El proyecto de la Paz Total es ambicioso y puede fracasar si no se ejecuta de manera cuidadosa. Hasta el momento, el gobierno deja más incertidumbres que certezas sobre la ejecución de su política de paz.
Andrés Macías Tolosa*
Una decisión en marcha
Gustavo Petro ha intentado consolidar la Paz Total como uno de los ejes de su administración, formalizando una política de Estado que de pleno cumplimiento al artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
La reanudación de las negociaciones con el ELN, los anuncios de los acuerdos de cese bilateral de hostilidades con algunos grupos armados ilegales y el nuevo proyecto de ley de Aceptación de Responsabilidad Penal que será radicado en el Congreso este mes muestran el interés del gobierno en avanzar lo más rápido posible en ese camino hacia la Paz Total.
Pero, igual que toda iniciativa de paz, de reducir la violencia y fomentar la convivencia entre los ciudadanos, la “paz total” corre el riesgo de quedarse en el discurso y en las buenas intenciones. Cuando eso ocurre, la iniciativa acaba siendo insostenible en el mediano y largo plazo e, inclusive puede implicar incentivos negativos que promueven el reciclaje de organizaciones delincuenciales y el crecimiento de las economías criminales.
Por eso y sin obstar la premura del gobierno, sería importante recordar algunos de los elementos que imponen límites directos e indirectos a esa aspiración de paz total.
Una paz coja
No es posible hablar de paz sin tener unos lineamientos claros en materia de seguridad, más aún en un país con los niveles de violencia de Colombia.
El gobierno nacional llegó en agosto de 2022 con la intención de ejecutar el concepto de Seguridad Humana como el eje central de su plan de gobierno y específicamente de su iniciativa de paz. Pero hasta el momento, siete meses después de haberse posesionado, el gobierno no ha formulado su política nacional de seguridad.
Pero, igual que toda iniciativa de paz, de reducir la violencia y fomentar la convivencia entre los ciudadanos, la “paz total” corre el riesgo de quedarse en el discurso y en las buenas intenciones. Cuando eso ocurre, la iniciativa acaba siendo insostenible en el mediano y largo plazo e, inclusive puede implicar incentivos negativos que promueven el reciclaje de organizaciones delincuenciales y el crecimiento de las economías criminales.
El presidente y el ministro de defensa han planteado algunas estrategias al respecto, pero no hay todavía una política nacional de seguridad y defensa ni una política nacional de convivencia ciudadana que permitan entender cómo pretenden poner en marcha de manera integral ese concepto de Seguridad Humana en los territorios.
De hecho, para que se pueda hablar de Paz Total y de Seguridad Humana en Colombia, es vital que las políticas de seguridad del orden nacional y del orden local estén estrechamente articuladas. Para esto a su vez es esencial el concurso de las autoridades territoriales en la organización de las iniciativas nacionales, con el fin de que brinden una visión real de las necesidades y dificultades de seguridad de sus regiones.
El papel de las víctimas
Uno de los eslabones más importantes de toda iniciativa de paz es el reconocimiento de las víctimas, su derecho a la verdad, a la reparación, a gozar de garantías de no repetición y a que se imparta justicia contra sus victimarios.
Colombia ha avanzado mucho en ese sentido, especialmente después del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las FARC-EP y que llevó a la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Pero el anuncio de la Paz Total, y especialmente el de los acercamientos con grupos armados organizados dedicados a crímenes de alto efecto, que pueden llevar a su sometimiento a la justicia, deja una gran incertidumbre sobre el papel que tendrán las víctimas en medio de ese proceso.
Aún no hay claridad sobre los mecanismos de ese sometimiento a la justicia, ni sobre cómo se lograrán identificar las víctimas de esas organizaciones criminales. Es posible y deseable que eso haga parte fundamental del proyecto de ley que se presentará al Congreso.
Pero lo que no puede pasar es que, en aras de acelerar el camino hacia la Paz Total, se retroceda en los estándares y lineamientos que ya se han alcanzado frente a los derechos de las víctimas y, para eso, las víctimas deben estar en el centro de la discusión.
La fuerza pública en el marco de la Paz Total
La salida de varios generales del servicio tan pronto comenzó el mandato del presidente Petro marcó una clara intención por parte del gobierno de incidir rápidamente en la organización de la fuerza pública y de facilitar la incorporación del concepto de Seguridad Humana en su doctrina.
Sin embargo, la ausencia de una política nacional de seguridad, además de lo ya dicho, impide que se tenga certeza sobre el papel que se espera de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el camino hacia la Paz Total.
Esta incertidumbre se volvió importante tras el anuncio de los acuerdos de cese bilateral de hostilidades con algunos grupos armados ilegales en torno a las limitaciones que podría tener la fuerza pública para cumplir su misión constitucional. Aunque los anuncios posteriores del gobierno nacional quisieron dar tranquilidad, la confusión en su momento fue obvia.
Esas situaciones de incertidumbre no pueden ocurrir para que la Paz Total sea sostenible. Los lineamientos de la fuerza pública deben ser siempre claros y contundentes con el fin de mejorar la moral y la disposición para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, así como la soberanía del territorio nacional bajo el marco de la Seguridad Humana, como es el deseo del gobierno actual.
La Paz Total en medio de la violencia y las rentas criminales
La Paz Total no se puede limitar al desmantelamiento de grupos armados ilegales. Ese es un primer paso, y uno fundamental. Pero en el marco de la Paz Total, las negociaciones con el ELN y los acercamientos con los demás grupos criminales tendrían que llevar a intervenir las economías criminales que esas organizaciones controlan hoy en día.
Esas situaciones de incertidumbre no pueden ocurrir para que la Paz Total sea sostenible. Los lineamientos de la fuerza pública deben ser siempre claros y contundentes con el fin de mejorar la moral y la disposición para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, así como la soberanía del territorio nacional bajo el marco de la Seguridad Humana, como es el deseo del gobierno actual.
Si ese no es el propósito central de los esfuerzos del gobierno nacional, la estrategia detrás de la Paz Total no sería sostenible. No obstante, un interrogante salta a la vista: ¿qué tan dispuestos estás esos grupos a dejar de lado esas rentas ilegales que reciben hoy en día?
La respuesta a esa pregunta tiene un efecto directo sobre las condiciones de seguridad de las regiones más afectadas por la violencia en el país. Y con eso en mente, el gobierno nacional, el Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación no deben estar en orillas opuestas.
Sólo así se puede lograr que la sociedad colombiana apoye y respalde en su mayoría el diálogo y los acercamientos con grupos armados ilegales. Esta es la única vía para que la Paz Total tenga futuro.
