Mauricio Romero, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: JEP

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Las declaraciones de Mancuso y otros paramilitares han dado luz sobre sus nexos con los empresarios y las agencias o agentes del Estado. Pero quedan muchas preguntas que necesitan investigaciones urgentes.

Mauricio Romero Vidal*

Un testimonio aterrador

El testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP fue una sacudida para la cúpula política y militar del Estado y para el sector empresarial, toda vez que se lucraron de una “guerra sucia” que ellos mismos alimentaron en los momentos más dramáticos del conflicto armado.

Como lo había hecho en 2007 en las audiencias de la ley de Justicia y Paz, después de la desmovilización de los principales frentes de las AUC, el antiguo jefe del Bloque Norte señaló los apoyos que recibió de altos mandos militares, policiales, de la Fiscalía, de políticos y empresarios para asesinar, desplazar, despojar o desaparecer a sindicalistas, abogados, defensores de derechos humanos, opositores, periodistas, campesinos o simples personas que consideraban asociadas con la guerrilla, con pruebas o no.

Resulta particularmente aterradora la declaración de que en el norte de Santander hubo tantos asesinatos cometidos por los paramilitares y bajo la mirada de las autoridades civiles y militares que tuvieron que llevar aproximadamente 200 cadáveres a Venezuela para evitarle problemas a la policía local. Además, se usaron grandes hornos crematorios para desaparecer algunos de los cuerpos. Esto muestra las dimensiones de este tipo de violencia que se extendió por todo el país.

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Las alianzas entre Estado, empresarios y paramilitares

Las evidencias de las alianzas entre las fuerzas ilegales y los diversos funcionarios y ciudadanos privados abundan y están dispersas en las declaraciones de los jefes paramilitares en el marco jurídico de su desmovilización conocido como Justicia y Paz y en los numerosos casos de condenas judiciales a funcionarios públicos de la época.

Las nuevas declaraciones de Mancuso encontraron un contexto político muy distinto del que enfrentaron en el pasado. El gobierno actual no niega el conflicto armado ni tampoco la “combinación de todas las formas de lucha” del Estado colombiano para arrinconar a las guerrillas, en particular a las FARC.

Las condenas las encabezan casi 70 políticos entre congresistas, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios del orden nacional vinculados a lo que se conoció como la parapolítica.

Bajo este nombre se engloba la alianza entre frentes paramilitares y políticos regionales para elegir sus candidatos en las elecciones nacionales y locales en 2002-2003 y 2006-2007, en el marco del enfrentamiento con la guerrilla. Esta alianza ayudó a elegir al 30 % de los congresistas con violencia y amenazas, como también al presidente de la República y autoridades locales en todo el territorio. Este se puede considerar como el mayor fraude electoral en toda la historia de Colombia, algo que no se podía decir hasta hace pocos años.

Entre los casos de alianzas entre paramilitares y personas en la legalidad más conocidos está el del expresidente del Congreso Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el del exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS), Jorge Noguera, entidad adscrita a la presidencia y cuyo director fue nombrado por el mismo presidente.

En el sector empresarial, el ejemplo más conocido es el del expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), Jorge Visbal. En el sector de las Fuerzas Armadas, fue el del general Rito Alejo del Río, aunque no fue el único.

La fiscalía reveló en 2020 que los magistrados de Justicia y Paz habían solicitado 5.563 investigaciones sobre personas que habían apoyado o financiado el despliegue de la violencia de las AUC. De ellas,

  • 311 eran personas naturales o empresarios.
  • 835 eran funcionarios estatales no combatientes.
  • 417 eran agentes del Estado combatientes.

No hay datos sobre cuántas investigaciones abrió la Fiscalía, y esto es algo que se debe averiguar.

En todo caso, hay que reconocer que la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia en particular, ha hecho un trabajo sobresaliente para investigar y condenar importantes figuras del llamado entramado paramilitar. Por eso importa preguntar por qué en amplios sectores subsiste una sensación de que no se ha hecho lo suficiente o de que aún falta algo.

Cambio de contexto político

Las nuevas declaraciones de Mancuso encontraron un contexto político muy distinto del que enfrentaron en el pasado. El gobierno actual no niega el conflicto armado ni tampoco la “combinación de todas las formas de lucha” del Estado colombiano para arrinconar a las guerrillas, en particular a las FARC. Los gobiernos anteriores, sus apoyos sociales y políticos tendieron a esconder esta parte de la historia del conflicto que el informe de la Comisión de la Verdad documentó ampliamente.

Esas alianzas tuvieron un costo humano altísimo y unos legados controvertidos, como la corrupción de las mismas instituciones, las mafias en la política y unas fuerzas de seguridad con graves violaciones de derechos humanos en su historial. Por eso, la propuesta de Seguridad Humana en vez de seguridad estatal del gobierno Petro no es mera retórica.

“Por qué es lícito matar comunistas”

Un caso que llama la atención y demanda investigación es el de José Miguel Narváez, condenado por el asesinato del humorista político Jaime Garzón. El señor Narváez considerado un ideólogo de la “guerra sucia” —también llamada “guerra integral” en sus exposiciones y manuales — consideraba que la oposición política legal, la crítica al gobierno y el periodismo que mostraba los abusos del poder eran una guerra política impulsada por el comunismo contra la democracia y sus apoyos.

José Miguel Narváez convocaba a sus audiencias para tomar cartas en el asunto asesinando a esos civiles que impulsaban la llamada “guerra política”. Así lo confirman las declaraciones de Mancuso y otros jefes paramilitares, quienes reconocen que las conferencias de Narváez fueron parte de su formación anticomunista a finales de la década de 1990.

Foto: Twitter: Hollman Morris - José Miguel Narváez consideraba que la crítica al gobierno y la oposición política era una guerra política impulsada por el comunismo contra la cual debían tomarse cartas en el asunto como el asesinato.

Lo que sí es de extrañar es el silencio de las asociaciones de retirados de las fuerzas militares y de policía frente a las declaraciones de Mancuso y frente a la evidencia acumulada de su complicidad en las atrocidades cometidas por los paramilitares durante la década fatal entre 1996 y 2006.

Con esta trayectoria, el señor Narváez llegó a ocupar cargos públicos y privados altos durante el cambio de milenio. Fue profesor de la Escuela Superior de Guerra del ejército, asesor del comando militar de la misma institución, director de Fondelibertad —entidad encargada de gestionar los recursos de las unidades de seguridad contra el secuestro—, asesor de FEDEGAN y subdirector del DAS en 2003.

