paz requiere de celosa discreción. Pero una cosa es el orden de los contactos, las gestiones operativas, las exploraciones encaminadas a crear las condiciones de una posible negociación adelantadas por el Estado, y otra distinta es la necesidad y el deber que tiene la sociedad civil de discutir el complejo de la guerra y de la paz.
En este segundo campo no hay lugar para la reserva. Bien que Juan Manuel Santos quiera que se le llame el Presidente de la Paz, pero otra es la escala de preocupaciones y problemas si a la paz se la mira desde la perspectiva nacional y social. Hacia el público el presidente de la República no hace mucho cuando reitera todas las cosas que deben hacer las FARC y los pasos que deben de dar para que resulten convincentes sus invitaciones a la Paz. Hace falta saber cuáles son los esfuerzos que el Presidente y su gobierno están emprendiendo para poner en marcha una conjunto de reformas sociales que es preciso abordar no porque la insurgencia las demande sino que aparecen como inaplazables para un país al que le importa el crecimiento económico, pero por sobre todo, un proyecto histórico de desarrollo humano. La equidad, la redistribución del ingreso, la reforma tributaria progresista no deben dejarse como términos de un desprestigiado diccionario populista sino como puntos de una plataforma democrática.
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