El Código Nacional de Policía y Convivencia: ¿cómo avanza su aplicación? - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno El Código Nacional de Policía y Convivencia: ¿cómo avanza su aplicación?

El Código Nacional de Policía y Convivencia: ¿cómo avanza su aplicación?

Escrito por Carolina Ortega

Código de Policía vigente

Carolina OrtegaUna cosa es la Ley y otra cosa es la vida cotidiana de los policías y habitantes de pueblos y ciudades de Colombia. Esta mirada de conjunto sobre un Código ambicioso muestra luces y sombras muy precisas sobre la convivencia ciudadana. 

Carolina Ortega Contreras*

Comienza el aterrizaje

Como se había advertido desde la adopción del nuevo Código de Policía, el Estado carece de  la capacidad  suficiente para llevar a la práctica sus metas ambiciosas. Las ciudades grandes están haciendo un gran esfuerzo, pero los municipios pequeños no disponen del andamiaje ni de los recursos que supondría la aplicación de esta nueva Ley.   

Hace algunos días se firmó el Decreto 1284 con el objeto de “reglamentar parcialmente la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia”.  El Decreto dispone:

  1. La creación del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) como el sistema a cargo de la Policía Nacional que reúne los datos concernientes a la identificación de la persona infractora, el tipo de medida correctiva, el estado de pago de la multa o el cumplimiento de la medida.
  2. Algunas medidas sobre el cobro y destinación de los dineros por concepto de multas. Eventualmente los recursos ingresarán al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia (FONSET) de los municipios, y se destinarán en su mayoría a programas de prevención y cultura ciudadana.
  3. La adecuación o creación de Centros de Traslado por Protección -dispuestos para recibir a las personas que sean trasladadas por protección- o Asistencial – instituciones que prestan servicios de salud ubicados en la jurisdicción correspondiente-.
  4. La participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia y difusión del Código, donde además de los contenidos generales, el Decreto ordena adecuar instalaciones, recurso logístico y talento humano necesarios para los programas.

Insuficiencia institucional

Charla sobre el Código y el asunto de las mascotas que puedan representar un riesgo.
Charla sobre el Código y el asunto de las mascotas que puedan representar un riesgo. 
Foto: Tuluá

Pero a pesar del Decreto – y en lo que toca a los gobiernos locales-:

  • Muchos municipios carecen de la infraestructura física para realizar los traslados por protección. Las personas que estén bajo efectos del alcohol, sustancias psicoactivas o tóxicas no pueden seguir siendo trasladadas a las estaciones de policía, a los CAI ni mucho menos a centros de reclusión.
  • Tampoco queda claro quién en los municipios impartirá los cursos o programas comunitarios, en qué lugares se van a realizar, quiénes asistirán, ni con qué recursos se llevarán a cabo.  .

Por otra parte la póliza obligatoria para cubrir los riesgos de tener caninos potencialmente peligrosos aún no se encuentra reglamentada. Tras seis meses de aplicación pedagógica y preparatoria de la norma, las aseguradoras no ofrecen este servicio.  Y sin embargo, la sanción para quien no lo porte se estima en 786.989 pesos.

De modo pues que no será posible, por lo menos de manera inmediata, cumplir o hacer cumplir algunos de los mandatos del nuevo Código de Policía.

Artículos demandados

El control constitucional del Código de Policía ha sido necesario para prevenir arbitrariedades.

La ejecución de esta Ley puede ser percibida como una sobrecarga laboral para muchos uniformados.

Como  resume Mauricio Albarracín, la Corte ha limitado el Código en relación con la entrada al domicilio sin orden judicial, los vendedores ambulantes y el derecho a la protesta:

  1. En caso de que la Policía deba entrar a un domicilio por urgencia, esta actuación deberá tener control judicial posterior;
  2. Los vendedores ambulantes no pueden ser desalojados del espacio público sin garantizar alternativas económicas y el respeto al principio de confianza legítima, y
  3. Las normas sobre protesta y reunión “deben ser tramitadas en una ley estatutaria porque regulan el núcleo esencial de estos dos derechos constitucionales”.  En este punto se impone una revisión más detallada de la aplicación correcta de la legislación internacional sobre el uso de la fuerza por parte de los responsables de hacer cumplir la Ley.

Otro asunto controversial es la alusión del Artículo 171 al irrespeto por parte de ciudadanos a las autoridades, irrespeto que conlleva la imposición de medidas correctivas. Si la agresión es física, se considera un irrespeto grave y puede concluir en sanciones penales.  El Código por supuesto pretende que las autoridades de policía sean respetadas, pero sería preciso reducir el margen de subjetividad en la interpretación de lo que significa “irrespeto no físico”: no sabemos si se trata de desacato, de desobediencia o de falta de cortesía.

Función y actividad de Policía

El Código de Policía es una Ley cuya aplicación no es exclusiva del cuerpo policial.  En tanto el busca regular y prevenir comportamientos que perjudican la convivencia, requiere de la intervención responsable y coordinada de otros actores que hacen parte de la naturaleza del poder, la función y la actividad de policía: alcaldes, gobernadores, concejos municipales, inspectores, etc.

