Debajo de las cifras hay preguntas inquietante sobre quién tiene más responsabilidad histórica, sobre la diferencia entre guerrilla y paramilitarismo y sobre a quiénes les van a devolver las tierras.
Mauricio Romero VIdal
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Tres cuestiones de fondo Declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno acerca de la responsabilidad de las FARC en el despojo de tierras han causado sorpresa e interés por tres razones centrales:
-Primera, porque se entendía que los principales beneficiados con el desplazamiento por medio de masacres y amenazas de varios cientos de miles de familias campesinas eran los jefes de los grupos paramilitares y sus asociados. -Segunda porque la intención de igualar analíticamente a las guerrillas con los paramilitares parecería una actitud más propia de la línea de pensamiento del gobierno Uribe y de las fuerzas armadas. -Y tercera porque de esas declaraciones puede deducirse algo más preocupante: que los desplazados por las FARC tendrían más posibilidades de presentar solicitudes de restitución de tierras que los despojados por las AUC-un hecho que de ser cierto, sería sumamente grave. Así pues la discusión causada por las declaraciones del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y otros funcionarios del ramo no es de poca monta: tiene que ver con la verdad acerca de los responsables del desplazamiento forzado de cerca de cinco millones de colombianos, de las interpretaciones históricas sobre esos hechos de violencia, y sobre las posibilidades de reparación de esas familias desplazadas. Confusión conceptual En concreto, el ministro y sus funcionarios dicen que aproximadamente el 38 por ciento de las solicitudes de restitución de tierras — recibidas hasta septiembre de este año por el ministerio — corresponde a familias desplazadas o despojadas por las FARC. La participación de las AUC es de 40 por ciento, de manera que cada bando sería responsable del despojo en la misma proporción. A primera vista, los funcionarios solo hablan de las solicitudes de restitución, no del total de las tierras efectivamente despojadas. Sin embargo, la contundencia de las afirmaciones — o al menos como fueron presentadas por los medios — da a entender que se está hablando del total del despojo. Un primer comentario: existe una cierta confusión conceptual entre desplazamiento, abandono y despojo en el ministro y sus funcionarios, a juzgar por lo que entendieron los periodistas que registraron las declaraciones. Una cosa es el desplazamiento forzado, resultado de la violencia y la intimidación, y otras son el abandono y el despojo. Si la amenaza es continua y el riesgo permanente, el desplazamiento puede convertirse en abandono del bien, pero aún así, esto no significa despojo. En el despojo existe la intención manifiesta de robo, expropiación, enajenación de un bien o un derecho, intención que es ratificada legalmente ante notaría por diferentes mecanismos jurídicos [1]. Afirmación poco creíble Dos informes del Grupo de Memoria Histórica de la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) discutieron e ilustraron las diferencias entre despojo, abandono y desplazamiento.
La legalización notarial del despojo estuvo disponible para los paramilitares y sus testaferros, tal como se ha demostrado en los diferentes casos de captura de los gobiernos locales en la Costa Caribe, en los Llanos Orientales y en otras regiones. Ese recurso no ha estado disponible para las FARC en la misma magnitud, o al menos no hay evidencia pública disponible sobre casos similares. Esto no quiere decir que las FARC no hayan desplazado campesinos, claro que sí. Pero de ahí a que hayan tenido acceso a notarías para legalizar el despojo, hay una gran distancia. En fin, la afirmación de que las FARC han sido tan despojadoras como las AUC resulta poco creíble, y más bien, lo que se observa es un manejo conceptual poco riguroso, ya sea por parte de los funcionarios, ya sea por parte de los periodistas que han registrado las declaraciones. El propio ministro Restrepo ha dicho que aproximadamente el 70 por ciento de las tierras supuestamente despojadas por las FARC pueden estar sembradas de minas antipersonales. Este hecho indicaría que las dos terceras partes del desplazamiento ocasionado por esta guerrilla ha sido consecuencia directa de la lógica del enfrentamiento armado, y no resultado de la codicia de sus comandantes, codicia que sí ha quedado claramente documentada en el caso de las AUC. Violentos sí, pero no iguales Una segunda reacción tiene que ver con la igualación analítica que se hace entre guerrilleros y paramilitares –reforzada por su común calificativo de “terroristas” – tan característica del ex presidente Uribe y los voceros de las fuerzas armadas. La imagen que reproduce esta metáfora es la de una “democracia asediada” por violentos, cuyas élites y fuerzas militares no han tenido nada que ver con el patrocinio o complicidad con los grupos paramilitares. La homologación de guerrilleros y paramilitares conduce a un blanqueo narrativo de esas élites civiles y militares, que precisamente propiciaron la “guerra sucia” en contra de los supuestos apoyos civiles de la subversión. Semejante igualación analítica se construye a partir del uso de la violencia que hace cada uno de estos actores, pero sin considerar los efectos sociopolíticos y económicos tan diferentes que han generado estas agrupaciones en los territorios donde han tenido influencia. Seguridad diferente, víctimas iguales Por último, puede hacerse una lectura completamente opuesta a la de los voceros del gobierno con respecto a las cifras de las solicitudes de restitución de tierras presentadas hasta ahora.
En efecto, de acuerdo con estas solicitudes, los desplazamientos atribuidos a las FARC han ocurrido mayoritariamente en Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Norte de Santander. Una gran proporción de esas reclamaciones afecta predios ubicados en baldíos nacionales y con extensiones muy por encima del área de las fincas campesinas promedio. Adicionalmente, estos son departamentos en donde también ocurrieron desplazamientos originados por las AUC y las fuerzas militares. Resulta desconcertante que, al parecer, los desplazados por las guerrillas tengan mejores posibilidades de solicitar la restitución – dadas las nuevas condiciones de seguridad – que quienes fueron despojados por las AUC y sus testaferros. Para estos últimos la falta de seguridad para reclamar sus tierras ha sido una de las grandes deudas del gobierno y constituye precisamente uno de los mayores obstáculos para presentar solicitudes de devolución de sus tierras. Esto explicaría la similitud de las guerrillas y los paramilitares en la responsabilidad del desplazamiento identificada en las reclamaciones registradas hasta el momento en el ministerio de Agricultura. Es decir, no es que las FARC hayan desplazado más que las AUC, sino que sus víctimas tienen mejores condiciones para reclamar, mientras que a las de las AUC y las fuerzas militares les ocurre todo lo contrario: no denuncian por temor a represalias. Una sugerencia para el ministro y sus funcionarios: pensar menos en el impacto mediático y más en un análisis desideologizado de las cifras. * Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de, Bogotá.
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