Colombia, una democracia amenazada - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno Colombia, una democracia amenazada

Colombia, una democracia amenazada

Escrito por Jorge Bustamante

jorge bustamanteEsta  enumeración de los poderes políticos, presupuestales, territoriales y mediáticos que el Presidente Uribe ha concentrado en sus años de gobierno es la “prueba reina” de que nos acercamos a una democracia totalitaria.       

Jorge Bustamante*

Después de casi doscientos años de violencia ininterrumpida y de haber logrado construir una democracia precaria a un altísimo costo económico, político y social, Colombia está ad portas de caer en un totalitarismo con disfraz de democracia encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

La reelección indefinida

En efecto. Elegido por voto popular para el período constitucional 2002-2006, el presidente Uribe dispuso una reforma de la Carta que hizo posible su elección  para un  segundo período (2006-2010) y ahora pretende hacerse reelegir para un tercer período y eventualmente para un cuarto, tal como nos lo anunció en su segundo discurso de posesión: "En el debate democrático continuaremos en la construcción de la Visión del Segundo Centenario con miras al 7 de agosto de 2019. En Julio de 2010, en cuanto concluya el Gobierno que se inicia, evaluaremos las metas parciales que proponemos alcanzar"[1]. Las pruebas fehacientes de esta aspiración son el proyecto de referendo que haría posible su tercer período presidencial inmediato (2010- 2014) y los dos proyectos de Acto Legislativo presentados por la bancada oficialista y que otra vez modificarían el artículo 197 de la Constitución, el primero para permitir la reelección presidencial en el período 2010- 2014 y el segundo en el período 2014- 2018. Aunque los dos últimos proyectos fueron derrotados por el Parido Liberal con el apoyo del Polo Democrático, el referendo sigue su curso y nada impediría que el Presidente otra vez elegido auspiciara nuevas re-elecciones en el futuro.

Hacia el "totalitarismo democrático"  

Pero esa intención de perpetuarse en el poder no es la única expresión política de la libido imperandi del presidente Uribe. También se ha manifestado inequívocamente (1) Cuando ha desbordado el equilibrio entre las diferentes ramas del poder público y ha concentrado en él los poderes del Estado; (2) Cuando ha  concentrado el manejo de los recursos del estado y el presupuesto nacional; (3) Cuando ha centralizado y desbordado institucional y políticamente a las administraciones  departamentales y municipales; (4) Cuando ha debilitado y desinstitucionalizado a los partidos políticos, y cuando ha copado todos los espacios mediáticos, al mantenerse en campaña todos los días en sus ya siete años de ejercicio de la presidencia. El resultado de este proyecto autoritario ha sido el desborde institucional con sus secuelas de abusos de poder, escándalos  y choques con las instancias judiciales.  

Los procesos mencionados se analizarán en las notas que siguen, con el ánimo de invitar a la comunidad nacional e internacional a evitar que la plaga del "totalitarismo democrático" se tome el continente, como ha sido el caso de Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Argentina y Honduras bajo Zelaya,  y constituir una fuerza de opinión en defensa del sistema democrático y del Estado Social de Derecho.    

Interferencia en las otras ramas del poder y concentración de los poderes del Estado

La alta concentración del poder en cabeza de un presidente que cada cuatro años propicia el "cambio de un articulito" – el 197 de la Constitución Nacional- conducirá al país hacia una tiranía constitucional, teniendo en  cuenta que el cuerpo institucional, legal, político y de control acordado por los miembros de la Asamblea Constituyente en 1991, fue para períodos de gobierno de cuatro años y no de ocho, ni de doce o dieciséis.

Con la primera reelección presidencial (Acto Legislativo 02 de 2004) se desequilibró la arquitectura del sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público y también del consenso político. Con la segunda reelección, este sistema se reventaría totalmente.

