Gobiernos indígenas: coordinación para transformar el Estado colombiano

El decreto de autoridad ambiental es un hecho histórico para los pueblos indígenas y un avance para la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas.
¿Por qué su importancia y en qué va la formalización de dichas entidades?

Un hecho sin precedentes

El 17 de octubre, el gobierno firmó el decreto de Autoridad Ambiental 1275 de 2024 por el cual se establecen las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas. Este es un hecho histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sus sistemas propios de gobernanza y sus conocimientos para el manejo del territorio y la protección de la biodiversidad.

Este proyecto exige que el Estado se coordine y articule constantemente con las autoridades indígenas, en particular en el caso de la Amazonía, a través de los Consejos Indígenas creados en el Artículo 6 del Decreto 632 de 2018. Con quienes ya se vienen adelantando procesos de coordinación a través de diálogos interculturales y que han llevado a una adecuación y reforma de la administración pública colombiana. 

Estos ejercicios de coordinación y articulación constante estarán orientados por los planes de vida, los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, el derecho propio, la ley de origen y los planes de ordenamiento ambiental indígena. De hecho, ya se vienen adelantando con mayor fuerza en la Amazonía colombiana con los consejos indígenas en el marco de la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS). 

Cómo van las etapas para la formalización de las ETIS

Hasta la fecha, se han creado dieciséis Consejos Indígenas de Gobierno mediante el Decreto Ley 632 de 2018 y registrados a través de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior. De ellos, once han radicado sus planes de vida en los que dan cumplimiento a los requisitos para la puesta en funcionamiento de sus territorios como Entidades Territoriales Indígenas en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía. 

Los Consejos Indígenas de Gobierno han establecido en sus planes de vida una hoja de ruta para orientar las políticas de su gobierno, su censo poblacional, la propuesta de delimitación territorial para la definición de su jurisdicción, su régimen administrativo y su plan de fortalecimiento institucional. 

Si bien esta hoja de ruta ya fue radicada, las entidades responsables de su verificación no han cumplido con los plazos establecidos por la ley. Sin embargo, se ha podido llegar a acuerdos para el avance de las etapas gracias a los procesos de unidad, diálogo, incidencia y litigio estratégico de los territorios indígenas. 

De once solicitudes recibidas por el Ministerio del interior, diez han sido verificadas y trasladadas a las gobernaciones de Amazonas, Vaupés y Guainía. Con el fin de que los Departamentos realicen comentarios pertinentes a la propuesta de los mecanismos de coordinación y articulación presentada por los consejos indígenas, es decir, las formas en las que se relacionarán las entidades territoriales departamentales y las entidades territoriales indígenas pertenecientes a los mismos. 

Gracias a dichos traslados y bajo la orientación de la subdirección de gobierno, dialogo y lucha contra la trata del Ministerio del Interior, se ha dado cumplimiento al artículo 11 del Decreto Ley 632 de 2018 con la realización de tres sesiones de trabajo:

En el departamento del Amazonas y con la presencia del gobernador, se acordó que el mecanismo de coordinación estará formado por mesas de trabajo con tres temáticas: inclusión de las ETI en los instrumentos de planeación; transición de la administración de la Educación; y transición en materia de salud. Además, se estableció las fechas para su realización, noviembre de 2024.

En el departamento del Vaupés y con la presencia de dos delegados por parte de la Gobernación, se realizó una interpretación cultural de la coordinación. Se definieron cinco principios que orientaran la coordinación y se estableció una “Mesa de diálogo intercultural para la coordinación con el consejo indígena del territorio Río Tiquié”, en la cual se priorizaron tres temas iniciales a abordar: Ordenamiento territorial, plan de desarrollo departamental; educación; y salud. También se estableció que este mecanismo de coordinación será formalizado y financiado a través de un acto administrativo departamental y proyectando la primera mesa de diálogo para el mes de febrero de 2025. 

En el departamento del Guainía y con la presencia del Gobernador y todo su gabinete se realizo un cambio en el enfoque de la coordinación, articulación y comunicación, principalmente con la conformación de una “Instancia de coordinación” que se orienta por el reconocimiento de un dialogo de gobierno a gobierno, garantizando que no existan relaciones de subordinación de las entidades departamentales hacia las Entidades Territoriales Indígenas, y qué más bien, se dan en el marco de la horizontalidad.

Esta instancia respeta la autonomía de los pueblos indígenas permitiendo que los temas sujetos de dialogo sean los asuntos en los que hay intereses comunes y no sobre las agendas que la Gobernación departamental considere unilateralmente, ratificando que la coordinación es y será un ejercicio continuo en el marco de los planes de vida de los gobiernos indígenas, y que, se constituyen como un instrumento de planeación válidos para la administración pública.

A través de esta instancia se buscará coordinar la prestación de los servicios públicos, la ejecución de planes, programas proyectos que involucren articulación de acciones en las jurisdicciones de los territorios indígenas. Respetando las funciones y competencias propias de las entidades departamentales y las entidades territoriales indígenas.

Este es un avance histórico para el departamento del Guainía, se conforma una “Instancia de coordinación” que es diferente y más importante que la Mesa de Concertación Indígena del Guainía (MECIGUA), un espacio de dialogo en el cual los gobiernos indígenas participan y concertan sus agendas, pero que están sujetas a que los gobiernos departamentales de turno las ejecuten, es decir, no las pueden coordinar en el marco de su rol como autoridades públicas. 

La comunicación del Estado con los gobiernos indígenas

El desarrollo de estos tres diálogos interculturales son una experiencia significativa dentro del Estado en materia de coordinación, articulación y comunicación con los gobiernos indígenas. Hay un cambio en la forma de relacionamiento de los pueblos indígenas con el Estado y la administración pública, reconociéndolos como autoridades públicas que se encuentran dentro del Estado y no fuera de él. 

Las entidades del Estado han desarrollado históricamente una comunicación con los pueblos indígenas que no reconoce plenamente sus gobiernos. Un dialogo que se orienta por la participación y concertación de sus diferentes agendas, pero que están sujetas a que la voluntad política de los gobiernos nacionales de turno. Esto les asigna un papel errado de participación al igualarlos al de la juventud, los estudiantes, los trabajadores y a los demás sectores de la sociedad. ¿Por qué?

El Artículo 286 de la Constitución ha reconocido que la división político-administrativa de nuestro país está compuesta por los departamentos, distritos, municipios y Entidades Territoriales Indígenas. Esto implica que los gobiernos indígenas pertenecientes a los territorios en proceso de puesta en funcionamiento como entidades territoriales indígenas no deben tener una comunicación con el Estado desde afuera sino desde adentro. El diálogo no se puede limitar a la participación y concertación, sino que deben avanzar en la coordinación, reconociendo que serán estos gobiernos indígenas quienes conforme a sus usos y costumbres representan la presencia del Estado en las zonas más apartadas del país. 

Las experiencias en materia de coordinación por parte de los Gobiernos Indígenas de la Amazonía deben servir para orientar los diálogos interculturales futuros entre los gobiernos indígenas y el Estado; particularmente para el avance de las etapas en el proceso de puesta en funcionamiento y formalización de las Entidades Territoriales Indígenas. 

Finalmente, la ejecución del decreto de Autoridad Ambiental 1275 de 2024 es una oportunidad de interiorizar estas reinterpretaciones y cambios de relacionamiento para que exista un fortalecimiento de los ejercicios de coordinación efectiva. Permitiendo una ágil adecuación institucional que siga transformando progresivamente la comunicación, coordinación y articulación con los pueblos indígenas.  

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