“How much is it?”

En 2017, ante un tuit del actual hombre más rico del mundo que decía “Me encanta Twitter”, al periodista Dave Smith se le ocurrió sugerir “debería comprarla”. La respuesta de Elon Musk a ese trino fue, con su estilo: “¿Cuánto cuesta?”

Apenas pasó un lustro y, tras pagar 44 mil millones de dólares, un poco más de la mitad del presupuesto general de la Nación de Colombia para el 2023, se convirtió en el propietario de Twitter.

Desde entonces ha hecho que la plataforma del pajarito azul suene fuerte por todos lados, pues sus movidas han dejado a más de uno con las cejas bien arriba. Incluso a las grandes empresas de publicidad, con las que la plataforma recaba el 90 % de sus ingresos, han decidido suspender cualquier movimiento hasta cuando haya más claridad sobre lo que quedará de la plataforma, pues hoy no se ve casi nada, en medio de la polvareda levantada por medidas que se anunciaron, se ejecutaron y luego se echaron para atrás en cuestión de horas.

En vez de mermar, con el paso del tiempo ha aumentado la incertidumbre causada tras el despido de más de 3.500 trabajadores, acudiendo a formas que, según algunos analistas, pudieron infringir las normas laborales de Estados Unidos, los anuncios de que la empresa puede ir a la quiebra e, incluso, en boca del nuevo dueño, de que podría cerrarse.

Twitter no es la plataforma social más empleada, pero sí es la que usan líderes de opinión y gobernantes que, en muchos casos han decidido acudir a ella para lanzar sus apreciaciones sobre lo divino y lo humano, además de anuncios, nombramientos y decisiones, que para muchos son casi de carácter oficial. Entre esos líderes está el presidente Gustavo Petro, como lo indicaba acá mismo Liliana Gómez.

En resumidas cuentas, Twitter se ha convertido en uno de los mayores espacios de deliberación pública en las sociedades democráticas occidentales. Es una muy importante “plaza central digital”, en palabras del propio Musk.

Con lo ocurrido esta semana en Twitter y en Meta (compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp), cuyo propietario, el otro joven rebelde de las plataformas sociales, Mark Zuckerberg, anunció el despido de 11.000 trabajadores, queda en evidencia que estamos asistiendo al principio del fin del primer ciclo de expansión de las Big Tech, el de la web 2.0 y los medios sociales.

Los tecnofeudalistas

No sabemos cómo será el segundo ciclo, el de la Web3, la inteligencia artificial y el Metaverso. Pero es evidente ya que esos espacios de deliberación, esas empresas que las regulaciones denominan “gatekeepers” (guardianes de la información), son muy importantes en las democracias, más cuando se observa que, según los estudios de opinión, está por los suelos el prestigio de los medios convencionales, que en los últimos siglos han hecho de mediadores entre políticos, gobiernos, ciudadanos e instituciones privadas en la deliberación pública.

Lo sucedido en estos días ratifica que las democracias se debilitan cuando los millonarios son los exclusivos o principales dueños de los espacios donde se reconstruyen las relaciones de poder y se crea y define el mismo; o son los dueños de los medios de comunicación, sean ellos los convencionales o los que han aparecido con los avances tecnológicos.

Como escribió esta semana Bruno Saetta, destacado especialista en derecho aplicado a internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, “el hiperpresencialismo e hiperactividad social del nuevo CEO de Twitter nos brinda un claro ejemplo de lo que está ocurriendo con una Internet centralizada en manos de unos pocos grandes multimillonarios (más o menos todos estadounidenses y blancos) que pueden abrir y cerrar a su antojo los canales de la libertad de expresión mundial”.