La concentración del poder político, con la primera reelección inmediata del Presidente de la República, sin ajustes a la Constitución, permitió que éste pudiera intervenir en forma directa e indirecta en la conformación de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Televisión, del Consejo Superior de la Judicatura, de todas las Comisiones sectoriales de Regulación, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Hoy por hoy por ejemplo, el presidente Uribe terminará nombrando a todos los miembros de la Junta del Banco de la República, cuando según la intención de los constituyentes, sólo podría designar a dos.

El Presidente vulnera así la independencia de la Rama Jurisdiccional, la del Banco de República, que dirige la política monetaria, cambiaria y crediticia; la de la Comisión Nacional de Televisión; la de las comisiones sectoriales de regulación, al disminuir su autonomía; la del ministerio público y la de los órganos de control. Como si fuera poco, el presidente interviene activamente en la conformación de las directivas del Congreso.

Algunos de esos altos dignatarios tienen períodos de ocho o hasta de  doce años. Es decir, luego de su eventual salida en el 2010, el presidente Uribe seguirá teniendo una fuerte influencia en los años venideros.    

Por estas razones, el Partido Liberal presentó un proyecto de Acto Legislativo para  modificar quince artículos de la Constitución: 77,78, 126, 173, 189, 232, 239, 266, 267, 281, 346 y 372, como lo mínimo para buscar un equilibrio entre los poderes públicos, luego de haberse aprobado el Acto Legislativo 02 de 2004 y evitar así la concentración del poder en un sólo individuo. El proyecto fue apoyado por otras fuerzas políticas, pero fue hundido por el gobierno y su coalición política en el Congreso en la primera sesión de la Comisión primera del Senado.

Concentración del poder presupuestal

El manejo de los ingresos y gastos del Estado es por supuesto una palanca básica del poder y en estos siete años este poder se ha concentrado desmedidamente en cabeza del Presidente de la República, sin que la opinión lo haya advertido con claridad suficiente. Veamos por separado los subsidios, los impuestos y la financiación del exceso de gastos.  

Los subsidios

El  presidente Uribe ha propiciado diez reformas tributarias, con lo cual el sistema impositivo refleja más y más sus preferencias. Estas consisten en beneficiar a ciertos grupos económicos, así que la reforma tributaria propiamente dicha bajó el impuesto de renta del 35% al 33% al mismo tiempo que conservó y amplió las exenciones (zonas francas – del 33%  al  15%-, convenios de estabilidad tributaria a 20 años -del 15% al 9%-, descuento, en el impuesto de renta, del 40% de la inversión nueva en maquinaria y equipo, entre otras). Con estos descuentos, un empresario pasaría a pagar, no el 33%, sino, alrededor del 6% ¿Quién sostiene al Estado?

Por otra parte y con su programa "Agro, ingreso seguro", el gobierno de Uribe ha distribuido anualmente en forma directa 500 mil millones de pesos en subsidios a los exportadores agropecuarios desde el 2007, para compensar la pérdida de las exenciones establecidas en el ATPDEA, cuando éste aún está vigente hasta diciembre del 2009.

Los impuestos

Este gobierno del presidente Uribe estableció una sobretasa temporal del 1% sobre patrimonios superiores a 3.000 millones para financiar la seguridad democrática. Por otra parte sin embargo aumentó en 0.5% las cotizaciones sobre los salarios de los trabajadores con el propósito de atender el déficit del Fondo de pensiones, que en su diseño inicial debía ser financiado en forma tripartita: Estado, 25%; empresarios, 50% y trabajadores, 25%.

La financiación del gasto

El gobierno de Uribe ha adelantado el proceso de privatizaciones más grande en la historia del país: las del Banco Cafetero, el 10% de ECOPETROL en la primera etapa (se prepara la de otro 10%) las de 10 distribuidoras de energía, otro tramo accionario de ISA  e ISAGEN, las de la CHEC, CISA, TELECOM y ECOGAS, entre otras empresas del estado.  

