Comprometer antes de evaluar

Las vigencias futuras son indispensables para construir obras que tardan más que un gobierno. Por eso deberían reservarse para proyectos que ya terminaron de madurar. Buena parte de los $3,2 billones que el sector de agua tiene comprometidos hasta 2035 se firmó antes de que las obras estuvieran técnicamente evaluadas.

El sismo del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, encontró en los cinco departamentos afectados 56 proyectos de agua y saneamiento en curso, por $1,33 billones: cerca del 20% de todo lo que el sector tiene contratado en el país. Menos de la mitad de ese valor estaba efectivamente en obra. Once proyectos llevaban meses suspendidos. Uno de ellos era el único que existía en San José del Palmar.

Y eso importa porque buena parte del espacio fiscal con el que un gobierno nuevo tendría que responder a esa emergencia ya estaba comprometido desde 2025.

El año que ya está decidido

Entre septiembre y noviembre de 2025 se aprobaron tres documentos Conpes que declararon de importancia estratégica otras tantas inversiones en agua: las plantas desalinizadoras de Santa Marta, un paquete de 42 proyectos en 17 departamentos, y la planta de tratamiento del río de Oro junto con el alcantarillado de Bucarica, en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los tres suman $3,23 billones en vigencias futuras excepcionales, con obligaciones que llegan hasta 2035.

Conviene decirlo de entrada, porque es lo que suele omitirse: eso está bien. Una planta de tratamiento no cabe en una vigencia presupuestal. El sistema de colectores del río de Oro requiere una ejecución escalonada de una década. Sin vigencias futuras, Colombia solo podría construir lo que quepa en doce meses, y el país lleva demasiado tiempo pagando el precio de esta falta de visión. La declaratoria de importancia estratégica existe precisamente para proteger obras que trascienden a quien las aprueba. Es un buen instrumento.

Lo que sí conviene dimensionar es la magnitud. La vigencia 2027 concentra $1,30 billones: el 40% de todo lo comprometido. El Ministerio de Vivienda pasó de invertir $318.000 millones en 2018 a cerca de $1 billón en 2023 y 2024. Un año entero de inversión sectorial —y algo más— quedó asignado antes de que el gobierno que debe ejecutarlo tuviera nada que ver con la decisión. 

Que un gobierno herede compromisos no es una anomalía: es lo que debe ocurrir con la buena infraestructura. La anomalía es otra.

La secuencia al revés

Un proyecto de agua financiado por la Nación debe atravesar el mecanismo de viabilización del Ministerio: la revisión de sus requisitos legales, técnicos, financieros, ambientales y prediales. Al final de ese camino hay un concepto de viabilidad. Ese concepto es lo que convierte una intención en un proyecto.

En los tres Conpes de 2025, el aval fiscal se otorgó antes de ese punto y algunos proyectos ni siquiera los conocía el mecanismo de viabilización:

La planta de tratamiento del río de Oro tiene $1,24 billones respaldados por vigencias futuras que corren hasta 2035. Al 31 de julio de 2026 seguía en requerimiento dentro de la ventanilla: el Ministerio le había pedido subsanar información y esperaba respuesta. El alcantarillado de Bucarica, del mismo documento, estaba en evaluación. A la vigencia 2027 de ese Conpes le corresponden $291.179 millones.

El proyecto de las desalinizadoras de Santa Marta, con $786.033 millones avalados desde septiembre de 2025, entró al mecanismo de viabilización el 11 de julio de 2026: nueve meses después de su propio Conpes. Y lo hizo por el procedimiento que la Resolución 661 de 2019 prevé para atender emergencias, que exime el proyecto de someterse al Comité Técnico de Proyectos y permite que baste el concepto favorable del evaluador del Viceministerio. Al corte tenía ese concepto favorable, pero sin comité de viabilidad.

Sumados, esos tres proyectos representan $2,08 billones: el 64,5% de todo lo comprometido. 

Hay un escalón más. De 42 proyectos del paquete nacional, cinco no aparecen en ninguna de las dos bases del Ministerio: ni en la de seguimiento ni en la de evaluación. Suman $239.300 millones y están en Dibulla, Villanueva y Uribia, en La Guajira; en Tibú, Norte de Santander, y en Palmira, Valle del Cauca. No fueron devueltos ni están en trámite: no tienen un código rastreable en el sistema que debía evaluarlos. Un sexto, la estación de bombeo de La Bombita en Quibdó —$13.907 millones para 139.564 personas— seguía en revisión documental. Del resto del paquete, veinte proyectos están contratados o por contratar sin haber iniciado obra, y el avance físico promedio de los 42 es del 0,4%.

Aquí hace falta una precisión, porque el mecanismo de viabilización ha sido criticado —con razón, y yo mismo lo he hecho— por convertirse en un cuello de botella que devuelve más de la mitad de los proyectos que recibe. Ese no es el problema de este artículo. Para una obra de cientos de miles de millones que comprometerá el presupuesto de dos o tres gobiernos, la evaluación técnica no es burocracia: es la garantía mínima antes de reservar los recursos. Cuanto mayor es el compromiso y más largo su horizonte, más exigente debería ser la verificación previa, no menos.