Imaginemos que Twitter se acaba o que, en uno de sus arrebatos, el nuevo propietario de esa plataforma decide expulsar a líderes políticos de tendencias contrarias a la suya. ¿Dónde irían los 140.000 tuits del presidente Petro?, ¿dónde se buscaría esa historia?, ¿tenemos derecho a conservar esos mensajes del actual jefe de Estado de Colombia? Si, en otro caso, suspendieran la cuenta de Álvaro Uribe, ¿qué sería de sus 92.000 tuit y de la información contenida en ellos?

Al ser espacios privados y relativamente nuevos, no tenemos muchas herramientas legales para hacer frente a los caprichos de lo que algunos han llamado “tecnofeudalistas”, por cuanto su poder les permite realizar acciones hasta ahora exclusivas de los Estados, pudiendo incidir en muchos niveles de la sociedad: comportamental, político, económico, legislativo. Todo esto a partir de la fuente principal de su riqueza: extraer, cultivar y refinar nuestros datos, que estamos felices de entregarles a cada segundo.

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Cómo regular las plataformas

Hasta ahora se han pensado tres formas de gobernar las plataformas. La primera, que es la predomina, consistiría en que esas mismas plataformas fijen los términos de sus servicios, siempre y cuando respeten las normas sobre libertad de expresión, protección de la intimidad y cuidado de los datos personales.

La segunda, desarrollada en algunos estados de Estados Unidos, como Texas y Florida, consisten en que los Estados dicten reglas sobre qué es legal en los discursos de esas plataformas. Esto ya causa un problema, pues se tendrían que crear tribunales especiales o dejar que las propias plataformas juzguen a partir de esas normas indicadas. Es decir, serían juez y parte.

La tercera vía que se ha sugerido, entre otros por un grupo liderado por Francis Fukuyama en la Universidad de Stanford, es emplear herramientas tipo “middleware”, programas informáticos que se incrustan en las interfaces de las aplicaciones para que los propios usuarios y un grupo de moderadores elijan qué contenidos aparecen. No es claro aún, sin embargo, qué tanto puedan distinguirse mensajes que contribuyen a mejorar la deliberación pública de los de odio, cuando cada segundo aparecen 6.000 nuevos tuits.

Un grupo de especialistas propone un paso más grande en esta tercera solución. Mike Masnick, entre ellos, sugiere que gobiernos y ciudadanos impulsen un ecosistema abierto y federado, “que permita una mayor libertad de expresión, al tiempo que minimiza el efecto del troleo, el discurso de odio y la desinformación a gran escala”.

El enfoque de protocolos en vez de plataformas gira en torno a la idea de que, tal como estaba en los orígenes de internet, se abra la puerta para que ciudadanos y grupos sociales creen sus propias formas de interconectar sus dispositivos digitales, de manera que decidan qué contenido ver, según preferencias e intereses propios. Sería una red donde ya no jugarían únicamente las Big Tech, con el famoso negocio de nuestros datos y de la economía de la atención (que es una de las causantes de la adicción a los medios sociales).

En esa línea se encuentra Tim Berners-Lee, el creador de la web, con el servicio que ha llamado Inrupt. De forma similar funcionan las plataformas Mastodon y Blueksy, a las que se calcula que han migrado cerca a un millón de usuarios de Twitter en la última semana.

Las recientes polémicas de Twitter han vuelto a poner sobre el tapete esa tercera vía que da a las personas más poder en la red y las hace menos vulnerables a los caprichos de las Big Tech. La deliberación pública quizá mejoraría de esa manera, independientemente de si continúa Twitter o surge otra nueva plaza pública con las actuales o futuras plataformas.

“Somos la red o por fin podemos serlo”, escribió esta semana el profesor de la City University of New York, Jeff Jarvis. Para eso, sin embargo, se necesita más alfabetización mediática e informacional.

Lo que hemos visto con Twitter es, al fin de cuentas, una nueva alarma que da más sentido a la idea de que en el siglo XXI ser ciudadano significa conocer y gestionar esos espacios donde nos informamos y nos comunicamos, para aprovechar sus ventajas y minimizar sus riesgos.