También  este gobierno ha aprobado la mayor cuantía de "Vigencias Futuras" en la historia del país, como una forma de financiar proyectos de largo plazo, que atan el presupuesto de los futuros gobiernos (para el Metro de Medellín, durante 100 años; para Transmilenio hasta el 2016; para la compra de Biodiesel, hasta el 2017, y así en otros varios casos).

No menos, el gobierno central se apropió de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Durante 5 años no permitió que las entidades territoriales invirtieran los recursos acumulados ($3 billones, hasta el 2009)  de los cuales $1,3 billones fueron incorporados en el presupuesto nacional del 2009, para ser repartidos en los consejos comunales y el resto como presupuesto de los Ministerios de Transporte y Medio Ambiente.

En cuarto lugar el gobierno se gastó los recursos del Fondo de Ahorro y de Estabilización Petrolera (FAEP)- 1.600 millones de dólares de ahorro realizado durante períodos de altos precios del petróleo para estabilizar los precios internos de la gasolina. Luego creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Por otro lado el gobierno del presidente Uribe puso en cabeza de los departamentos y municipios un empréstito internacional de US$ 1.000 millones, a pesar de que les tenía retenidos $3 billones del Fondo Nacional de Regalías.  

Pese a todo lo anterior el gobierno en funciones no redujo la deuda de la Nación como porcentaje del Producto Interno Bruto. En medio del boom económico más grande de los últimos treinta años, la deuda interna y externa en el 2001 sumaban 38% del PIB, al igual que ahora. Es decir, en términos relativos lo mantuvo, pero en términos absolutos, lo ha aumentado.

Y como si esto fuera poco, el Gobierno Nacional Central generó un déficit fiscal de 4.0% del PIB en promedio en los últimos 5 años.

En conclusión, se ha gastado el pasado, el presente y el futuro patrimonial de la Nación y es la mayor concentración del presupuesto nacional en cabeza de un gobernante desde la Constitución de 1991. Como corolario y ante la imposibilidad de sostener esta inequidad impositiva, fiscal y social, ya se ha anunciado una nueva reforma tributaria que terminará por afectar a la diezmada clase media.

Concentración del poder territorial

El Gobierno de Uribe tramitó la reforma del Sistema General de Participaciones (artículos  356 y 357 de la Constitución) que entre el 2008 y el 2016 le sustraerá a los departamentos y municipios sesenta billones, en pesos constantes del 2006, lo que no es otra cosa que abortar el proceso de descentralización y autonomía territorial con la cual hemos estado comprometidos. ¿De qué sirve decir que Colombia es un Estado descentralizado si las entidades territoriales carecen de presupuesto de inversión y todo debe ser gestionado en Bogotá?

Por lo demás, en cada consejo comunitario semanal revienta el sistema de planeación territorial, pues con un solo día de decisiones se desconocen los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) los planes de desarrollo departamentales y los planes municipales que fueron aprobados por los ciudadanos.

Esto sin añadir que el ya dicho manejo del Fondo Nacional de Regalías ha llevado a que los mandatarios de las entidades territoriales se vean hoy obligados a solicitar cofinanciación para poder desarrollar las obras de inversión requeridas en sus regiones, en particular agua potable, saneamiento básico e infraestructura física.

Debilitamiento de los partidos políticos 

El presidente Uribe se opuso al proyecto de reforma política propuesto por el Partido Liberal, proyecto que luego se convirtió en el Acto Legislativo 01 de 2003. Esta reforma buscó fortalecer el sistema político colombiano con medidas como el umbral de 2% para la personería política de un partido, la consolidación de las bancadas o la prohibición de la doble militancia.

Pero desde antes y durante el transcurso de su primer gobierno el presidente propició la aparición, nada menos que de siete nuevos partidos o mini-partidos: la U, Cambio Radical, Colombia Democrática, Alas-Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva Apertura Liberal, casi todos escindidos del liberalismo. Y, además de cooptar al Partido Conservador, intentó tomarse o acabar al Partido Liberal tratando de absorber individualmente a sus miembros.

