¿Qué está pasando con el contexto de seguridad en el país?

No son hechos aislados, es la manifestación de un escenario de violencia más fragmentado y territorializado.

En las últimas dos semanas, el país ha registrado nuevos atentados y hechos violentos dirigidos contra la población civil y contra la fuerza pública, que siguen mostrando la evolución de las dinámicas de la violencia armada y de los repertorios de violencia –o de las prácticas y patrones– utilizados por los diferentes grupos que operan en el territorio nacional. La lectura que se dé a cada hecho individual puede ser muy variada, en parte por la ubicación geográfica de cada uno, por el actor detrás de cada hecho, o por el objetivo político o criminal que se esperaba alcanzar, más aún en un contexto de año electoral. Pero lo que no se puede perder de vista es que no se deben tomar como hechos aislados o desconectados, sino que, por el contrario, representan una evidencia más de lo que algunos han denominado un nuevo ciclo de violencia en el país.

Distintos atentados en distintas regiones

El primer hecho ocurrió en la ciudad de Cali; un atentado dirigido a la base área Marco Fidel Suárez que, aunque pudo tener como principal objetivo la base aérea, cobró las vidas de seis civiles y dejó varias decenas heridos. Este hecho, presuntamente perpetrado por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, es uno más de una serie de atentados ocurridos en el suroccidente del país en los últimos meses.

Luego tuvo lugar el ataque que sufrió un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, donde trece uniformados perdieron la vida tras el derribo de la aeronave. A diferencia de lo acontecido en Cali, este ataque ocurrió lejos del suroccidente del país -donde la estructura Jaime Martínez mantiene un fuerte control–, se dio en medio de enfrentamientos entra la fuerza pública y grupos criminales, y el frente Darío Ramírez Castro, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se atribuyó públicamente el hecho.

Días después, 33 uniformados de las Fuerzas Militares de Colombia fueron retenidos en El Retorno, Guaviare, por parte de miembros de la comunidad presuntamente presionados grupos armados ilegales. La comunidad exigía que se investigaran un homicidio y un robo, y retuvo a los uniformados hasta que miembros de la alcaldía, de la gobernación, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Defensa hicieron presencia para adelantar la investigación. Sin embargo, el grupo de uniformados regresaba de una operación que permitió la neutralización de alias Dumar, un alto mando del frente 44 Antonio Ricaurte del Estado Mayor Central. Nuevamente, la ubicación de la retención y el actor que pudo estar detrás de la instrumentalización de la comunidad varían considerablemente en comparación a los casos anteriores.

Y lamentablemente, esta vez en zona rural de Villagarzón, Putumayo, el 3 de septiembre un subteniente y un soldado que estaban adelantado tareas de lucha contra el narcotráfico, específicamente la destrucción de un laboratorio de producción de cocaína, fueron atacados con gasolina por parte de miembros de la comunidad donde adelantaban su operación. De nuevo, estamos frente a un hecho que ocurrió en una zona diferente del país y donde, según información de inteligencia militar, serían los Comandos de Frontera los que estarían detrás de la instigación a la comunidad.

Un ciclo de violencia fragmentado y territorializado

Estos cuatro ataques no son aislados; por el contrario, son hechos violentos que ejemplifican la dinámica de violencia que se ha ido configurando recientemente en el país y que requiere una rápida adaptación por parte de las autoridades nacionales y locales para hacerle frente. No estamos en el mismo escenario que estábamos antes de 2016, y nos ha costado entenderlo.

Ahora bien, no son hechos aislados, pero tampoco son acciones planeadas y ejecutadas de manera articulada y sistemática a nivel nacional. Precisamente eso es lo que ha cambiado en el contexto de violencia del país. Las acciones violentas tienen un carácter y un alcance cada vez más territorializados. Y, al mismo tiempo, esas acciones se han intensificado por el surgimiento o la aparición de nuevos grupos, nuevos actores o nuevas fragmentaciones o divisiones de grupos que se creían consolidados, lo que hace aún más complejo el escenario, ya que esos procesos tienden a estar cargados de mayor violencia, venganza y retaliación.

Focalizar la mirada analítica a los hechos violentos, con un carácter regional, es vital para comprender cabalmente la coyuntura violenta actual. Los cuatros hechos aquí resaltados no son los únicos que han ocurrido en las últimas semanas, pero sí son, tal vez, los que más divulgación han tenido y los que más atención han recibido. Hoy, más que nunca, es urgente identificar y comprender esos repertorios de violencia limitados a unas fronteras subnacionales específicas, para poder enfrentar exitosamente las diversas amenazas que vive la sociedad colombiana.

Negociaciones débiles y retos para la fuerza pública

En ese difícil camino, las loables, pero poco efectivas, iniciativas de acercamiento con los diferentes actores ilegales no han hecho sino acentuar ese nuevo ciclo de violencia. Los ceses al fuego bilaterales, las mesas de negociación territorializadas y las conversaciones socio-jurídicas no han logrado disminuir la violencia en el país, entre otras cosas, porque han promovido, en la mayoría de las ocasiones de manera indirecta, esa continua ruptura o fragmentación interna en los grupos armados ilegales. Las frecuentes suspensiones de ceses al fuego parciales con un mismo grupo, delimitadas a algunas regiones o departamentos, y la instalación de mesas paralelas con un mismo actor, pero en diferentes regiones, son muestra de ello.

La división interna y la fragmentación de grupos armados es lo que alimenta el actual ciclo de violencia del país. Negociar y cimentar el camino a procesos de sometimiento a la justicia, en esas condiciones, es una tarea cada vez más difícil, pero no por ello imposible y no se debe descartar. La fuerza pública debe mantener su paso firme y sostenido contra todos esos focos de violencia, dando prioridad y focalizando sus operaciones con un carácter aún más regionalizado, y sobre todo innovando en sus repertorios de intervenciones eficaces y procesos de producción de inteligencia, para así poder garantizar el bienestar de todos los colombianos. 

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