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El caso de Jineth Bedoya: una vergüenza interamericana

Escrito por Alejandra Coll
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El Estado colombiano fue noticia internacional por abusar de los recursos procesales en el caso de Jineth Bedoya y por desconocer las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde están los abogados cualificados?

Alejandra Coll*

Jineth Bedoya y el Estado colombiano

La semana pasada Colombia vivió un episodio vergonzoso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando uno de sus representantes abandonó la audiencia sobre el caso de Jineth Bedoya.

La historia de la periodista puede ilustrar la palabra impunidad. Jineth fue citada para una supuesta entrevista con paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá, con el fin de discutir temas relacionados con el conflicto armado. Pero la periodista fue secuestrada antes de entrar a la cárcel por varios hombres que la llevaron lejos de Bogotá, a donde fue torturada y agredida sexualmente.

Esta mujer tocó muchas puertas para obtener justicia en su caso; la respuesta generalmente fue pedirle que contara su historia nuevamente, sin ofrecerle resultados ni acciones concretas. Al no encontrar respuestas en el Estado colombiano, llevó su caso a instancias internacionales.

Mientras Jineth hablaba sobre su caso en la Corte Interamericana, el Estado colombiano se retiró de la audiencia y decidió recusar cinco de sus siete jueces, ya que, según Camilo Gómez, representante del Estado, la Corte era demasiado empática con la víctima y hacia preguntas sobre posibles reparaciones.

Según el juicio de la agencia jurídica para la defensa del Estado, los jueces estaban prejuzgando con preguntas que asumían que el Estado era responsable. También disputó que los jueces calificaran de ‘aberrante’ lo vivido por la periodista, ya que a su juicio eso implica precalificar los hechos del caso.

Uno pensaría que hay un acuerdo general en relación con la violencia sexual como uno de los crímenes más crueles que pueden existir, pero al parecer la agencia jurídica para la defensa del Estado colombiano considera que a los jueces no les está permitido pensar así.

De hecho, a los agentes del Estado parece olvidárseles que se trata de un tribunal de derechos humanos, en donde en su mayoría se discuten hechos ya probados después de años de procesos en el país de origen, y lo que se pretende determinar la responsabilidad del Estado por acción u omisión. Por ende, las preguntas y acciones de los jueces no ponen en duda los hechos, y buscan analizar el papel del Estado en ellos, sea como actor directo, o por no haber desplegado acciones para proteger a la víctima.

Los argumentos de la agencia jurídica hacen pensar que los representantes del Estado confunden un litigio individual del derecho penal colombiano con un caso ante el sistema interamericano, intentando defender a su “cliente” (En este caso el Estado) a toda costa negando los hechos. Realmente, en la mayoría de las ocasiones, la mejor defensa en casos tan claros como este, es un reconocimiento temprano de responsabilidad, que ahorra dinero y tiempo, pero sobre todo, malestar a la víctima.

el Estado colombiano se retiró de la audiencia y decidió recusar cinco de sus siete jueces, ya que, según Camilo Gómez, representante del Estado, la Corte era demasiado empática con la víctima

Si bien existen precedentes de Estados que recusan jueces en la Corte Interamericana (Urson vs. Venezuela), en ninguna otra ocasión, que recuerde, los agentes estatales se retiraron de una audiencia inconclusa como sí lo hizo esta semana la agencia jurídica para la defensa del Estado colombiano.

Por si fuera poco, se pidió la nulidad de lo actuado sin proponer una causal específica para ello; únicamente se citaron argumentos relacionados con la supuesta cercanía de los jueces y la víctima, pero nunca se demostraron. Algo francamente vergonzoso.

Foto: Twitter: Human Rights International El Estado pasó la vergüenza de ser regañado en un tribunal internacional por usar de manera inadecuada los recursos procesales.

Decisión de la Corte

Por supuesto se negaron las recusaciones y demás peticiones del Estado colombiano. La agencia de defensa jurídica pasó la vergüenza de ser regañada en un tribunal internacional por usar de manera inadecuada los recursos procesales y por desconocer que el tipo de preguntas realizadas son rutinarias en estas audiencias.

Quien revise objetivamente la audiencia, y la compare con otras que también se dieron en la Corte, verá que no hay nada extraordinario en las preguntas de los y las jueces que únicamente cumplían con su trabajo. En realidad, las preguntas y actitudes empáticas son rutinarias y se ven en la mayoría de las audiencias de la Corte.

Desde el nacimiento del sistema interamericano, siempre se les pregunta a las víctimas sobre potenciales reparaciones para su situación, de forma que los jueces puedan hacerse una idea de cómo hacerlo; si se logra determinar la responsabilidad del Estado. Si los argumentos de Camilo Gómez fueran ciertos, entonces habría que recusar a todos los jueces de la Corte Interamericana en cada uno de los casos en donde ha hecho preguntas similares.

En este proceso los agentes del Estado pretendieron llevar el estribillo de “no hay garantías” a instancias internacionales, pero no tuvieron éxito y comprobaron que no tener un juez aliado no es una falta en las garantías procesales.

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¿Qué implicaciones tiene y que sigue en el caso?

Si la agencia jurídica hubiese querido resolver este caso cuidando los intereses de la nación, hubiera acudido a mecanismos de solución amistosa que ofrece el procedimiento de la Corte Interamericana hace mucho tiempo. Pero el Estado apenas ahora pretende ofrecer este mecanismo de terminación amigable, justo después de recibir el jalón de orejas de la Corte y al entender que su estrategia de defensa antitécnica y sin argumentos de fondo fracasó. A Jineth le llega un ofrecimiento tardío y revictimizante, ya que ocurre después de pedirle a una Corte Internacional que sea menos empática con su situación.

las preguntas y actitudes empáticas son rutinarias y se ven en la mayoría de las audiencias de la Corte.

Desde hace algunos años Colombia sienta un precedente de defensa precaria y actuaciones bochornosas ante el sistema interamericano de derechos humanos. Además de causar infinita vergüenza, dichas actuaciones le cuestan dinero y tiempo al Estado y a la ciudadanía.

Ya en el caso Santo Domingo o en el caso Unión Patriótica Vs. Colombia, el país se destaca por desconocer el reglamento de la Corte o por proponer argumentos traídos de los cabellos, como litigar los casos de la misma forma en que lo hacen en el derecho interno, aún cuando están en un tribunal internacional de derechos humanos, o presentar el caso directamente ante el Sistema para intentar aparecer como demandante antes que las mismas victimas del caso, como ocurre con la situación de la Unión Patriótica, también sometida a la Corte Interamericana.

Los órganos de control como la Procuraduría o la Contraloría tendrían que revisar las actuaciones de la agencia jurídica para la defensa del Estado y poner en evidencia cuanto nos cuestan (en dinero y dignidad) y cómo afectan a las víctimas estas acciones de defensa.

El caso de Jineth Bedoya no es el único que está tramitándose ante el sistema interamericano; no sería raro que esto volviese a ocurrir en el futuro cercano con casos como el de la UP.

Esto suele ocurrir cuando los gobiernos se concentran en las afinidades políticas y las relaciones personales para nombrar a su gabinete y no prestan atención a su conocimiento técnico.

En este tipo de casos, en donde la falla en proteger los derechos humanos de las personas es tan evidente, los Estados deben reconocer responsabilidad tan temprano como sea posible y procurar que los procesos finalicen sin mayores trámites para evitarle a la víctima un proceso más en donde deba recordar lo sucedido.

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