Se sabe que el paso de Narváez por el DAS fue funesto y organizó una red de espionaje de políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y lideres sociales, algunos de los cuales fueron asesinados, como le ocurrió a Jaime Garzón. Según Mancuso, el presidente Petro también estuvo entre sus objetivos.

Narváez también fue parte de la comisión de empalme en el tema de seguridad entre el gobierno saliente de Andrés Pastrana y el entrante de Álvaro Uribe. Junto con Fabio Echeverry Correa, expresidente de la Asociación de Industriales (ANDI) y uno de los promotores de la candidatura de Uribe, Narváez hizo parte del empalme con la nueva ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.

Lo que falta saber

Surgen muchas preguntas sobre las circunstancias en la carrera profesional del señor Narváez:

  • ¿Quiénes lo contrataron para los cargos públicos de formación en las fuerzas militares?
  • ¿Quiénes asistieron a sus cursos en la escuela superior de guerra?
  • ¿La cúpula militar de la época estaba de acuerdo con la ideología y recomendaciones del señor Narváez sobre el uso de la fuerza armada en contra de civiles?

Frente a las declaraciones de Mancuso, ya no es suficiente descartarlas con el argumento de que son una venganza contra el gobierno de Álvaro Uribe que lo extraditó a Estados Unidos en 2008 bajo cargos de narcotráfico. Por fortuna, el espectro político actual es más amplio y el poder de las instituciones ya no está en manos de una única corriente política.

Lo que sí es de extrañar es el silencio de las asociaciones de retirados de las fuerzas militares y de policía frente a las declaraciones de Mancuso y frente a la evidencia acumulada de su complicidad en las atrocidades cometidas por los paramilitares durante la década fatal entre 1996 y 2006. Alrededor del 60 % de los hechos de violencia política del conflicto armado ocurrieron durante esos años.

Sería recomendable una reflexión pública sobre el papel de la cúpula de la época con lo sucedido y sobre la evidencia acumulada de lo que al menos podría considerarse una negligencia del deber de proteger a la ciudadanía. Ese sería un primer paso para renovar una doctrina de seguridad que pide a gritos un cambio. Hay que agradecer a la JEP el espacio creado para comenzar esa discusión que no da plazos.

Lea en Razón Pública: El legado de la Comisión de la Verdad

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

Foto: Facebook: José Félix Lafaurie

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El gobierno, los ganaderos y el país se juegan mucho con la nueva relación entre el presiente Petro y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. ¿Cuáles son las razones, los beneficios y los riesgos de esta nueva y sorprendente relación?

Mauricio Romero Vidal*

Posiciones contradictorias

No la tiene fácil José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), en su posición de contraparte del gobierno en el tema de tierras y, al mismo tiempo, miembro de una delegación negociadora del gobierno con el ELN.

¿Cómo resolverá los dilemas que traerán esas posiciones, que parecen contradictorias?

En materia de tierras concertaría con el gobierno del Pacto Histórico la compra de predios en posesión de ganaderos para cumplir la reforma rural integral del Acuerdo de la Habana (al cual se ha opuesto rotundamente). Pero en su condición de delegado, actuaría como parte del gobierno frente a los negociadores del ELN.

En el primer escenario está al otro lado de la mesa de negociación, aspirando a defender los intereses de su gremio, mientras que en el segundo está del lado del gobierno, acordando el final del alzamiento armado de los elenos y, con seguridad, defendiendo también al gremio que preside.

Lo primero que habría que preguntar es ¿cómo se convirtió Lafaurie —opositor acérrimo del presidente Petro, del movimiento que lo llevó a la presidencia y de su programa de gobierno— en una pieza clave del ajedrez de ese mismo gobierno? Más todavía cuando el presidente está apostando gran parte de su capital político en los dos temas que involucran a Lafaurie —tierras y paz con el ELN—.

Puede leer: Negociación con el ELN: la clave es la confianza

El gana-gana

Es claro que el gobierno gana credibilidad y legitimidad frente a parte de ese medio país que votó en su contra, sector que tiene una imagen muy negativa del actual presidente.

Durante la campaña electoral, Lafaurie y su partido, el Centro Democrático, no bajaron de acusar al Pacto Histórico y su líder del “promeserismo del neocomunismo progresista” que llevaría a Colombia al abismo, donde le haría compañía a Venezuela en manos del chavismo.

Sin duda, Lafaurie y los ganaderos también ganan. Como le aconsejó el expresidente Álvaro Uribe: “es mejor estar ahí, que no estar”, puesto que siendo parte de la mesa de negociación se puede influir más que haciendo parte de la oposición o dirigiendo un gremio.

El gremio también gana en respetabilidad al facilitar la política del gobierno, después de verse relacionado con el paramilitarismo —Jorge Visbal Martelo, anterior presidente de FEDEGAN fue condenado por vínculos con las AUC—, con la apropiación ilegal de tierra —El Fondo Ganadero de Córdoba fue condenado por el despojo de tierras en el Urabá— y con el blanqueo de dineros del narcotráfico durante las últimas décadas. Es decir, gana el gobierno y también ganan los ganaderos. Es un gana-gana.

Foto: 1.2. Twitter: José Félix Lafaurie - La oposición ha apoyado la participación de José Félix Lafaurie en la mesa de negociación con el ELN.

Lea en Razón Pública: Invasiones de tierra, autodefensas y Lafaurie: más leña al fuego

Lafaurie gana también en el plano personal, porque de esta manera puede mejorar su imagen negativa entre muchos colombianos. Es un típico negacionista de la existencia del conflicto armado —únicamente hubo amenaza terrorista—, o de las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares —víctimas de una campaña de desprestigio y a pesar de toda la evidencia en contra—, o de la acción concertada entre militares, ganaderos y paramilitares en el desplazamiento y despojo de tierras. Lafaurie ve solamente los crímenes cometidos por las FARC, pero no la tragedia humanitaria causada por la contrainsurgencia legal e ilegal de los paramilitares.

Su participación en los espacios que le ha abierto el gobierno le ofrece la oportunidad para “blanquear” su reputación.

Coincidencias entre adversarios

Lafaurie y el gobierno Petro coinciden en la necesidad de una industria agroalimentaria y una amplia clase media rural.

Sin duda, Lafaurie y los ganaderos también ganan. Como le aconsejó el expresidente Álvaro Uribe: “es mejor estar ahí, que no estar”, puesto que siendo parte de la mesa de negociación se puede influir más que haciendo parte de la oposición o dirigiendo un gremio.

