El balance del año en Bogotá: ¿cómo va la capital?
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El balance del año en Bogotá: ¿cómo va la capital?

Escrito por Liliana Castaneda

La nueva alcaldía de Carlos Fernando Galán tendrá que enfrentar distintos retos en materia económica, de seguridad y movilidad entre otros. ¿Cuál es el panorama actual de la ciudad?

Liliana Castañeda*

Una capital hostil

Bogotá es una de las aglomeraciones urbanas más grandes de América Latina. Aporta una cuarta parte del total de la riqueza que Colombia produce al año y representa el 15 % de la población del país. Su tamaño, la importancia que tiene como capital y la diversidad de su población la convierten en un espacio de oportunidades. Sin embargo, también es percibida como una ciudad hostil.

En este fin de año concluye la administración de Claudia López. Por ello conviene hacer un balance para identificar los avances, los retos y las amenazas que le esperan al nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, a quien habrá que hacerle una veeduría estricta por las alianzas con la política tradicional que lo ayudaron a ganar las elecciones.

Recuperación económica: difícil pero no imposible

Este año estuvo marcado todavía por los efectos de la emergencia sanitaria que afectó seriamente la economía de los hogares y del Distrito. La alcaldesa Claudia López estableció como meta de su Plan de Desarrollo disminuir la pobreza monetaria a cifras inferiores al año previo a la pandemia. Lo cierto es que las cifras indican que estamos cerca de lograr dicha meta.

Según el DANE, la ciudad tuvo un 27,2 % de su población en pobreza monetaria en 2019. En 2022, cerró con 28,1 %. Esto significa que cerca de 2,2 millones de personas están en pobreza y 640 mil en pobreza extrema. Sin embargo, persiste una deuda social con la ruralidad, donde el indicador es del 38,3 %.

La reactivación del aparato productivo está en marcha. Pero la Secretaría de Desarrollo Económico ha advertido sobre el peso de la inflación en las condiciones de vida de las y los bogotanos. Como los precios han subido en todo el país, la nueva administración tendrá el reto de proponer alternativas viables a la informalidad, fomentar el surgimiento de un mercado interno diversificado y mejorar la calidad del empleo. Para hacerlo tiene la obligación de aplicar la política de fomento a la industria manufacturera.

La administración Galán tendrá la tarea urgente de mejorar la percepción de seguridad entre quienes vivimos en la capital y reducir la desconfianza hacia a la fuerza pública y hacia el acceso a la justicia, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Las nuevas condiciones de los contratos de Transmilenio y SITP deben tener como referente el funcionamiento de La Rolita.

Por su parte, el Distrito tiene la tarea de seguir los planes de formalización del personal que presta funciones misionales y permanentes en todas sus entidades como gran empleador de la ciudad. Con ello, se intenta que la función pública y la prestación de servicios sociales no sufra las ya comunes interrupciones y de paso se garantice empleo de mejor calidad para los miles de contratistas que hoy son presa fácil de la politiquería de turno.

Movilidad y seguridad

Este año culmina con la preocupación ciudadana sobre el aumento de delitos como la extorsión y el hurto que incluso la administración confirma. Aunque hubo una disminución de los homicidios, el hurto ha aumentado. De 1300 casos por cada 100 000 habitantes en 2019, hoy pasamos a 1700.

La administración Galán tendrá la tarea urgente de mejorar la percepción de seguridad entre quienes vivimos en la capital y reducir la desconfianza hacia a la fuerza pública y hacia el acceso a la justicia, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. La articulación con el gobierno nacional en temas como el pie de fuerza y la inteligencia para desmontar bandas criminales será el otro gran reto.

En materia de movilidad, la suerte parece estar echada. La primera línea elevada de metro causará grandes daños a la ciudad. Pero también los causará si no se hace. En este debate, el alcalde Galán no se despega del proyecto de la administración de Peñalosa. Por eso las tensiones hasta ahora latentes con el gobierno nacional por el tipo de trenes que tendrá Bogotá seguramente escalarán a la hora de discutir el futuro de los Regiotram Occidente y Norte.

