¿Puede Colombia endurecer su política de seguridad sin repetir los errores del pasado?

La pregunta decisiva no es cuánta fuerza utilizará el Estado, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué mecanismos de rendición de cuentas ejercerá esa fuerza. Ignorar las lecciones acumuladas por la justicia transicional no fortalecería al Estado, lo expondría a repetir errores demasiado costosos para las comunidades, las regiones y la democracia colombiana.

El punto de partida: seguridad, promesas y riesgos

Todo gobierno que llega al poder en Colombia trae consigo una nueva promesa para enfrentar la violencia. El nuevo gobierno no es la excepción. Su propuesta de seguridad parte de una apuesta ambiciosa: recuperar rápidamente el control territorial, intensificar las operaciones militares, reanudar los bombardeos contra estructuras armadas, poner fin a la política de Paz Total y reducir significativamente la violencia.  A su vez, durante la campaña también se planteó revisar la relación de Colombia con algunos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, especialmente dentro del sistema interamericano.

No es una propuesta inesperada. Después de años de deterioro del orden público en regiones como el Catatumbo, el sur de Cauca, Chocó y el Pacífico, una parte importante de la sociedad reclama una respuesta más contundente por parte del Estado. Por lo cual, la pregunta que merece tanta atención como las promesas de recuperar la seguridad es: ¿Cómo evitar que una política más agresiva termine reproduciendo errores que el país ya pagó demasiado caros?

La política de Paz Total deja, en efecto, un balance discutible. Varias negociaciones avanzaron con dificultad, algunos grupos aprovecharon los ceses al fuego para fortalecer su presencia territorial y numerosas regiones continuaron conviviendo con altos niveles de violencia. Negar esas limitaciones sería desconocer una realidad ampliamente documentada. Pero reconocer ese fracaso tampoco significa que una estrategia basada en un mayor uso de la fuerza vaya a producir, por sí sola, mejores resultados.

Las lecciones de la Seguridad Democrática

Colombia ya recorrió un camino similar a comienzos de este siglo. La política de Seguridad Democrática permitió recuperar corredores estratégicos, reducir los secuestros y debilitar militarmente a las FARC. Esos resultados forman parte de la historia reciente del país y sería un error ignorarlos. Sin embargo, ese mismo período coincidió con una de las mayores crisis de derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz investiga un universo superior a 6.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2008, mientras que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad explicó cómo la presión por mostrar resultados operacionales, medida principalmente en bajas y capturas, junto con la debilidad de los mecanismos de control, creó condiciones que facilitaron la comisión de esos crímenes.

Sería un error concluir que estos antecedentes obligan al Estado a renunciar al uso legítimo de la fuerza. Ningún Estado democrático puede hacerlo frente a organizaciones que controlan territorios, extorsionan comunidades, reclutan menores y financian sus actividades mediante economías ilícitas. El aprendizaje central es otro: cuando la presión política por obtener resultados rápidos supera la capacidad institucional para supervisar cómo se alcanzan esos resultados, aumenta el riesgo de que los incentivos operacionales terminen desplazando los controles jurídicos e institucionales.

Ese riesgo merece especial atención cuando una política de seguridad combina metas ambiciosas, una ofensiva militar más intensa y mayores garantías para quienes ejecutan las operaciones. El problema no reside en cada una de esas decisiones consideradas aisladamente. Surge cuando esa combinación reduce los incentivos para la supervisión independiente, privilegia los resultados inmediatos por encima de la forma de obtenerlos y debilita los mecanismos de rendición de cuentas. La historia colombiana demuestra que las violaciones más graves no se produjeron únicamente por el uso de la fuerza, sino por la forma como el Estado organizó, evaluó y controló ese uso.

Supervisión, derechos humanos y rendición de cuentas

Además, hay un debate menos visible, pero igual de importante. Durante la campaña se cuestionó el papel de algunos organismos internacionales de derechos humanos y se planteó revisar la relación de Colombia con dichos organismos. Más allá de las decisiones que finalmente adopte el nuevo gobierno, la discusión merece atención porque esos organismos han cumplido históricamente una función complementaria de supervisión y seguimiento. Durante décadas, estos mecanismos han complementado el sistema interno mediante la observación, la verificación, la formulación de recomendaciones y el seguimiento internacional, especialmente cuando la respuesta nacional ha sido insuficiente o tardía.

En distintas etapas del conflicto colombiano, el sistema interamericano y los mecanismos de Naciones Unidas contribuyeron a documentar, brindar asistencia técnica en casos especiales de violaciones de DD. HH. y DIH, formular recomendaciones y mantener la atención internacional sobre situaciones que las instituciones nacionales se demoraron décadas en esclarecer. Debilitar esa interlocución precisamente cuando el nuevo gobierno anuncia una política de seguridad más intensa supone, como mínimo, una decisión que merece un debate amplio y bien informado.