Aunque es un crítico abierto de la reforma agraria si no viene acompañada de vías terciarias, crédito, asistencia técnica y comercialización, medidas que el gobierno ha prometido para complementar la distribución de tierras, entiende que muchas de esas decisiones beneficiarán también a los ganaderos, quienes están a la espera de las promesas del gobierno del cual desconfían al máximo, de acuerdo con sus voceros.

Es decir, hay un interés directo del gremio ganadero en la recuperación del campo que ha prometido el gobierno.

Algo similar sucede con la paz total. La población rural, incluidos sus empresarios, sobre todo de las zonas donde actúan el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos, son beneficiarios directos de una negociación exitosa que consiga la desaparición de esos grupos armados.

Inversión pública en el campo, acompañada de paz y mejoras sociales, es una situación sin precedentes que ni siquiera los gobiernos del presidente Uribe pudieron prometerles a los empresarios rurales ni a la población rural marginada.

Los riesgos

El ajedrez político planteado por el gobierno tiene sus riesgos. Aunque el encuentro parece razonable para las dos partes, esto solo es verdad si con ello se acerca a los propósitos deseados: concertar la adquisición de tierras y un acuerdo para finalizar la rebelión armada.

Si no ocurre así, se abre un abanico de posibilidades, cada una con dificultades y riesgos propios.

El peor escenario sería el fracaso de la concertación con los ganaderos y de la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC. La ruptura con los ganaderos crearía una tensión con un sector amplio, diverso, movilizado políticamente y con control del recurso tierra, central tanto para la reforma rural como para la paz. Una distribución de tierras “a la fuerza” podría llevar a circunstancias de violencia que el país ya conoce y no quiere repetir.

Además, un nuevo fiasco con el ELN pondría al gobierno ante la disyuntiva de usar la fuerza del Estado para enfrentar a estos grupos, alternativa que la coalición del Pacto Histórico le ha criticado a los anteriores gobiernos. El ambiente resultante de estos fracasos dejaría al gobierno debilitado y con opositores tanto a su izquierda como a su derecha, entre ellos al señor Lafaurie.

Por otro lado, si se logra un acuerdo con los ganaderos para la compra de tierras, pero fracasa la negociación con las guerrillas, las regiones donde operan estos grupos quedarían en una especie de limbo. Tendrían que esperar a que las instituciones realicen la reforma agraria para que dichos grupos armados pierdan sus bases sociales y acaben aisladas; pero esto tomaría tiempo y exigiría mejorar palpables en las condiciones socioeconómicas.

Pero este segundo escenario tendría el costo de escalar la ofensiva militar contra las guerrillas.  Desde la izquierda el gobierno sería acusado de haberse entregado a los ganaderos y, si se cumple la redención del campo, el presidente de FEDEGAN podría ser candidato presidencial de una coalición sin precedentes.

Lo anterior puede sonar a fantasía, pero ya existen presentes regionales. Rodrigo García Caicedo, presidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba (GANACOR) y defensor público del derecho a la autodefensa durante los años 80, fue candidato a la gobernación de Córdoba en 1992 por una coalición liderada por la Alianza Democrática M-19, de la que hacía parte un sector importante del Ejército Popular de Liberación.  Los voceros del M-19 en ese acuerdo fueron Otty Patiño y Álvaro Jiménez, para quienes la candidatura de García Caicedo, en alianza con ellos, era una fórmula para cimentar la paz en Córdoba.

El peor escenario sería el fracaso de la concertación con los ganaderos y de la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC. La ruptura con los ganaderos crearía una tensión con un sector amplio, diverso, movilizado políticamente y con control del recurso tierra, central tanto para la reforma rural como para la paz. Una distribución de tierras “a la fuerza” podría llevar a circunstancias de violencia que el país ya conoce y no quiere repetir.

Finalmente cabría un escenario de acuerdo con el ELN y ruptura de la concertación para la compra de tierras, y en este caso el debate entre el gobierno y la oposición sería muy intenso: el Centro Democrático, Cambio Radical y otros partidos menores acusarían al gobierno de entregarse a las guerrillas, como habían anunciado durante la campaña electoral, y aumentarían considerablemente las dificultades para la reforma agraria.

Más cerca a la paz total

En perspectiva, hay que reconocer que el espacio abierto por el gobierno Petro para los ganaderos aumenta la probabilidad de la llamada paz total y la transformación del campo en una verdadera fuente de riqueza y empleo.

Los retos son inmensos por las diferencias entre lo que representan ganaderos y el nuevo gobierno, aunque también está claro que los beneficios de la cooperación pueden ser enormes, si los cálculos políticos no priman.

Se necesitará mucha sensatez en las dos mesas de negociación donde van a participar los ganaderos, representados por Lafaurie. Es difícil predecir el resultado, pero están claras las posibles ganancias de los consensos.

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

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El fantasma del paramilitarismo ha renacido ante las nuevas invasiones de tierra. Y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos vuelve a ser protagonista. Jugamos con candela.

Mauricio Romero Vidal*

Propietarios en guardia

Igual que hace unos cuarenta años, bajo el gobierno Betancur, los anuncios del gobierno Petro sobre distribución de tierra a campesinos pobres, desplazados o despojados han puesto a los poderosos propietarios e inversionistas rurales en guardia, por no decir que en pie de guerra.

Las declaraciones de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, lo dejan ver así. Lafaurie pidió a sus afiliados que organizaran “grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata” frente a las invasiones de tierra que se presentaron en los departamentos de la costa Caribe, de donde él es oriundo.

Sin embargo, estas invasiones ocurrieron en un territorio más amplio. Los departamentos afectados son Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Guanía y Vichada, según la Defensoría del Pueblo. Los hechos revelan una realidad angustiosa que hay que afrontar con celeridad y efectividad.

La posición del dirigente gremial oscila entre la acción directa y los canales institucionales para enfrentar este tipo de hechos. Un líder de una agremiación tan poderosa debería tener las ideas más claras, y más si se trata de una federación nacional con funcionarios con antecedentes tan oscuros como Fedegan.

Hay que recordar que su anterior presidente, Jorge Visbal Martelo, está condenado por promocionar grupos paramilitares. Y también hay que mencionar que José Miguel Narváez, que fue asesor de la federación y director de inteligencia del antiguo DAS, fue condenado por participar en el asesinato de Jaime Garzón, cometido por grupos paramilitares, entre otros delitos como perfilamiento y seguimiento de lideres de oposición.

Es preocupante que Lafaurie todavía dude entre demandar el funcionamiento y mediación de las instituciones estatales y la acción directa para castigar la transgresión del orden local. Olvida que las elites también deben respetar el estado de derecho, por poderosas que sean, y envía un mensaje muy ambiguo para resolver el gravísimo problema de acceso a tierra y vivienda de miles de familias campesinas en todo el país.

