¿Qué las FARC entreguen información y devuelvan sus riquezas mal habidas?. ¿Qué el narcotráfico no sea un delito conexo?, ¿Que el gobierno reanude las fumigaciones?. ¿Qué tan factibles -y qué tan convenientes- son las propuestas de los voceros del No?
Angélica Durán Martínez*
La información y los fondos
Algunas de las propuestas para renegociar el acuerdo sobre drogas ilícitas entre el gobierno y las FARC son factibles y convenientes, pero otras son políticamente inviables o significarían un gran retroceso respecto de lo pactado en La Habana.
El compromiso explícito de que las FARC entreguen toda la información sobre rutas, redes, lavado de activos, proveedores e insumos, propuesto por Álvaro Uribe, Martha Lucía Ramírez y Andrés Pastrana, puede mejorar el Acuerdo. Pastrana por ejemplo propone que ello se haga durante los seis meses posteriores a la firma del nuevo acuerdo y como una obligación de la justicia transicional.
El acuerdo existente ya dispone que la Comisión de la Verdad esclarezca los nexos entre conflicto y drogas. También dispone que las FARC se comprometan a acabar cualquier relación con el narcotráfico, así como a contribuir a solucionar el problema de las drogas ilícitas. Pero un compromiso claro y directo de entregar esa información aumentaría la credibilidad del acuerdo.
También podría estipularse que esta información pase a la Jurisdicción de Paz, aunque esto la haga más complicada desde los puntos de vista técnico y político. Por el contrario, establecer un plazo único de entrega de toda la información no es viable ni añade mucho al proceso.
También sería positivo que las FARC se comprometan a entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas, como proponen Pastrana y Ramírez. Las FARC han mencionado esta posibilidad públicamente y por lo tanto incluirla en el nuevo acuerdo no sería muy difícil. Pero exigir la entrega total de bienes al comienzo del proceso y como condición para acceder a la Justicia Transicional, como propone el ex procurador Ordoñez, no es políticamente aceptable ni operativamente factible.
El problema de la conexidad
La mayoría de los voceros del No proponen que el narcotráfico no se acepte como delito conexo con la rebelión. Esta petición no es negociable para las FARC porque impediría la amnistía de buena parte de su tropa y de sus mandos.
Además, eliminar la conexidad echaría para atrás otros logros importantes del Acuerdo, comenzando por el cambio en el discurso oficial que durante años redujo el conflicto a las motivaciones económicas del narcotráfico y caracterizó a los actores armados como simples criminales. Desligar conflicto y narcotráfico implicaría volver al discurso del narcoterrorismo que enmarcó la política antidroga durante tantos años.
Reconocer que las drogas y el conflicto están interconectados no implica legitimar el narcotráfico.
Reconocer que las drogas y el conflicto están interconectados no implica legitimar el narcotráfico, sino apenas admitir que la relación entre estos dos fenómenos no se reduce al deseo de enriquecimiento ilícito por parte de las FARC. La participación de la guerrilla en esta industria ilegal se debe a las necesidades de crear bases políticas (entre los campesinos cultivadores), de establecer control territorial y de financiar y expandir su máquina de guerra. Separar los delitos de rebelión y narcotráfico sería desconocer la existencia de estas complejas relaciones.
Otro logro que podría echarse atrás es el énfasis del Acuerdo Final sobre la reparación de las víctimas y la reconstrucción de la verdad. Eliminar la conexidad podría llevar a que líderes o mandos medios de las FARC puedan ser procesados por narcotráfico, pero sin cumplir su compromiso de esclarecer responsabilidades y de reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad.
La desmovilización de las AUC es un ejemplo de cómo eliminar esta conexidad podría poner en peligro la búsqueda de la justicia y de la verdad. La extradición de 14 líderes paramilitares en 2008 interrumpió abruptamente sus procesos bajo la ley de Justicia y Paz y – al revés de lo que muchos decían- sus condenas en Estados Unidos han sido más bien laxas (con un promedio de 10 años). Estas penas reducidas se debieron en gran parte a la aceptación de responsabilidades y la colaboración con la justicia de Estados Unidos por parte de los extraditados, pero esta información no ha sido pública ni ha hecho parte de un proceso integral de verdad, justicia y reparación como el que establece el Acuerdo con las FARC.
En el tema de justicia el uribismo ha propuesto que no se renuncie a la acción penal contra los cultivadores. Esto también sería un retroceso respecto del Acuerdo, según el cual los eslabones de la cadena del narcotráfico deben tratarse de manera diferenciada; numerosas investigaciones demuestran que las penas indiferenciadas no logran reducir la magnitud del negocio y en cambio agravan problemas como el hacinamiento carcelario o la marginalización de los sectores más débiles de la sociedad. Pero además el Acuerdo ya establece que renunciar completamente a los cultivos es una precondición para librarse de la sanción penal.
