No importa si hubo o si no hubo amor, si hubo o no hubo coqueteos, y si la relación fue o no fue consentida. Había desigualdad de poder y por lo mismo se violaron la ética y la ley. Es un mal arraigado en la cultura y común entre personas respetables.
Catalina Ruiz Navarro*
Denuncia y renuncia
En la edición del 23 de enero el columnista de Semana Daniel Coronell dio a conocer los cargos por acoso sexual de la abogada Astrid Cristancho, exsecretaria de la Defensoría del Pueblo, contra el defensor Jorge Armando Otálora. Coronell mostró mensajes de chat donde se ve muestra un pene que supuestamente pertenece al defensor, así como otros donde el servidor público invita a la funcionaria a visitarlo en su casa En una edición anterior, el columnista había divulgado las acusaciones por acoso laboral.
Al día siguiente Otálora dio una entrevista a Vanessa de La Torre de Caracol Noticias donde admitió que tener una relación con una subalterna “no está bien”, añadiendo que “si esa es una gran equivocación ofrezco las excusas; pero es que uno no escoge de quién enamorarse”.
Varios medios aprovecharon luego el hecho de que Cristancho había sido reina de belleza y, de una manera muy sexista, hicieron de este detalle lo más importante de su biografía. La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. No faltó quien dijera que las acusaciones eran mentiras de Cristancho o que respondían a una agenda política o a un intento de sacar beneficio personal.
La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe.
La opinión pública comenzó entonces a discutir si ella le había o no le había coqueteado y si Otálora decía la verdad al declarar que habían tenido una relación sentimental. Estas teorías apelan al argumento de que el daño es menor si hubo una “provocación” por parte de la mujer o si la relación había sido consensuada.
Como el defensor no tiene un jefe que lo pueda remover de su cargo, las únicas dos opciones eran la renuncia o un proceso penal (que tomaría más de ocho meses). El período de Otálora concluía en septiembre de este año y por eso cualquier sanción habría tenido un mínimo efecto simbólico.
Afortunadamente, desde que se supo la noticia, las organizaciones de mujeres iniciaron una campaña para pedir la renuncia de Otálora, para que la Procuraduría lo suspendiera y para instaurar una denuncia penal en su contra. Ahora, el movimiento de mujeres acompaña a Astrid Cristancho en todas las acciones penales que quiera realizar.
Varios periodistas, columnistas, líderes de opinión, congresistas y organizaciones de derechos humanos también pidieron la renuncia del defensor, y las redes sociales se movilizaron en apoyo a Cristancho.
 El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo |
El defensor delegado para Asuntos Constitucionales, Luis Manuel Castro, presentó una carta de renuncia donde argumentaba con claridad por qué debía renunciar Otálora: por qué no podía arriesgar la integridad de la Defensoría quedándose en el cargo y haciendo caso omiso a acusaciones tan graves. Además del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos en Colombia.
Finalmente, el miércoles 27 de enero renunció el defensor. En la mañana del jueves, el procurador dijo que lo suspendía del cargo por investigación disciplinaria. Cristancho radicó su denuncia penal y hoy Otálora también es investigado por la Fiscalía.
Ahora el presidente Santos debe presentar una terna para escoger a quien ocupe el cargo hasta septiembre. Varios grupos de derechos humanos y líderes de opinión han pedido que esta terna esté compuesta por mujeres como compensación simbólica y ya suenan nombres como el de Olga Lucía Gaitán, destacada abogada que conoce muy bien la Defensoría y tiene una excelente trayectoria en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género.
La renuncia del defensor del Pueblo es sin duda un logro de los grupos feministas que han puesto de relieve el tema del acoso sexual, así como de una robusta ciudadanía que logró organizarse para presionar la salida del denunciado. Es el momento de aprovechar esta movilización para fortalecer la muy necesaria práctica de veeduría ciudadana sobre nuestros servidores públicos.
Ley y cultura
El delito de acoso sexual es relativamente nuevo en Colombia. La Ley 1257 de 2008 adoptó el artículo 210A del Código Penal donde se tipifica este delito como una forma de violencia y se sanciona con pena de uno a tres años de cárcel si entre el agresor y la víctima mediaba una relación de poder.
Pero ya en aquel año las principales críticas a la ley decían que era “difícil” trazar una línea entre un “coqueteo inocente” o “verdaderas intenciones románticas” y el acoso sexual. La respuesta a esta crítica consistió en señalar que en las relaciones donde hay desigualdad quien tiene más poder – vale decir el jefe, el profesor, el adulto, es responsable legal y penalmente. El poderoso tiene más responsabilidad precisamente porque se supone que tiene más madurez y, sobre todo, porque está en completa libertad para decir que no.
