Debemos repensar el papel de las iglesias en la política colombiana - Razón Pública
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Debemos repensar el papel de las iglesias en la política colombiana

Escrito por Fernanda Rojas

Papa Francisco junto a Juan Manuel Santos como símbolo de perdón y apoyo.

Fernanda RojasLos voceros cristianos del No en la renegociación de los acuerdos pretenden que se niegue a otras personas los derechos que reclaman para sí. Y sin embargo el cristianismo implica solidaridad, también, con los homosexuales que sufrieron el conflicto.  

Fernanda Rojas*

¿Dónde quedó el Estado laico?

En la Constitución de 1991 se instituyeron la libertad de conciencia y la libertad de culto. A partir de ese momento, todas las personas podrían empezar a profesar libremente sus creencias religiosas y nadie volvería a ser molestado ni obligado a actuar en contra de su conciencia.

Para que esto fuera posible, el Estado dejó de estar afiliado a una religión y determinó que todas las religiones serían igualmente libres ante la ley. Es decir, el Estado colombiano se convirtió en un Estado laico. Gracias a este cambio, hoy puedo decir libremente que soy cristiana, así como el católico, el musulmán y el ateo pueden hacerlo.

No obstante, 25 años después, parece que a muchos se les ha olvidado que esta sociedad está legítimamente compuesta por personas con distintos credos. Paradójicamente, muchos pasan por encima de aquella ley que les permitió profesar libremente su fe para intentar instituir o modificar leyes y normas según sus principios y creencias.

Esto fue evidente el pasado 2 de octubre, cuando varios líderes de iglesias y sus miembros dijeron “no” a la refrendación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Estos sectores argumentaron que según su interpretación, en dichos acuerdos estaba presente la “ideología de género”, no se aplicaba de manera correcta el concepto de justicia instituido por Dios, o que, en resumen, Dios no estaba presente en los acuerdos.

La religión en la renegociación

Viviane Morales Hoyos, actual Senadora de la República.
Viviane Morales Hoyos, actual Senadora de la República.  
Foto: Fiscalía General de la Nación

Fue tan grande y devastadora la intervención que las iglesias tuvieron en la votación del plebiscito que el presidente Santos le dio un espacio al Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL) —la entidad que representa a las iglesias evangélicas— para que expusieran sus objeciones y sus propuestas de mejoramiento del Acuerdo.

Además, recientemente la senadora Viviane Morales y su esposo, el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, tuvieron una reunión con miembros de las FARC en donde se acordaron cinco propuestas para incorporar al Acuerdo Final. Dichas propuestas no son muy diferentes de las que habían presentado los representantes de CEDECOL.

Al comunicado donde la senadora dio a conocer sus propuestas le hace falta aclarar muchas cosas. Las dos primeras propuestas están orientadas a aclarar el concepto de “enfoque de género” para que se refiera exclusivamente a la protección y reivindicación de los derechos de la mujer, y se excluya cualquier otro tipo de concepción de “género”, con el que se involucren a personas con orientación sexual diversa o miembros de la comunidad LGTBI.

Esto es confuso porque en  las páginas 10, 71, 116 y 120 del Acuerdo el enfoque de género está definido como el trato diferenciado de las víctimas del conflicto con el propósito  explícito de reconocer y proteger los derechos de las mujeres que han padecido el conflicto de manera distinta de como lo han padecido los hombres. Parece que lo que la senadora propone que se clarifique ya está bastante claro en el Acuerdo.

En distintas partes del Acuerdo se mencionan la protección y reivindicación de los derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, quienes también han sido víctimas del conflicto. Frente a esto, según las declaraciones de la senadora Morales a La FM y el comunicado de CEDECOL, sus propuestas no pretenden desconocer o marginar a la comunidad LGBTI como víctima del conflicto. Pero si esto es así, no se comprende  el desmedido interés que tienen en proponer un concepto, preferiblemente distinto del de “enfoque de género” que no incluya personas con identidad de género diversa y que permita la interpretación unívoca del concepto de familia establecido en el artículo 42 de la Constitución.