Si bien gran parte de la tarea pedagógica y de difusión la ha adelantado la Policía Nacional, no todos los alcaldes y gobernadores están plenamente comprometidos. Muchos de ellos han perdido o no ejercen el liderazgo de la seguridad en sus territorios.

Y por su parte los inspectores de policía se enfrentan a una grave insuficiencia de personal para cumplir a cabalidad su función de resolver querellas y conciliar entre los ciudadanos (amparo al domicilio, salubridad, espacio público), incluyendo la revisión en segunda instancia de medidas correctivas impuestas por policías. Además de lo cual  es bien sabido que muchos inspectores municipales no poseen suficientes conocimientos en Derecho de Policía.

Riesgos para el cuerpo policial

Inspecciones por parte de la policía.
Inspecciones por parte de la policía. 
Foto:  Alcaldía Mayor de Bogotá

No existe el personal policial suficiente para cumplir todos los requerimientos del nuevo Código. La ejecución de esta Ley puede ser percibida como una sobrecarga laboral para muchos uniformados, desestimulando así el servicio y la calidad de la atención al ciudadano. 

La insistencia en las cuotas o el número de comparendos que se esperan de cada policía puede también implicar distorsiones, y es importante que la Policía Nacional siga  repensando su modelo de evaluación del desempeño e incorpore nuevos indicadores que no impliquen incentivos negativos.

Un punto clave es evaluar el conocimiento y la apropiación del nuevo Código por parte de cada uniformado – y aún falta claridad sobre este tema de dentro de la institución-.   Comprender los alcances e implicaciones del Código dentro del aparato estatal y para el  quehacer cotidiano no es un ejercicio simple. Las escuelas de formación policial tienen por eso que profundizar más los procesos para desarrollar las nuevas competencias. Las administraciones locales deberán también aportar a estos procesos de capacitación.

Multas y recaudos

Según Paul Bromberg, ex Alcalde de Bogotá, algunas multas del nuevo Código probablemente ya existían en algunos o en muchos municipios; lo novedoso es atribuirlas a la Policía para aplicarlas por su propia cuenta.  Así ocurrió en Bogotá cuando en 2003 se expidió un Código de Policía donde se impusieron multas autorizadas por normas ya existentes.

Ahora bien, aunque ya existe el registro (RNMC) de la Policía Nacional, en realidad muchos alcaldes no saben o no han pensado en cómo inventariar y recaudar las multas.

Las multas no tendrán mayor importancia en términos de recaudación, ya que aparentemente el hábito del no pago de infracciones está muy extendido. 

Bromberg considera que las mismas no tendrán mayor importancia en términos de recaudación, ya que aparentemente el hábito del no pago de infracciones está muy extendido. Según el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional, algunas multas impuestas por infracciones urbanísticas en localidades de Bogotá se consolidaban jurídicamente luego de varios años, pero ninguna había podido cobrarse.  Como también es probable que muchos contraventores no se verán demasiado afectados por figurar en ese sistema de información, de modo que esta medida quizás no logrará los resultados esperados. Hay que pensar por eso en métodos alternativos.

Los entornos rurales

Un Código diseñado en su mayoría para lo urbano, difícilmente se adecuará a las particularidades del mundo rural. Los ciudadanos no poseen una voluntad de denuncia dadas las grandes limitaciones en la administración y en el acceso a justicia, más el temor a posibles represalias.

Lo anterior puede ilustrarse con relación a un aspecto relativamente novedoso del Código

que se viene analizando: las medidas correctivas frente a comportamientos contrarios a la preservación ambiental en zonas rurales.  Prácticas como la tenencia o la comercialización de animales silvestres no son informadas a las autoridades para evadir cobros que afecten el negocio.  Muchos campesinos creen que el Código se les aplica solo a los pequeños comerciantes y no a las multinacionales que mantienen intactas sus licencias aunque ellas contaminen e infrinjan las normas. Sin contar la limitada cantidad de funcionarios públicos que ejercen control en veredas y corregimientos. 

Falta discutir, bajo una lógica de corresponsabilidad ciudadana para la convivencia, las brechas de tipo cultural o social que agregan peso a la ejecución del Código de Policía, la falta de interés de muchos ciudadanos en el tema, y la necesidad de comunicar el contenido del Código más allá de la labor de difusión que realiza la Policía Nacional o la información a veces poco objetiva que publican algunos medios de comunicación. 

Toda norma que ordena comportamientos sociales requiere de tiempo para pasar a la práctica. Parecería ser una labor sencilla, pero no lo es – y sin embargo, hay que intentarlo-. Como dirían Pressman & Wildavsky, ninguna sugerencia de reforma es más común que ´lo que necesitamos es más coordinación´ (…).quienes participen en cualquier actividad determinada deben contribuir a un fin común, en el tiempo oportuno y en la proporción apropiada para lograr una coordinación”.

 

* Politóloga de la Universidad Nacional, magister en Políticas Públicas, especialista en Análisis de Políticas Públicas y en Gestión Territorial de la Seguridad,  profesora universitaria, consultora e investigadora.

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies

Conoce la galería de obra gráfica de Razón Pública

Podrás adquirir obra gráfica de reconocidos artistas latinoamericanos a un excelente precio y ayudarnos a financiar este maravilloso proyecto periodístico