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Del rey-pastor al servidor público

Escrito por Diana Isabel Molina
Jueces de la Corte Penal Internacional.

Jueces de la Corte Penal Internacional.

Diana Isabel MolinaHa sido largo el trecho entre la sociedad donde un rey cuidaba de las almas de sus súbditos, y el mundo donde los gobernantes deben garantizar la convivencia y los   derechos de todos. Y sin embargo muchos en Colombia parecen no entenderlo.

Diana Isabel Molina Rodríguez*

La libertad de conciencia frente al Estado laico

Pauline Capdevielle

Universidad Nacional Autónoma de México

2015

Instituciones premodernas

Algunos elementos de los principados o Estados premodernos siguen estando entre nosotros: los ejércitos, las relaciones internacionales, la burocracia, las leyes y los jueces.

Los jueces del siglo XIII obedecían órdenes y esperaban revelaciones divinas. Sus juicios se llevaban a cabo a través de experimentaciones (no de audiencias) sobre las cuales la mano invisible de Dios tenía gran influencia.

Asimismo, era el rey quien promulgaba las leyes, soportado en una suerte de soberanía que dependía de la voluntad divina y de la fe. En el monarca medieval había también una característica que lo aleja abismalmente del gobernante moderno: su función pública.

Mientras las funciones del rey–pastor se encaminaban a que los fieles de “su  rebaño” salvaran sus almas después de la muerte, el soberano moderno debe asegurar que los ciudadanos disfruten de la plenitud de sus derechos en este mundo.

Mientras que para el rey-pastor los principales enemigos eran la tentación, el pecado y la desobediencia, el soberano moderno se encuentra con preocupaciones muy distintas, como decir la violencia, la desigualdad o la vulneración de derechos. De modo que, mientras el control sobre el comportamiento privado de los hombres es coherente con la función pública del rey–pastor, para el poder político de instituciones laicas este mismo control es una contradicción.

Por esto los líderes que usan banderas políticas para recortar el alcance de derechos de minorías histórica y socialmente discriminadas en nombre de la moralidad pública y haciendo uso de herramientas “democráticas” están fuera de su tiempo.

Hace más de 400 años que los individuos, en teoría, ingresaron a una sociedad civil que les  garantiza derechos y libertades mediante leyes escritas que respetan la autonomía personal.

Aunque toda esta movilización religioso-política sea anacrónica, es importante no subestimarla porque se trata de una militancia excluyente y en efecto violenta, que vuelve a confundir ley con pecado y se camufla e inserta en un juego de mayorías y de populismos que el Estado neutro y laico debe también respetar.  

El Estado laico

Una multitud celebra la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar el matrimonio homosexual
Una multitud celebra la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar
el matrimonio homosexual 
Foto: Wikimedia Commons

Esta disyuntiva del Estado que debe enfrentar a las hegemonías religiosas fundamentalistas de antaño en terrenos democráticos y bajo normas de juego constitucionales es uno de los temas que aborda el libro La libertad de conciencia frente al Estado laico.

Hace más de 400 años que los individuos, en teoría, ingresaron a una sociedad civil que les  garantiza derechos y libertades

El trabajo recuerda, en contextos filosóficos, dogmáticos y constitucionales, las bondades del Estado laico para las necesidades históricas de nuestros días y salva la discusión sobre la laicidad de antiguos señalamientos en torno a tolerancia moral irresponsable y ambigua.

La libertad de conciencia frente al Estado laico se inscribe en la Colección Cultura Laica, lanzada en 2015 por la Cátedra Benito Juárez, en el sello editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta colección incluye títulos como Matrimonio homosexual y secularización; Laicidad y derechos reproductivos de las mujeres en la jurisdicción constitucional latinoamericana; Pluralismo religioso y pluralismo legal: un compromiso posible; La República laica y sus libertades; y Cuatro visiones sobre laicidad, y cita de manera recurrente los problemas y avances -o retrocesos- de Colombia.

Entre los temas del libro está el recuento del origen laico de la emancipación filosófica y moral por encima de la religión y las tensiones resultantes entre razón y revelación. También contiene apuntes sobre las implicaciones prácticas de esta emancipación, como la legitimidad del gobernante que se origina en el querer popular y no en la voluntad de Dios,   la libertad de conciencia y la igualdad ante la ley de todas las personas en los Estados modernos.

Un argumento central de la autora es la nueva visión sobre laicidad, pluralismo y tolerancia que hizo posible la coexistencia de distintas visiones del mundo dentro de una misma  “sociedad civil” o sistema político que hace posible la vida en común por encima de aquellas discrepancias.

Sostiene Capdevielle que “es de gran valor la libre elección individual y no se debe interferir con esa elección”. En este contexto deben por eso existir “instituciones que faciliten esta lucha individual, estos planes de vida y la satisfacción de estos ideales, impidiendo la interferencia en tal curso de la persecución del ideal de cada persona”.

Por eso la existencia del Estado laico es esencial para que todas las personas podamos  ejercer la autonomía moral y disfrutar del catálogo completo de los derechos y libertades personales- una forma de vida que supone neutralidad y tolerancia de parte del Estado, igualdad jurídica y gobierno limitado. Se trata de una institución capaz de asegurar la  legitimidad en el  reconocimiento de derechos y sustentar una cultura de respeto a la autonomía de los individuos, siempre y cuando no implique daños a terceros.

Permanencia del pasado

El Procurador General Alejandro Ordóñez.
El Procurador General Alejandro Ordóñez.
Foto: Procuraduría General de la Nación

Según esta mirada, no es posible admitir instituciones políticas que impongan  concepciones fundamentalistas sobre el bien, el mal o el pecado a través del derecho, cuando su vocación es justamente la contraria: permitir que cada uno de los ciudadanos “pueda desarrollar una propia convicción sobre el bien en la forma que considere más conveniente”.

No es posible admitir instituciones políticas que impongan  concepciones fundamentalistas sobre el bien, el mal o el pecado a través del derecho

A esta tendencia la llama la autora “paternalismo jurídico”, y muestra que su trasfondo es la represión institucional para imponer una forma de vida prejuzgando lo que más les conviene a las personas, para lo cual les indica el camino a la salvación, como si se tratara de custodiar almas y no de garantizar condiciones de paz a ciudadanos libres.

El libro cita un principio jurídico importante y que desde hace tiempo ha rechazado la actitud estatal paternalista de corrección moral: el principio conocido como “límite a la autonomía hasta tanto no cause daños a terceros”. Este principio “rechaza toda actitud paternalista hacia el sujeto: su propio bien, ya sea físico o moral, no es condición suficiente para vulnerar su autonomía”.

Bajo estas circunstancias el “moralismo legal” que aspira a construir sociedades al tenor de creencias morales específicas es una forma de represión que desdibuja de raíz el Estado liberal.  

Semejante corrección moral, que en Colombia lideran ciertos movimientos político-religiosos y un funcionario público de primer nivel- se presenta vestida para el juego de la democracia incluyente y tolerante (la cual, por supuesto debe tolerarlos a ellos también) en torno a temas como la adopción igualitaria, el aborto, la eutanasia y el  matrimonio homosexual. Pero su fondo sigue siendo represivo y violento porque en efecto niega la vida que palpita en el otro, desconoce la pluralidad y la diferencia, olvida que el constitucionalismo contemporáneo ya asimiló la idea de que varios universos morales y varios hombres pueden coexistir en una misma sociedad civil.

 

*Abogada, docente e investigadora, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle y miembro del grupo de investigación La Minga. 

 

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