¿Son suficientemente fuertes las razones que han empezado a invocarse para desestimar el plebiscito del 2 de octubre? ¿A qué otras opciones legales podríamos acudir para salir de esta encrucijada?
Jorge Bustamante Roldán*
“Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”
J.F. Kennedy
Contra todos los pronósticos
Los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre fueron preocupantes porque pusieron en evidencia la ruptura entre los partidos políticos y los ciudadanos, así como entre estos últimos y el gobierno. Además, se pudo percibir la escasa capacidad de convocatoria de los gobiernos municipales, de los departamentales y del nacional.
Todo esto se demuestra con las cifras. Del potencial electoral (34.889.945 votantes):
- El 62,6 por ciento se abstuvo,
- El 18,5 por ciento dijo No,
- El restante 18,1 por ciento dijo Sí,
- Y el 0,07 fueron votos inválidos.
Este resultado contrarió todos los pronósticos de las encuestas que, en promedio, vaticinaban un 68 por ciento por el Sí y un 32 por ciento por el No.
Lo que se dio el 2 de octubre fue una ruptura institucional de grandes proporciones que el país no ha terminado de asimilar.
Lo que se dio el 2 de octubre fue una ruptura institucional de grandes proporciones que el país no ha terminado de asimilar. Ese día los electores mostraron su escepticismo sobre las bondades del “Acuerdo Final” de paz, a pesar de:
- La enorme campaña de publicidad y propaganda del gobierno;
- La intimidación permanente con el discurso de que si no ganaba el Sí volveríamos a la guerra en las ciudades;
- La mermelada presupuestal;
- La burocracia;
- La campaña mediática internacional;
- La presión sobre los medios de comunicación, los gremios y la academia; y
- Haber logrado aglutinar en torno al Sí a 11 partidos o fuerzas políticas.
Después del resultado el gran desafío es articular un proceso de paz que sea de Estado y no sólo de gobierno, y en el cual esté representado el país en su conjunto y no sólo una parte (como sucedió durante los casi seis años de negociaciones).
El gran desafío es articular un proceso de paz que sea de Estado y no sólo de gobierno.
Para lograr esto el presidente Santos debería centralizar una sola vocería con declaraciones y decisiones bien sopesadas, pues demasiados interlocutores (como los que han intervenido en estas semanas) dan una señal caótica y errática.
¿Conejo al plebiscito?
 Firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Foto: Presidencia de la República |
También es posible que esta dispersión corresponda a una estrategia global para hacerle “conejo” a los resultados del plebiscito, como algunos ya están empezando a denunciar. Al parecer, se han empezado a aducir algunas razones para desconocer los resultados del 2 de octubre:
- Que hay que repetir el plebiscito en algunos municipios por el efecto del huracán Matthew;
- Que se debe repetir el plebiscito en su totalidad porque hubo una campaña engañosa;
- Que se debe tramitar una ley para dejar en firme el Acuerdo;
- Que sólo se le harán “ajustes” al Acuerdo y que éste está en firme por ser un Acuerdo Especial (como dijeron Timochenko y Enrique Santiago), lo cual va en contravía de lo que respondió el gobierno suizo y de los prerrequisitos exigidos por las normas nacionales e internacionales;
- Que las demandas en curso ante la Corte Constitucional pueden tumbar los resultados del plebiscito porque se violaron algunas exigencias del Acto Legislativo 1 de 2016;
- Que las movilizaciones y marchas por la paz tienen un peso mayor que los resultados del plebiscito;
- Que no se puede tocar “la columna vertebral del Acuerdo” (Santos),
- Que sólo se pueden hacer “ajustes y precisiones” (declaración conjunta de Humberto de la Calle e Iván Márquez luego de conocerse el resultado);
- Que “no se pueden presentar propuestas imposibles” (Santos);
- Que se introdujo otro jugador después del anuncio del inicio de las negociaciones con el ELN (y subsidiariamente con las bacrim), en un proyecto de “paz completa” (Santos);
- Que el respaldo de 400 empresarios y dirigentes gremiales a la paz obliga a repensar las cosas.
Con todo esto, ¿se está intentando diluir el resultado del plebiscito? Una parte del gobierno, la dirigencia de los partidos políticos, los gremios, la academia y los ciudadanos, ante la sorpresa del resultado negativo de la votación, pretenden pasar por alto las consecuencias derivadas del resultado.
Una situación delicada
Sin embargo, el Acuerdo ya no existe jurídicamente. Humberto de la Calle lo había dicho en la Universidad de los Andes: “Si gana el No, no hay Acuerdo”. Este momento no está pues para decir mentiras o “cañar”, pues el ambiente político está particularmente sensible.
Timochenko dejó en el aire la pregunta de si la guerra seguiría después del 1 de noviembre, tras la declaración del presidente Santos según la cual el 31 de octubre terminaría el cese al fuego bilateral y definitivo. Sin embargo, después anunció que el cese se podría prorrogar, como efectivamente se hizo hasta el 31 de diciembre.
