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En torno a los sucesos de Puerto Gaitán

Escrito por Álvaro Delgado
Álvaro Delgado

Álvaro Delgado

La tensión en el enclave petrolero está tomando proporciones preocupantes. Una crónica con sabor local que permite comprender el drama de la pequeña y remota población sometida a la presión de las petroleras, los paramilitares, los narcotraficantes y los aventureros de toda índole, con la adición de un Estado muy lejano.

Álvaro Delgado*

Del Magdalena Medio a los Llanos Orientales

0178Los hechos violentos que desde junio han ocurrido en Puerto Gaitán y en el Campo Rubiales –centros de explotación petrolera de la empresa canadiense Pacific Rubiales Energy en el Meta, a cinco horas de viaje uno del otro– han tomado por sorpresa a la opinión nacional.

Y efectivamente hay motivos para estar sorprendidos: se trata de los primeros brotes de agitación laboral y social desde cuando empezó la migración del centro histórico de explotación petrolera –el Magdalena Medio– hacia nuevos yacimientos en los Llanos Orientales.

Este nuevo territorio, bañado por el río Manacacías y sus incontables afluentes, entró a figurar como zona de actividad petrolera apenas a finales del siglo XX y en forma simultánea con otras importantes extensiones de Arauca, Casanare y Vichada.

El proceso de hoy está asociado con el marchitamiento del movimiento laboral y social que por decenas de años fue el protagonista de un proceso que culminó con la nacionalización del petróleo, la creación de Ecopetrol y la conversión del sindicalismo petrolero en núcleo de las luchas obreras de la segunda mitad del siglo XX.

La Unión SindicalObrera (USO) está renaciendo en los Llanos Orientales. Ecopetrol y las multinacionales perciben una seria amenaza a su estabilidad, obtenida mediante acuerdos y garantías casi ilimitadas por parte del Estado, durante la administración de Uribe entre 2002 y 2010.

Y justamente ahí se encuentra el meollo del asunto: una riquísima explotación industrial, montada sobre la base de un contrato laboral precario, contratación y subcontratación de labores y servicios, horarios de trabajo infernales, todo ello en el país latinoamericano con las más altas tasas de desempleo.

El capital extranjero encuentra condiciones particularmente atractivas en la región, como si fuera un don de la naturaleza colombiana. Pero en medio de yacimientos muy promisorios y perspectivas de tasas elevadas de rentabilidad, estos nuevos negocios se asientan en territorios bajo dominio del paramilitarismo y del narcotráfico.

Guerrillas y paramilitares

Los paramilitares son los dueños de las mejores tierras, manejan las palancas de la administración pública local, controlan y saquean las frondosas regalías petroleras y eligen senadores, gobernadores y alcaldes para que blanqueen sus delitos. Hasta la última tienda familiar de vereda debe pagar tributo a las redes del narcotráfico.

De hecho, el alcalde saliente de Puerto Gaitán, Oscar Bolaños, es un personaje reconocidamente corrupto y ya se sabe quién va a sucederlo en el cargo.

El paramilitarismo, desde luego, no está solo. Estos territorios han sido el asiento de notables manifestaciones de rebeldía popular. “Cuando mataron a Guadalupe Salcedo en Bogotá –me señala un llanero que contribuye en la elaboración de estas notas– trasladaron su cuerpo a San Pedro de Arimena, porque él venía de allá. Guadalupe y sus seguidores entregaron las armas, pero el grueso de la población permaneció en la región, resignada a su suerte.”

Incluso la población aborigen participó en las contiendas. El jefe rebelde ‘Capitán Veneno’ tenía ascendiente entre ella, y en los años 70, cuando la colonización dirigida por el Estado afectó los intereses de los resguardos guahibos por conducto de compradores e invasores de tierras, los indígenas organizaron fuerzas propias para defenderse. El movimiento se conoció como el “Caso Planas” o conflicto de “La Jaramillera” y fue muy ampliamente divulgado por los medios.

