El tema de la salud nos compete a todos. Un asunto tan importante no debe dejarse sólo en manos de los médicos, es un asunto técnico, pero también económico y socio-político y, sobre todo, una cuestión de vida o muerte.
Ajustes a un modelo fallido
Colombia lleva veinte años con un sistema de salud que ha dado muestras de sus limitaciones, de su imposibilidad de hacer más digna y agradable la vida, menos dura y dolorosa la enfermedad y más evitable y llevadera la muerte.
Ante su impotencia, se han hecho tres intentos por corregirlo:
· Mediante la Ley 1122 de 2007, que hace algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
· La emergencia social en salud en 2010, oportunamente frustrada.
· Mediante la ley 1438 2011, que nuevamente hace cambios al Sistema General de Seguridad Social.
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Como ninguno de los tres ha servido, los problemas siguen agravándose y el descontento lleva al desespero. Múltiples voces piden un cambio de fondo y han surgido algunas iniciativas que están en riesgo de perderse ahogadas por los enormes intereses económicos y políticos que están en juego, por el peso de quienes creen que la cuestión es de funcionamiento y flujo de recursos y, hay que decirlo, por el desinterés y la pasividad de millones de personas que deberían pasar de pacientes a impacientes y movilizarse y protestar.
Oportunidad perdida
La posibilidad de un cambio de fondo en la concepción y en el modelo de salud empezó a perderse con la reciente aprobación en el Congreso de de la Ley Estatutaria en Salud.
La nueva ley presenta seria limitaciones:
· En lugar de acoger los alcances reales del derecho a la salud lo reduce una vez más a la atención de las enfermedades.
· Deja las bases para mantener la salud como un negocio y no como un derecho – una ley con cara de derechos y alma de negocio, como lo he venido diciendo –, con todas las implicaciones negativas que esto tiene para el acceso real, la universalidad y la equidad. Mantiene el ánimo de lucro, la intermediación financiera y la corrupción en el sector y, como la cuestión es de plata, se erige en principio la sostenibilidad fiscal (artículo 6, literal i).
· A lo anterior se suman graves vicios de procedimiento, entre los cuales merece destacarse la falta de autonomía de los tres poderes del Estado, como se sigue de la intervención por parte del Ejecutivo a través de los ministros del Interior, Hacienda y Salud ante las Comisiones y Plenarias del Congreso. Asi mismo, la presión indebida ejercida sobre los parlamentarios por los agentes económicos que se han lucrando del negocio.
Colombia lleva veinte años con un sistema de salud que ha dado muestras de sus limitaciones, de su imposibilidad de hacer más digna y agradable la vida, menos dura y dolorosa la enfermedad y más evitable y llevadera la muerte.
Estos hechos socavan no sólo la legalidad sino también la legitimidad del proceso legislativo en salud. Es de esperarse que la Corte Constitucional se pronuncie pronto al respecto y con el rigor y la ecuanimidad que el tema amerita y el país demanda.
Proyecto regresivo
Además de la ley estatutaria, está en curso otra amenaza para la salud y la vida de los colombianos, aun peor: el Proyecto de Ley 2010 de 2013 presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, “por medio del cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
El ministerio se la está jugando a fondo con este proyecto que redefiniría los lineamientos generales del sistema de salud: los criterios y mecanismos de la atención de las enfermedades; el origen, destino y manejo de los recursos del sector; la naturaleza y funciones de las instituciones que intervienen en la gestión y en la prestación de los servicios; la formación de quienes trabajan en el sector, y los mecanismos de vigilancia y control.
En los 11 capítulos y 83 artículos del proyecto de ley se consolida el actual sistema de salud y los cambios que se hacen son fundamentalmente de forma o de nombre, no de fondo. Tres ejemplos ilustran lo anterior:
1. Se crean las gestoras de servicios de salud (GSS). Ante el descontento generalizado y fundamentado con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se crean estas organizaciones que son fundamentalmente lo mismo, pero con mayor poder (artículo 32), mejores garantías e incentivos (artículo 41) y sólido blindaje financiero (artículo 78).
Además de la ley estatutaria, está en curso otra amenaza para la salud y la vida de los colombianos, aun peor: el Proyecto de Ley 2010 de 2013.