Grupos de Reacción Solidaria, Convivir y Autodefensa

Los grupos de reacción solidaria propuestos por Lafaurie no están lejos de los orígenes de las cooperativas de seguridad Convivir. Estas fueron organizadas invocando el derecho a la autodefensa por ganaderos, narcos y fuerzas de seguridad, con el pretexto de combatir el secuestro y la extorsión de las guerrillas a finales de los años 80.

Las Convivir, una vez prohibidas por la Corte Constitucional, dieron origen a los frentes s paramilitares federados como Autodefensas Unidas de Colombia, auc, desde 1997. Como se conoció en las declaraciones de los jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la mayoría de las Convivir eran manejadas por ellos.

Es poco probable que, dadas las condiciones de hoy, los grupos de reacción solidaria puedan evolucionar hacia formas similares a las de las antiguas AUC. Como dijo el presidente Petro, hoy no contarían con el apoyo estatal para su desarrollo, algo que sí ocurrió con los paramilitares.

Lo que puede suceder, y de ahí el riesgo de las declaraciones de Lafaurie, es que grupos locales se sientan autorizados para defender con armas órdenes locales que pueden verse amenazados por los anuncios de distribución de tierra y por las invasiones. El asesinato de líderes sociales y reclamantes de tierras es una realidad que hasta el momento no se ha podido detener. La Defensoría del Pueblo ha registrado 136 asesinatos en los primero ocho meses de lo que va de 2022, cifra desconcertante.

El desfile de camionetas de alta gama o de pick-ups con hombres de camuflado y armados en el plantón organizado recientemente por ganaderos en el departamento del Magdalena, en previsión de una invasión, no presagia un buen final.

El hecho recuerda lo sucedido durante el paro nacional en Cali en el 2021, cuando civiles organizados en frentes de seguridad y coordinados por la policía dispararon a los manifestantes, supuestamente para prevenir la amenaza a la propiedad que representaba la protesta. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie y perteneciente a la poderosa elite económica vallecaucana, es una de las defensoras abanderadas de este tipo de acciones.

Es preocupante que Lafaurie todavía dude entre demandar el funcionamiento y mediación de las instituciones estatales y la acción directa para castigar la transgresión del orden local.

El derecho a la autodefensa ha sido la herramienta discursiva que pretende justificar esas agresiones. En el caso de las auc, la manipulación de ese derecho creó el campo de acción en donde coincidieron elites rurales, fuerzas de seguridad y narcotraficantes para asesinar políticos de oposición, líderes sociales que reclamaban justicia e inversión pública o desplazar a campesinos de su tierra y, de paso, enriquecerse con los recursos públicos, el patrimonio despojado y el narcotráfico.

Todo bajo el paraguas de la seguridad y el derecho a defenderse, al darse la ¨ausencia del Estado¨, lo cual acabó convirtiéndose en un instrumento letal para beneficio de unos pocos.

108 invasiones en 26 municipios

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo hay 108 casos de invasiones identificados en 26 municipios, las cuales revelan una realidad complicada y que tiene particularidades regionales marcadas.

El 36 % han ocurrido en el departamento del Cauca, en donde las comunidades indígenas reclaman territorios ancestrales de los que fueron desplazadas. En estos hay hoy haciendas de poderosas familias sembradas con caña de azúcar o fincas de comunidades negras asentadas allí desde hace varias generaciones.

En otros departamentos la ocupación de tierras se ha dado en baldíos que ganaderos han incorporado ilegalmente a sus haciendas o en predios en procesos de extinción de dominio que están siendo explotados por firmas privadas en acuerdos muy ventajosos con la Sociedad de Activos Especiales, sae.

La mediación institucional en estos casos es urgente y la situación exige que el gobierno acelere los procesos de distribución de tierra que el candidato Petro prometió en campaña. Hasta la procuradora Margarita Cabello solicitó al gobierno un plan de acción inmediata en el tema de distribución de tierras y celeridad, que no se vivió durante el gobierno pasado, para cumplir los acuerdos con las farc, en especial el punto 1, sobre reforma rural integral.

Las invasiones pusieron al gobierno en una situación difícil y sus opositores lo han acusado de inacción y de promover el desconocimiento de la propiedad privada, uno de los temas que mayor prevención ha despertado entre los críticos a las propuestas de la reforma agraria.

A finales de agosto, el gobierno respondió al aumento de las invasiones con una declaración conjunta de la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa Iván Velásquez, del ministro del Interior Alfonso Prada, la ministra de Agricultura Cecilia López y el secretario de la presidencia Mauricio Liscano. En esta, rechazaron las invasiones, demandaron respeto por la tenencia y propiedad de los predios ocupados y anunciaron que, de no desalojar, esto se haría por acción policial en 48 horas, como establece la ley.

José Félix Lafaurie 2022
Foto: Radio Nacional de Colombia - La ministra de Agricultura Cecilia López ha dicho que hay un gobierno comprometido con democratizar la propiedad, pero que hay que hacerlo respetando la ley y el marco constitucional.

Puede leer: José Félix Lafaurie y el paramilitarismo: ¿qué sabemos?

Las invasiones y los grupos armados ilegales

Hasta el momento, la información disponible señala que en 13 de los 108 casos de invasiones habría algún tipo de vinculación de grupos armados ilegales, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque no se mencionaron los departamentos donde esos grupos han tenido vínculos con las ocupaciones.

El ministro de Defensa Iván Velásquez ha dicho que los datos están por confirmarse, frente a declaraciones del director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, haciendo eco del informe de la defensoría.

Sin duda, la posible injerencia de grupos ilegales en las invasiones creó tensiones dentro del gobierno, que espera comenzar negociaciones con las diferentes agrupaciones armadas. Aunque hay que recordar que la vinculación de la movilización social con grupos armados ilegales ha sido un recurso fácil para descalificarla.

La oposición al gobierno y los críticos de la reforma agraria acusaron al presidente Petro de incitar las invasiones, desconocer la propiedad privada y la libertad de empresa. Indican que los invasores se han sentido alentados por los discursos sobre la “democratización de la tierra” y las expectativas de reparto de tierras. Por su parte, la ministra de Agricultura Cecilia López dijo que el gobierno está comprometido con democratizar la propiedad, pero que hay que hacerlo respetando la ley y el marco constitucional.