Un aval fiscal es una promesa de caja. Una viabilización es una promesa de obra. El país, en el caso de estos tres Conpes, firmó la primera sin haber terminado la segunda.

No todos los proyectos necesitan la misma puerta

La conclusión no es “más ventanilla”. Es que el sector aplica el mismo procedimiento a decisiones que no se parecen en nada, y por eso funciona mal en los dos extremos.

Una planta de tratamiento rural de $5.000 millones o un Sistema de Colección de Aguas Lluvias de 1.000, técnicamente idéntico a otros cincuenta del país, recorre hoy el mismo proceso de evaluación que una desalinizadora de $786.000 millones. Para la primera, ese proceso es una barrera desproporcionada frente al riesgo que administra, y explica buena parte del represamiento del sector. Para la segunda, es el filtro que debería anteceder un compromiso fiscal de esa magnitud; sin embargo, el aval llegó antes de que esa evaluación hubiera culminado.

El error no es evaluar. Es evaluar del mismo modo cosas que tienen riesgos completamente distintos.

Un proyecto único, de gran cuantía, sin precedente de esa escala en el país y con obligaciones que trascienden tres gobiernos, concentra un riesgo que solo la evaluación previa puede acotar. Un proyecto repetible, de bajo costo unitario, con solución técnica estandarizada y decenas de casos equivalentes ya construidos, concentra un riesgo distinto: el de no hacerse nunca por exceso de burocracia. Someterlos al mismo procedimiento no es rigor, es indiferenciación.

De ahí salen dos reglas.

Para los grandes proyectos con vigencias futuras: evaluación completa culminada antes del compromiso fiscal, salvo situaciones de emergencia claramente definidas, motivadas y sometidas a un estándar equivalente de revisión.

Para los proyectos pequeños y repetitivos: diseños tipo, paquetes regionales y evaluación simplificada. La macrocuenca Magdalena-Cauca lo ilustra bien. Cuatrocientos dieciséis municipios de la cuenca no reportan tratamiento de aguas residuales, y sobre ese universo se priorizaron cien intervenciones, en su mayoría plantas pequeñas y medianas en municipios de categorías 5 y 6. Tramitarlas como cien decisiones independientes —cien formulaciones, cien evaluaciones, cien expedientes— no protege nada: garantiza que la mayoría no llegue. Estructurarlas como un programa por fases, con un diseño tipo certificado una sola vez y réplica posterior mediante verificación de sitio, es una decisión administrativa que ya tiene andamiaje: el catálogo de proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación y los documentos tipo del sector.

El mismo rigor, aplicado donde el riesgo lo exige. La simplificación, donde el riesgo lo permite.

Las prioridades de ayer

El costo estimado preliminar de ese programa completo para el Magdalena es del orden de $2 billones: una magnitud inferior a lo que tres decisiones tomadas en 2025 comprometieron hasta 2035.

La comparación no sirve para decir que había que financiar una cosa en lugar de la otra. Eso exigiría una evaluación comparada que no se ha hecho, y las tres inversiones comprometidas responden a necesidades reales. Sirve para algo más simple y más incómodo: cada peso comprometido hasta 2035 reduce el margen de decisión de quienes vienen después. Por eso el estándar para comprometerlo debería ser más alto, no más bajo.

Y ahí vuelve el terremoto. El 10 de agosto de 2026 no estaba en el cálculo cuando se firmaron los avales fiscales de 2025. Tampoco lo están las necesidades que traerán 2029 o 2032. Ese es el argumento de fondo: quien compromete recursos a diez años no puede conocer las urgencias de la década, y precisamente por eso debe asegurarse de que lo poco que sí controla —que la obra exista, que esté evaluada, que pueda arrancar— esté verificado antes de firmar.

Tres correcciones concretas, ninguna de las cuales requiere una ley.

Una regla de secuencia: que ningún proyecto que reciba aval fiscal para vigencias futuras extraordinarias sin concepto de viabilidad vigente. Es una modificación de protocolo entre el Consejo Superior de Política Fiscal, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio.

Hitos de maduración con cláusula de revisión: que cada declaratoria fije hitos y plazos verificables y que, si un proyecto no los alcanza, el Gobierno deba volver al Confis y al Conpes a decidir explícitamente si mantiene, reprograma o libera ese espacio fiscal. La decisión no se traslada sola —el espacio fiscal no es una bolsa fungible—, pero tampoco debería vencerse en silencio.

Publicidad del estado de maduración: que todo documento que declare importancia estratégica publique, para cada proyecto, su código en el sistema, su estado de evaluación y la fecha de ese estado. Es el control más barato que existe: nadie compromete una década de presupuesto sobre un proyecto cuyo expediente vacío queda impreso en el anexo.

El gobierno que llega no hereda un sector sin plata ni sin proyectos. Hereda algo más difícil de administrar: espacio fiscal comprometido sobre obras que todavía estaban madurando. Heredar infraestructura es normal y deseable. Heredar compromisos sobre lo que aún no existe, no.

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