Retos para la creación de valor público en la gestión del Ministerio del Interior

Desde un punto de vista especializado, este rezago puede obedecer a factores técnicos como de gestión. En el primer caso, es evidente que el cambio en la formulación del plan de desarrollo por transformaciones y no por sectores, como tradicionalmente se hacía, puede tener impacto en el seguimiento y la medición debido a que en cada una de las cinco transformaciones concurren diferentes sectores. En el caso del Mininterior, concurre en al menos tres de las cinco transformaciones que reportan avances entre 56 % y 30 %, tal como se presenta en Sinergia.

No obstante, desde la perspectiva de la gestión, el análisis de los indicadores de proceso muestra el rezago en el cumplimiento de los mismos, que contemplan asistencias técnicas, elaboración de informes de seguimiento, proyectos y planes de acción; espacios de diálogo y concertación del orden nacional, cumplimiento de órdenes judiciales, entre otros, que presentan reportes anuales con cero avance.

Este rezago en indicadores coincide con la baja ejecución presupuestal del ministerio que, a corte diciembre 2024, es del 41 % (ver total obligado). Esto en contraste con el 84 % de obligación en otras entidades del sector como la UNP, que se ubica en el rango de la ejecución presupuestal nacional cercana al 83 % contando la deuda pública. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estos porcentajes reflejan un nivel de ejecución nacional bajo por tipo de gasto y sectores, siendo alarmante la inversión que experimentó la mayor brecha al pasar de $99,9 billones presupuestados inicialmente, a una ejecución de $51,6 billones.

Este análisis ejecutivo pretende hacer eco de la alerta que la misma área de seguimiento de la entidad expresa al recomendar, entre otros, la formulación de planes de mejoramiento por procesos, así como el reporte oportuno, completo y con las respectivas evidencias de la medición de los indicadores de proceso, en los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.

De igual manera, se suma al llamado de atención planteado por el Observatorio Fiscal de la PUJ en el sentido de que las inconsistencias en la programación de los gastos terminan castigando siempre la inversión pública, con consecuencias económicas y sociales negativas como menos oferta de bienes y servicios públicos, así como menos programas sociales, es decir, no generan valor público.

En este sentido y considerando la misionalidad del Ministerio del Interior en la estructura y fines del Estado colombiano en cuanto a la garantía de derechos, reconociendo tanto su pluralidad como su particularidad en razón del conflicto armado, es claro que al responsable de la cartera le corresponde integrar un equipo con perfiles especializados y técnicos capaces de impulsar una agenda de choque, para afrontar temas de gran relevancia en su gestión político-legislativa, tales como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y la correspondiente ley de competencias, que, en conjunto, incrementarían tanto el porcentaje como las competencias locales para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico; así como en su gestión para la protección de derechos, específicamente la atención a las víctimas del conflicto armado, y la garantía de la titularidad colectiva de las comunidades étnicas a través de la Consulta Previa.

Conclusiones

Conviene mencionar el concepto de mayoría artificial o manufacturada, para hacer referencia a gobiernos de partidos que no logran electoralmente mayorías parlamentarias, de manera que para garantizar gobernabilidad y facilitar el trámite de sus iniciativas, construyen sus mayorías por medio de acuerdos pragmáticos como en el caso de Colombia, con la asignación de incentivos puntuales: cargos y recursos.

Si bien se trata de una estrategia de gobierno común en democracias pluripartidistas como la colombiana a partir de 1986, la construcción de gobernabilidad y mayorías por este medio no deja de ser riesgosa para la eficiencia gubernamental, debido a la inestabilidad que impacta sectorialmente en el cumplimiento de metas e indicadores, y en la ejecución presupuestal, tal como lo refleja la situación del Ministerio del Interior.

Para concluir, traigo a la reflexión el modelo adversarial que plantea Chantal Mouffe, quien concibe lo “político” como la dimensión de antagonismo constitutiva de las sociedades humanas, mientras que concibe la “política” como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se organiza la coexistencia humana en el contexto de conflictividad derivada de lo político. Esto para señalar el riesgo de que la política, lejos de contribuir para gestionar los antagonismos propios de una sociedad con limitada garantía de derechos como la colombiana, continúe coartando dicho acceso y coadyuve a la radicalización de las tensiones propias de la dimensión de lo político, atravesada por la histórica negación y no atención a las causas estructurales del conflicto social, político y armado en Colombia.

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