Un conflicto más fragmentado y difícil de controlar

Hay, además, una diferencia fundamental entre el conflicto de hace dos décadas y el actual: el discurso de la “guerra frontal” tiende a simplificarse. En 2002, las FARC constituían una organización con un mando relativamente unificado y objetivos políticos claramente identificables. Hoy el panorama está fragmentado entre disidencias con dinámicas regionales propias, el ELN, el Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra y múltiples redes asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a otras economías ilícitas. En muchos territorios estos actores cooperan temporalmente, compiten entre sí o se reemplazan según las oportunidades económicas y el control de corredores estratégicos.

En ese contexto, una ofensiva militar puede debilitar a una organización específica sin abordar las condiciones que permiten que otra ocupe rápidamente el territorio que aquella abandona. Colombia ha observado este fenómeno en distintas regiones en los últimos años. Por eso, la promesa de recuperar rápidamente el control territorial debe analizarse con cautela. No porque el objetivo sea equivocado, sino porque el control territorial nunca ha dependido únicamente de la capacidad militar. También exige jueces, fiscales, autoridades civiles, infraestructura, servicios públicos y oportunidades económicas que permitan consolidar de manera permanente la presencia del Estado.

La justicia transicional como memoria institucional

Sin embargo, el aprendizaje institucional del país no comienza ni termina con los llamados “falsos positivos”. En los últimos veinte años, Colombia construyó una arquitectura de justicia transicional que incluye la Ley de Justicia y Paz; la Ley de Víctimas; el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; la Comisión de la Verdad; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz. Más allá de las diferencias políticas que estas instituciones suscitan, todas comparten un mismo propósito: comprender por qué fue posible que el conflicto produjera violaciones masivas de derechos humanos y cómo evitar que esas condiciones se repitan.

Con frecuencia, la justicia transicional se entiende únicamente como un mecanismo para investigar el pasado o reparar a las víctimas. Esa visión resulta incompleta. También representa una reforma institucional del Estado colombiano. Sus informes, decisiones y recomendaciones no solo reconstruyen hechos históricos; también ofrecen información sobre las fallas de coordinación, los vacíos de control, los incentivos perversos y las debilidades institucionales que permitieron la repetición de graves violaciones. En otras palabras, constituyen un insumo para diseñar mejores políticas públicas.

Por eso la memoria institucional del conflicto no debería tratarse como un capítulo cerrado ni como un asunto reservado a los tribunales. Ignorar las lecciones aprendidas de la justicia transicional significaría desaprovechar el mayor esfuerzo realizado por el Estado y la sociedad colombiana para comprender las causas del conflicto y los errores cometidos en su conducción. Una nueva política de seguridad no debería construirse al margen de ese conocimiento, sino precisamente a partir de él.

Seguridad y derechos: una falsa disyuntiva

La discusión pública tampoco debería plantearse como una disyuntiva entre la seguridad y los derechos humanos. Una política de seguridad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos termina por erosionar la legitimidad del Estado, debilitar la confianza de las comunidades y reducir la cooperación ciudadana, elementos indispensables para enfrentar organizaciones armadas cada vez más fragmentadas y adaptables. Del mismo modo, una política de derechos humanos que ignore la obligación estatal de proteger de manera efectiva a la población frente a la violencia tampoco responde a las responsabilidades básicas de un Estado democrático.

El desafío consiste en hacer compatibles ambos objetivos. Ello implica fortalecer la inteligencia estratégica, establecer controles efectivos sobre las operaciones de mayor impacto humanitario, preservar la cooperación con los mecanismos nacionales e internacionales de supervisión e incorporar las lecciones derivadas de la justicia transicional en el diseño de la política de seguridad. No se trata de limitar la capacidad del Estado para actuar, sino de asegurar que esa capacidad se ejerza dentro de un marco de legalidad que fortalezca (y no debilite) su legitimidad.

Una política eficaz que aprenda del pasado

Colombia tiene, una vez más, la oportunidad de redefinir su política de seguridad. Es legítimo que un nuevo gobierno proponga cambios ante una estrategia que considera insuficiente, y también es legítimo que la ciudadanía exija resultados ante el deterioro del orden público. Lo que no debería perderse de vista es que el país ya pagó un costo demasiado alto por adoptar políticas centradas exclusivamente en resultados inmediatos y por relegar los mecanismos de control a un papel secundario.

La pregunta decisiva para los próximos años no es cuánta fuerza utilizará el Estado, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué mecanismos de rendición de cuentas ejercerá esa fuerza. Colombia necesita una política de seguridad eficaz, pero también una capaz de aprender de su propia historia. La fortaleza de un Estado democrático no se mide únicamente por su capacidad para derrotar a quienes lo desafían, sino también por hacerlo sin renunciar a los principios que legitiman el uso de la fuerza. Ignorar las lecciones acumuladas por la justicia transicional no fortalecería al Estado; lo expondría, una vez más, al riesgo de repetir errores que ya demostraron ser demasiado costosos para las comunidades, las regiones y la democracia colombiana.

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