Por otra parte, el TransMilenio por la Séptima seguirá siendo otra gran manzana de la discordia, pues el año finaliza con la troncal en fase de licitación para todos los tramos, en contravía de las promesas de campaña de la alcaldesa Claudia López, y tras sortear las órdenes judiciales de suspensión temporal del proyecto.

Pero el mayor de los retos para la nueva administración en temas de movilidad será la reestructuración de los contratos de Transmilenio y SITP. Si no se hace, el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria seguirá devorando los impuestos de las y los bogotanos. Además es una exigencia ciudadana que ya tiene un avance pequeño pero significativo en la meta de acabar con un modelo de negocio que según la misma alcaldesa López es “ventajoso para los privados y abusivo con los bolsillos de los bogotanos”.

Las nuevas condiciones de los contratos deben tener como referente el funcionamiento de La Rolita como operador público de transporte, pues su existencia ha permitido quitar el velo de secretismo que hasta hace un año tenía toda la estructura de costos del sistema.

Grandes negocios con grandes amenazas

Antes de que acabe el año y empezando 2024 habrá que poner la lupa sobre algunos de los grandes negocios en infraestructura que pretende cerrar la alcaldía López o que dejará en marcha para la próxima administración.

Por otra parte, hay una crisis sanitaria y ambiental latente en el manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana, pues aunque los trámites para extender nuevamente la vigencia de la licencia ambiental que caducaría en 2024 empezaron, la mala gestión de lixiviados que acaban en el río Tunjuelo y la posibilidad de un derrumbe siguen siendo una amenaza a la que ninguna autoridad ambiental ha podido poner freno.

Ahora más que nunca se hace urgente que la administración entrante se haga cargo de liderar la transición tecnológica que necesita Doña Juana desde hace décadas, garantizando los derechos de las y los trabajadores y acabando con el modelo de concesión que tan malos resultados ha dado.

En materia ambiental también queda en vilo la recuperación de los humedales que sufrieron endurecimiento como consecuencia de obras contratadas por la alcaldía Peñalosa y continuadas por la administración López, así como el futuro de la conectividad ecológica en la Reserva Thomas van der Hammen. La promesa del alcalde entrante fue dar estricto cumplimiento a la norma ambiental y no construir la ALO Norte.

Pero el mayor de los riesgos financieros para el Distrito está en la adjudicación de la concesión para diseñar, construir y operar el Complejo Cultural y Deportivo El Campín, un negocio en el que la Ciudad sólo recibiría el 1 % de los ingresos brutos obtenidos cada mes por el concesionario durante 29 años, en adición a la Casa de la Orquesta Filarmónica y oficinas para el IDRD.

No ha habido un estudio económico que muestre que las condiciones pactadas serán equitativas para la ciudad en esa concesión. En ese sentido, la representante Jennifer Pedraza y yo hemos radicado una acción popular para impedir que esta operación financiera y de infraestructura se haga sin una correcta medición de las consecuencias urbanísticas y financieras para el Distrito.

Cortar con el complejo de Adán

Por último, es necesario insistir en que consolidar un proyecto de ciudad para el mediano y largo plazo debe partir de un gran acuerdo con todos los sectores políticos, sociales, económicos, pero sobre todo con la ciudadanía. Planificar y construir la Bogotá del ahora y del futuro sin los revanchismos con los que se ha gobernado en la última década, y sin privilegiar las agendas de negocio de los megapoderosos sobre los intereses ciudadanos, como en el gobierno Peñalosa.

Ahora más que nunca se hace urgente que la administración entrante se haga cargo de liderar la transición tecnológica que necesita Doña Juana desde hace décadas

Lo que corresponde para nosotras y nosotros como ciudadanía bogotana es defender las medidas que son producto del movimiento social, como el sistema de cuidado y la creación de La Rolita como operador público de transporte, la introducción de la dimensión territorial en la búsqueda y combate de la pobreza o el avance enorme que significa tener en Bogotá la primera fábrica pública de vacunas del país.

En la tarea de detener las decisiones nocivas y proteger las adecuadas Bogotá tiene mucha experiencia, por lo que corporaciones públicas como el Concejo deberán no sólo escuchar la voz de la calle y los barrios sino estar a la altura de su tarea de control político y vigilancia del patrimonio público.

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