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Derecho y activismo judicial en el Sur Global

Escrito por Diana Isabel Molina

Alain Supoit sociólogo y abogado promotor del libro en colación.

Diana Isabel Molina¿Puede el derecho ayudar a movilizar procesos sociales más allá de un simple juicio? ¿Dónde están las fronteras entre los abogados y los activistas? En este libro, escrito por expertos colombianos sobre el tema, busca responder algunas de estas preguntas. 

Diana Molina*

Juicio a la exclusión, el impacto de los tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global
César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco
Editorial: Siglo XXI Editores y  Dejusticia
2015

Abogados y activistas

Cada vez se hace más necesario entender los litigios sobre derechos a la luz de nuevas categorías de análisis que legitimen y reconozcan los efectos del activismo judicial, el cual que tiende puentes entre los jueces, los movimientos sociales, la sociedad civil y el Estado, y busca combatir injusticias cometidas contra poblaciones vulnerables.

Hay mucha distancia entre lo que hace un activista de derechos humanos y lo que hace un abogado (sin desconocer el papel del abogado en la asistencia legal al cliente), así como en sus afanes y sus luchas diarias, sus alcances e injerencias sociales, y en las categorías de análisis que usan para legitimar las herramientas con las que desafían los regímenes burocráticos que impiden el acceso a condiciones de vida digna para todos.   

Los activistas entienden la defensa de los derechos como un compromiso permanente con la transformación social y no solo como un caso aislado que se agota con la palabra final de un juez.

Ellos reconocen claramente las injusticias cuando realizan un diagnóstico estructural considerando el peso de las hegemonías económicas y burocráticas, de modelos desarrollistas inequitativos, de culturas enfermas y segregacionistas, de fenómenos de dominación poscoloniales y de proyectos de explotación y violencia trasnacional.

Los activistas son muy creativos para diseñar estrategias de resistencia jurídica y social a estos contextos hostiles y, sobre todo, son conmovedoramente inteligentes en su inconformidad indeclinable y muchas veces solitaria respecto al panorama político adverso que les ha tocado enfrentar en nuestros días.

Hay mucha distancia entre lo que hace un activista de derechos humanos y lo que hace un abogado

Además, el activista de hoy incluye entre sus estrategias de resistencia la construcción de lazos dialógicos entre los otros actores que enfrentan encrucijadas similares a las suyas en sus respectivos países de origen.

Para cumplir este propósito no solo necesitan acudir a un diálogo internacional y regional sino también interdisciplinar, o incluso “indisciplinar”, ya que la desobediencia a estas fronteras disciplinares resulta, en muchos escenarios académicos, tan o más herética que la misma desobediencia a las fronteras políticas.

Derecho en el Sur Global                      

 Sergio Urrego, víctima de la homofobia.
Sergio Urrego, víctima de la homofobia. 
Foto: Razón Pública

Por eso en este texto reseño el libro de César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco: Juicio a la exclusión, el impacto de los tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global, traducido por Carlos Morales de Setién Ravina.

Este libro describe con mucho cuidado analítico algunas transformaciones sociales e institucionales de países y de sociedades que han vivido litigios estratégicos de defensa de derechos económicos sociales y culturales (DESC).

Este libro me entusiasma por su creatividad al momento de postular categorías explicativas para defender fenómenos como el activismo judicial y explicar sus relaciones con los movimientos sociales, con el Estado y con la sociedad civil.

Igualmente, el libro se destaca por su rigurosidad para poner a prueba estas categorías en el estudio del caso colombiano (por ejemplo, con la Sentencia T-025 de 2004 a favor de la población desplazada de Colombia) y, sobre todo, por su esperanzadora y provocadora propuesta sobre los alcances de las sentencias judiciales en los movimientos sociales y de la sociedad civil.  

El libro se construye en torno a la pregunta sobre el papel del derecho y de los tribunales en la transformación social y en las reformas estructurales del Estado, así como sobre la legitimidad y la utilidad del activismo judicial en estos temas.

Esta pregunta sería inadmisible en las escuelas jurídicas formalistas y conservadoras, cuyos parámetros no están diseñados para estimular la creatividad institucional o judicial, sino para defender una postura romántica de división tripartita de poderes, la delimitación de la teoría de las fuentes y una fe ciega en los órganos de elección directa.

Pero las injusticias socioeconómicas también deben llevarse a juicio, afirman los autores.

Y con este tipo de afirmaciones se insertan en el reciente debate sobre la posibilidad de defender judicialmente los DESC.

