Reformas sociales: claridad sobre recursos y presupuesto

Avanzar en reformas sociales exige recursos bien gestionados y un presupuesto que refleje su importancia para garantizar los derechos de todos.

Cuentas alegres del gobierno sobre el presupuesto del 2025

La situación sin precedentes de no haber aprobado, el 15 de septiembre, ningún tope de ingresos y gastos en el Presupuesto General de la Nación —como lo exige la ley— demuestra que ni en el Congreso ni en la opinión pública hay suficiente confianza en las cuentas del gobierno ni en su capacidad para dinamizar la economía. Esto es especialmente crítico en un momento en que el país necesita con urgencia superar el escenario de desaceleración.

Como lo han demostrado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y la Contraloría, el presupuesto se encuentra desbalanceado entre ingresos y gastos, y lo que es peor ni siquiera en el Ministerio de Hacienda se ponen de acuerdo en las cuentas.

El Ministerio presenta, con apenas un mes de diferencia, dos documentos clave para la planeación económica del Estado: el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto de Presupuesto General de la Nación. Entre ambos hay una diferencia en la proyección de ingresos de 31 billones de pesos. Esta diferencia se debe a una estimación de recaudo adicional de la DIAN de 14.6 billones, a la aprobación de la ley de financiamiento por 12 billones y a 4.5 billones producto de rendimientos de Ecopetrol y otras empresas industriales y comerciales del Estado. 

En el debate del presupuesto para este año, el Congreso ya le había dado el voto de confianza al gobierno de aprobarle 15 billones producto de la gestión de la DIAN. Estos recursos finalmente no se materializaron, esto implicó que se obligara a reducir los gastos de este año en 20 billones de pesos (Decreto 766 de 2024 del Ministerio de Hacienda). 

Gobierno recorta recursos a sectores clave para la reactivación económica

En un contexto de restricción fiscal como el que enfrenta el país, debido al dramático incremento del 13% en la deuda pública, resultado de los créditos contratados por la Nación durante la pandemia de COVID-19, la inversión pública ha disminuido en un 16%. Esta inversión es fundamental, ya que inyecta dinamismo a la economía a través de la construcción de nuevos hospitales, colegios e infraestructura en general.

El país tendrá que destinar en 2025 cerca de 12 billones de pesos adicionales al pago de intereses y capital de deuda pública, prácticamente lo mismo que espera recaudar el gobierno producto de una eventual aprobación de la Ley de Financiamiento. 

En esta estrechez fiscal el gobierno ha decidido reducir el presupuesto a sectores clave para la reactivación económica como Agricultura (-44%), Vivienda (-10%) o sectores que a nivel político son un fin en sí mismo como el Deporte (-62%), la Inclusión Social y Reconciliación (-34%), a la Cultura (-24%), y a la Ciencia prácticamente la desaparecen recortándole por segundo año consecutivo un 25%.

Hay que entrar a dar prioridad a qué entidades y sectores se les van a inyectar recursos. A modo de ejemplificación, mientras el gobierno se despacha en redes en contra de un supuesto golpe blando orquestado desde el Consejo Nacional Electoral, en el proyecto de ley del presupuesto les incrementa los recursos para el otro año en 379%. Casi cuatro veces más recursos para adoptar elecciones al Congreso y quitarles funciones a la Registraduría, como ya lo había denunciado La Silla Vacía. 

Si bien el gobierno puede tener razón al afirmar que la deuda pública se ha convertido en una rigidez significativa en el presupuesto, surge la pregunta de por qué solicita la aprobación de más recursos cuando no se gastan los que el propio Congreso le aprueba: sin tener en cuenta el año de la pandemia, la ejecución presupuestal del 2023 ha sido la peor de los últimos veinte años (La gráfica 1 son las cifras presupuestales históricas del Ministerio de Hacienda, la línea roja es la línea de pandemia). 

Finalmente, es a través de su ejecución que el Estado cumple con su función esencial de intervenir en la economía. Si bien, como su nombre lo indica, el presupuesto es un supuesto ex ante sobre cómo se comportarán los ingresos y los gastos de la Nación para el año próximo, su preparación, elaboración, planificación y aprobación lo convierte en la ley económica más importante que se aprueba año a año en el país. 

Conclusiones

En un momento donde la economía colombiana llegó a su nivel más bajo en 24 años, con un crecimiento de apenas 0.6%; el presupuesto público debe inyectarle dinamismo a la capacidad productiva del país. 

Avanzar en la agenda de reformas sociales prometida por este gobierno no debe descuidar, entre otras cosas, que para garantizar los derechos se requieren recursos, los cuales deben ejecutarse de manera más eficiente. Además, es fundamental otorgar la importancia que merece al presupuesto. 

La falta de una planeación exhaustiva y de una participación ciudadana más decidida en el debate presupuestal es muestra de una de las grandes debilidades de la democracia colombiana; finalmente, el debate de presupuesto es decidir cómo se van a gastar los recursos de los impuestos de los ciudadanos dentro de las inmensas necesidades que hoy tiene el país.

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