Por esto llaman la atención los llamados a la acción directa del presidente de Fedegan, que no se sabe si está jugando a dirigente gremial en aspira encontrar el beneficio de sus afiliados o a ser cabeza de la oposición uribista al nuevo gobierno y sus proyectos de reformas para disminuir la desigualdad en la propiedad de la tierra.

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

Foto: Elaboración propia - LaFaurie y Mancuso.

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El presidente de Fedegan habría buscado a paramilitares para ayudar a elegir al fiscal Mario Iguarán. ¿El alto gobierno, las altas cortes y el gremio ganadero trabajando de la mano con los paramilitares?

Mauricio Romero*

Osorio ante la JEP

A finales de enero, el exgobernador de Córdoba Benito Osorio declaró en contra del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (Fedegan), José Félix Lafaurie, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Osorio, Lafaurie le habría pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso que apoyara a Mario Iguarán en su aspiración a ser fiscal general de la Nación y habría entregado información sobre los magistrados encargados de elegirlo para que Mancuso los presionara.

Además, Osorio afirmó que el Fondo Ganadero de Córdoba, entidad que dirigió durante los noventa, se había aliado con grupos paramilitares para apropiarse de tierras de forma ilícita.

Días después, el columnista Yohir Akerman reveló en la revista Cambio un conjunto de documentos reservados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según estos documentos, Lafaurie habría participado en la entrega de sobornos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que escogieran a Mario Iguarán como fiscal.

Radiografía del poder

Aunque la relación entre los ganaderos y los grupos paramilitares es bien conocida, estas revelaciones muestran algo más grande: un entramado de corrupción y tráfico de influencias que permeó la justicia y debilitó el Estado de derecho.

Desde hace años, se rumoraba que Iguarán había sido elegido con dineros del narcotráfico, pero no existían pruebas que lo demostraran. El artículo de Akerman muestra, con fundamento en documentos estatales, que los recursos para sobornar a los magistrados provinieron de dos importantes narcotraficantes del llamado “Cartel del Norte del Valle”: Diego Mejía, alias “Don Diego” y Wilber Varela, alias “Jabón”.

Durante años, políticos “antiguerrilleros” justificaron y encubrieron todo tipo de desmanes y abusos por parte de paramilitares y fuerzas del Estado, y gobernaron codo a codo con la ilegalidad.

La mención al Valle del Cauca no es fortuita. El exfiscal Iguarán nació en ese departamento y su jefe del momento, el exministro Sabas Pretelt, creció y trabajó allí durante años. Iguarán y Lafaurie fueron los padrinos de matrimonio del exministro Pretelt en 2006, antes de su partida como embajador en Italia.

Los tres pertenecen o pertenecieron al Partido Conservador. Y no hay que olvidar que José Félix Lafaurie está casado con María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y también ligada al Valle del Cauca.

¿Esta coincidencia regional y partidista tiene algún significado? ¿Podría ser una pista sobre los magistrados que habrían sido beneficiados por los sobornos?

Le recomendamos: La alianza entre paramilitares, empresas y el Estados es causante de las muertes de líderes sociales

¿Por qué contactar a Mancuso?

El episodio que relató el exgobernador Osorio ante la JEP tiene un gran significado en términos políticos. En 2005, cuando Lafaurie habría intervenido a favor de la elección de Iguarán, Álvaro Uribe estaba en su primer mandato y la poderosa maquinaria militar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaba en proceso de desmovilización.

En ese contexto, el dirigente gremial, Lafaurie, buscó al desmovilizado comandante Mancuso para darle una razón del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt. ¿Un funcionario público de alto nivel, enviando razones a un jefe de una organización ilegal armada, a través de un dirigente de una organización gremial nacional? ¿Por qué un ministro pediría el apoyo de un jefe de una organización ilegal armada en proceso de desmovilización para elegir al fiscal general? Para la mirada de alguien exterior, esa confluencia del poder público, de los intereses privados y la ilegalidad puede parecer extraña.

José Félix Lafaurie y el paramilitarismo en colombia
Foto: Twitter: Fedegan - https://twitter.com/Fedegan/status/1491727659637907458/photo/1

Tiene sentido que el gobierno Uribe, a través del ministro Pretelt, buscara el apoyo de Mancuso para elegir a su candidato al cargo de fiscal, uno de los más importantes del Estado.

En realidad, estas relaciones tienen una explicación. Para ser justos, el exministro Pretelt ha reconocido que tuvo varios contactos con jefes paramilitares para facilitar su proceso de desmovilización. Pero en este caso el contacto con Mancuso no tenía nada que ver con el desmonte de las AUC. Al contrario, era una operación para sacar provecho del enorme poder acumulado por los paramilitares en el ámbito regional y de sus influencias en el nivel nacional.

El candidato a fiscal del ministro Pretelt era el viceministro de justicia, Mario Iguarán, su subordinado directo y uno de los cerebros de la Ley de Justicia y Paz presentada por el gobierno: una ley que les exigía poco a los jefes paramilitares y les concedía grandes beneficios.

Por eso tiene sentido que el gobierno Uribe, a través del ministro Pretelt, buscara el apoyo de Mancuso para elegir a su candidato al cargo de fiscal, uno de los más importantes del Estado. Lafaurie le habría dicho a Mancuso que, con su apoyo, lograrían elegir al fiscal más cercano al gobierno y, de paso, el que sería “más benévolo” con los paramilitares.

Poder e ilegalidad

Al parecer, Mancuso no quiso hacer la diligencia pedida o ya tenía su propio candidato. Por eso fue necesario asegurar la elección de Iguarán con el apoyo del Cartel del Norte de Valle, de acuerdo con los documentos del DAS.

Jorge Pretelt, abogado del departamento de Córdoba, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y primo de Alejandro y Arturo Char, era el otro candidato que tenía la posibilidad de ser escogido como fiscal. Como se conoció después, Pretelt resultó apropiándose de tierras de campesinos desplazados por las AUC en el Urabá antioqueño y, con seguridad, tenía el apoyo del Bloque Norte de las AUC, del cual Mancuso era jefe.

En la primera votación, Iguarán obtuvo 10 votos y Pretelt 9 de los 16 necesarios para ser elegido. En las votaciones posteriores, la balanza fue inclinándose a favor de Iguarán.

Quizás como premio de consolación y para cumplir con compromisos, el presidente Uribe nominó de nuevo a Pretelt en 2009 para un alto cargo en el sector judicial, esta vez en la Corte Constitucional, para la cual fue escogido como magistrado. Allí, Pretelt fue denunciado por sus compañeros por cobrar millonarias sumas a cambio de decisiones favorables, fue destituido por el Congreso y condenado a cerca de siete años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

Incluso si la información contenida en los documentos reservados del DAS no da pie a una investigación, se trata de información valiosa para entender cómo se entretejieron las relaciones entre empresarios, narcotraficantes y altos funcionarios del estado.