Tal disyuntiva la enfrenta un juez cuando debe pronunciarse sobre la privación de las condiciones materiales básicas de una vida digna y cuando se bate en medio de las tensiones sobre el papel de los tribunales en la exigibilidad de estos derechos, los cuales inciden en: “los millones de habitantes de barrios de invasión, los miembros de minorías étnicas y raciales, los niños malnutridos, las víctimas de la discriminación de género y de la violencia sexual, los refugiados y las PDI, los desempleados crónicos, las legiones de trabajadores de la economía informal, los emigrantes sin derechos y las personas sin acceso a educación, salud o alcantarillado de calidad”.

Debido a la desigualdad entre Sur y Norte globales y a los efectos desiguales del cambio climático, muchas poblaciones son ahora víctimas de la exclusión radical que, los autores insisten, debe llevarse a juicio.

Precisamente por eso en el Sur Global los jueces establecen una relación dialógica con los movimientos sociales y con la sociedad civil para materializar derechos. La idea es que “el tribunal medie entre desigualdad y dominación o exclusión radical, que los tribunales aborden debates distributivos los cuales contribuyen para poner límites a los sistemas jurídicos y económicos”.

Esta especie de neo-constitucionalismo progresista puede representarse de manera más clara en decisiones judiciales estructurales que enfrentan violaciones sistemáticas y generalizadas a los DESC. El juicio a la exclusión es entonces la lucha por la justicia social. 

“Remedios” para la injusticia

En su libro, los autores construyen o retoman viejas categorías de análisis, como las interpretaciones fuertes y débiles respecto al contenido de los DESC. Por ejemplo, un enfoque de derechos fuerte reconoce la exigibilidad judicial de los DESC a la par con los derechos civiles o políticos, mientras que una débil negará las posibilidades de exigibilidad judicial.

El punto medio corresponde a una postura que acepta la exigibilidad de estos derechos pero los somete a restricciones procesales. Reconocer en este punto una concepción de núcleo mínimo con respecto al contenido de los DESC acarrea una importante advertencia sobre la competencia de los jueces para exigir garantías mínimas para el bienestar material de las personas.

Entre las clases de “remedios” que hay para la protección de los DESC, los autores contemplan remedios fuertes orientados a evaluar resultados precisos sobre su cumplimiento, o débiles cuando abandonan por completo la implementación de sus decisiones en mano de los órganos públicos.

Las injusticias socioeconómicas también deben llevarse a juicio, afirman los autores.

Los moderados serían, en estos casos, los procedimientos que si bien son amplios, establecen criterios y plazos específicos para valorar los progresos de la política pública del gobierno respecto a estos mandatos de la sentencia.

El libro también incluye tipos de seguimientos fuertes, moderados o débiles. Los primeros suponen muchas más estrategias de supervisión a la implementación de sentencias especialmente estructurales.

Los segundos solicitan informes pero sin presión adicional. Y los últimos sostienen que, por el contrario, el seguimiento al cumplimiento de la sentencia desborda la órbita de su competencia.

Cuando se abren espacios de participación civil en el seguimiento de las sentencias es que, para los autores, la respuesta judicial pasó de un estado monológico a uno dialógico. 

Finalmente, y proponiendo una ampliación de la visión teórica sobre los efectos de una sentencia en casos estructurales, el libro plantea los efectos indirectos y simbólicos de esta, entre los que se encuentran posibilidades como “la legitimación de la visión del mundo de los demandantes, la transformación de ideas, de percepciones o de constructos sociales asociadas con el objeto de las demandas”.

Los autores no están tan seguros de adoptar la postura de las corrientes neorrealistas que solo esperan la aparición de efectos directos de una sentencia para confirmar el impacto de la decisión. Esta posición es contraria a la de los constructivistas, que incluyen más unidades de análisis para evaluar los niveles de impacto social.

Esta reseña no alcanza a abordar todos los temas de los que trata el libro. Por ejemplo, quedan pendientes los asuntos que emergen del estudio de caso sobre la sentencia T-025 de 2004.

Sin embargo, lo presentado hasta aquí permite entrever el esfuerzo teórico de los autores por construir modelos de estudios constitucionales comparados, aplicables a los tribunales, a los activistas y a los movimientos sociales que luchan contra la las hegemonías públicas y privadas que provocan la exclusión y la injusticia en el mundo, especialmente en el Sur Global.

* Abogada, docente e investigadora, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle y miembro del grupo de investigación La Minga. 

 

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