La arremetida paramilitar de los 80 y 90 contrala Unión Patrióticasegó la vida de los dirigentes de izquierda que promovían cambios democráticos por la vía no armada, y a la vez expulsó a la guerrilla y la replegó sobre las estribaciones sureñas del Meta, con centro en Uribe. “Con el ingreso del paramilitarismo, mucha de esa gente se quedó en el territorio y otra se fue al río Ariari o al Pato. De familias enteras no llegó a saberse qué se hicieron”, agrega mi fuente.

Actualmente, hay que admitirlo, la población llanera muestra simpatías políticas divididas entre algunos de esos jefes paramilitares y la guerrilla. Eso crea tensiones en la población de todos los estratos.

Indígenas de resguardo, pequeños propietarios de fincas, pequeños transportadores, tenderos y comerciantes, y la burocracia local que engorda con el trabajo de todos los anteriores, constituyen el magma social, hondamente afectado por el asalto paramilitar, que estableció el dominio del narcotráfico en esta región del Llano.

Hoy existen fuerzas sociales entreveradas y concepciones políticas que nadie puede impedir que se manifiesten en las movilizaciones sociales. Los narcotraficantes ejercen autoridad efectiva mediante las redes del paramilitarismo. Las FARC mantienen vivos viejos lazos de apoyo entre la población, tal vez con la misma intensidad que los paramilitares. Y cada actor armado hace trabajo político.

A los ‘paras’ no les conviene, por el momento, que se active el “peligro guerrillero”, pero tampoco ocultan su animadversión contra los dirigentes locales dela USO. Todavíaestá fresca en la memoria colectiva la horrenda matanza de ciudadanos inermes perpetrada bajo protección de las autoridades una noche de mayo de 1998 en Barranca…

Forasteros y viejos residentes

En el curso de las bonanzas cafetera y coquera, y particularmente durante esta última, se produjo una importante oleada migratoria al Llano. Los nativos no se involucraron en esas actividades en la misma proporción que los extraños. Estos también organizaron nuevos núcleos locales de actividad política. La gente “importada” se convirtió en una fuerza social determinante.

La aparición de las empresas petroleras ha acentuado esa separación entre nativos y gente de afuera. Como rechazan la mano de obra nativa, porque la consideran poco fiable, permeada por los paramilitares o la guerrilla, prefieren emplear a trabajadores de fuera, sin ligazones familiares con el Llano y que estiman más dóciles y dispuestos a dejarse adoctrinar en la ideología nacional dominante.

Se trata de explotaciones de petróleo que demandan la participación de una considerable masa laboral. En torno de Puerto Gaitán, ese contingente es de unas 13.000 personas, ligeramente inferior a la fuerza de trabajo empleada hace sesenta años por la recién creada Ecopetrol alrededor de los pozos de El Centro y la refinería de Barranca.

Pero la diferencia es dramática: el enclave petrolero de hoy se ha instalado sobre una pequeña población que hace pocos años no pasaba de 3.000 habitantes. Hoy soporta el triple, en condiciones supremamente precarias de servicios públicos y equipamiento urbano en general. Los nativos suministran apenas un 30 por ciento de la fuerza de trabajo total de Pacific Rubiales-Ecopetrol.

La misma USO también ha tenido que llevar personal de alta calificación laboral y formación política, pues la mano de obra nativa no posee ese perfil. Naturalmente ese personal es tratado con recelo, seguramente acicateados por los mandamases paramilitares.

Aparentemente, esas “importaciones” de mano de obra resultan más costosas para las transnacionales. Pero eso refleja parte del espejismo de la prosperidad y de la bonanza petrolera actual: las grandes empresas extranjeras contratan directamente una mínima parte del personal que requieren, y se valen de decenas de medianas y pequeñas empresas intermediarias de operación, mantenimiento y servicios, que manejan directamente una gran parte de la fuerza de trabajo. De esa forma consiguen desentenderse de los conflictos laborales que puedan presentarse: “Nosotros no tenemos personal a cargo”, alegan.