Afortunadamente, en los 7 años que lleva en ejercicio el presidente Uribe, no logró tomarse el liberalismo,  porque éste ha sido el más grande obstáculo frente a las aspiraciones de perpetuarse en el poder y desbordar las instituciones. El ex-presidente César Gaviria, como director del Partido Liberal, se ha convertido en  el más importante oponente para evitar que arrase con el partido, el Estado Social de Derecho, las instituciones y la arquitectura constitucional pactada en 1991. El Polo Democrático Alternativo también ha librado una importante batalla para evitar que el presidente Uribe y su coalición se lleven de calle las instituciones.

Sin embargo, con su presencia exagerada en los medios de comunicación audiovisuales y escritos de cobertura nacional, reforzada a través de permanentes entrevistas con los medios regionales o municipales y con los consejos comunitarios semanales a lo largo y ancho del país el Presidente Uribe se ha mantenido en campaña electoral ininterrumpida. Esta exagerada presencia política, institucional y mediática, acompañada de enormes recursos presupuestales, ha debilitado a los partidos en la oposición porque estos no tienen un grado de exposición comparable.

El desborde institucional

Basta mencionar las denuncias y procesos en curso ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación, de los vínculos del gobierno y de más de 68 congresistas de su coalición con la "parapolítica",  por haber participado ilegalmente en pactos electorales para presionar y coartar al ciudadano a votar en la elecciones por listas al congreso y a la presidencia.

Este grave escenario de imbricación entre funcionarios del alto gobierno y parte de la dirigencia paramilitar ha terminado por presentar un panorama lamentable, en particular con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) institución que depende directamente del Presidente, que tiene a sus últimos cuatro ex directores en la cárcel o en investigación judicial, al igual que una parte importante de sus mandos medios. También al Secretario General, al Jurídico, al jefe de Prensa de la Presidencia, a varios ministros y ex ministros de su Gabinete. No sobra mencionar, el escándalo de los "falsos positivos" que terminó involucrando a la alta jerarquía del Ejercito Nacional.

Estas investigaciones han generado un conflicto permanente entre el poder ejecutivo y el judicial, el cual se ha denominado "choque de trenes", que pone en evidencia el desborde institucional del ejecutivo, en la persecución, el espionaje tributario, el espionaje telefónico ("chuzadas") el seguimiento cotidiano a los miembros de los partidos de oposición, a los magistrados de las altas cortes, a los periodistas, a los dirigentes de las ONG´s y hasta a los altos funcionarios de su propio gobierno, sin orden judicial.

Es decir, el ejecutivo ha intentado coartar el cumplimiento de las funciones de los altos jueces y evitar el ejercicio pleno de las libertades políticas a los miembros de los partidos de oposición, al igual que ha hostigado a importantes directivos de los medios de comunicación. No hay "choque de trenes" entre las ramas del poder público como se quiere hacer aparecer ante la opinión pública y ante el mundo. Hay desborde institucional del poder ejecutivo sobre el judicial y una enorme presión sobre el legislativo para tramitar a como dé lugar el proyecto de ley del referendo para la segunda reelección del Presidente Uribe.

En conclusión, el presidente Uribe está resquebrajando la arquitectura de la precaria democracia colombiana acordada en la Constitución de 1991 que estableció un Estado Social de Derecho y propiciando una "democracia totalitaria", a la cual nos debemos oponer los demócratas.

 

* Politólogo y economista, ex Director de Planeación Distrital,  ex Gerente de la ANDI en Bogotá, ex Gerente General de ISA, profesor universitario,  consultor internacional, columnista de varios medios y Director Nacional del Instituto de Pensamiento Liberal.

 

Nota de pie de página


[1] Presidencia de la República, Secretaría de Prensa,  Discurso del Dr. Álvaro Uribe Vélez en la Ceremonia de Posesión como Presidente de la República de Colombia para el Período Constitucional 2006-2010 Agosto 7 de 2006, en  http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/detalleNota1.aspx?id=6296

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies