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Inseguridad en Bogotá: los retos venideros

Escrito por Carolina Ortega
panoramica Bogotá

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Carolina Ortega ContrerasAnálisis desglosado de los indicadores más preocupantes de seguridad, con propuestas concretas sobre los caminos para reducir las tasas de homicidios y la percepción de inseguridad entre los bogotanos.  

Carolina Ortega Contreras*

Seguridad y ciudad

En el plano del Estado nacional, la insatisfacción ciudadana en áreas como la seguridad y la convivencia suele traducirse en exigencias estrechamente relacionadas con los desafíos globales emergentes y con las nuevas realidades de cada país. Este fenómeno se da también en el plano local, en tanto el ciudadano encuentra en el “municipio” la concreción de la presencia del Estado y de las instituciones que formulan y ejecutan las principales políticas públicas.

Los cuerpos colegiados (titulares del poder de policía), el alcalde (jefe de la Policía), la Policía Nacional y las demás entidades involucradas deben entonces actuar de manera concertada para prevenir y contrarrestar  el delito.  Y este es quizá el mayor de los retos que deberán enfrentar la administración Petro y la de quien le suceda en la Alcaldía de Bogotá, puesto que los niveles de victimización son elevados y la percepción de inseguridad se encuentra al alza.

Los niveles de criminalidad y victimización en Bogotá son altos.
Los niveles de criminalidad y victimización en Bogotá son altos.
Foto: Oneris Daniel Rico García

Homicidios por venganza

De 1.280 homicidios cometidos en 2013, Bogotá pasó a tener 1.344 en 2014. Según el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CACSA), este aumento se debe a tres factores principales: los ajustes de cuentas o venganzas (48,2 por ciento), las riñas (27,2 por ciento) y la resistencia de las personas al atraco (10,7 por ciento).

Fuente: CEACSC (2014)

Bogotá es una ciudad receptora de migrantes de otras regiones, y junto con las personas se mueven las organizaciones criminales que reproducen patrones  de violencia y delincuencia del orden nacional o regional en el plano local. Entre estas figuran el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el hurto de celulares y la que más recientemente se ha venido presentando: las venganzas o retaliaciones por ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas transnacionales dedicadas a delitos como el narcotráfico o la minería ilegal.

El homicidio por venganzas tiene graves implicaciones para el Estado y para el gobierno local porque:

– Pone en evidencia el control territorial de organizaciones delictivas que operan bajo formas poco tradicionales; según el CEACSC para 2014 los homicidios por venganza se produjeron en un 47,8 por ciento entre habitantes del mismo sector; y

– Afecta la percepción de seguridad, ya que el ciudadano lee la situación como ausencia de Estado en la ciudad o en su barrio (según la encuesta Bogotá Cómo Vamos 2014, el 29 por ciento de los bogotanos se sienten inseguros en su barrio).

Concentrar esfuerzos en las localidades más afectadas por esta modalidad de homicidio, aumentando puestos de control o personal de vigilancia y fortaleciendo las capacidades policiales en inteligencia e investigación criminal puede ser una medida inicial para enfrentar el problema, pero no es la solución definitiva. Habrá que adoptar planes de  largo plazo que incidan sobre las causas más hondas del problema y no apenas sobre sus expresiones coyunturales.

Como señala Jeremy McDermott, el crimen organizado colombiano “ha atravesado una profunda metamorfosis, y ahora actúa entre sombras, ha democratizado gran parte del negocio y está explorando nuevos mercados (…) ahora es más clandestino, ha adquirido un carácter más discreto y opera crecientemente fuera del país”.

Por eso hay que cambiar las formas tradicionales para intervenir sobre los territorios. La acción del Estado debe ser integral y estratégica, basada en el análisis y la anticipación de los fenómenos delictivos, para poder llegar hasta los núcleos de las cadenas criminales. Esto se hará más urgente cuando sobrevengan el aumento previsible en los niveles de violencia y el cambio igualmente previsible en las formas delictivas durante el posconflicto.

Por eso mismo va a ser necesario profundizar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas de prevención enfocadas hacia las personas, de manera que puedan reducirse las posibilidades de comisión del delito y se desalienten la reincidencia y la continuidad de las carreras criminales. Este tipo de intervenciones no han sido suficientemente valoradas en Colombia porque sus resultados solo se ven a largo plazo y porque exigen recursos cuantiosos y coordinación intersectorial. Sin embargo, algunas experiencias latinoamericanas  en este campo ya presentan resultados positivos.

Oficiales de la policía en el centro de Bogotá.
Oficiales de la policía en el centro de Bogotá.
Foto: Marcelo Träsel

Homicidios por intolerancia

Según  la Policía Nacional, entre enero y octubre de 2014 el consumo de alcohol y drogas originó casi el 70 por ciento de los casos de violencia, riñas y homicidios en Bogotá. Dada la complejidad del problema, sería preciso evaluar con más cuidado el impacto de medidas como el desarme ciudadano o la flexibilidad en el horario de la rumba extendida.

Como sugiere Eduardo Behrentz, la administración distrital debería pensar en disminuir el consumo de alcohol entre los jóvenes, ya que su efecto es “catalítico en la promoción de comportamientos agresivos y por los efectos secundarios que genera en el desarrollo social y cognitivo”.

Por otra parte, y entre las medidas para contrarrestar los casos de intolerancia y evitar que desemboquen en  actos de violencia habría que dar mayor relieve y atención a:

            – Los programas de prevención dirigidos a grupos especialmente proclives a la intolerancia;

– Los espacios pedagógicos que promuevan la cultura de la legalidad, la sana convivencia y el valor por lo público; y, sobre todo,

– Los procesos de diseño de políticas más cercanos a las realidades locales, orientados hacia la familia, la escuela, la comunidad, el espacio público, la infraestructura urbana, la Policía, la justicia y las instituciones penitenciarias.

Estas políticas deben abarcar las dimensiones o efectos previsibles en materia de delitos,  contravenciones u otros comportamientos ciudadanos que trascienden de lo normal y afectan la seguridad o convivencia ciudadanas. Para esto habría que repensar y fortalecer la  actividad de policía en toda la ciudad.

Percepción de inseguridad

Según la encuesta Cómo Vamos 2014, el 52 por ciento de los residentes en Bogotá se sienten inseguros:

Fuente: Bogotá Cómo Vamos (2014)

La percepción está condicionada en mucho por la victimización: el 72 por ciento de los encuestados declaró haber sido víctima del atraco o “raponazo”. Y esto empeora cuando se observan los niveles de denuncia de delitos: el 67 por ciento de las personas respondió que no denunció por razones como la falta de confianza en las autoridades, la cantidad de trámites (re-victimización), la falta de tiempo o la falta de pruebas.

¿Qué hacer entonces para mejorar la percepción de seguridad? El paso más obvio es fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y el sistema de justicia (aplicación rigurosa de la ley, identificación, judicialización y captura de delincuentes). Lamentablemente, es un tema ampliamente discutido y poco desarrollado, que sigue  socavado la imagen de las instituciones del Estado. Y sin embargo, como explica Hugo Acero, los resultados de las encuestas de percepción y victimización deben ser una herramienta fundamental para formular y corregir las políticas, pues de otro modo son recursos y esfuerzos invertidos en vano.

Retomar programas comunitarios que estimulen formas distintas de interacción entre la  Policía y lo comunidad también podría mejorar la percepción de seguridad. De igual forma, seguir adecuando a la ciudad misma como herramienta de prevención situacional sería  muy importante: en definitiva, el gobierno local deberá planear y organizar la ciudad para la seguridad y la convivencia ciudadanas.

 

*Politóloga y especialista en Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Nacional, asesora e investigadora en seguridad y convivencia ciudadana.

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