2. Se reemplaza el Plan Obligatorio de Salud (POS), creado por la Ley 100 de 1993, por Mi Plan (capítulo IV del Proyecto en discusión). Este cambio empeora la situación, por cuanto los servicios que no estaban incluidos en el POS podían solicitarse mediante acciones de tutela y con el nuevo proyecto tendrán que demandarse ante el Consejo de Estado mediante un trámite que dura mínimo dos meses (artículo 18). El riesgo es un verdadero cheque en blanco: ¿qué se incluirá y qué se excluirá definitivamente de Mi-Plan?
3. Se reemplaza el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) por la Unidad de gestión-Salud Mía. La nueva entidad se encargará del manejo unificado de los recursos financieros del sistema; de administrar la afiliación; del recaudo de las cotizaciones, y de la administración del nuevo Fondo de Garantías para el Sector Salud. Lo que todos queremos es el derecho humano esencial a vivir bien y morir en paz, lo que nos ofrecen es un sistema en el que pagamos por la atención de la enfermedad y de ello se lucran las EPS y se lucrarán mañana las GSS.
Además de establecer cambios formales y ponerle nuevos nombres a lo que venía funcionando mal, el proyecto contiene otras medidas discutibles:
· Mantiene el ánimo de lucro y la intermediación financiera y siguen vigentes los copagos y las cuotas moderadoras (artículo 31).
· Se mantienen los regímenes contributivo y subsidiado (artículos 13 y 15), dándole continuidad a las inequidades en la atención.
· Se abre la posibilidad de que los Hospitales Universitarios ofrezcan programas de especialización médico-quirúrgicos de “manera autónoma” (artículo 52), lo que conduce al curioso invento de hospitales universitarios sin universidades, con el riesgo evidente de una caída drástica en la calidad de la formación de especialistas.
· El objetivo de la ley no es fortalecer el sector público ni la red pública hospitalaria nacional, los recursos para este fin sólo se asignarán si sobran después de financiar el aseguramiento en salud (artículo 16, literal h), es decir: nunca.
La nueva ley permite satisfacer los apetitos burocráticos de los poderes locales, regionales y nacionales.
· La ley se propone garantizar el negocio de la salud, lo cual se pone en evidencia en el capítulo de Inspección Vigilancia y Control (VIII del proyecto) dedicado casi en su totalidad a reglamentar hasta el más mínimo detalle las posibles intervenciones (tomas de posesión) a las EPS o GSS.
· En cuanto a la administración, la nueva ley permite satisfacer los apetitos burocráticos de los poderes locales, regionales y nacionales: los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado mantienen su condición de funcionarios de libre nombramiento y remoción (actual artículo 81): siguen siendo cuotas de poder y reparto burocrático.
Tarea urgente en un momento difícil
El país pasa por una coyuntura compleja y difícil y la salud no parece ser una prioridad.
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Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe. |
Como no sucedía desde hace varias décadas, Colombia acaba de ser, literalmente, sacudida por las protestas agrarias, hay múltiples conflictos sindicales, se anticipó el debate electoral y está subiendo el tono de las confrontaciones al ritmo de los cálculos y de los intereses partidistas. Como telón de fondo, siguen los diálogos entre el Gobierno y las FARC en La Habana.
No es un escenario fácil para la salud. No obstante, vale la pena un gran esfuerzo ciudadano por lograr una concepción, un ordenamiento y un sistema de salud acordes con los postulados de la salud como derecho y la aspiración general a un mejor bienestar que no esté reducido a la atención de las enfermedades. Se requiere un Estado garante de la prestación del servicio y una sociedad civil activa y deliberante.
Hay dos propuestas alternativas a la legislación vigente: frente a la Ley Estatutaria se han formulado dos proyectos (los Proyectos 105 y 112, Senado-2012) y otro como opción a la Ley Ordinaria (proyecto 233 Senado-2013). Estas propuestas son el resultado de iniciativas de diferentes sectores sociales, pero no han recibido atención suficiente.
Es necesario retomarlas, enriquecerlas y movilizar a la población para presionar su discusión en el Congreso. Solo con alternativas que permitan superar el sistema de salud vigente podemos evitar el reencauche del viejo modelo e impedir la aplicación de un remedio peor que la enfermedad.
* Médico, docente-investigador de las universidades Nacional de Colombia y Santo Tomás.