Muchos han asumido que la inclusión en el Acuerdo de personas con identidad de género diversa pone en peligro el concepto de familia. Suponen que en Colombia existe un único concepto de familia, con el cual, no obstante, excluyen gran parte de las familias colombianas que están conformadas solo por mamá e hijo, o solo por abuelos y nietos, etcétera. Por lo demás, pretender que la única definición de familia sea la establecida en la Constitución es desconocer el fallo de la Corte que en la Sentencia SU214/16 del 28 de abril del 2016 aclara que el lenguaje del artículo 42 no es un lenguaje prohibitivo, es decir, no excluye la construcción legítima de otros tipos de familia en la sociedad colombiana.

La tercera propuesta de la senadora Morales busca que la no estigmatización y la no victimización de las comunidades vulnerables que plantea el Acuerdo estén de acuerdo con los principios constitucionales de libertad de culto, libertad de conciencia y libertad de los padres para educar a sus hijos.

Si bien, en principio, con esta propuesta la senadora pretende que la comunidad cristiana también sea protegida y no estigmatizada ni victimizada por sus creencias y por querer educar a sus hijos en ellas, es necesario que dicha propuesta se aclare para que con ella no se pueda legitimar la opresión, la discriminación o la violación a la libertad religiosa y de conciencia de los demás. En otras palabras, la comunidad cristiana no puede olvidar que la ley nos ampara a todos por igual y que, por tanto, exigir respeto y protección de la ley para la propia libertad de conciencia equivale a exigir respeto y protección para la libertad de conciencia del otro.

Las últimas propuestas se enfocan en incluir a la comunidad religiosa como víctima del conflicto, en defender la libertad de culto y en que las iglesias sean tomadas en cuenta entre los actores de la reconciliación para la paz. Esta petición es legítima, aunque su propósito es incoherente con las primeras propuestas, pues ¿cómo puede una comunidad del país pedir respeto y protección cuando al mismo tiempo exige que se retire la protección a otra comunidad que ha sufrido el mismo conflicto? ¿Cómo pueden exigir que se nieguen derechos constitucionales a una comunidad simplemente porque hace algo que, según determinados principios y creencias, es moralmente incorrecto? ¿Cómo puede pretenderse que en un país laico se tomen decisiones políticas y constitucionales sobre la base de la opinión de un grupo religioso?

El espíritu del cristianismo

Líderes de iglesias cristianas junto al presidente Santos.
Líderes de iglesias cristianas junto al presidente Santos.  
Foto: Presidencia de la República

Este tipo de intervenciones políticas por parte de algunos líderes y organizaciones religiosas  hacen que hoy más que nunca sea necesaria la pregunta por cuál debería ser el papel de las religiones en la esfera pública.

El cristianismo (que yo profeso), pese a las múltiples divisiones que ha tenido a lo largo de la historia, se ha caracterizado por exponer como parte de su discurso básico el deber de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos y de dar a conocer una verdad que da libertad. Este discurso traducido en acciones debería impulsar y facilitar la construcción de puentes, puntos de diálogo y comunión en una sociedad.

Penosamente, actos como los que hemos venido presenciando no son muestra de amor y de preocupación por el otro, y han provocado una división dentro de la misma iglesia cristiana, así como un rechazo general de parte de los no creyentes.

Desde nuestra visión religiosa del mundo, los cristianos solemos afirmar que “amamos al pecador, no al pecado”. Pero cuando es nuestra oportunidad de perdonar y mostrar tolerancia hacia el que consideramos pecador, optamos por negarle sus derechos constitucionales arguyendo su pecado, y olvidándonos de que nosotros mismos también somos pecadores.

Por estos motivos considero que si las iglesias realmente desean que se les reconozca como actores del proceso de reconciliación y construcción de paz, deberían empezar por reconciliarse con quien piensa y cree diferente. Deben empezar por sentarse juntos a la mesa a conversar y discutir las diferencias, por sensibilizarse ante el dolor del campesino, del niño, del hombre, del guerrillero, de la mujer, del religioso, del ateo ¡y sí, también del homosexual!, que ha padecido esta guerra.

 

* Maestra en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

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