El triunfo del No y esta última declaración llevaron:
- A Venezuela a militarizar la frontera;
- A las FARC a ordenar que las tropas se atrincheraran en un lugar seguro;
- Al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a llamar al expresidente Uribe para que continuara con una actitud proactiva y de colaboración con el gobierno en la búsqueda de la paz;
- A Noruega a decidirse a otorgarle el Premio Nobel de Paz al presidente Santos; y
- A los seguidores del Sí y del No (y a los abstencionistas) a marchar por la paz.
Igualmente, organizaciones estudiantiles, de indígenas, de víctimas, de campesinos, de artistas y de cristianos, entre otros, han impulsado movilizaciones callejeras con el fin de presionar el logro de la paz con el lema “Acuerdo ya” (aunque la negociación se demoró casi 6 años).
Creo que este tipo de actividades están muy bien como una expresión colectiva del deseo de lograr la paz, pero, como se sabe, el manejo de multitudes es una de las expresiones más complejas en el mundo de la política, en particular cuando no existe un fuerte liderazgo entre sus orientadores. Uno sabe cuándo comienza la movilización de masas pero no se sabe dónde termina.
Los errores del gobierno
 Director del Instituto Nobel, Olav Njolstad, junto a Juan Manuel Santos en conmemoración por el premio Nobel de Paz. Foto: Presidencia de la República |
El gobierno intentó presionar al votante del plebiscito con una divulgación parcializada y sesgada del Acuerdo que acabó por ser contraproducente. Se puede decir que prácticamente se quería aprobarlo a espaldas del país.
Pocas personas leyeron el Acuerdo y aún menos personas comprendieron su alcance y sus consecuencias institucionales, constitucionales, presupuestales, legales y políticas. Afortunadamente, algunos comités y fuerzas políticas lograron advertir sobre buena parte de sus implicaciones.
La ciudadanía percibió que, si se hubiera aprobado el Acuerdo Final, habríamos tenido una para-constitución por encima de la Constitución del 91, como se puede interpretar a la luz del artículo transitorio del Acto Legislativo 1 de 2016 que, además, no tenía vigencia en el tiempo, es decir, era indefinido.
Incluir el Acuerdo en el bloque de constitucionalidad habría traído grandes problemas de gobernabilidad. Por ejemplo, en la Rama jurisdiccional, con el Tribunal Especial de Paz, se habría arrasado con la Fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, en parte con la Corte Constitucional y se hubieran reabierto los fallos judiciales asociados con el conflicto armado.
Por eso es muy importante implementar, en medio de estas negociaciones, la justicia transicional, pero no con un nuevo aparato judicial. En este modelo terminaban eximidos de pena o castigo los delitos de lesa humanidad, tanto los de la guerrilla como los de las Fuerzas Armadas (falsos positivos), pues se rompía en el AF la cadena de mando.
Gran parte del contenido del Acuerdo se podía implementar con la legislación existente.
Además, gran parte del contenido del Acuerdo se podía implementar con la legislación existente o a través de modificaciones relativamente fáciles de la ley o las normas vigentes.
El problema de la plata
El establecimiento de “presupuestos plurianuales” para la ejecución de lo pactado también puede traer complicaciones fiscales insospechadas, como está sucediendo con la aprobación masiva de vigencias futuras de la contratación de las vías de cuarta generación.
En otras palabras, con la institucionalización de presupuestos plurianuales, un gobierno podría dejar comprometidos recursos para varios gobiernos futuros (la norma dice que por 20 años). Y el actual gobierno ya lo está haciendo.
El gobierno tampoco mostró claridad sobre el costo fiscal anual de lo que estaba firmando. Las estimaciones de Fedesarrollo, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y de la Universidad de los Andes, entre otros, dicen que este costo estaría entre el 1 y 2,2 por ciento del PIB, esto es, entre 9 y 20 billones de pesos anuales.
Este resultado depende del ritmo de ejecución de la inversión con el cual se adelantaron los diferentes estudios. ¿La reforma tributaría estará calculada para cubrir esos compromisos o para cubrir los faltantes del déficit fiscal que ya casi sobrepasan los límites de lo establecido por la regla fiscal? ¿O se diseñó para ambos?
En medio de estas negociaciones ningún actor político o social (menos el gobierno) debería jugar con el temor, la intimidación, la venganza, la división y la desinformación como herramientas para la manipulación política en la búsqueda y consecución del objetivo de la paz.
Al parecer, se empieza a abrir paso una asamblea nacional constituyente ante todos estos síntomas de ruptura del sistema político.
* Politólogo y economista, ex Director de Planeación Distrital, ex Gerente de la ANDI en Bogotá, ex Gerente General de ISA, profesor universitario, consultor internacional, columnista de varios medios y Director Nacional del Instituto de Pensamiento Liberal.