La “tercerización” del empleo permite al capital extranjero y nacional eludir parte de sus responsabilidades sociales. Pacific Rubiales, concesionaria de Ecopetrol, afirma que no tiene nada que ver en el conflicto que ha estallado. “Nuestros trabajadores no protestan ni pertenecen al sindicato”, afirma la compañía, porque efectivamente solo contrata directamente a personal altamente calificado y sometido al colador patronal de las ideas políticas.

Pacific Rubiales no cuenta con más de 1.500 de estos cargos directos, que selecciona cuidadosamente de acuerdo con la calificación profesional y el correspondiente grado de “sumisión” política que demuestren.

Uno cualquiera de esos trabajadores calificados puede estar devengando hoy de tres a cuatro millones de pesos mensuales, frente a los 580.000 pesos básicos que recibe el trabajador raso, cuyos ingresos pueden acercarse al millón de pesos si se cuentan sus bonificaciones.La Occidental Petroleumpaga en Arauca entre 1,4 y 1,6 millones por un trabajo similar.

Detonantes del conflicto

Por ahora, el mayor drama se expresa en la tensión acumulada por el grueso de la población nativa que no ha podido acceder a estas nuevas fuentes de empleo. Quienes logran engancharse al servicio del nuevo gran patrono, lo hacen en condiciones oprobiosas bajo la cadena de contratistas y mediante un contrato precario, “tercerizado”.

Cuando la fuerza pública interviene para repeler las protestas de los trabajadores, esa población marginada, empobrecida, cansada de agresiones y frustraciones, se enciende fácilmente contra la fuerza pública y provoca destrozos.

Otro factor detonador de la protesta son las regalías mineras, cuyo monto se ha disparado literalmente en los últimos años, sin que se vean las correspondientes nuevas obras públicas para el beneficio de la comunidad. Mientras tanto, el precio de la tierra y el costo de vida se han elevado en proporciones aún más escandalosas.

Los colonos, pequeños finqueros y comerciantes mantienen relaciones cordiales con los indígenas. Muchos de ellos participaron en la nueva repartición de los fundos impuesta por el paramilitarismo, negociaron bajo presión las tierras con los aborígenes y ahora existe una relación comercial y aun familiar entre esos dos sectores de la población.

Se trata de colonos que resistieron la arremetida paramilitar, pero no pudieron aprovechar la nueva bonanza petrolera. Entretanto, la burocracia local está depredando el grueso de los regalías y esas rentas se canalizan hacia la compra de tierras y otras inversiones, al estilo de sus congéneres del nivel nacional, Nules, Sarmientos y Santodomingos.

El elevadísimo costo de la tierra no puede ser asumido por el campesinado ordinario, que no tiene más remedio que abandonar la región. Los monocultivos se están expandiendo y disponen igualmente de un aparato paramilitar y su capacidad de control político sobre la masa laboral.

Las empresas contratistas también se benefician de la corrupción administrativa. No pagan impuestos y negocian con la burocracia el monto de las regalías, sin que haya ningún control sobre los montos de ley.

La alianza estratégica de empresas petroleras y hacendados con paramilitares coordina todos los nuevos negocios de tierras, emprendimientos y regalías. El volumen de rentas que pueden captar es muy significativo: el municipio de Puerto Gaitán, con unos 8.000 habitantes, recibe regalías del orden de 120.000 millones de pesos anuales. Evidentemente, la población local no ha visto, ni de lejos, inversiones en obras públicas dignas de semejante flujo anual de recursos.

Como no existe control de la producción local, se extrae más petróleo de lo que representan las regalías. De otra parte, la utilización del agua de los ríos para bombear a presión el petróleo de las entrañas de la tierra, no es tratada una vez terminado el proceso, de tal forma que no contamine las corrientes que surten a las poblaciones y tierras de cultivo de la región.

La flagrante violación de las normas técnicas por parte de Ecopetrol y de las empresas extranjeras es motivo suficiente para justificar las protestas.

El drama de la explotación petrolera de los Llanos solo está comenzando…

 

* Periodista, investigador social. Hace parte del equipo de Movimientos Sociales, del Cinep. Autor de varios libros y colaborador de diversas publicaciones nacionales y extranjeras. 

 

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