Por lo demás, como propone la Fundación Ideas para la Paz, sería deseable que el acuerdo aclare los procedimientos para entregar información y bienes de origen ilícito, de manera que quede claro si existió o no existió conexidad en cada caso específico y si por tanto hay o no hay lugar a la amnistía o – en su caso- a las penas alternativas de la justicia transicional.
Y si se acuerdan penas alternativas para el delito de narcotráfico es crucial que haya proporcionalidad: no se puede tratar la labor logística de cuidar cultivos de la misma manera que se trata la organización de una red internacional.
¿Fumigar o no?
 Representantes del No en reunión para modificaciones del plebiscito por la paz. Foto: Facebook Álvaro Uribe Vélez |
El Centro Democrático también ha propuesto que el gobierno deje constancia explícita de su facultad para fumigar cultivos por razones de seguridad nacional. El Acuerdo no pide que el gobierno renuncie a la fumigación, pero es claro que las FARC la rechazan y que el gobierno se ha comprometido a darle prioridad a la erradicación manual.
El aumento de cultivos durante los últimos tres años y la propuesta reciente del fiscal sobre retomar la fumigación también han revivido este debate. Pero aunque la evidencia no es completa, hay razones suficientes para mantener el tema de la fumigación por fuera del acuerdo con las FARC y para impulsar el desarrollo alternativo y la interdicción.
- El costo de la fumigación ha sido muy alto y no hay efectos positivos bien documentados. Según los estudios de Daniel Mejía y sus colaboradores bajo el Plan Colombia cada hectárea fumigada redujo los cultivos en apenas entre 0,10 y 0,15 hectáreas y a un costo económico, ambiental y de salud muy alto. Por ejemplo se encontró un marcado aumento en el número de abortos naturales y de infecciones cutáneas en las zonas de fumigación intensiva.
- Las fumigaciones han erosionado la legitimidad del Estado entre las poblaciones afectadas, como lo muestra un estudio de Miguel García.
- La reducción de cultivos entre 2007 y 2012 estuvo relacionada con el aumento de la interdicción y con el control territorial derivado de la política de seguridad democrática, pero no claramente con la fumigación.
- El cultivo y la producción de coca tienen altos costos ambientales y de salud, pero esto no justifica usar una política que puede crear más daños sin solucionar el problema.
Como sostuvo la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) en su Reporte Mundial de Drogas de 2015, el desarrollo alternativo (DA) no ofrece soluciones inmediatas, ni existe una fórmula única de éxito, pero hay opciones para mejorar estos programas. Mientras tanto, no es claro que la fumigación sea la mejor estrategia:
- El DA ha existido en Colombia desde la década de 1980, pero su enfoque ha variado mucho, de modo que no puede ser calificado simplemente como un fracaso.
- El DA ha coexistido con la erradicación forzada. Esto ha reducido la credibilidad de los programas de DA entre las comunidades. El Acuerdo Final establece relaciones claras entre DA y erradicación que pueden aumentar su efectividad.
- El éxito del DA depende de cómo se percibe el Estado en las regiones y cómo operan los actores armados. Por llevarse a cabo en medio de un conflicto armado, el DA ha tenido grandes limitaciones. El enfoque de desarrollo rural integrado en el contexto de dejación de armas por las FARC abre la puerta para atacar algunas de estas limitaciones.
Según el texto actual del Acuerdo el Estado podría fumigar de manera selectiva y siempre que pueda demostrar que esta es la vía adecuada. Pero esto solo se puede decidir después de darle tiempo al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para que haga su trabajo. No hay que olvidar que el inmediatismo ha sido uno de los grandes errores de las políticas antidrogas.
El Estado podría fumigar de manera selectiva.
Reestablecer a la fuerza las fumigaciones haría más difícil la negociación, sin agregarle nada al Acuerdo. Además, la justificación de fumigar por “seguridad nacional” es fácilmente manipulable y no establece una base de evidencia que justifique cuándo hacerlo.
 Campesinos. Foto: ICA |
Tierras y narcotráfico
El problema de las drogas está ligado a otros temas del Acuerdo Final y en especial al del desarrollo integral del campo. Este es un claro acierto.
Las propuestas de los voceros del No que reducen el alcance de la redistribución de tierras o limitan los procesos de participación comunitaria en planes de desarrollo podrían poner en riesgo los cambios reales que se puedan dar con el PNIS. Un retroceso en este tema supondría riesgos enormes para el punto sobre drogas del Acuerdo Final.
* Doctora en Ciencia Política de Brown University y profesora de la Universidad de Massachusetts-Lowell.