Como se sabe, algo similar sucedió en las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales de 2002-2003 y 2006-2007, en lo que se denominó como la “parapolítica”. Durante años, políticos “antiguerrilleros” justificaron y encubrieron todo tipo de desmanes y abusos por parte de paramilitares y fuerzas del Estado, y gobernaron codo a codo con la ilegalidad.

Visite en Razón Pública: Un comisionado para la paz que fue acusado de financiar paramilitares

Ganadería y paramilitarismo

La declaración del exgobernador Osorio y la información en los documentos reservados del DAS son un golpe para el gremio ganadero y, en especial, para Fedegan.

Otro presidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo, fue condenado por promover grupos paramilitares. Visbal, Lafaurie y su esposa, Cabal, se han opuesto radicalmente a cualquier solución del conflicto armado distinta del uso de la fuerza y, en particular, al Acuerdo de La Habana.

Hoy, la explicación de esa oposición es más clara: la JEP ha permitido que se conozcan los testimonios de los llamados “terceros responsables” del conflicto armado, como Osorio, cuyas versiones pueden ser muy comprometedoras.

El gremio ganadero fue uno de los sectores más martirizados durante el conflicto armado. En 1995, José Raimundo Sojo Zambrano, directivo de Fedegan, fue asesinado por la guerrilla. Sojo Zambrano había aceptado ser la fórmula vicepresidencial del exgeneral Miguel Maza Márquez, condenado por su participación en el asesinato de Luis Carlos Galán y con estrechos lazos con el cartel de Cali.

A esa historia se suman las recientes denuncias de la organización Dignidad Agropecuaria, según las cuales Lafaurie estaría usando Fedegan para presionar a sus afiliados a votar por su esposa en las próximas elecciones parlamentarias.

Vale la pena reflexionar sobre la reorientación que necesita este gremio en una Colombia que quiere superar ese pasado y presente de violencia.

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

Foto: Radio Nacional - Fue sorprendente ver ante la Comisión de la Verdad al máximo jefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, junto con uno de los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

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Mauricio Romero Vidal

En una histórica audiencia, los máximos jefes de las FARC y las AUC contaron su versión sobre el conflicto. ¿Qué dijeron y cuáles son las verdades que faltan?

Mauricio Romero Vidal*

Una sesión histórica

Fue sorprendente ver ante la Comisión de la Verdad al máximo jefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, junto con uno de los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

Durante la audiencia pública sostenida por videoconferencia, ambos tuvieron una actitud de autocrítica y arrepentimiento, respondieron a las preguntas de los comisionados y pidieron perdón frente a algunas víctimas del conflicto.

Para guiar las intervenciones de Londoño y Mancuso, se les preguntó por las razones de su vinculación a la guerra, los “terceros responsables” en los que se apoyaron esas organizaciones y los factores de persistencia del conflicto armado.

Si bien buena parte de lo que dijeron ya se conocía, escucharlos fue significativo, y permitió poner en perspectiva sus argumentos y contrastar varias de sus afirmaciones. De Londoño ya se habían escuchado varias intervenciones en el marco del Acuerdo de Paz, pero no así de Mancuso.

Además, la sesión pública mostró la ausencia de dos grandes actores, determinantes en la guerra: los representantes del Estado –políticos y militares– y el empresariado. Aunque el expresidente Juan Manuel Santos participó en una sesión similar semanas atrás y habló sobre los falsos positivos, su intervención no fue suficiente. Y al empresariado se le está acabando el tiempo para reconocer su responsabilidad en la persistencia del conflicto armado.

Las diferencias entre ambos líderes

Un primer elemento que debe resaltarse es que Londoño y Mancuso hablan desde diferentes lugares: el primero está en libertad y cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz, mientras que el segundo está preso en los Estados Unidos.

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y a otros catorce jefes paramilitares acusados de narcotráfico. La parapolítica, que había servido para la elección y reelección de Uribe, se volvió una carga cada vez más pesada y el expresidente quiso desligarse de ella con ese gesto. En ese entonces, los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí exclamaban desconcertados: “pecamos por exceso de uribismo”.

Londoño ha cumplido su deber con las víctimas a cabalidad, a sabiendas de que lo que haga nunca será suficiente. Por su parte, Mancuso espera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo reconozca como tercero responsable del conflicto, aunque esta institución ya le había negado su ingreso en una solicitud anterior. Si la JEP accediera a esta petición, Mancuso no volvería a la cárcel en su eventual regreso a Colombia y, según él, podría participar en actividades de reparación a las víctimas.

Para sustentar la nueva solicitud a la JEP, Mancuso hizo énfasis en su carácter de civil vinculado a labores antiguerrilleras y resaltó que pasó de ser jefe de las autodefensas a ser informante y colaborador de las fuerzas militares. Además, insistió en que era líder de unas autodefensas y no de una organización paramilitar.

Según la controvertida argumentación de Mancuso, las autodefensas que él dirigió buscaron solucionar los problemas de las comunidades, dada la inoperancia de los políticos. En contraste, las organizaciones paramilitares operaban estrictamente en el campo de lo que ellos y las fuerzas militares consideraban la “seguridad”.

Le recomendamos: El nuevo mensaje de Salvatore Mancuso ante el Congreso

El Estado y su responsabilidad

Pero Londoño y Mancuso coincidieron en un punto: ambos señalaron la responsabilidad del Estado colombiano en la existencia de las guerrillas y los grupos paramilitares.

Esa responsabilidad, sin embargo, es diferente en cada caso. Para Londoño, la represión estatal de la protesta social y la estigmatización de los movimientos políticos alternativos es la clave del conflicto. Para Mancuso, el abandono del Estado en las zonas rurales, en especial en materia de seguridad, es lo más importante. Es decir, para el primero, el Estado es responsable por acción, mientras que para el segundo es responsable por inacción.

Si se corre la cortina de lo que hay detrás de la palabra “Estado”, se ven los cuerpos armados y de seguridad, el poder ejecutivo en los niveles nacional, regional y local, los espacios de representación política y el sistema de justicia.

Los paramilitares y el Estado

Los diferentes grupos de autodefensa —para usar la terminología de Mancuso— que las fuerzas militares ayudaron a crear en todo el país a comienzos de los 90 ganaron simpatizantes en las diferentes instituciones y espacios del Estado y los pusieron a su servicio. ¿Cómo lo hicieron? ¿El motor fue solo un puñado de ganaderos asediados por la guerrilla y descontentos con las fuerzas armadas?