Sin duda la sexualidad humana es muy compleja y las leyes siempre se quedarán cortas ante sus matices. Podemos pensar en un caso hipotético donde el que jefe y el subalterno tienen una relación consentida y donde nada sale mal. Pero incluso en este caso hipotético hay una desigualdad porque el subalterno no tiene plena libertad para decirles no a los pedidos de su jefe. Esta desigualdad hace que una de las partes no pueda dar pleno consentimiento.
Es lo mismo que ocurre en las relaciones entre mayores y menores de edad: no podemos saber si una niña de 13 años realmente está ya “muy grandecita” para decidir, pues no tenemos cómo evaluar sus habilidades para calcular el riesgo sin re-victimizarla. Por eso se supone que los y las jóvenes menores de 14 años no tienen la experiencia ni las herramientas para tomar libremente la decisión de tener una relación sexual con un mayor de edad.
 Manifestación en contra de la violencia sexual. Foto: MARCHA PATRIÓTICA |
Otro clásico caso de desigualdad de poder son las relaciones entre profesores y alumnos. Supongamos una relación entre una profesora universitaria y su alumna, y supongamos que ambas mujeres son mayores de edad. Sin embargo, la profesora tiene poder sobre la alumna porque es su figura de autoridad real y simbólica, y mientras sea su profesora puede reprobarla, lo cual tendrá graves consecuencias sobre la vida de la alumna. Ahora, una vez pasadas las calificaciones escolares, la relación seguiría implicando una desigualdad (seguro que la alumna se deslumbra con todo lo que su pareja dice) pero ya una no tiene poder tangible sobre la otra. Además, si el amor es irremediable, sin duda puede esperar hasta el final del semestre.
Decir estas cosas es muy incómodo porque las relaciones jefe-subalterno, profesor-alumno y hasta adulto-niño son cosas de todos los días en nuestra cultura y están naturalizadas. Yo conozco un sinnúmero de relaciones así; unas han acabado bien y otras mal, pero ninguna ha sido éticamente correcta. No pienso que las personas que ostentaron el poder en estas relaciones sean malvadas, pero relajaron sus estándares éticos aprovechando una situación socialmente aceptada.
El costo del acoso
Se estima que cada 75 minutos hay una denuncia por acoso sexual en el trabajo, pero, para variar, esto corresponde a un sub-registro pues las víctimas generalmente no denuncian por miedo a perder su puesto y optan por soluciones insuficientes, como la reubicación.
Es importante señalar que los y las denunciantes quedan marcados, difícilmente encontrarán otro trabajo pues serán vistos como “problemáticos” y tendrán que exponerse a la re-victimización, al repudio social y al cuestionamiento público sobre sus vidas privadas. Quienes dicen que las denuncias falsas son comunes no tienen en cuenta el alto costo que implica hacer una denuncia como esta.
Del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos
La ley no resolverá el problema del acoso sexual mientras este siga siendo visto como una indiscreción menor. En las culturas patriarcales se supone que quien tiene poder también posee a las personas sobre las cuales lo ejerce. El patriarcado es un sistema que hace pensar a quienes tienen el poder (usualmente los hombres) que todo lo que está a su alrededor, desde personas hasta recursos naturales, están para él. El jefe que acosa sexualmente lo hace bajo la premisa de que sus empleados o empleadas están para su satisfacción, y con la impunidad que da todo un sistema que promueve estos comportamientos.
Nuestra cultura patriarcal ha restringido a las mujeres a los espacios privados, y cuando pasamos de la esfera de lo privado a lo público con frecuencia somos agredidas por transgredir el lugar que nos fue asignado. La más común y poderosa de estas agresiones es el acoso sexual, que desde siempre ha mantenido a las mujeres caminando por estrechos senderos delimitados por líneas invisibles.
Pero en el momento en que hacemos comentarios sexuales sobre el cuerpo de un compañero de trabajo, jefe o subalterno, los estamos desautorizando como trabajadores y reduciéndolos a objetos sexuales. Por eso, cambiar una cultura que naturaliza el acoso sexual pasa por reconocernos a las mujeres como personas y como trabajadoras cuyo valor depende de sus méritos y no de las aptitudes decorativas del cuerpo.
Afortunadamente, las denuncias de Cristancho marcan un hito y a partir de la renuncia de Otálora el acoso sexual empezó a tener un costo real en Colombia.
* Feminista caribe-colombiana. Columnista de El Espectador y El Heraldo en Colombia y de Sin Embargo en México. Co-conductora de Estereotipas.com. Filósofa y Artista Visual de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Literatura de la Universidad de Los Andes.
@Catalinapordios