Según Mancuso, la creación de la Unión Patriótica (UP) y sus éxitos electorales en contextos regionales con conflictos sociales y laborales creó miedo entre empresarios, ganaderos, agricultores, políticos y, sobre todo, en las fuerzas militares.

La fuente del temor era que “Colombia se convirtiera en otra Cuba” —el castrochavismo del momento— y que la UP y las FARC crearan un Estado dictatorial y expropiador. La comunidad internacional iba por otro camino: la Cortina de Hierro acababa de caer y el bloque socialista creado por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial colapsaba.

En el plano nacional, la elección de alcaldes y gobernadores de movimientos y partidos diferentes a los tradicionales mostró el surgimiento de una ciudadanía crítica de la lucha armada. Aún así, las fuerzas militares y sus ideólogos continuaron en la disputa entre democracia y comunismo de los tiempos de la Guerra Fría y orquestaron el exterminio de la UP.

El fortalecimiento de las FARC por su vinculación al narcotráfico en los años 90 reafirmó el temor, y según Mancuso, aparecieron las “listas” con los nombres de políticos de oposición, funcionarios judiciales, activistas sindicales y sociales, maestros, o defensores de derechos humanos a los que había que asesinar.

Las listas eran elaboradas por los organismos de inteligencia del Ejército, la Policía, la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o por los informantes de los paramilitares. Hay abundante evidencia judicial al respecto.

Esta fue la parte más sombría de la audiencia: los organismos de seguridad del Estado, confabulados con narcotraficantes y civiles que tomaron la ley en sus manos y decidieron asesinar a “los enemigos de la patria”. Jaime Garzón, Héctor Abad, Jesús María Valle y miles más, que impulsaron acciones de oposición política, defensa de derechos y otras reivindicaciones, fueron incluidos en esa categoría de “enemigo de Colombia”.

A partir de los inicios de los años 90, las Convivir fueron uno de los espacios de coordinación de esos asesinatos. “Eran un engranaje entre la legalidad y la ilegalidad. Allí llegaban las listas para que alguien operara”, en palabras de Mancuso. Según el exjefe paramilitar, ese espacio legal permitió que las AUC tuvieran una cobertura nacional.

Uno de los impulsores más entusiastas de esas cooperativas de seguridad fue el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe (1995-97) y su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, antiguo gerente de la Federación de Ganaderos de Antioquia. Toda esa información es pública y relativamente conocida, aunque a la fecha no ha habido ninguna autocrítica por parte de sus promotores.

Las masacres y la “defensa de la democracia”

Sobre las masacres de civiles, Mancuso afirmó que eran un mecanismo para cortar los lazos entre las milicias y las guerrillas, y de esta forma aislarla de la población y su apoyo.

Una explicación muy escueta y simple para las cerca de dos mil masacres que tuvieron lugar entre 1985 y 2012, y en las que fueron asesinadas casi doce mil personas, como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Incluso si todos hubieran sido colaboradores de la guerrilla –lo cual es poco probable–, ¿cómo fue que los militares llegaron a la conclusión de que fortalecerían la democracia y las instituciones asesinando civiles?

Esta es una de las respuestas que se espera que el informe de la Comisión de la Verdad incluya. En todo caso, ya hay algunos indicios: la disposición a usar la violencia contra opositores políticos o activistas sociales ha sido construida históricamente. Uno de los factores que influyen en esa construcción es la estigmatización de la oposición desde las entidades estatales y el discurso político.

Foto: Radio Nacional - Si algo quedó claro luego de escuchar a Londoño y Mancuso es que faltan voces por escuchar en el marco de la Comisión de la Verdad. Una de ellas es la del expresidente Álvaro Uribe.

Le recomendamos: El caso de la Unión Patriótica ante la CIDH

En muchos casos, no fueron necesarias las órdenes directas. Ya se sabía qué se tenía que hacer en ciertas situaciones. Pero eso no significa que en algunos casos no hubiera órdenes directas. Un ejemplo es el asesinato de Jaime Garzón en 1999 y la responsabilidad de José Miguel Narváez, futuro subdirector del DAS durante la primera administración de Álvaro Uribe. Narváez aconsejaba a Carlos Castaño, jefe de las AUC, mientras dictaba conferencias sobre “por qué es lícito matar comunistas en Colombia” en los cursos de ascenso de los oficiales de las fuerzas militares.

Si algo quedó claro luego de escuchar a Londoño y Mancuso es que faltan voces por escuchar en el marco de la Comisión de la Verdad. Una de ellas es la del expresidente Álvaro Uribe. ¿Se atreverá el fundador y jefe del Centro Democrático, figura central de la política colombiana desde hace veinticinco años, a dar su testimonio sobre los hechos de la guerra en los cuales ha sido protagonista?

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

Foto: Corte Suprema de Justicia - Civiles armados

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Mauricio Romero Vidal

Es indispensable que el gobierno esclarezca si se trata de individuos aislados o de grupos armados y, sobre todo, si cuentan con el apoyo de la fuerza pública como sugieren algunos vídeos.

Mauricio Romero*

El pasado de violencia paramilitar

La historia del uso partidista de la violencia letal en Colombia es bastante larga. Por eso, resulta preocupante que tantos ciudadanos justifiquen –e incluso exijan– que haya ciudadanos armados o que la fuerza pública respondiera con bala a los manifestantes en el reciente paro.

Estas actitudes han llevado a varios exterminios políticos en los últimos 76 años. Durante la dictadura conservadora de Laureano Gómez, la violencia estatal se dirigió hacia liberales, comunistas y todos aquellos que el régimen consideraba “peligrosos”. En la década de los sesentas, cuando la Guerra Fría y el Frente Nacional coincidieron, los vigilantes de las alianzas internacionales y del pacto bipartidista tildaron el descontento y la protesta social de “enemigo interno”, lo cual avivó la insurgencia armada.

En los ochenta, el narcotráfico impulsó políticos antirreformistas y sectores de las fuerzas militares y de policía pusieron a su servicio su capacidad de violencia en varias regiones. Antes de que la década acabara, cuatro candidatos presidenciales de partidos alternativos fueron asesinados, sin contar políticos y activistas sociales que también cayeron frente a una violencia con mayor o menor participación del Estado. La Constitución de 1991 buscó garantizar la participación política de más actores, pero sus resultados han sido limitados.

En los noventa, la “guerra sucia” le ganó el pulso a la legalidad y al respeto de los derechos humanos, y se convirtió en el instrumento para enfrentar a unas FARC fortalecidas. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos, financiados por el narcotráfico y asociados con unidades militares y de policía causaron una de las peores tragedias humanitarias recientes.

Resulta preocupante que tantos ciudadanos justifiquen que haya ciudadanos armados o que la fuerza pública respondiera con bala a los manifestantes en el reciente paro.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1995 y 2004 hubo alrededor de 150 mil asesinatos selectivos que incluyeron milicianos de las guerrillas, políticos de oposición, dirigentes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos o simples sospechosos de auxiliar a la guerrilla. Los altos mandos militares y las élites políticas permanecieron impávidos ante estos hechos.

Hubo también oportunistas que aprovecharon e incluso promovieron el desplazamiento forzado de los campesinos para apropiarse de sus tierras. En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció públicamente el nefasto efecto humanitario del conflicto armado y expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que había sido saboteada por las dos administraciones de Álvaro Uribe, quien insiste en que en Colombia no hubo conflicto armado.

La doctrina Vietnam

La presión por “acabar con la guerrilla” impulsada por la seguridad democrática de Uribe propició que los militares acabaran con la vida de muchos guerrilleros antes de que lograran que se desmovilizaran y que asesinaran civiles para presentarlos como bajas en combate.

En junio de este año, Santos reconoció ante la Comisión de la Verdad que la administración de Uribe propició una crisis ética en las Fuerzas Militares al impulsar el “conteo de cadáveres” (del inglés bodycount) o la doctrina Vietnam, aunque Uribe insiste en que nunca aplicó dicha doctrina.

Santos también reveló que en un principio se negó a aceptar que los miembros del Ejército estuvieran asesinando civiles para presentarlos como bajas de combate, pero que el general (r) Álvaro Valencia lo hizo entrar en razón y le aconsejó ver a los guerrilleros como adversarios y no como enemigos, “pues a los primeros hay que derrotarlos y a los segundos hay que eliminarlos… y los guerrilleros también son colombianos como usted y yo”.

Tras una investigación exhaustiva, en marzo de este año la JEP reveló que ha documentado al menos 6.402 casos de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, cifra que podría aumentar en el avance de la investigación. El fin de estos asesinatos era mostrar un parte de victoria militar, obtener beneficios y demostrar que las FARC estaban cada vez más debilitadas. Estos hechos ocurrieron en todos los departamentos del país e incluyeron las ocho divisiones del Ejército.

Foto: Concejo de Cali - Principalmente en Cali, durante las protestas, se vio la actuación de civiles armados bajo el presunto amparo o permiso de la policía

Puede leer: El paro: ¿con o sin salida?

El Informe de la JEP

La historia nacional hace que el Informe de la Unidad de Investigación y Acusación publicado por la JEP el pasado 1 de julio resulte desconcertante. La entidad asegura que en 27 ciudades, encabezadas por Cali, hubo grupos de civiles armados que buscaban intimidar o lastimar a los manifestantes del Paro Nacional. Además de disparar y golpear manifestantes, los miembros de estos grupos hicieron grafitis con siglas asociadas a grupos paramilitares y difundieron vídeos celebrando la “justicia” a mano propia.

Justificada está así, la preocupación de la JEP por la respuesta del gobierno frente a la protesta social, pues no hay garantía alguna de la no repetición de violaciones de derechos humanos que contempla el Acuerdo de la Habana.

Las agencias de seguridad pública deberían esforzarse por obtener más información sobre los grupos de civiles que promueven el uso de la violencia, pues solo así será posible desarrollar estrategias que permitan combatir ese fenómeno. La primera pregunta que surge al ver los vídeos que muestran civiles armados es si forman parte de grupos organizados o son individuos aislados.

Si en efecto se trata de organizaciones, es importante saber qué tanto alcance tienen y cuál es su relación con la fuerza pública. Si se trata de individuos dispersos como aparentemente es el caso de Andrés Escobar, el civil armado del barrio Ciudad Jardín de Cali, es necesario esclarecer qué tipo de contexto motiva a un ciudadano a disparar a plena luz del día –así lo hiciera con un arma no letal– y por qué la policía no intentó detenerlo, como se observa en varios vídeos.

El Informe de la Unidad de Investigación y Acusación publicado por la JEP el pasado 1 de julio asegura que en 27 ciudades hubo grupos de civiles armados que buscaban intimidar o lastimar a los manifestantes del Paro Nacional.

¿Qué tienen en la cabeza los policías que estuvieron presentes en actos violentos perpetrados por civiles armados y no hicieron nada? Se trata de personas que han asistido a cursos de derechos humanos y tienen entrenamiento para usar proporcionalmente la fuerza letal. Fueron evidentes durante el paro nacional los legados de las prácticas violentas del pasado. Lo que hace que todo esto sea más grave es que según el informe de la JEP situaciones similares no ocurrieron solo en Cali, sino en 27 ciudades.

Lea en Razón Pública: ¿Qué sabemos de los presuntos asesinatos perpetrados por la Policía?

Para saber si estos grupos pueden denominarse paramilitares es fundamental obtener información sobre sus vínculos con las fuerzas policiales y los cuerpos de seguridad. No toda la violencia letal ejercida por civiles que sea tolerada o incitada por la fuerza pública puede llamarse paramilitarismo. Conocer con precisión si hay o no relaciones entre los grupos armados civiles y la seguridad del Estado permitiría desmentir las acusaciones de los sectores de la oposición que señalan que estos grupos son tolerados y protegidos por la policía y por políticos cercanos a Duque. La claridad del gobierno no sobra en este tema, más cuando se avecinan las presidenciales.

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Mauricio Romero

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Mauricio Romero

Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

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Mauricio Romero VidalMucho ha cambiado desde que hace quince años fue aplaudido en el recinto tras defender el heroísmo de las AUC. Esta vez habló de la JEP y de un tema incómodo para el uribismo.

Mauricio Romero Vidal*

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Mauricio Romerootra violenciaLa condena de un expresidente de la Federación de Ganaderos por nexos con paramilitares recuerda la responsabilidad de algunos empresarios en el conflicto armado y lo difícil que será llegar a la verdad de sus relaciones.

Mauricio Romero Vidal*

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Mauricio Romero

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Mauricio_Romero_Vidal_RazonPublicaDebajo de las cifras hay preguntas inquietante sobre quién tiene más responsabilidad histórica, sobre la diferencia entre guerrilla y paramilitarismo y sobre a quiénes les van a devolver las tierras.

Mauricio Romero VIdal

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Docente universitario. Ex asesor de la Comisión de la Verdad.

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